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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2024. · Registro digital (IUS): 32982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-07
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.217.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Artículo 2 del Decreto número mil cuatrocientos cincuenta y seis (1456) por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó conceder una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de dicha entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial local el trece de diciembre de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 31/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la referida entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el uno de febrero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la Secretaría de Gobierno, todos de la citada entidad federativa, en la que demandó la invalidez del Decreto número mil cuatrocientos cincuenta y seis (1456), publicado el trece de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6261, mediante el cual se concedió una pensión por jubilación a Berenice Mendoza Cortes, con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos expuso, como único concepto de invalidez, lo que a continuación se sintetiza:

• El decreto impugnado vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado.

• Se lesiona la independencia del Poder actor, en el grado más grave de violación, que es la subordinación, y, como consecuencia de ello, su autonomía en la gestión de su presupuesto, ya que los Poderes demandados dispusieron directamente de sus recursos financieros para, a través del Decreto impugnado, imponerle la obligación de pagar una pensión a razón del 90% del último salario de la solicitante, sin que aquel tuviera intervención alguna en su emisión. Máxime que de manera expresa determina que el pago de mérito será cubierto por el Poder Judicial local, con cargo al presupuesto autorizado a dicho ente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos.

• No obstante lo anterior, el Congreso local no contempló partida alguna para el pago de los decretos pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en consecuencia, el Poder Judicial del Estado de Morelos está impedido para realizar el pago correspondiente, pues la cantidad otorgada en la partida de pensiones y jubilaciones apenas resulta suficiente para cubrir los pagos de pensiones previamente otorgadas por el Congreso local, a saber, los pagos a pensionados, jubilados y personal en retiro vigentes al mes de julio de dos mil veintidós. De hecho, para el pago de los decretos correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés, el Poder Legislativo local no consideró el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos y asuntos controvertidos.

• Al emitir el Decreto combatido, el Congreso local vulnera en perjuicio del Poder Judicial accionante el artículo 49 de la Constitución General de la República, que prohíbe que se reúnan dos o más poderes en una sola persona o corporación, de modo tal que ninguno de ellos pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.

• De igual forma se vulnera el artículo 92-A, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Morelos, ya que de acuerdo con el principio de congruencia presupuestal, es facultad exclusiva del Poder Judicial de dicha entidad federativa, lo atinente a la planeación, programación y diseño del gasto público mediante su presupuesto de egresos; lo anterior, sin que exista injerencia externa.

• También se transgrede lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, pues el Congreso local pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a sus decisiones en lo que tiene que ver con el presupuesto y gasto de dicho ente público, con lo cual viola su autonomía en la gestión presupuestal.

• El Decreto impugnado genera una notoria afectación al presupuesto del Poder Judicial actor y, por tanto, transgrede los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 92-A y 131 de la Constitución local.

• Lo anterior, ya que de manera indebida e inconstitucional, el Poder Legislativo local interviene en la disposición del presupuesto del Poder Judicial actor, en cuanto a las relaciones laborales de éste con sus trabajadores, disponiendo de manera arbitraria de sus recursos, sin verificar la suficiencia de los mismos para el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los decretos jubilatorios aprobados por el Congreso demandado, ni el impacto presupuestal que puede generarse al no asignar los recursos adicionales correspondientes para cumplir con dichas obligaciones. Máxime que es evidente que la emisión de decretos jubilatorios sin la respectiva garantía económica que permita asegurar ese gasto genera que se violen los derechos de los trabajadores en retiro, por la innegable falta de recursos para el pago oportuno de sus pensiones.

• Aduce que la falta de previsión y planificación presupuestal se manifiesta como consecuencia de la pensión de un trabajador, pues para no conculcar el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, el trabajador jubilado debe necesariamente ser reemplazado por un nuevo servidor público que tiene derecho a percibir una remuneración y prestaciones sociales por su trabajo; de manera que no se puede perder de vista que la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide, ya sea dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos correspondiente, o bien, porque exista una bolsa adicional a aquella que comprende a los jubilados anteriores, o porque al momento de expedirse el decreto jubilatorio, se ordena el incremento o transferencia de los recursos en la misma proporción en que deba cubrirse dicho gasto.

• Precisa que el Congreso demandado pasa por alto que, a diferencia de los Ayuntamientos y otros órganos públicos, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los que le son autorizados en el presupuesto de egresos correspondiente, de ahí que no puede hacer frente a las cargas impuestas de manera extraordinaria por las jubilaciones no previstas en el gasto ordinario programado, dado que este último rubro está previsto para el pago de las remuneraciones del personal activo.

