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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 128, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO 48, FRACCIÓN IV Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE MÉXICO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO LOCAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABERLE SIDO ATRIBUIDA LA OMISIÓN OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULO 57, FRACCIONES I Y XXVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO LA PERSONA QUE SIN SER ACTOR O DEMANDADO EN EL JUICIO Y SIN POSEER LAS CALIDADES ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PUEDA RESULTAR AFECTADA POR LA SENTENCIA QUE SE LLEGARE A DICTAR, CUANDO ASÍ LO DETERMINE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL TERCERO INTERESADO MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, RECAE EN LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DE ESE MUNICIPIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA QUE ADUCE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC PARA PROMOVER LA DEMANDA POR ESTIMAR QUE NO COMPARECIÓ EL AYUNTAMIENTO EN SU CONJUNTO, TODA VEZ QUE SÍ TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 128, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 48, FRACCIÓN IV, Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO (OFICIO NÚMERO 22400001A000000/322/2023, DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR EL QUE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EMITIÓ EL DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL URBANO DE TEPOTZOTLÁN). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIO NÚMERO 22400001A000000/322/2023, DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR EL QUE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EMITIÓ EL DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL URBANO DE TEPOTZOTLÁN). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA CUANDO SE ALEGA QUE EL MUNICIPIO ACTOR NO AGOTÓ LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, TODA VEZ QUE LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO QUE SE ESTIMA RESOLVIÓ UN CONFLICTO LIMÍTROFE Y, POR ENDE, INVADIÓ LA ATRIBUCIÓN DEL CONGRESO ESTATAL (OFICIO NÚMERO 22400001A000000/322/2023, DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR EL QUE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EMITIÓ EL DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL URBANO DE TEPOTZOTLÁN). X. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. BASE CONSTITUCIONAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS PREVISTA POR LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-C, Y 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. CORRESPONDE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LEGISLAR EN LA MATERIA EN SUS JURISDICCIONES TERRITORIALES, ASÍ COMO ANALIZAR Y CALIFICAR LA CONGRUENCIA Y VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO CON LA PLANEACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA ESTATAL EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. XII. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ES ATRIBUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO U

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 458/2023. · Registro digital (IUS): 33075
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-03-14
Promovente: MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.362.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 458/2023. MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 30 DE OCTUBRE DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y LA MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF VOTARON EN CONTRA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El oficio número 22400001A000000/322/2023, de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, por el que se emitió el Dictamen de Congruencia para la modificación del Plan Municipal Urbano de Tepotzotlán.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 458/2023, promovida por el Municipio de Coyotepec, Estado de México, en la que demandó la invalidez del oficio número 22400001A000000/322/2023, de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, por el que se emitió el Dictamen de Congruencia para la modificación del Plan Municipal Urbano de Tepotzotlán.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Modificación del Plan Municipal Urbano de Tepotzotlán. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el Ayuntamiento de Tepotzotlán solicitó a la Dirección General de Planeación Urbana del Gobierno del Estado de México, la emisión del dictamen de congruencia para el proyecto de modificación del plan municipal de desarrollo urbano, toda vez que se ha concluido la etapa de consulta pública.

2. El plan de desarrollo municipal establece que el municipio de Tepotzotlán cuenta con una superficie neta de 209.0762 kilómetros cuadrados, y entre sus localidades se encuentra el Ejido de Coyotepec, según el apartado de “Límites territoriales de municipio conforme a lo establecido en la división político administrativa del Estado de México, como lo determina la Ley Orgánica Municipal del Estado de México”. Asimismo, los mapas contenidos en el plan incluyen a dicho ejido dentro de la poligonal del territorio de ese municipio.

3. Con posterioridad, el treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio número 22400001A000000/322/2023, la Directora General de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México emitió el dictamen de congruencia de la modificación del plan municipal de desarrollo urbano, toda vez que es consistente con los objetivos, estrategias y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente.(1) Al efecto, señaló que dicho dictamen quedaba sujeto a la condición suspensiva de que, en un plazo de diez días, la modificación del plan fuera aprobada por el cabildo municipal.

