I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA CARGA ECONÓMICA IMPUESTA EN EL DECRETO IMPUGNADO, AL HABERSE TRANSFERIDO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS AL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 126/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA (PONENTE), LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTE ALBERTO PÉREZ DAYÁN. EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado:
El Decreto Mil Quinientos Ochenta y Cuatro (1584), por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 126/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en la que impugna el Decreto Mil Quinientos Ochenta y Cuatro (1584), por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
El problema jurídico para resolver consiste en determinar si: ¿debe sobreseerse en la controversia constitucional?
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, en la que impugna el Decreto Mil Quinientos Ochenta y Cuatro (1584), por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial de demanda, la parte actora hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• Los Poderes demandados dispusieron de recursos financieros del Poder Judicial del Estado de Morelos sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión.
• En el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés no se contempló partida alguna para pago del Decreto impugnado. El monto contemplado apenas es suficiente para pagar las pensiones que ha otorgado previamente el Congreso, y no da certeza de que pueda cubrir pensiones futuras adicionales a éstas.
• El Poder Legislativo demandado impone la obligación de pagar la pensión por jubilación a partir del día siguiente a la separación de las labores, lo que implica que se haya dispuesto del presupuesto para el ejercicio fiscal.
• Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un Decreto legislativo, lo cierto es que el Congreso del Estado no asignó los recursos económicos para el pago y, por tanto, el Poder Judicial está impedido para realizar el pago.
• Lo anterior viola los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 17, 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal y 92-A y 131 de la Constitución Local.
• Es incongruente que el Decreto impugnado, publicado en el año dos mil veinticuatro, establezca que su financiamiento provendrá de la partida presupuestal del año dos mil veintitrés.
• Se omite que, en la fecha de emisión del Decreto impugnado, ya había sido aprobado el presupuesto de egresos del Poder Judicial actor para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Este presupuesto incluyó una partida para pagar los decretos ya existentes, pero no contempló aquellos autorizados posteriormente.
• En consecuencia, el Decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial frente al Congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 constitucional.
3. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de cinco de abril de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 126/2024; y se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión. Mediante proveído de doce de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda referida y tuvo como demandados solo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer tal carácter a la Secretaría de Gobierno local, por ser un órgano subordinado al segundo Poder mencionado.
6. Contestación de las autoridades demandadas. Santiago Núñez Flores, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda mediante escrito recibido vía electrónica ante este Alto Tribunal el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro; en tanto que Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad federativa, hizo lo propio mediante diverso escrito depositado en el buzón judicial el uno de julio de dos mil veinticuatro y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionarios a quienes la Ministra instructora tuvo por presentados en sus términos mediante proveídos de uno y seis de agosto de dos mil veinticuatro.
7. Solicitud de sobreseimiento. Por escrito presentado vía electrónica el dos de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal Constitucional, Orlando David Estrada Díaz, en su carácter de delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, solicitó el sobreseimiento de esta controversia constitucional, alegando la cesación de efectos del acto impugnado, por haberse realizado transferencia de recursos del Poder Judicial local para el pago de la pensión concedida a través del Decreto que cuestiona en esta vía. Para tal efecto, exhibe como prueba los siguientes documentos:
a) Copia certificada del oficio DCCA-002048-2024, de uno de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por la Secretaria Particular de la Oficina de la Gubernatura, mediante el cual remite el oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/422/2024, de quince de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, por el cual solicitó al Ejecutivo local realizar la transferencia de recursos al Poder Judicial del Estado por la cantidad de $180,420.45 (ciento ochenta mil cuatrocientos veinte pesos 45/100 M.N.), para el pago del Decreto relacionado con la presente controversia constitucional.
b) Copia certificada del oficio CJ/DGACyA/0452/2024-08, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo, mediante el cual se solicitó al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda local, cumplir con lo solicitado por el Congreso de Morelos, esto es, realizar la transferencia de recursos ya iniciados al Poder Judicial del Estado.
c) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3475-AD/2024, de veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, así como del diverso SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, y copia certificada de la transferencia realizada por el Poder Ejecutivo en favor del Poder Judicial local, con fecha once de julio de dos mil veinticuatro.
d) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3802-AD/2024, de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, así como del diverso oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, mediante el cual se dio respuesta a los oficios girados por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial local, a través de los cuales solicitó se realizara la transferencia de recursos para el pago de las pensiones respectivas.
