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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS CONCESIONARIAS QUE PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, RESPECTO DEL ARTÍCULO 43 DE LOS REGLAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE ORIZABA, VERACRUZ Y GUADALUPE, NUEVO LEÓN, QUE TIENEN COMO OBJETIVO ERRADICAR DE MANERA PROGRESIVA EL CABLEADO AÉREO POR SUBTERRÁNEO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 7/2024. · Registro digital (IUS): 33026
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-02-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESI
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.578.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 7/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 3 DE DICIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. DISIDENTE: MAGISTRADO FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.

Sentencia del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión pública celebrada el tres de diciembre de dos mil veinticuatro y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. Primero. Denuncia de la contradicción. El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver, en su orden, los recursos de revisión incidentales 620/2023 y 421/2023.

2. Segundo. Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de presidencia de dos de mayo de dos mil veinticuatro, se radicó este expediente y se registró como contradicción de criterios en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 7/2024; se ordenó formar el expediente electrónico; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios relacionada con el tema: “Determinar si procede conceder la suspensión contra normas que tengan como objetivo el buen funcionamiento de las vías de telecomunicaciones y/o radiodifusión, así como la implementación de cableado subterráneo para el correcto funcionamiento de las líneas en contra del orden público e interés social.”.

4. También se asignó de manera provisional el asunto a la ponencia del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

5. Tercero. Vigencia de los criterios. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales señalaron que los criterios sustentados al resolver los recursos de revisión incidentales 620/2023 y 421/2023 continúan vigentes.

6. Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio DGCCST/X/455/05/2024 de trece de mayo de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento que de la consulta del Sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro Presidente durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis relativa a la existencia de alguna relacionada con el tema a dilucidar anteriormente precisado.

7. Quinto. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de siete de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se confirmó el turno del expediente virtual al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la elaboración del proyecto de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

8. Sexto. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto del año en curso y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre pasado, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

9. Séptimo. Cambio de presidencia en el Pleno Regional Especializado. El treinta y uno de agosto del año en curso, el entonces magistrado Alejandro Villagómez Gordillo concluyó su cargo como presidente del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México y del Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, debido a que se autorizó su jubilación, asumiendo dicho cargo la magistrada Silvia Cerón Fernández con efectos a partir del uno de septiembre de la anualidad que transcurre, al haber sido designada previamente como magistrada presidenta sustituta en ambos Plenos.

10. Octavo. Nueva integración del Pleno y turno del asunto. Una vez reanudadas las labores de este Pleno y que lo permitieron sus actividades, por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformado por la magistrada Silvia Cerón Fernández y por los magistrados Francisco García Sandoval y Carlos Alberto Zerpa Durán, además, se comunicó que el asunto sería returnado a la ponencia a cargo de la magistrada mencionada en primer término, quedando confirmado en esa misma fecha.

11. Noveno. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

12. Primero. Competencia. Este Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 11, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, los cuales pertenecen a la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional.

13. Segundo. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien conoció de los juicios de amparo de origen 335/2023 y 236/2023, que motivaron la discrepancia entre los criterios emitidos por los tribunales contendientes.

14. Tercero. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

15. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”(7)

16. Cuarto. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.

• Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de revisión incidental 620/2023 en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

17. Juicio de amparo indirecto. Unas personas morales demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.

a) El H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

IV. ACTOS RECLAMADOS.

Del H. Ayuntamiento de Orizaba Veracruz, se reclama la discusión, aprobación, promulgación y expedición del “REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, RETIRO Y MODIFICACIÓN DEL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ORIZABA, VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE”, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de agosto de 2023, específicamente sus artículos 8, fracciones I, inciso a), III incisos a), b) y c), VI inciso a), VIII inciso f), IX Inciso d) y g) y X incisos a), b) y c); 10’; 13; 19; 20, fracciones I incisos a), b) y c), II inciso k); 26, 27; 31; 33, fracciones II, IX y X; 36 41; 43 44 fracción II; 46; 47; y 52.”