4. El dictamen establece, entre otras cuestiones, que el “límite municipal” señalado en el plan corresponde al que se determina en la división política administrativa del Estado de México, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.(2)

5. En sesión correspondiente al seis de julio de dos mil veintitrés, el Ayuntamiento de Tepotzotlán aprobó la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Asimismo, el ayuntamiento remitió el acuerdo aprobatorio del cabildo y la documentación pertinente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, a efecto de que ésta procediera a publicar el plan municipal en el periódico oficial.

6. Finalmente, el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés se publicó en el periódico oficial Gaceta del Estado, el “Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, Estado de México, 2023”, junto con el dictamen de congruencia como anexo de presentación.

7. Demanda de controversia constitucional. El tres de octubre de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal de Coyotepec, Estado de México, promovió una demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como acto impugnado:

IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

La invalidez del acto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de México, a través de la Directora General de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, consistente en el oficio número 22400001A000000/322/2023, de fecha treinta de junio del año dos mil veintitrés, firmado por la MTRA. NINA CAROLINA IZÁMBAL MARTÍNEZ, en su carácter de Directora General de Planeación Urbana de dicha Secretaría, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil veintitrés, por el que, se emite el dictamen de congruencia para la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, México, sin embargo, en dicho dictamen se le reconoce como parte del Territorio del Municipio de Tepotzotlán, el Ejido de Coyotepec, siendo incorrecto y fuera de toda legalidad y realidad dicho dictamen, esto es, con el citado dictamen invade el ámbito competencial que la constitución política del Estado Libre y Soberano de México reserva al Congreso Local, tal y como lo señala el artículo 61, fracción XXV, el cual establece que es su prerrogativa solucionar los conflictos que se produzcan entre Municipios con motivo de algún desacuerdo respecto de los límites entre ellos. Así como la Ley Orgánica Municipal del Estado de México reafirma y complementa el precepto legal antes invocado en su artículo 4 al establecer, claramente, que la modificación del territorio de los Municipios es competencia de la Legislatura Local. Cuando el Ejido de Coyotepec desde su creación y hasta la fecha ha sido reconocido como parte del Territorio del Municipio que represento, tan es así que en parte de la poligonal que conforma el Ejido de Coyotepec, precisamente en lo que se conoce como Barrio de Santiago, existen asentamientos irregulares y que los habitantes del mismo han recibido servicios públicos por parte del Municipio de Coyotepec, Estado de México y que además los habitantes reconocen y se identifican con el Gobierno Municipal antes referido.

(Énfasis añadido)

Ver acto impugnado con énfasis

8. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso en un único concepto de invalidez la segregación indebida de su territorio, conforme a lo siguiente:

• El dictamen de congruencia segrega el territorio del Municipio de Coyotepec, en concreto, el Ejido de Coyotepec, pues lo considera como perteneciente al Municipio de Tepotzotlán.

Este acto es ilegal, porque invade la facultad exclusiva del congreso estatal de fijar los límites de los municipios del Estado, prevista en los artículos 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado de México(3) y 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.(4)

• Históricamente, el Ejido de Coyotepec ha sido reconocido como parte de su extensión territorial; esto es, desde la creación del ejido, pasando por su primera y segunda ampliación, conforme a las resoluciones que, en su momento, emitió el Presidente de la República y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

• En el bando municipal emitido por el Ayuntamiento de Coyotepec en dos mil veintitrés, se establece que el municipio está integrado por trece localidades denominadas barrios, así como el ejido de nombre Coyotepec.

• El municipio de Tepotzotlán no ha realizado las funciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política del país en la poligonal del Ejido de Coyotepec; por lo contrario, los asentamientos irregulares que se encuentran en dicho ejido han recibido los servicios públicos por parte del Municipio de Coyotepec.

