I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; Y/O DEL FONDO DE PENSIONES DESTINADO PARA EL PAGO DE NUEVAS JUBILACIONES, AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS ...".]. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SEN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 DE JULIO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: CÉSAR VILLANUEVA ESQUIVEL.
SÍNTESIS
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos presentó demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de otras autoridades del Estado de Morelos, en la que planteó una transgresión a la independencia del Poder Judicial por la publicación del Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos), en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.
La parte actora manifiesta la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 constitucional, toda vez que el Poder Legislativo local concedió la pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para que cumpla con la carga económica que implica el cumplimiento del decreto jubilatorio para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente de dos de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 142/2024 promovida por el Poder Judicial, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Morelos.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar la validez del Decreto con número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) emitido por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, mediante el cual concede una pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) publicado el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6285 del Estado de Morelos mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona extrabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló como trasgredidos los artículos 14, 16, 17, 116 fracciones II y III,123 apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 32 párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda la parte actora señaló los siguientes argumentos:
• Al emitir el decreto impugnado, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos financieros del Poder Judicial de esa entidad, sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión, lo cual vulnera el principio de división de poderes.
• El Poder Judicial local percibió del dos mil trece al dos mil diecisiete, el monto de $451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M. N.); no obstante, el aumento en los insumos necesarios para cumplir con el mandamiento constitucional de administrar la justicia, como el incremento al salario del personal y el exponente número de jubilados por virtud de decretos jubilatorios autorizados por el Congreso del Estado de Morelos.
• El primero de octubre de dos mil veinte el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió a la LIV Legislatura de dicha entidad, el proyecto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno sin haber respetado el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Poder Judicial del Estado.
• Por su parte el Congreso del Estado de Morelos, con sendas violaciones al proceso legislativo y sin haber respetado la obligación impuesta en el artículo 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó el Decreto número 1005 (mil cinco) en el cual autorizó el presupuesto para el ejercicio de dos mil veintiuno.
• El veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro fue publicado en el periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6285, el Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos), a través del cual se concedió la pensión por jubilación a ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 142/2024. Posteriormente, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) y tuvo como demandados solo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno, ya que es un órgano subordinado al Poder Ejecutivo estatal.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito de la Diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentado el ocho de enero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, manifestó que se realizaron ciertas asignaciones al Tribunal Superior de Justicia del Estado y se autorizó una ampliación presupuestal
7. Por otra parte, Edgar Antonio Maldonado Ceballos Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por escrito presentado el quince de enero de dos mil veinticinco, en el sistema electrónico de esta SCJN en donde informa la ampliación del presupuesto por oficio SH/1237-GH//2024 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, el Secretario de Hacienda de Morelos, autorizó una ampliación presupuestal en cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.) en específico para el pago de pensiones, cantidad en cuestión, que sí cubre el pago de la pensión por viudez, otorgada mediante el Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6285, el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro; adjuntó a su escrito los siguientes documentos:
• Oficio SH/1237-GH/2024, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.
• Oficio SH/CPP/DGPGP/0114-LM/2024 de fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro.
8. Contestaciones que fueron acordadas mediante proveídos de veintidós de enero y veinticuatro de febrero de la presente anualidad.
9. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de las instituciones emitió opinión en este asunto.
10. Alegatos. No se formularon en la presente controversia constitucional.
11. Audiencia y cierre de instrucción. El nueve de abril de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia de ley y por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
12. Avocamiento. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
13. La Segunda Sala de esta SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria);(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) y 21 fracción IX,(5) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de esta SCJN y el punto Primero del Acuerdo General 1/2023,(7) del Tribunal Pleno de la SCJN, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.
14. Conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la LOPJF vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(8) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(9)
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
15. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(10) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
16. De la lectura integral de la demanda se aprecia que, en esencia, el Poder Judicial del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo local haya otorgado una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento ni haberle concedido participación alguna.
17. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2o. del Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) impugnado; por lo que esta Segunda Sala de la SCJN lo fija como acto objeto de la presente controversia.
18. La existencia del referido Decreto se acredita, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, con la copia certificada de la publicación oficial respectiva, la que se acompañó por el Poder Ejecutivo demandado al presentar su contestación a la demanda.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
19. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo local demandado remitió a esta SCJN copia del Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora.
20. Ahora bien, el contenido del referido Decreto es el siguiente:
[...]
DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********.
ARTÍCULO 1. - Se concede pensión por Jubilación a **********, quien prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretaría de acuerdos de Primera Instancia Temporal e Interina, adscrita a la Visitaduría General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 95% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Quinientos Sesenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; y/o del Fondo de Pensiones destinado para el pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 58 fracción II, inciso b) de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo de Estado de Morelos, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado.
[sic]
21. Como se observa, la determinación que específicamente combate el actor se encuentra contenida únicamente en el artículo 2o. del Decreto impugnado; por tanto, únicamente ese precepto será objeto de esta controversia constitucional.
IV. OPORTUNIDAD
22. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria,(11) el plazo para promover la controversia constitucional en contra actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
23. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6285 (seis mil doscientos ochenta y dos) el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.
24. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
25. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del veintinueve de febrero al diecisiete de abril de dos mil veinticuatro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(12) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el doce de abril de dos mil veinticuatro.
26. De dicho plazo deben descontarse los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta uno de marzo, así como los días seis y siete de abril de dos mil veinticuatro por ser sábados y domingo, inhábiles conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia, en relación con el diverso 143 de la abrogada LOPJF, y atento a lo dispuesto en el punto Primero, incisos a), b), c) y f), del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
27. La demanda fue presentada por parte legítima. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria;(14) 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(15)
28. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial de la entidad es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
29. De conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria,(16) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
30. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
31. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II,(17) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(18) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
32. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico, Edgar Antonio Maldonado Ceballos quien acreditó el desempeño de su cargo mediante copia certificada de su nombramiento, fechado el primero de octubre de dos mil veinticuatro; y mediante el Acuerdo por el que se delega y autoriza a la Persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal”, publicado en el periódico oficial del Estado el dos de octubre de dos mil veinticuatro, y conforme el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(19)
33. Por parte del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, comparece la Diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos quien acreditó su cargo mediante la copia del acta de la sesión de la junta previa del Congreso de Morelos, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro y conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
34. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer a la presente controversia, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
35. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda de la parte actora señaló como demandado al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora determinó que, en virtud de que se trataba de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, no podía tenerse como tal; en consecuencia, no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, del Pleno, de rubro: “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.”(20)
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
36. Las causas de improcedencia alegadas por los poderes demandados se desestiman en atención a las consideraciones siguientes:
37. El Poder Ejecutivo Local alega la improcedencia de la controversia constitucional, dado que ésta no tiende a combatir vicios propios en los actos de promulgación y publicación, a razón de que tales facultades se encuentran previstas en la constitución estatal y la ley orgánica de la administración pública local.
38. El motivo de sobreseimiento debe desestimarse, dado que, conforme a la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria, todo poder u órgano que se hubiera pronunciado en el acto impugnado tiene el carácter de demandado en la controversia constitucional; resultandos aplicables las tesis P./J. 38/2010,(21) y P.XV/2007.(22)
39. Por otro lado, el Poder Legislativo local del Estado de Morelos advierte que no existe interés legítimo en atención a que el acto impugnado no vulnera la esfera competencial del Poder Judicial del Estado de Morelos, de modo que la controversia constitucional es improcedente.
40. Dicha causal de improcedencia resulta infundada, ya que, en atención al criterio sustentado por el Pleno de esta SCJN en la tesis P./J. 92/99,(23) la competencia del Poder Judicial local es una cuestión que corresponde al estudio de fondo.
