I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 109 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN IMPUGNADO DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL LOCAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ACTOR QUE PERMITE CUBRIR EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA, EN TANTO QUE ÉSTE HIZO VALER OTRAS POSIBLES AFECTACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y, CON ELLO, GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES PÚBLICOS LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES PÚBLICOS LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2024. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 38/2024, promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en la que demandó la invalidez del decreto número mil quinientos setenta y tres, publicado el diez de enero de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6270, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa determinó otorgar una pensión.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Guillermo Arroyo Cruz, quien se ostentó como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos promovió demanda de controversia constitucional en contra de lo siguiente:(1)
• El decreto 1573 por el que se concede pensión por viudez en favor de **********, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 6270, el 10 de enero de 2024;
• La omisión de proporcionar un presupuesto suficiente y, en su caso, la ampliación presupuestal para el 2024 y años siguientes, y así poder cumplir el decreto 1573;
• La expedición, promulgación y publicación del decreto 1621, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 6267, el 29 de diciembre de 2023, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2024, específicamente en contra del párrafo tercero del artículo décimo octavo que establece el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
• Los efectos y consecuencias que se deriven de esos actos.
2. Antecedentes. En resumen, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos señala los siguientes antecedentes en su demanda:
a. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos tuvo un presupuesto total de $58,574,289.14 (cincuenta y ocho millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos 14/100 M.N.) para el ejercicio fiscal de 2023, tomando en cuenta algunas ampliaciones recibidas.
b. El Tribunal actor solicitó para el ejercicio fiscal de 2024 un presupuesto de $105,909,034.57 (ciento cinco millones novecientos nueve mil treinta y cuatro pesos 57/100 M.N.) para gastos de operación, el fondo de pensiones y la creación de dos salas, pues conforme a la Constitución del Estado, el Tribunal debería funcionar con siete y no con cinco salas como actualmente sucede. Mediante el decreto 1621 se publicó el presupuesto de egresos del Estado para el 2024, en el que se le asignaron al Tribunal sólo $62,155,971.06 (sesenta y dos millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos setenta y un pesos 06/100 M.N.).
c. En consecuencia, el Tribunal actor considera que la asignación presupuestaria dada por el Congreso del Estado es insuficiente para operar adecuadamente y cubrir sus obligaciones, entre ellas el decreto de pensión impugnado.
3. Conceptos de invalidez. En resumen, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos señala los siguientes dos conceptos de invalidez en su demanda:
a. Primero. Vulneración a la autonomía de gestión presupuestal y omisión de ampliar el presupuesto. El Tribunal actor considera que se vulnera su autonomía en la gestión presupuestal, la cual, conforme a la fracción V del artículo 116 de la Constitución Federal, es una condición necesaria para los órganos constitucionales autónomos, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa. Sin esa autonomía en la gestión presupuestal se dificulta la inmutabilidad salarial, el funcionamiento de los servicios civil y de carrera y la inamovilidad de las personas magistradas. Esta garantía de autonomía condiciona la independencia del Tribunal y es análoga a la que tienen los poderes judiciales. Su limitación conlleva la violación al principio de división de poderes entendido en sentido amplio, que incluye a los órganos constitucionales autónomos.
b. Estima que las autoridades demandadas dejan al mismo Tribunal en estado de indefensión porque omiten otorgarle un presupuesto suficiente para cumplir con las obligaciones de seguridad social, específicamente, para cumplir con el pago del decreto de pensión.
c. Con la aprobación del decreto número 1621, publicado el 29 de diciembre de 2023 en el periódico oficial local, se asignó al Tribunal de Justicia Administrativa local un presupuesto menor al solicitado y que resulta insuficiente para cumplir con todas las obligaciones y el normal funcionamiento de la parte.
d. En el artículo 2 del decreto 1573 el Poder Legislativo del Estado de Morelos establece que el pago de la pensión es con cargo al presupuesto de egresos del Estado, pero no menciona lo que va a pasar con los ejercicios fiscales siguientes. El Tribunal actor tiene prohibido hacer un pago que no esté contemplado en un presupuesto de egresos, según lo establecen los artículos 83, 126 y 131, párrafo primero de la Constitución del Estado de Morelos y los artículos 12 y 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del mismo Estado. Esto provoca incertidumbre e inseguridad jurídica y vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal en perjuicio del Tribunal actor.
e. Según el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, las pensiones deben incrementar su cuantía conforme al aumento porcentual al salario mínimo, lo que no se estableció en el decreto impugnado y deja en estado de indefensión al Tribunal.