Tan es así que este municipio ha emitido licencias de funcionamiento a residentes del Barrio de Santiago Coyotepec, ubicado dentro del Ejido de Coyotepec, así como recibido peticiones de apoyo de instituciones escolares que ahí se ubican.

• Por último, la demanda no tiene por objeto ventilar un conflicto territorial intermunicipal, sino reclamar la inconstitucionalidad de un acto que transgrede las atribuciones del Municipio de Coyotepec, “al constituir una invasión de las facultades de la Legislatura del Estado”.

9. Admisión y trámite. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 458/2023 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

10. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo del Estado de México, y reconoció como parte tercera interesada al Municipio de Tepotzotlán, Estado de México –mas no al Ejido de Coyotepec–. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

11. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de México. El veinte de febrero de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de México dio contestación a la demanda.

12. En su escrito manifestó que la controversia constitucional es improcedente, con base en lo siguiente:

a) El Presidente Municipal de Coyotepec carece de legitimación procesal para promover la controversia constitucional, pues es el Ayuntamiento, en su conjunto, el que debió presentar la demanda.

b) La presentación de la demanda es extemporánea, pues el plazo para promover la acción venció el tres de octubre de dos mil veintitrés.

c) El municipio actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues debió acudir al congreso estatal para que éste ejerciera sus facultades respecto de la extensión y límites de los municipios de Coyotepec y Tepotzotlán.

13. En cuanto a los conceptos de invalidez del dictamen de congruencia sostuvo que:

• El dictamen de congruencia no reconoció que el Ejido de Coyotepec forme parte del Municipio de Tepotzotlán, ya que esto no corresponde a las atribuciones del poder ejecutivo estatal, dado que la emisión de los planes de desarrollo urbano municipales y sus modificaciones corresponden a los respectivos ayuntamientos.

• Según el Código Administrativo del Estado de México, el dictamen de congruencia solamente es una opinión técnica que sirve para verificar la coherencia de los planes municipales de desarrollo respecto al Plan Estatal de Desarrollo Urbano, el plan regional y los planes parciales de competencia estatal, sin que tenga el alcance de afectar, en forma alguna, el territorio del municipio actor.

Es cierto que el Gobierno del Estado emitió el dictamen de congruencia, pero dicho acto no tiene las consecuencias que el municipio actor le atribuye, es decir, no segrega el territorio del Municipio de Coyotepec, ni invade las facultades del congreso estatal.

• Conforme a la constitución mexiquense, el congreso estatal tiene la facultad de resolver las diferencias que, en materia de límites, se produzcan o surjan entre los municipios del Estado de México, y la decisión legislativa que zanje la diferencia es inatacable.

Sin embargo, ese procedimiento no ha sido planteado por el municipio actor, aunque señale que no es la finalidad de la presente controversia.

14. Manifestación del Municipio de Tepotzotlán del Estado de México. El seis de febrero de dos mil veinticuatro, el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, manifestó como tercera interesada lo siguiente:

• Es falso que fue reconocido el Ejido de Coyotepec como parte del territorio del Municipio de Coyotepec, pues el congreso estatal no ha decretado esa circunstancia.

A pesar de que el municipio actor afirma que los decretos presidenciales de creación del ejido y sus dos ampliaciones establecen tal reconocimiento, el Presidente de la República carece de facultades para determinar y precisar el territorio de los municipios mexiquenses.

• En cualquier caso, los inmuebles expropiados para dotar al Ejido de Coyotepec y sus ampliaciones correspondientes a la Hacienda de “Tetla” y parte de la Hacienda de “Jalpa” se encuentran en territorio del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

• El territorio del Municipio de Coyotepec se determinó por el congreso estatal en el Decreto 375 de la XLVII Legislatura del Estado de México, publicado el doce de abril de mil novecientos ochenta y uno, mediante el cual aprobó su plan de desarrollo urbano. La delimitación del territorio del municipio actor consta en el plano que corresponde al Decreto 375.

