JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL CITATORIO DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO EN LA FASE INICIAL DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. CUANDO EL FIN DE ESA COMUNICACIÓN ES INFORMAR A UNA PERSONA LA POSIBLE IMPUTACIÓN QUE EXISTE EN SU CONTRA Y GARANTIZAR SU DERECHO A RENDIR ENTREVISTA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 107, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PRIMERO, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU Y 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 161/2024. SUSCITADA ENTRE EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 161/2024 suscitada entre el entonces Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2022, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.VI.P. J/3 P (11a.), con registro digital 2025762, y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 132/2023.
El problema jurídico que corresponde resolver a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar qué causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto se actualiza cuando se promueve en contra de un citatorio ministerial dictado en la etapa de investigación en su fase inicial, a fin de informarle a la persona las causas de su posible imputación, y garantizar su derecho a rendir entrevista en la etapa de investigación inicial.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. A través del oficio recibido y registrado el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) denunciaron la posible contradicción de criterios entre los órganos jurisdiccionales y con motivo de los criterios siguientes:
a) Ese mismo órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 132/2023 de su índice; y,
b) El (entonces) Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito (Región Centro Sur), al resolver la contradicción de tesis 1/2022, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.”
2. No obstante, el Pleno Regional en comento sustentó carecer de competencia legal para conocer de las contradicciones de criterios suscitadas entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente circuito y región. Por tanto, remitió la denuncia de cuenta a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser la competente para conocer del asunto.
3. Trámite de la denuncia. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 161/2024; asimismo, turnó el asunto para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.(1)
4. De igual forma, requirió a las Presidencias de los órganos judiciales contendientes para que remitieran las versiones digitalizadas de los originales o, en su caso, de las copias certificadas de las ejecutorias, o bien las versiones electrónicas en las que consten las firmas correspondientes, relativas a la contradicción de tesis 1/2022 del índice del entonces Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, y del amparo directo en revisión 132/2023 del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, así como de los proveídos en los que se informara si los criterios sustentados en dichos asuntos se encuentran vigentes o, en caso de que se tengan por superados o abandonados, señalar las razones que sostengan las consideraciones respectivas.
5. Avocamiento. El doce de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto, y ordenó enviar los autos a la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
6. El catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala tuvo al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remitiendo la versión digitalizada con firmas electrónicas de la sentencia dictada en el amparo en revisión 132/2023 de su índice.
7. Más adelante, el cuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente en funciones de la Primera Sala tuvo a la Presidencia del (entonces) Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito informando que está vigente el criterio sustentado en la contradicción de tesis 1/2022, y remitió copia digitalizada por triplicado de la sentencia dictada en el asunto.
I. COMPETENCIA
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 227, fracción II, de la Ley de Amparo;(3) 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) y el punto segundo, fracción V, del Acuerdo General Número 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(5)
9. Lo antedicho, porque se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre un Pleno Regional y un Tribunal Colegiado de Circuito de una distinta región y, por tratarse de un asunto de orden penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Sala, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
10. Esta Primera Sala resuelve que la denuncia proviene de parte legitimada, ya que fue formulada por los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte). Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada y, de ser el caso, fijar el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes.
A. Criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo en revisión 132/2023
12. Antecedentes: el quince de julio de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación de Trámite Sin Detenido (rezago) de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-3 de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), emitió citatorio derivado de la carpeta de investigación **********, a fin de requerir a ********** a comparecer a las instalaciones del órgano ministerial y obtener su entrevista respecto de los hechos que se le atribuyen.
13. Inconforme con lo anterior, el citado promovió juicio de amparo indirecto; el cual, seguido en sus cauces legales, fue resuelto en el sentido de concederlo para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que quedara firme la determinación, dejara insubsistente el citatorio reclamado, sin perjuicio de que pudiera emitir otro que cumpliera con los requisitos y formalidades legales.
14. En cumplimiento, la agente ministerial dejó insubsistente el citatorio en cuestión, y emitió uno diverso a fin de seguir con la integración de la carpeta de investigación, con el apercibimiento de que de no presentarse se le aplicaría arresto de treinta y seis horas.
15. Posteriormente, la Representante Social libró nuevo citatorio, con la finalidad de lograr la comparecencia, con el mismo apercibimiento; lo que no aconteció. Ante la imposibilidad de diligenciarlos, la agente ministerial ordenó notificar al imputado por estrados en las instalaciones de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que se enterara del contenido de los autos de dos de septiembre y veintiuno de abril del mismo año, y manifestara lo que a su interés legal fuera conveniente.