18. Admisión de la demanda. La demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo titular la radicó con el número de expediente 335/2023 y en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés –previo desahogo del requerimiento formulado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés–, la admitió a trámite por todos los actos y autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda y ordenó formar por separado y duplicado el cuaderno incidental.

19. En esa misma fecha, en el cuaderno incidental de dicho juicio de amparo, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe previo, fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental y negó la suspensión provisional.

20. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo presidente lo registró con el número de expediente Q.A. 326/2023, y en sesión de trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno del órgano jurisdiccional lo declaró infundado.

21. Suspensión definitiva. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el juez de Distrito celebró la audiencia incidental y negó la suspensión definitiva a la parte quejosa.

22. Interposición del recurso de revisión y resolución. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer nuevamente al referido Primer Tribunal Colegiado, cuya presidencia en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y registró bajo el consecutivo I.R.A. 620/2023.

23. Concluida la tramitación del medio de impugnación, en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, se dictó el fallo correspondiente, el cual confirmó la interlocutoria recurrida, cuyas consideraciones son las siguientes:

“(...)

NOVENO. Estudio.

(...)

En términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de los actos siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. La solicite la parte quejosa; y,

II. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

En el presente asunto, la premisa esencial se satisface en tanto que, el contenido de la demanda de amparo pone de manifiesto que las quejosas solicitaron la suspensión para el efecto de que se les permita conservar la red pública de telecomunicaciones que actualmente se encuentra desplegada de forma aérea en el Municipio de Orizaba, Veracruz, en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo.(8)

Por su parte, la fracción II del precepto que se analiza dispone que, para el otorgamiento de la suspensión de los actos en controversia, es necesario verificar que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que permite arribar a una primera conclusión en el sentido de que basta que no se satisfaga uno de estos elementos para negar la medida cautelar.

En estrecha vinculación con lo anterior, es útil informar que si bien existen diversos criterios del alto tribunal en los que se faculta a realizar un estudio preliminar de la constitucionalidad del acto reclamado al resolver sobre la suspensión de los actos, tomando en consideración para tal efecto la apariencia del buen derecho o el peligro en la demora, el estudio que sobre el particular se realice debe ponderar en forma simultánea ese elemento (el derecho que se defiende) así como el interés social; de manera que si este último es mayor al que pudiera resentir el particular, se debe negar la suspensión.

Los criterios de los que se da cuenta son los contenidos en las jurisprudencias P./J. 15/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala del alto tribunal, de rubros: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO” y “SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO, RESPECTIVAMENTE.”

Por interés social se entiende al conjunto de pretensiones de una determinada colectividad, encaminadas a obtener beneficios para todos sus integrantes; lo que permite adoptar como segunda conclusión que dicho interés no es únicamente el que asiste a los integrantes del cuerpo social, entendido en una dimensión amplia, sino que también es aquel que tienen determinados grupos, colectividades o integrantes de una comunidad, siempre que resulten acordes con los pretendidos por la sociedad en general y que, además, tengan como finalidad lograr el desarrollo integral y armónico de sus miembros.

Asimismo, es importante destacar que la idea de interés social está estrechamente vinculada con el concepto de orden público; por tanto, es dable presumir que se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive de un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública.

De manera que, para emplear el criterio de orden público e interés social como base para resolver sobre la suspensión, no es suficiente que las normas relacionadas con el acto por el que se solicita la medida cautelar sean de orden público, pues todas lo son, sino que, además, debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos reclamados y sus consecuencias, con el daño a la parte quejosa al ejecutar el acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa.

Definido lo anterior, es importante precisar que sobre los bienes del dominio público de la Federación de uso común, el Tribunal Constitucional también ha fijado criterios que sirven de guía para garantizar el interés público y el uso de los recursos productivos.

En la jurisprudencia 2a./J. 5/2019 (10a.), de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 832, se estableció el siguiente criterio:

“BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE USO COMÚN. EL LEGISLADOR PUEDE SUJETAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE LOS UTILICEN, A LAS MODALIDADES QUE BUSQUEN PROTEGER EL INTERÉS PÚBLICO Y GARANTIZAR EL USO GENERAL DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS. (se transcribe).