• El hecho de que el municipio actor preste ilegalmente servicios y realice actos administrativos en el territorio de Tepotzotlán no le otorga por prescripción adquisitiva el reconocimiento de que el Ejido de Coyotepec sea parte de su territorio.

• El dictamen de congruencia no contiene determinación alguna respecto a los límites territoriales del municipio, porque el Gobierno del Estado carece de facultades para determinar y fijar tales límites.

• En cualquier caso, las pruebas ofrecidas por el Municipio actor no son idóneas para probar los límites territoriales.

15. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

16. Cierre de la instrucción. El doce de junio de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia y por acuerdo de diecinueve de junio siguiente, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

17. Avocamiento. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil veinticuatro, la Primera Sala se avocó para conocer del presente asunto.

18. Recepción en Ponencia. El siete de octubre de dos mil veinticuatro la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico de la controversia constitucional 458/2023, por lo que, a partir de esa fecha, se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política del país(5) y 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) y Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(7) puesto que no se impugna una norma de carácter general.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

20. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(8) se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional.

21. El municipio señaló como acto impugnado el oficio número 22400001A000000/322/2023, de fecha treinta de junio del año dos mil veintitrés, firmado por la Directora General de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por el que se emite el Dictamen de Congruencia para la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, Estado de México.

22. Al respecto, se considera que el municipio actor no plantea directamente un conflicto de límites territoriales, sino más bien que el dictamen de congruencia impugnado hizo una delimitación inadecuada del territorio del Municipio de Tepotzotlán al incluir al Ejido de Coyotepec, lo cual tiene como consecuencia primordial que dicho ayuntamiento determine los usos de suelo en esa porción territorial.(9)

23. En ese orden, el acto impugnado es el dictamen de congruencia y su concepto de invalidez es que indebidamente validó que el Ejido de Coyotepec es parte del territorio del Municipio de Tepotzotlán, pues suplantó la competencia del congreso estatal para fijar los límites de los municipios. Desde luego, será materia del estudio de fondo determinar si su argumento es fundado o no.

III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

24. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, esta Primera Sala advierte que se tiene por acreditada la existencia del acto impugnado en virtud de que el oficio mediante el cual se emitió el Dictamen de Congruencia para la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, está publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CCXVI, número treinta y uno, en la edición del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.

IV. OPORTUNIDAD

25. En términos del artículo 21, fracción I, de la Ley reglamentaria de la materia, el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de normas actos u omisiones, debe computarse a partir del día siguiente:

a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(10)

26. En el caso se tiene que el oficio que contiene el dictamen de congruencia fue publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, fecha que esta Primera Sala fija como inicio del cómputo del plazo respectivo.

27. En virtud de que el oficio fue publicado en un medio de difusión oficial, cuya finalidad es precisamente comunicar y dar certeza jurídica a la población sobre el contenido y vigencia del orden normativo local, entonces debe reputarse la fecha de publicación como aquélla en la que el municipio actor tuvo conocimiento de éste. Asimismo, ninguna de las partes manifestó una fecha de conocimiento distinta.

28. Así, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del martes veintidós de agosto al miércoles cuatro de octubre de dos mil veintitrés.(11) Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el tres de octubre de dos mil veintitrés, la controversia constitucional se promovió oportunamente.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

29. Conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,(12) Coyotepec es uno de los municipios de dicha entidad federativa, por lo que tiene legitimación activa para promover controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política del país.

