I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADOS EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SESENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES [...]"). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS, PUBLICADO EN EL
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 12 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYAN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS.
SÍNTESIS
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos interpone Controversia Constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de otras autoridades todas del Estado de Morelos, en donde plantea que se lesiona la independencia del Poder Judicial por el Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el seis de diciembre de dos mil veintitrés.
La parte actora hace valer la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 constitucional, toda vez que el poder legislativo local concede la pensión por jubilación a Silvia Domínguez Olea, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esa Entidad se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para que cumpla con la carga económica que implica el decreto jubilatorio para el ejercicio fiscal de 2023.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 17/2024, promovida por el Poder Judicial, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis) publicado el seis de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6258 del Estado de Morelos mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona extrabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló como trasgredidos los artículos 14, 16, 17, 116 fracciones II y III, 123 apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 32 párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda la parte actora señaló los siguientes argumentos:
• Al emitir el decreto impugnado, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos financieros del Poder Judicial de esa entidad federativa, sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión, lo cual vulnera el principio de división de poderes.
• El Congreso del Estado de Morelos, con sendas violaciones al proceso legislativo y sin respetar la obligación impuesta por los artículos 32, párrafo segundo y 40 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el pasado quince de diciembre de dos mil veinte, no aprobó el decreto número mil ciento cinco, en el cual autoriza el presupuesto de 2021, asignado al poder judicial; por tanto de manera tácita se autorizó el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, lo que causó una mayor afectación al patrimonio del poder judicial.
• Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un decreto legislativo, lo cierto es que el Congreso Local no asignó los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a esa obligación y, por tanto, el Poder Judicial está impedido para realizar el pago.
• Consecuentemente, el decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial frente al Congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 constitucional.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 17/2024. Posteriormente, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil veinticuatro la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda por lo que hace al decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis) y tuvo como demandados solo a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno, ya que es un órgano subordinado al Poder Ejecutivo estatal.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Santiago Núñez Flores Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda.
7. Con motivo del cambio de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos presentó escrito de fecha diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro en el que solicitó su designación como representante de dicho poder en el asunto y la revocación de la designación hecha en favor de Santiago Núñez Flores.
8. Audiencia y cierre de instrucción. El seis de noviembre de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia de ley y por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
9. Avocamiento. Por acuerdo de siete de enero de dos mil veinticinco esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de esta SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(6) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, sin que resulte necesario la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
11. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(7) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
12. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que en esencia el Poder Judicial del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo haya otorgado una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento ni haberle concedido participación alguna.
13. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2° del Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte lo fija como acto objeto de la presente controversia.
14. La existencia del referido Decreto se acredita, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, con la copia certificada de la publicación oficial respectiva, la que se acompañó por el Poder Ejecutivo demandado al presentar su contestación a la demanda.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
15. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a este Alto Tribunal copia del Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis) por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora.
16. Ahora bien, el contenido del referido Decreto es el siguiente:
DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SILVIA DOMÍNGUEZ OLEA
ARTÍCULO 1°. - Se concede pensión por Jubilación a Silvia Domínguez Olea, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: auxiliar de analista a la Unidad de Trasparencia del Poder Judicial del estado.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con cargo a la parte presupuestal correspondiente al pago de pensiones y jubilaciones por el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Sesenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes: cumpliendo con lo que disponen de los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.”
SEGUNDO. - Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 707/2023; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado.
17. Como se observa, la determinación que específicamente combate el actor se encuentra contenida únicamente en el artículo 2° del Decreto impugnado; por tanto, únicamente ese precepto será objeto de esta controversia constitucional.
IV. OPORTUNIDAD
18. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
19. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6258 (seis mil doscientos cincuenta y ocho) el seis de diciembre de dos mil veintitrés.
20. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
21. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del siete de diciembre de dos mil veintitrés al primero de febrero de dos mil veinticuatro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(9) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.
22. De dicho plazo deben descontarse los días nueve y diez de diciembre por ser sábados y domingo, así como del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, por ser periodo vacacional y como el uno, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero de dos mil veinticuatro, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia, en relación con el diverso 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y atento a lo dispuesto en el punto Primero, incisos a), b), c) y f), del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
23. La demanda fue presentada por parte legítima.
24. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(10) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(11) y 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(12)
25. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
26. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria,(13) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
27. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
28. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
29. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II,(14) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(15) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
30. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico, Edgar Antonio Maldonado Ceballos quien conforme el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(16) y el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5697 (cinco mil seiscientos noventa y siete) el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, tiene facultades de representación.
31. Por parte del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
32. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer a la presente controversia, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
33. En atención a las consideraciones siguientes, se desestiman las causas de improcedencia alegadas por los poderes demandados.
34. El Poder Ejecutivo Local alega la notoria improcedencia de la controversia constitucional, dado que ésta no tiende a combatir vicios propios en los actos de promulgación y publicación, a razón de que tales facultades se encuentran previstas en la constitución estatal y la ley orgánica de la administración pública local.
35. El motivo de sobreseimiento debe desestimarse, dado que, conforme a la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria en la materia, todo poder u órgano que se hubiera pronunciado en el acto impugnado tiene el carácter de demandado en la controversia constitucional; resultando aplicables las tesis P./J. 38/2010,(17) y P.XV/2007.(18)
36. Por otro lado, el Poder Legislativo del Estado de Morelos advierte que no existe interés legítimo en atención a que el acto impugnado no vulnera la esfera competencial del Poder Judicial del estado de Morelos, de modo que la controversia constitucional es improcedente.