En principio, el Alto Tribunal ha hecho énfasis en que la utilización de los bienes de dominio de uso común sólo está sujeta a las restricciones previstas en la ley y en los reglamentos administrativos y abundó que aquellos que para su uso requieran de concesión, autorización o permiso, con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes que, en materia constitucional exigen, entre otras cuestiones: • Que el Estado garantice como parte del desarrollo económico nacional que los agentes económicos de cualquier sector (público, privado o social) concurran con responsabilidad social.

De esa manera, concluyó el Alto Tribunal que en las normativas respectivas, el legislador está facultado para sujetar la prestación de servicios que requieran su explotación, al cumplimiento de diversos términos o condiciones, siempre que las modalidades busquen proteger el interés público y garantizar que dichos servicios se presten en condiciones equitativas y de calidad en beneficio de quienes los requiera.

En otras palabras, la única limitante que tienen los órganos creadores de las normas, es que las modalidades establecidas para el cumplimiento de términos o condiciones, busquen proteger el interés público y garantizar condiciones equitativas y de calidad en la prestación de los servicios.

En cuanto al régimen municipal, la Constitución General establece en su artículo 115, lo siguiente:

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: (...)

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. (...)”

Dicha disposición resulta relevante, en la medida en que la facultad reglamentaria municipal para ordenar, regular o reglamentar en materia de asentamientos y planeación urbana no se encuentra ajena a los límites previstos en el parámetro de regularidad constitucional.

Para tener mayor claridad respecto de la planeación urbana, conviene traer a cuenta la tesis 2a. CXXIV/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, Tomo II, página 1240, cuyo contenido establece:

“ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PLANEACIÓN URBANA. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA OTORGAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN URBANOS. (Se transcribe).

De ese criterio destaca la importancia de imponer, mediante la planeación urbana, las medidas necesarias en aras de otorgar protección y seguridad a la colectividad que se sitúe en los asentamientos humanos.

Ahora bien, debe recordarse que la parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que no le sean aplicados los artículos 33, fracción IX, 43 y 44, fracción II, del Reglamento para la instalación, ampliación, retiro y modificación del cableado de telecomunicaciones, radiodifusión y suministro de electricidad para el Municipio de Orizaba, del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, los preceptos cuestionados establecen:

“Artículo 33. Son obligaciones de los propietarios de la infraestructura activa y/o pasiva según corresponda instalada en los predios: (...)

IX. Realizar de manera inmediata la migración progresiva de la infraestructura pasiva aérea a soterramiento, de acuerdo al programa de trabajo presentado y autorizado por la Jefatura de Imagen Urbana, para su conclusión en un plazo de 12 meses, debiendo considerar los trabajos por etapas programadas; y (...)”

“Artículo 43. Los interesados que presten servicio de telecomunicaciones y/o radiodifusión, así como de suministro de electricidad que utilicen tendidos aéreos tales como líneas, anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus características requieran de cableado aéreo, deberán erradicar la utilización de dichos tendidos aéreos de manera progresiva en las zonas autorizadas por el Gobierno Municipal, con base al programa presentado por el interesado, dicha acción se deberá realizar respetando en todo momento la Ley Federal d Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Acuerdo 034/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.”

“Artículo 44. Los interesados deberán realizar lo siguiente: (...)

II. Presentar programa para migrar de manera inmediata las líneas aéreas existentes a subterráneas, el cual deberá desarrollarse en un plazo máximo de 12 –doce meses, debiendo considerar los trabajos por etapas programadas para supervisar su avance, en periodos de 4– cuatro meses de manera improrrogable.” ...

En el artículo 33 transcrito, se establece la obligación a cargo de los propietarios de la infraestructura activa y/o pasiva, de realizar de manera inmediata la migración progresiva de la infraestructura pasiva aérea a soterramiento, de acuerdo al programa de trabajo presentado y autorizado por la Jefatura de Imagen Urbana, para su conclusión en un plazo de doce meses, debiendo considerar los trabajos por etapas programadas.