30. En ese orden, de conformidad con el artículo 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(13) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

31. El Municipio de Coyotepec compareció por conducto de su Presidente Municipal, Andrés Oscar Montoya Martínez, personalidad que se reconoce en términos de lo dispuesto en la constancia de mayoría y validez de la elección para dicho ayuntamiento, emitida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, de diez de junio de dos mil veintiuno.(14)

32. Además, el Presidente Municipal se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio de Coyotepec, ya que los artículos 128, fracción V, de la Constitución Política del Estado de México,(15) y 48, fracción IV, y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México(16) establecen que una de sus atribuciones es la de representar jurídicamente al municipio en los litigios en que éste sea parte. VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

33. Por su parte, en el auto de admisión del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de México.

34. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(17) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere emitido o promulgado la norma, pronunciado el acto o incurrido en la omisión, según sea el caso, que sea objeto de la controversia constitucional. Por tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que los rigen.

35. Por parte del poder ejecutivo estatal acudió Brígido Hernández Galena, en su carácter de representante legal de la Gobernadora del Estado de México, lo que acreditó con copia certificada del “Acuerdo del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Estatal por el que se delegan atribuciones de representación legal a personas subalternas de la dependencia”, publicado en el periódico oficial Gaceta del Estado el catorce de febrero de dos mil veinticuatro, quien cuenta con facultades de representación con base en el artículo 57, fracciones I y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.(18)

36. Finalmente, se reconoce como parte tercera interesada al Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, con base en lo dispuesto en el artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia.(19)

37. En representación del municipio acudieron María de los Ángeles Zuppa Villegas y Leobardo Figueroa Valentín, en su carácter de Presidenta Municipal y Síndico del Ayuntamiento, respectivamente, lo cual acreditaron en términos de la constancia de mayoría y validez de la elección para dicho ayuntamiento, emitida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, de diez de junio de dos mil veintiuno.(20) Asimismo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México confiere facultades de representación del municipio a su presidente municipal.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

38. Antes de entrar al estudio de fondo, se analizan las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.

VII.1. Falta de legitimación.

39. El poder ejecutivo estatal sostiene que debe sobreseerse la controversia constitucional toda vez que quien promueve la demanda en representación del Municipio actor carece de legitimación para ello, pues, a su juicio, debió acudir el Ayuntamiento en conjunto y no sólo el presidente municipal.

40. Se desestima el motivo de improcedencia antes expuesto porque, contrariamente a lo que afirma la parte demandada, el ordenamiento jurídico del Estado de México confiere la facultad de representación del municipio a su presidente municipal.

41. Conviene tener en cuenta que el artículo 11 de la Ley reglamentaria de la materia no establece una fórmula específica de representación, esto es que, por ejemplo, el municipio deba ser representado por la totalidad de los integrantes del ayuntamiento o una mayoría de ellos, sino que basta con que las partes acudan a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

42. Si conforme a los artículos 128, fracción V, de la Constitución Política del Estado de México, así como los artículos 48, fracción IV, y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los presidentes municipales tienen la representación jurídica de sus ayuntamientos, es claro que no se exige para ello la comparecencia de la totalidad del ayuntamiento en la presente controversia.

VII.2. Presentación extemporánea de la demanda.

43. El poder ejecutivo estatal manifiesta que la controversia constitucional se promovió de manera extemporánea porque el plazo venció el tres de octubre de dos mil veintitrés.

44. También se desestima esta causal de improcedencia, puesto que, como antes se dijo, el plazo venció el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Llama la atención que, en cualquier caso, la demanda se presentó precisamente el tres de octubre de dos mil veintitrés, que es el plazo que debió considerarse según el poder ejecutivo demandado.

VII.3. Agotamiento de la vía legalmente prevista.

45. El poder ejecutivo demandado alega que el municipio actor no ha acudido al congreso estatal con la finalidad de someter a su jurisdicción el conflicto de límites que plantea, derivado de la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano emitido por el municipio de Tepotzotlán. Por tal motivo, no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto y, por ende, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.

46. En su opinión, el municipio actor debió acudir al procedimiento previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México, a fin de que el congreso estatal defina en forma definitiva e inatacable el límite territorial entre los municipios de Coyotepec y Tepotzotlán.