8. Audiencia y cierre de la instrucción. El trece de septiembre de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia de ley y por acuerdo de diecisiete de septiembre siguiente la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
9. Avocamiento a la Segunda Sala. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y ordenó devolver el expediente a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para lo que conforme a derecho proceda.
I. COMPETENCIA
10. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Federal, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(3) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, (4) modificado el diez de abril del mismo año, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
11. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.
12. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor combate el Decreto impugnado al considerar que invade su independencia y autonomía de gestión presupuestal, toda vez que el Poder Legislativo demandado, de manera unilateral, independencia y autonomía de gestión presupuestal, sin brindarle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir dicha obligación.
13. La existencia del referido Decreto se acredita, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(6) aplicado de manera supletoria, con la copia certificada de la publicación oficial respectiva, la cual se acompañó por el Poder Ejecutivo demandado al presentar su contestación a la demanda.
14. Ahora bien, el contenido del referido Decreto es el siguiente:
“DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A OFELIA MORALES ORTÍZ
ARTÍCULO 1. Se concede Pensión por Jubilación a OFELIA MORALES ORTIZ, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Analista al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado.
ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.” [énfasis añadido].
Ver contenido del decreto con énfasis
15. Como se observa, la determinación que específicamente combate el actor se encuentra contenida únicamente en el artículo 2o. del Decreto impugnado; por tanto, únicamente ese precepto será objeto de esta controversia constitucional.
III. OPORTUNIDAD
16. De conformidad con el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
17. En el caso, el Decreto impugnado se publicó el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6282, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos, sin que el actor haya manifestado haber tenido conocimiento en fecha diversa, por lo que el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del jueves veintidós de febrero al miércoles diez de abril de dos mil veinticuatro.
18. De dicho plazo deben descontarse los días dos, tres, nueve, diez, del dieciséis al dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, del veintisiete al treinta y uno de marzo de dos mil veinticuatro, así como seis y siete de abril de dos mil veinticuatro, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia,(8) en relación con el diverso 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) y atento a lo dispuesto en el punto Primero, incisos a), b), c) y f), del Acuerdo General 18/2013,(10) de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.
19. Por tanto, si el escrito se presentó el cuatro de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; es evidente que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. Conforme al artículo 11, párrafo primero,(11) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
21. En el caso, la demanda inicial fue presentada por un ente legitimado en términos del artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal, toda vez que comparece Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo que acredita mediante copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Pleno Público Solemne número uno (1) del referido órgano jurisdiccional, celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que se le designó con ese nombramiento; y en términos del artículo 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(12) ejerce la representación legal dicho Poder; por tanto, dicho funcionario cuenta con legitimación activa en este asunto.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
22. De acuerdo con los artículos 10, fracción II(13), y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que emitan y promulguen la norma general, pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
23. En este asunto son autoridades demandadas en esta controversia constitucional los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos.
24. En representación del Poder Ejecutivo demandado, acude Santiago Núñez Flores, en su carácter de Consejero Jurídico, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de su nombramiento expedido el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro y, además, ejerce la representación legal, en términos del artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(14) y del “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5697 el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
25. Por parte del Poder Legislativo demandado, comparece Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien acreditó tal carácter mediante copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintitrés; y en términos del artículo 36, fracción XVI,(15) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, ejerce la representación legal.
26. Por tanto, las referidas autoridades, representadas por los citados funcionarios, tienen legitimación pasiva en este asunto, pues se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del Decreto impugnado.
VI. SOBRESEIMIENTO
27. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, solicitando la invalidez del Decreto Mil Quinientos Ochenta y Cuatro (1584), publicado oficialmente el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo a su presupuesto.
28. El actor alega que se le impuso esa obligación sin darle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento, lo que, a su parecer, vulnera su independencia y autonomía de gestión presupuestal; en esa medida, la cuestión que subyace en el fondo consiste en determinar si el Decreto impugnado vulnera la autonomía del Poder Judicial actor.