16. Al no obtener la comparecencia del imputado, la Fiscal, por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, determinó dejar insubsistentes los citatorios anteriores, así como los apercibimientos, y dictó nuevo citatorio; el cual constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo que aquí es objeto de exposición.
17. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió sobreseer el juicio de amparo. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión.
18. Seguido el proceso en sus cauces, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió el recurso en el sentido de que el juicio de amparo era improcedente, aunque por razones diversas a las sustentadas por el Juzgado de Distrito a quo, toda vez que, a su juicio, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b) –interpretada a contrario sensu– de la Ley de Amparo.
19. Lo previo, porque el acto reclamado: 1) se gestó dentro de una investigación inicial, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, 2) la investigación inicial, como parte del procedimiento penal, no constituye un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco es constitutivo de un juicio; y, 3) los actos surgidos en la etapa de investigación inicial no son susceptibles de análisis constitucional a través del juicio de amparo, en términos de la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo,(6) ya que no se emiten dentro o fuera de juicio.
20. El Tribunal añadió que producen ‘ejecución irreparable’ los actos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Para lo cual invocó el criterio sostenido en la contradicción de tesis 377/2013. En ese contexto, refirió que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción de amparo indirecto contra actos de imposible reparación: 1) que se trate de actos que afecten materialmente derechos, y 2) que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos de naturaleza formal o adjetiva.
21. Refirió también que, de acuerdo con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que un acto de autoridad pueda calificarse como de imposible reparación, es necesario que se cumplan las condiciones siguientes: i) que las consecuencias del acto sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, ii) que el derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas.
22. En el caso concreto, el acto reclamado consistió en una simple comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere la presencia del quejoso para el desarrollo de una investigación, dentro de una carpeta, en la que se le harán saber hechos denunciados en su contra, así como su derecho a rendir o no entrevista. Por ende, en el caso es innegable que el amparo indirecto es improcedente, porque sus consecuencias no son de tal gravedad que le impidan al quejoso el ejercicio de un derecho antes del dictado de la resolución definitiva.
23. Resolvió que la citación reclamada no resulta ser un acto de imposible reparación, porque se dictó durante la etapa de investigación inicial y la misma sólo plantea la posibilidad de que la autoridad responsable ordene actos de investigación que impliquen su participación, pero en todo caso será la determinación en donde se ordene un acto de investigación, específicamente practicado con el quejoso, lo que le podría afectar.
24. En esas condiciones, sustentó que conllevaba confirmar la sentencia recurrida, por las razones expuestas por el Juzgado de Distrito, pero con diverso fundamento legal, y sobreseer el juicio de amparo.
B. Criterio del (entonces) Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito (Región Centro Sur) al resolver la contradicción de tesis 1/2022
25. Antecedentes: por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós ante esta Suprema Corte, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, denunció la posible contradicción de criterios entre los emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la revisión ********** y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito en el amparo indirecto en revisión **********, entre otros.
26. Los autos fueron remitidos al entonces Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito para que conociera de la denuncia, en relación con los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito. Posteriormente, el Magistrado Presidente del Pleno en comento tuvo por recibida la denuncia, y la registró con el número 1/2022.
B.1. Primer criterio contendiente: amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito
27. El Tribunal supraindicado resolvió que, en el juicio, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado, citatorio emitido por el Ministerio Público en una carpeta de investigación, se trata de un acto que no afecta la libertad personal del quejoso. Para alcanzar esa conclusión, el órgano invocó el criterio adoptado por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 141/2018.
28. En aquel asunto, resuelto por esta Sala de la Suprema Corte, se sustentó que la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta la libertad personal del citado, porque se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial.
29. Con base en ese razonamiento, interrumpió la jurisprudencia 1a./J. 93/2013, y se emitió la 1a./J. 78/2018 (10a.) de rubro: “SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].
30. De esa guisa, resolvió que, si en la especie el acto reclamado al Ministerio Público era la cita al quejoso para que se enterara de la imputación y rindiera entrevista, eso es un acto que no afecta la libertad del quejoso y, por ende, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Así, sobreseyó el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
B.2. Segundo criterio contendiente: amparo indirecto en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito
31. En el asunto, el Tribunal sobreseyó un juicio de amparo indirecto promovido contra actos reclamados de una Agente del Ministerio Público, adscrita a la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Financieros y Patrimoniales, consistentes en diversos citatorios, a fin de que la quejosa se presentara acompañada de su abogado para que recabara su entrevista en calidad de imputada, en relación con hechos denunciados por el delito de fraude.