41. Por otro lado, en su contestación de demanda, el Poder Legislativo local aduce que la controversia constitucional es improcedente dado que han cesado los efectos del Decreto impugnado por el Poder Judicial actor, aunado a que de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que exista algún elemento que permita demostrar dicha circunstancia.
42. Para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.
43. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”(24)
44. En el presente caso ni siquiera se advierte que se haya llevado a cabo un proceso legislativo a través del cual se haya modificado la trascendencia, el contenido o el alcance del acto impugnado; por lo cual, la causa de improcedencia invocada también debe desestimarse.
45. En atención a las consideraciones anteriores, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, la actualización de alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
46. Criterio jurídico: El Decreto impugnado por el que el Congreso Local del Estado de Morelos concedió la pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial local, con el cargo a su presupuesto sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial.
47. El poder actor señala, en esencia, que el Decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal previstos en los artículos 49 y 116 de la CPEUM, pues al no haber asignado los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones determinadas, se invade la esfera competencial del Poder Judicial del Estado de Morelos.
48. Con la finalidad de dar respuesta a lo anterior, resulta necesario explicar brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos, para lo que esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, los expedientes de las controversias constitucionales 126/2016,(25) 226/2016,(26) 187/2018,(27) 201/2020,(28) 5/2023(29) y 20/2024,(30) en las que se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:
a. Las personas trabajadoras del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
b. Con independencia de lo anterior, las personas trabajadoras del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso local, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.
c. No obstante, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado de Morelos que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.
49. Es así como el Congreso del Estado de Morelos, mediante múltiples decretos, ha otorgado pensiones en favor de los trabajadores del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto, como aconteció en el presente caso.
50. Sin embargo, el Pleno de esta SCJN ha determinado que el principio de división de poderes necesita de un equilibrio entre los poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que rompa con el sistema de competencias previsto en la CPEUM o que se cause una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías. Interpretación sustenta la tesis P./J. 52/2005.(31)
51. Esta SCJN ha establecido que, para lograr tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres mandatos prohibitivos: no intromisión, no dependencia y no subordinación.(32)
52. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizándose cuando uno de los poderes interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones.
53. Por su parte, la dependencia figura como el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder le impida a otro, de forma antijurídica, la toma de decisiones.
54. Finalmente, la subordinación representa el nivel más grave de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo merma la autonomía de un poder, sino que somete su voluntad.
55. En la medida en que la autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los poderes judiciales locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello generaría la violación al principio de división previsto en el artículo 116 de la CPEUM.
56. Por tales razones, esta Segunda Sala estima que, en efecto, el decreto impugnado lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de dicho decreto el Congreso del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales de otro poder sin haber permitido su intervención y sin haber previsto las condiciones legales y materiales necesarias y suficientes para el cumplimiento de dicha carga.
57. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer por el poder actor y, en consecuencia, se declara la invalidez del artículo 2o. del Decreto número 1662 (mil seiscientos sesenta y dos) por el que se concede la pensión por jubilación a una extrabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción que refiere lo siguiente:
... será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Quinientos Sesenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; y/o del Fondo de Pensiones destinado para el pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 58 fracción II, inciso b) de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos...
[...]
58. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión del poder actor, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.
59. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurídico de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ”.(33)
60. No obstante, el demandado no demostró la existencia de ello y, en todo caso, tampoco se acreditó la transferencia al Poder Judicial del Estado de Morelos para que hiciera frente a la carga impuesta mediante el Decreto impugnado.
61. Asimismo, es un hecho notorio que la parte actora enfrenta pasivos pensionarios pasados otorgados por el Poder Legislativo estatal que han sido objeto de impugnaciones, por lo que, en el caso, no se acreditan las condiciones materiales ni jurídicas para el cumplimiento del decreto impugnado.
IX. EFECTOS
62. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria en la materia señala que las sentencias deben contener los alcances y los efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33677-b4d5dfc5/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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