29. Sin embargo, antes de abordar esa cuestión, es necesario evaluar si los documentos aportados por el Poder Ejecutivo demandado resultan idóneos para acreditar el pago de la obligación prevista en el Decreto impugnado. Esto pues, de ser el caso, podría actualizarse la causa improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(16) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que daría lugar al sobreseimiento del presente asunto.
30. Dicho lo anterior, debe destacarse que el artículo 31(17) de la referida Ley Reglamentaria establece que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Asimismo, señala que corresponde al Ministro instructor desechar aquellas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. Por otro lado, el artículo 32, párrafo primero,(18) de esa Ley, determina que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por regla general, en la audiencia prevista en el artículo 29(19) del propio ordenamiento.
31. Sin embargo, el artículo 35(20) de la multicitada Ley Reglamentaria, prevé que el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer en todo tiempo. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.
32. Es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2002,(21) de rubro: “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”.
33. Visto lo anterior, los documentos aportados por el Poder Ejecutivo demandado se considerarán en el presente asunto pruebas para mejor proveer, dado que guardan relación inmediata con los hechos controvertidos. En ese sentido, del análisis de tales constancias se desprende lo siguiente:
a) Por oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/422/2024, de quince de julio de dos mil veinticuatro, y en atención a que el Poder Judicial del Estado de Morelos informó sobre la cantidad requerida para el pago de la pensión por jubilación establecida en el Decreto impugnado en esta controversia constitucional, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local solicitó al titular del Poder Ejecutivo local la transferencia de recursos. concretamente por la cantidad de $180,420.45 (ciento ochenta mil cuatrocientos veinte pesos 45/100 M.N.).
b) El veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos realizó una transferencia interbancaria al Poder Judicial local, por concepto de una ampliación presupuestal, por un monto de $23’089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), derivado del oficio SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Secretario de Hacienda del Estado y dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
c) Por oficio DCCA-002048-2024, de uno de agosto de dos mil veinticuatro, la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, por instrucciones del titular del Ejecutivo local, remitió el oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/422/2024 al Consejero Jurídico y al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, solicitando la transferencia de recursos al Poder Judicial para el pago del Decreto impugnado en esta controversia constitucional.
d) Por oficio CJ/DGACyA/0452/2024-08, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro y dirigido al Procurador Fiscal del Estado de Morelos y al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo local, el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica solicitó, en atención al oficio DCCA-002048-2024, suscrito por la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que se giraran las instrucciones necesarias para dar respuesta a lo solicitado por el Congreso del Estado mediante oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/422/2024.
e) Mediante oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, fechado el cinco de agosto de dos mil veinticuatro y dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó que, derivado de la ampliación autorizada mediante oficio SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, por un monto de $23’089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), los recursos solicitados para cumplir con lo solicitado en los oficios LV/MD/AÑO.3/P.O.2/422/2024 y DCCA-002048-2024, serían contemplados dentro de la cantidad extraordinaria autorizada en favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el referido oficio SH/0920-GH/2024.
f) Por oficio SH/CPP/DGPGP/3802-AD/2024, de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó al Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica que, mediante oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, se dio respuesta a la solicitud de trasferencia de recursos para el pago de pensiones realizada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
34. Al haberse demostrado que se han transferido los recursos financieros necesarios para que el Poder Judicial del Estado de Morelos cumpla con la carga económica impuesta en el Decreto impugnado en este asunto, es evidente que han quedado sin efectos las posibles afectaciones que dicho acto pudieran haber generado.
35. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia, debe sobreseerse la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(22)
36. En términos similares, esta Segunda Sala decretó el sobreseimiento de la diversa controversia constitucional 147/2024, en sesión de nueve de octubre de dos mil veinticuatro.
VII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán. El Ministro Luis María Aguilar Morales emitió su voto en contra.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
________________
1. Página 20 de la versión digitalizada del escrito inicial de demanda.
2. Constitución Federal.
“Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...].
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;
[...].”
Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales.
“(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JUNIO DE 2021)
Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200975-1a2f1c6f/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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