32. El Tribunal sustentó que el acto reclamado en modo alguno suponía una afectación cierta e irreparable sobre sus derechos sustantivos, toda vez que, conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, por lo que para estar en aptitud de determinar el ejercicio o no de la acción penal deberá practicar dentro de la averiguación previa, las diligencias que considere necesarias para acreditar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella.
33. Aquellas actuaciones, por sí mismas, –resolvió el Tribunal– no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado o quien sea llamado para esclarecer los hechos investigados, porque son de orden público; desde luego, siempre y cuando no se ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos de la persona, como acontece en la especie, en tanto que del citatorio reclamado no se desprende dato que haga suponer que, una vez concluida la diligencia, la compareciente no podrá retirarse de las instalaciones e incorporarse a sus actividades cotidianas.
34. Dadas las características del caso, el Tribunal resolvió que no podía estimarse que el acto reclamado era susceptible de afectar los intereses jurídicos de la quejosa, porque se le está citando en calidad de imputada a rendir su declaración en relación con los hechos investigados. Sin embargo, el acto reclamado no tiene una ejecución de ‘imposible reparación’, porque sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución.
35. Por aquel motivo, determinó sobreseer el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo.
36. Agregó que el citatorio sólo produce efectos intraprocesales, que no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la quejosa, dado que constituye un aviso o comunicación para hacerle saber que deberá comparecer ante el Agente del Ministerio Público para que lleve a cabo una diligencia dentro de la etapa de investigación, a fin de entrevistarla en su calidad de imputada, respecto de hechos con apariencia de delito; determinación procesal cuyas consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación.
37. Para sustentar su decisión, el Tribunal invocó el criterio de rubro siguiente: “PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIRL DE 2013).”
38. Adicionalmente, sustentó que aun cuando en el citatorio reclamado se hubiere apercibido a la quejosa de que, en caso de no acudir a la entrevista, se le impondrían medidas de apremio, ello no implica que se afecte de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal, porque tal apercibimiento no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que el acto reclamado sólo implica una comunicación entre el Ministerio Público y el inculpado, para hacerle saber que se requiere su presencia en el desarrollo de la diligencia.
39. En ese orden de ideas, el Tribunal invocó el criterio de rubro: “SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].”
40. Solución a la contradicción de criterios: expuestos los razonamientos judiciales contendientes, a fin de resolver la contradicción de criterios en cuestión, el entonces Pleno Regional del conocimiento expuso las consideraciones siguientes. 41. En primer lugar, advirtió que tanto el Primero como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se pronunciaron en relación con una cita para comparecer ante el Agente del Ministerio Público para que se hicieran saber a la parte quejosa los hechos denunciados en su contra, y se le recibiera su entrevista en relación con esos hechos, todo ello dentro de una carpeta de investigación. Y, además, ambos Tribunales fundaron sus decisiones en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 de esta Primera Sala.
42. En segundo lugar, señaló que sí existía la contradicción de tesis entre los Tribunales, porque si bien ambos consideraron improcedente el juicio de amparo (contra la citación ordenada por el Ministerio Público en una carpeta de investigación, con el fin de que la persona comparezca ante su potestad para hacerle saber los hechos que se denunciaron en su contra y, en su caso, rinda su entrevista en relación con aquéllos):
a) Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito resolvió que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V (contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo;(7)
b) El Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito resolvió que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, pero en su fracción IV (contrario sensu), de la Ley de Amparo.(8)
43. El entonces Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que debía prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por las razones esenciales siguientes:
43.a) En primer término, invocó a esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 141/2018; precedente en el que se analizó lo dispuesto en los artículos, entre otros, 170, fracción I, último párrafo;(9) 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; 141, fracciones I y II, y 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
43.b) En esa línea de ideas, refirió que esta Primera Sala destacó que, el citatorio al imputado para comparecer a la audiencia inicial por el Juez de Control se dicta fuera de juicio, porque se emite antes de la propia audiencia. En esas circunstancias, la Sala partió de la premisa de que la citación para la audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio.
43.c) Adicionalmente, resolvió que la citación no afecta la libertad del quejoso, porque sólo consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, para informarle que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra, y formularle imputación.