El diverso precepto 43, establece que los interesados que presten servicio de telecomunicaciones y/o radiodifusión, así como de suministro de electricidad que utilicen tendidos aéreos tales como líneas, anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus características requieran de cableado aéreo, deberán erradicar la utilización de dichos tendidos aéreos de manera progresiva en las zonas autorizadas por el Gobierno Municipal, con base al programa presentado por el interesado, y que dicha acción se deberá realizar respetando en todo momento la Ley Federal d Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Acuerdo 034/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Finalmente, el artículo 44, fracción II, indica que los interesados deberán presentar programa para migrar de manera inmediata las líneas aéreas existentes a subterráneas, el cual deberá desarrollarse en un plazo máximo de 12 –doce meses, debiendo considerar los trabajos por etapas programadas para supervisar su avance, en periodos de 4– cuatro meses de manera improrrogable.

De lo que se advierte que los artículos materia de la medida cautelar, establecen obligaciones para aquellos interesados que deseen instalar o modificar infraestructura de telecomunicaciones, radiodifusión o suministrar electricidad, así como para quienes utilicen tendidos aéreos.

Asimismo, constriñe a quienes realicen o lleven al cabo fraccionamientos u obras de urbanización de suelo, a realizar el despliegue de infraestructura de manera subterránea.

Una vez precisado el parámetro hasta aquí desarrollado, como ya se indicó, un análisis preliminar a los artículos en cuestión lleva a concluir que, de conceder la medida cautelar para los efectos solicitados, se podría vulnerar el interés social, ya que con ello se privaría a la colectividad del beneficio que tendría con la implementación de una regulación que tiene por objeto final regular obras o trabajos relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones para implementar una política de migración al cableado subterráneo, con miras a mejorar las condiciones del espacio público y cuestiones de protección civil.

Ello, pues como fue resuelto por el juez de distrito, tiene como objeto el buen funcionamiento de las vías de telecomunicaciones y/o radiodifusión, así como la implementación de cableado subterráneo para el correcto funcionamiento de las líneas.

Como puede evidenciarse de la simple lectura de las normas reclamadas, no restringen la instalación de infraestructura en materia de telecomunicaciones, ni se afecta la prestación efectiva de los servicios, sino que establece las condiciones en que deberán llevarse al cabo la implementación y revisión.

Así también de diversos artículos del reglamento reclamado, se desprende que el retiro del cableado aéreo atiende a la emisión de planes y estrategias que atenúen la contaminación al medio ambiente por las instalaciones de cableado aéreo; a la correcta instalación, mantenimiento y retiro de la infraestructura aérea en desuso; y, la implementación del cableado subterráneo para el correcto funcionamiento de las líneas, lo cual está sujeto a vigilancia de las autoridades municipales en conjunto con las autoridades competentes. (artículos 44, fracción III; 44, fracción VII; 46; 47, fracción II).

No pasa inadvertido el argumento de la parte recurrente mediante el cual asegura que, en caso de no conceder la suspensión, se restringe el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, cuya función social se relaciona con un gran número de derechos fundamentales, que llegan a causar perjuicios al consumidor final, aunado a que se actualiza una invasión de esferas de la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Así también en otra parte de sus argumentos, la parte recurrente afirma que la regulación reclamada: a) versa sobre una cuestión eminentemente regulatoria en materia de telecomunicaciones que le correspondía al Instituto Federal de Telecomunicaciones y no al municipio y, b) no existe justificación técnica para la transición de red aérea a subterránea; máxime que dichos tópicos son posturas que se cuestionan en la demanda de amparo.

Asimismo, sostiene que contrario a lo establecido en las normas reclamadas, con el otorgamiento de la suspensión solicitada por las hoy recurrentes no se privaría a la colectividad de los beneficios que obtendría si se logra el correcto funcionamiento de la infraestructura y vías de telecomunicaciones, pues el efecto de la suspensión solicitada consiste simplemente en mantener las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la entrada en vigor de las normas impugnadas, es decir, que no se apliquen las normas reclamadas hasta en tanto se resuelva en definitiva el juici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33026-153eaf2e/suspension-definitiva-procede-concederla-a-las-personas-concesionarias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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