47. Este motivo de improcedencia también se desestima, pues el municipio actor no hace valer un conflicto de límites territoriales, sino impugna un acto diferente, que es el dictamen de congruencia emitido por el Gobierno del Estado de México, respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán.

48. Es cierto que la Constitución Política del Estado de México prevé que el congreso estatal tiene la facultad de fijar los límites de los municipios de dicha entidad federativa y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan. Igualmente, en el orden jurídico local existe una ley reglamentaria que determina el procedimiento mediante el cual la legislatura estatal define el límite territorial entre los municipios.

49. Sin embargo, el Municipio de Coyotepec aquí controvierte algo distinto, puesto que alega que, a través del dictamen de congruencia, precisamente se vulneró esa competencia del congreso estatal. Es decir, la causa de pedir es que el dictamen de congruencia validó, en su perjuicio, la definición del límite territorial del municipio de Tepotzotlán, lo cual únicamente corresponde al poder legislativo.

50. Al margen de que, en efecto, el punto en cuestión tiene relación con la definición de los límites territoriales municipales, no puede exigirse al Municipio de Coyotepec que agote el procedimiento de definición de límites territoriales ante el congreso mexiquense, cuando lo que reclama es que el poder ejecutivo estatal tomó por su cuenta esa decisión.

51. Entonces, la determinación relativa a si el poder ejecutivo transgredió o, mejor dicho, suplantó o no la atribución del congreso estatal de fijar los límites del municipio actor, es una cuestión que debe dirimirse en la presente controversia constitucional.

52. No se desconoce que el municipio actor afirma que se segregó indebidamente el Ejido de Coyotepec y, para tal efecto, ofreció diversas pruebas para acreditar que dicho ejido se ubica dentro de su poligonal territorial, pero ello no condiciona ni menos impide a esta Primera Sala a analizar, en destacado orden, la diversa cuestión (que también hace valer el municipio actor) relativa a si el dictamen de congruencia constituyó o no una invasión de facultades del congreso local.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

53. La controversia constitucional es infundada porque el dictamen de congruencia impugnado no invade ni suplanta la facultad de la legislatura de Estado de México de fijar los límites de los municipios de dicha entidad federativa.

54. Como punto de partida, el artículo 115, fracción V, inciso a), de la Constitución Política del país establece que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para aprobar la zonificación y los planes de desarrollo municipal.(21)

55. En paralelo, el artículo 73, fracción XXIX-C de la Constitución Federal dispone que en la materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano existe concurrencia de atribuciones por parte de la Federación, entidades federativas y municipios.(22) Por tanto, también debe incluirse como parte del parámetro de control a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

56. Así, conforme al artículo 11, fracciones I y III, de dicha ley general, corresponde a los municipios formular y aprobar los programas municipales de desarrollo urbano, así como la zonificación de los centros de población.(23)

57. Como vimos, los programas municipales de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como establecerán la zonificación correspondiente.

58. Por otra parte, de acuerdo con la ley general en cita, son atribuciones de las entidades federativas evaluar y calificar los programas municipales de desarrollo urbano por medio de dictámenes de congruencia estatal.(24) Inclusive, como requisito previo a la inscripción del programa municipal de desarrollo en el Registro Público de la Propiedad, el municipio deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal.(25) Hasta aquí la revisión de la normativa federal aplicable.

59. A nivel normativo estatal, las atribuciones del poder ejecutivo en materia de asentamientos y desarrollo urbano están previstas en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.(26)

60. Los artículos 5.3, fracción XXIV, y 5.9 de dicho código precisan que el dictamen de congruencia es el acto administrativo en el que se determina la congruencia de un plan municipal de desarrollo urbano con las políticas, estrategias y objetivos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y, en su caso, en el plan regional de desarrollo urbano aplicable, así como que su expedición corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno del Estado.(27)

61. Ahora bien, el artículo 5.19 del código en cita señala los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33075-bd346d7c/i-controversia-constitucional-los-municipios-tienen-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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