43.d) Además, se dijo que no era obstáculo para concluir lo precedente, el que la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezca que, en caso de que el citado no acuda, injustificadamente, a petición del Ministerio Público, podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, atento a que esta posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta: 1) inasistencia del citado; 2) que no exista justificación legítima; y, 3) que ante la concurrencia de las dos condiciones anteriores, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada.
43.e) En tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que, en su contra, no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la normativa en esa materia.
43.f) En esas condiciones, sostuvo que no puede actualizarse la fracción V (a contrario sensu) del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuenta habida que esta hipótesis se refiere sólo a actos dentro de juicio, y la citación del Ministerio Público en estudio, está fuera de él, y es dictado por una autoridad administrativa.
43.g) Además, como resolvió esta Primera Sala, –sostuvo el entonces Pleno de Circuito–, para que proceda el juicio no basta con que la citación del investigado se dicte fuera de juicio, sino que ese acto afecte de manera directa y actual la libertad del quejoso, de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
43.h) Lo previo, sin que sea obstáculo que el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevea que el incumplimiento a una cita del Ministerio Público puede constituir responsabilidad y dar lugar a ser sancionado conforme a las leyes penales.
43.i) En conclusión, el Pleno referido resolvió que el juicio de amparo es improcedente en contra de la citación del Ministerio Público para que el quejoso comparezca ante su potestad para que se le hagan saber los hechos que se investigan en la carpeta de investigación y, en su caso, rinda su entrevista como imputado; esto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por tratarse de actos fuera de juicio que no afectan de manera directa y actual la libertad del quejoso.
43.j) Así, dictó la jurisprudencia de rubro siguiente: “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.”(10)
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
44. La pregunta que debe responderse en este apartado puede formularse de la manera siguiente:
¿Existe contradicción entre los criterios sustentados por los órganos contendientes?
45. La respuesta a tal interrogante es en sentido positivo, puesto que reúne los requisitos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar la existencia de una contradicción de criterios, los cuales consisten en que:(11)
a) Los órganos contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
46. Así las cosas, en el caso concreto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada entre los órganos contendientes por las razones siguientes.
47. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes, en efecto, al resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción ejercieron su arbitrio judicial para llegar a una solución jurídica específica.
48. Aquella solución se relacionó con identificar las razones y, por tanto, las disposiciones normativas, con fundamento en las cuales es improcedente un juicio de amparo indirecto en el que se hubiere señalado como acto reclamado un citatorio girado por el Ministerio Público, en la etapa de investigación en su fase inicial, para enterar a una persona sobre las razones de su posible imputación y, en ese tenor, garantizar su derecho a rendir entrevista antes de la audiencia inicial del juicio.
49. Es decir, un citatorio que se ordena a petición del Ministerio Público, en el contexto de una carpeta de investigación, a fin de informar al imputado sobre los hechos ilícitos cuya responsabilidad, o participación, se le atribuyen, y para que, en su caso, rinda entrevista ante dicha autoridad administrativa con el propósito de conocer su versión de los hechos, y/u ofrecer datos de prueba pertinentes para llevar a cabo su defensa adecuada; lo que, en adelante, para efectos de esta ejecutoria se denominará el: ‘citatorio ministerial’.
50. Segundo requisito: punto de toque y diferencia de criterios interpretativos. Del mismo modo en que sucede con el requisito anterior, esta Primera Sala observa que entre los criterios que contienden sí existe un punto de toque que detona un tema auténtico de contradicción.
51. Con el propósito de ilustrar lo que antecede, esta Primera Sala se permitirá exponer la tabla siguiente:
Ver tabla
52. Como se observa, ambos órganos contendientes, si bien ofrecieron una misma solución jurídica a la problemática sometida a su jurisdicción a la luz del razonamiento sustantivo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de esta Primera Sala,(12) lo cierto es que para alcanzarla emitieron consideraciones jurídicas distintas, y además las descansaron en fundamentos normativos diferentes.
53. Así, mientras que el primer órgano judicial contendiente determinó que el amparo indirecto en cuestión es improcedente porque el citatorio ministerial no forma parte, ni de un procedimiento seguido en forma de juicio, ni tampoco de un juicio, amén de que no es un ‘acto de imposible reparación’, para el segundo órgano contendiente ese mismo citatorio ministerial es un acto dictado fuera de juicio, derivado de las facult
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33000-c5c38baa/juicio-de-amparo-indirecto-contra-el-citatorio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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