• En esa línea, si bien es cierto que el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las legislaturas locales, también lo es que ello no implica que a través de dichas normas el Congreso del Estado pueda establecer libremente los casos en que proceda conceder dichas pensiones jubilatorias cuando éstas emanan de las relaciones laborales entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y los servidores públicos a su cargo, pues la Constitución Federal confirió a los poderes judiciales autonomía de la gestión presupuestal como un principio fundamental de la independencia de los mismos, la cual no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes, dado que ello conllevaría a la violación del principio de división de poderes.

• En consecuencia, solicita que se declare la invalidez del Decreto impugnado, así como que se determine que el Poder Legislativo deberá incrementar o transferir, en la partida de jubilaciones, los recursos económicos suficientes que garanticen que no se vulneren los derechos de los trabajadores del Poder Judicial actor.

3. Radicación. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 31/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

4. Admisión y trámite. Por proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, a quienes se solicitó emplazar a efecto de que formularan su contestación y no así al Secretario de Gobierno de la referida entidad federativa, al tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.

5. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por oficio LV/SSLyP/DJ/3o16819/2024 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de mayo de dos mil veinticuatro, Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa y argumentó, en esencia, lo siguiente:

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de la entidad federativa, por lo que dicho Poder carece de interés legítimo.

• Debe decretarse el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VIII, y 105, fracción I, de la Constitución Federal, dado que el Poder Judicial actor no cuenta con interés legítimo para promover dicho medio de control constitucional, pues para ello se requiere que exista una afectación a la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I, del artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo o que les cause un perjuicio.

• Que lo anterior es así, pues con la expedición del Decreto impugnado, mediante el cual se concede pensión jubilatoria a una trabajadora, no se pretende ejercer de manera directa los recursos que forman parte del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino que, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, constitucional; 40, fracción XX, de la Constitución Política del Estado de Morelos; así como de los diversos 54, fracción VII, y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Congreso local cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen a los trabajadores del gobierno estatal, de ahí que el Poder Legislativo local no invade la autonomía presupuestaria del Poder Judicial actor, ni le causa perjuicio alguno.

• Que resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 18/2013 (10a.), de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS”; ello, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a que el acto cuya invalidez se demanda ha cesado en sus efectos, por lo que solicita el sobreseimiento en la controversia constitucional, con fundamento en la fracción II, del artículo 20 de la Ley Reglamentaria.

• En lo que toca a los conceptos de violación esgrimidos por el Poder actor, señala que los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a disfrutar una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para tal efecto determinen o con quien hayan celebrado convenio; y, para dar cumplimiento a tal derecho, los patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que establezcan las leyes aplicables.

• Aunado a lo anterior, los trabajadores también tienen derecho a gozar de otra pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, la cual se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez que se satisfagan los requisitos previstos para ello en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De manera que en términos de esa ley, es facultad del Poder Legislativo del Estado, otorgar los decretos jubilatorios en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, incluidos los servidores públicos del Poder Judicial local.

• Que contrario a lo que aduce el Poder Judicial actor, la cantidad autorizada en el Decreto impugnado sí integra los recursos necesarios que deberán utilizarse para todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las correspondientes al pago de jubilaciones y pensiones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación de recursos humanos, y demás obligaciones que deban cumplir.

• Que se acredita con los oficios SH/1568-GH/2023, de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, y SH/1327/GH/2023 de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, que se autorizó una ampliación presupuestal al Poder Judicial del Estado de Morelos por un monto de $80’000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), para el fortalecimiento del fondo de pensiones destinado al pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales; ampliación respecto de la cual, mediante oficio PRESIDENCIA/LJGO/0382/2023, de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió a esta Dependencia el calendario de ministraciones respectivo.

• De ahí que al haber otorgado los recursos suficientes para el pago de la pensión concedida a través del Decreto combatido, no se violenta el principio de división de poderes, ni la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal. Máxime que de manera reiterada se le han asignado recursos al Poder Judicial local, por diversas transferencias, para que dicho órgano jurisdiccional pueda cumplir con sus obligaciones en el pago de las pensiones jubilatorias de sus trabajadores.

6. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil veinticuatro, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Santiago Núñez Flores, Consejero Jurídico del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa y señaló, medularmente, lo siguiente:

• La controversia constitucional es improcedente, porque el Gobernador del Estado de Morelos únicamente promulgó y publicó el Decreto impugnado, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables que lo facultan para ello, sin que tales actos sean cuestionados por vicios propios en los conceptos de invalidez.

• La impugnación que se formula en su contra es improcedente e infundada, porque los actos que se le atribuyen no invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor del Poder Judicial actor.