37. Dicha causal de improcedencia resulta infundada, ya que, en atención al criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P./J. 92/99,(19) la competencia del Poder Judicial local es una cuestión que corresponde al estudio de fondo.
38. Por otro lado, en su contestación de demanda, el Poder Legislativo local aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que han cesado los efectos del acto cuya invalidez se demanda.
39. Ahora bien, para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.
40. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”(20)
41. Sin embargo, en el presente caso ni siquiera se advierte que se haya llevado a cabo un proceso legislativo a través del cual se modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del acto impugnado; por lo cual, la causa de improcedencia invocada también debe desestimarse.
42. En atención a las consideraciones anteriores, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, la actualización de alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo. VIII. ESTUDIO DE FONDO
43. Criterio jurídico: El decreto impugnado por el que el Congreso del estado de Morelos concedió pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto y sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial.
44. El poder actor señala, en esencia, que el decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal previstos en los artículos 49 y 116 de la CPEUM, pues al no asignar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones determinadas, se invade la esfera competencial del Poder Judicial del estado de Morelos.
45. Para dar respuesta, en primicia, es preciso explicar cómo funciona el sistema de pensiones en el estado de Morelos, para lo cual esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(21) 226/2016,(22) 201/2020(23) y 5/2023,(24) en las que se advirtió, en esencia, lo siguiente:
a. Los trabajadores del estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
b. Con independencia de lo anterior, los trabajadores del estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso local, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.
c. No obstante, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del estado de Morelos que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.
46. Es así como el Congreso del estado de Morelos mediante múltiples decretos ha otorgado pensiones en favor de los trabajadores del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto, como aconteció en el presente caso.
47. Sin embargo, el Pleno de esta SCJN ya ha determinado que el principio de división de poderes necesita de un equilibrio entre los poderes del estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que rompa con el sistema de competencias previsto en la CPEUM o que se cause una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías. Interpretación sustenta la tesis P./J. 52/2005.(25)
48. En dicho sentido, esta SCJN ha establecido que, para lograr tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres mandatos prohibitivos: no intromisión, no dependencia y no subordinación.(26)
49. Siendo la intromisión el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizándose cuando uno de los poderes interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones.
50. Por su parte, la dependencia figura como el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder le impida a otro, de forma antijurídica, la toma de decisiones.
51. Finalmente, la subordinación representa el nivel más grave de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo merma la autonomía de un poder, sino que somete su voluntad.
52. Por ende, en la medida en que la autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los poderes judiciales locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello generaría la violación al principio de división previsto en el artículo 116 de la CPEUM.
53. Por tales razones, esta Segunda Sala estima que, en efecto, el decreto impugnado lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de dicho decreto el Congreso del estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales de otro poder sin haber permitido su intervención y sin haber previsto las condiciones legales y materiales necesarias y suficientes para el cumplimiento de dicha carga.
54. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer por el poder actor y, en consecuencia, se declara la invalidez del artículo 2 del Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis), por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción del artículo 2º que indica:
...será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con cargo a la parte presupuestal correspondiente al pago de pensiones y jubilaciones por el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Sesenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes...
55. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión del poder actor, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.
56. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurídico de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ”.(27)
57. No obstante, el demandado no demostró la existencia de ello y, en todo caso, tampoco se acreditó la transferencia al Poder Judicial del Estado de Morelos para que hiciera frente a la carga impuesta mediante el Decreto impugnado.
58. Asimismo, es un hecho notorio que el Poder actor enfrenta pasivos pensionarios pasados otorgados por el Poder Legislativo estatal que han sido objeto de impugnación, por lo que, en el caso, no se acreditan las condiciones materiales ni jurídicas para el cumplimiento del decreto impugnado.
IX. EFECTOS
59. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria en la materia señala que las sentencias deben contener los alcances y los efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las que operen y los elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, debe fijarse la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
60. Declaratoria de invalidez. En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del artículo 2 del Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis), por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción del artículo 2º que indica:
...será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con cargo a la parte presupuestal correspondiente al pago de pensiones y jubilaciones por el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Sesenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes...
61. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la persona trabajadora pensionada y que no son materia de la invalidez determinada en la presente controversia, por lo que el Congreso del estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
• Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
• A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los poderes, deberá establecer de manera puntual:
a) Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o
b) En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, y especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por jubilación concedida a la persona trabajadora, mediante el Decreto número 1426 (mil cuatrocientos veintiséis).
62. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.
63. Por otra parte, esta Segunda Sala de la SCJN advierte que en los últimos años ha resuelto cientos de precedentes en los mismos términos que esta controversia constitucional.
64. En todos, acudió como parte actora un poder u órgano autónomo del estado de Morelos impugnando del congreso local la emisión de un decreto que le otorgaba la pensión a una persona trabajadora de la parte actora. Las resoluciones han favorecido a la parte actora, estimando que los decretos del Congreso del estado de Morelos por los que se otorgan pensiones a personas trabajadoras con cargo al presupuesto de otros p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33679-a7dc05ea/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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