• Refiere que el Congreso local asigna una partida equivalente al 4.7% del monto total del gasto programable del Presupuesto de Egresos anual, por tanto, el actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un porcentaje fijo en el presupuesto, cuyo monto incrementará en medida que lo haga dicho monto total. En tal virtud, el Poder Judicial tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado.

• Señala que la cantidad autorizada para el Poder Judicial local, en el Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se integra por los recursos necesarios para cubrir todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las que derivan de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación de recursos humanos, y demás obligaciones que deban cumplir. De ahí que se considera que tendrá el recurso suficiente para asumir el pago del Decreto de pensión impugnado en el presente medio de control constitucional.

• Refiere que, en relación a las pensiones concedidas a cargo de los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, debe tenerse en cuenta la problemática financiera por la que atraviesa el erario estatal y municipal, pues las pensiones tienen como única fuente de ingresos al propio erario público, y no como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que otorga pensiones con base en un sistema financiero de aportaciones a través de cuotas obrero patronales que se realizan de forma tripartita durante la vida laboral activa del trabajador.

• Independientemente de lo señalado, el Ejecutivo estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el citado Poder Judicial con sus jubilados, por lo que éste último debe hacerse cargo de sus propias obligaciones.

• Por lo antedicho, solicita que se tome en consideración que el Poder Judicial actor cuenta con un presupuesto cierto para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y tiene la obligación, conforme a su autonomía financiera, de realizar las adecuaciones y ajustes pertinentes en las partidas que integran su presupuesto, para efecto de cumplir con el momento de austeridad que atraviesa el Estado de Morelos, ante el principio económico de escasez del cual se desprende que no existe una suficiencia ilimitada de recursos públicos, frente a las múltiples necesidades que existen, lo que implica que el presupuesto como producto de la recaudación tiene un techo que acota su distribución cada año.

7. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.Ninguna de las instituciones emitió opinión en este asunto. 8. Alegatos. No se formularon en la presente controversia constitucional.

9. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas; luego, por acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

10. Avocamiento a la Segunda Sala. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y además determinó enviar los autos a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

I. COMPETENCIA

11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I(3), y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42(5), del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

12. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.

13. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor se duele, en esencia, de que el Decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, toda vez que el Poder Legislativo demandado, de manera unilateral, determinó conceder una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto, sin brindarle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con dicha obligación.

14. En ese sentido, tal determinación se encuentra contenida, únicamente, en el artículo 2(8) del Decreto número mil cuatrocientos cincuenta y seis (1456) impugnado, por lo que en esta controversia constitucional se tiene como acto impugnado sólo el artículo 2 del Decreto número mil cuatrocientos cincuenta y seis (1456) publicado el trece de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6261 del Estado de Morelos, mediante el cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa concedió una pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

15. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala estima que está acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada de un extracto del ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6261, del Estado de Morelos, de trece de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se publicó el Decreto número mil cuatrocientos cincuenta y seis (1456) que contiene el artículo 2 controvertido.

IV. OPORTUNIDAD

16. De conformidad con el artículo 21, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

17. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del Decreto impugnado como el día en que el Poder Judicial del Estado de Morelos tuvo conocimiento de éste, esto es, el trece de diciembre de dos mil veintitrés, en virtud de que no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha distinta, por lo que el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del catorce de diciembre de dos mil veintitrés al nueve de febrero de dos mil veinticuatro.(10)

18. Entonces, si la demanda se depositó el uno de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

19. Conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

20. En el presente asunto, suscribe la demanda Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.(11) En consecuencia, está legitimado para promover la controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), constitucional; 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) así como 34 y 35, fracción I,(13) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(14)

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

21. De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, los poderes o los órganos que emitan y promulguen la norma general o pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

22. En el caso, se estima que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.

23. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la citada entidad federativa, quien, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, cuenta con atribuciones para representar a dicho Congreso.

24. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, comparece Santiago Núñez Flores, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, quien, de conformidad con el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene la atribución de representar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.

25. En consecuencia, las referidas autoridades tienen legitimación pasiva, ya que se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del Decreto impugnado en este asunto y quienes comparecen en su representación cuentan con facultades para ello.

26. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda el Poder Judicial actor señaló como demandado al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora determinó que, en virtud de que se trata de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, no podía tenerse como tal. De ahí que no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, del Pleno, de rubro: “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.”(15)

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

27. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La referida autoridad señala que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen, siendo que tanto la Constitución, como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, le otorgan facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para hacer cumplir éstas, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.

28. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado, pues, como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32982-8ba7329e/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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