f. El razonamiento para estimar fundado el concepto de invalidez se apoya en la siguiente línea jurisprudencial: (i) la vulneración de la autonomía e independencia de los poderes judiciales de los Estados actualiza una violación al principio de división de poderes (jurisprudencia del Pleno P./J. 79/2004); (ii) la limitación de la autonomía en la gestión de los recursos de un Poder Judicial vulnera no sólo la división de poderes sino también la garantía de independencia de los tribunales prevista en el artículo 17 constitucional (jurisprudencia del Pleno P./J. 83/2004); y (iii) la Suprema Corte ha resuelto de manera constante que la intromisión en la autonomía presupuestal de los poderes judiciales locales es inconstitucional. Estos razonamientos son orientativos porque el Tribunal actor es un organismo autónomo conforme al artículo 109 Bis de la Constitución del Estado de Morelos.
g. Segundo. Falta de análisis y motivación legislativa reforzada. Los tribunales de justicia administrativa tienen su fundamento en el artículo 116 de la Constitución Federal; estos tribunales tienen autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización y funcionamiento, y esa autonomía incluye la autonomía de poder integrar su hacienda. Estas condicionantes de la Constitución Federal se reflejan en el artículo 109 Bis de la Constitución local, que garantiza la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
h. La Constitución del Estado establece la facultad del Tribunal actor de integrar su presupuesto y enviarlo para su estudio e integración en el paquete económico del gobierno del Estado. Esto se hace en cumplimiento de los artículos 116 de la Constitución Federal y 109 Bis de la Constitución local y puede denominarse autonomía de la integración hacendaria. Esta integración no puede ser contrariada por los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues estarían condicionando al Tribunal actor mediante la integración de un presupuesto que no es el suyo y concentrando funciones que corresponden a otro poder. En el caso, el decreto de pensión impugnado no fue debidamente fundado y motivado, porque el Congreso local no ponderó los principios de autonomía, eficiencia presupuestal y de autonomía en la integración de la hacienda del Tribunal actor.
i. El Congreso del Estado debió motivar de manera reforzada la emisión del decreto impugnado, porque éste afecta la autonomía y el patrimonio del Tribunal conforme a los artículos 16 y 116, fracción V, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 109 Bis de la Constitución del Estado de Morelos. El Congreso del Estado debió señalar: a) los antecedentes fácticos que justificaban la creación del decreto y ampliar el presupuesto del Tribunal actor para que pudiera cumplir con la obligación de seguridad social, y b) dar una justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable para emitir el acto.
4. Artículos constitucionales violados. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 116, fracción V, 126 y 127 de la Constitución Federal.
5. Trámite. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional 38/2024 y lo turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento.(2)
6. Admisión. Luego, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos. Requirió a ambos poderes para que, con sus contestaciones de la demanda, remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar del periódico oficial que dieron origen al decreto impugnado. También, ordenó dar vista de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a sus representaciones correspondiera.(3)
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Santiago Núñez Flores, consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió la contestación de demanda en los siguientes términos:(4)
a. El Poder Ejecutivo estatal cuenta con las facultades para promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, con fundamento en la Constitución local y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
b. Mediante el decreto 1621 se publicó el presupuesto de egresos del Estado de Morelos para el 2024. En el Anexo 20 del mismo decreto se asignaron al Tribunal de Justicia Administrativa $62,155,971.06 (sesenta y dos millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos setenta y un pesos 06/100 M.N.) para el cumplimiento de todas sus obligaciones. En el artículo décimo sexto se señala que con el presupuesto asignado se deberán cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de las pensiones y jubilaciones. Por lo tanto, un poder público diferente al Tribunal no debe sustituirse en el cumplimiento de sus obligaciones, porque ello vulneraría el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo del Estado.
c. Para que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado no vulnere las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación entre poderes públicos locales, que prevé el artículo 116 constitucional, debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
d. Mediante oficio SH/0544-GH/2024, de cinco de abril de dos mil veinticuatro, se le otorgó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado una ampliación presupuestal de $8,744,942.98 (ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos 98/100 M.N.) para que cumpla el pago de jubilaciones en el ejercicio fiscal de 2024.
e. Esta ampliación es conforme al artículo quinto del decreto 1621 que establece que las personas titulares de los entes públicos, las unidades responsables del gasto, así como los órganos de gobierno y los directores generales, titulares o sus equivalentes de las entidades y organismos públicos autónomos deben cumplir las reglas, metas y acciones previstas en los programas presupuestarios y no deben contraer compromisos que rebasen el monto de su presupuesto autorizado.
f. En consecuencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos considera que el Tribunal de Justicia Administrativa del mismo estado tiene los recursos suficientes para pagar la pensión impugnada, por lo que solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vincule al Tribunal actor a que pague la pensión de la persona beneficiaria.
8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Francisco Erik Sánchez Zavala, diputado presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió contestación de la demanda, en resumen, señaló lo siguiente:(5)
a. El Congreso del Estado de Morelos no modificó el anteproyecto de presupuesto solicitado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, porque se le asignaron los $47,767,591.49 (cuarenta y siete millones, setecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 49/100 M.N.) que había solicitado originalmente.
b. La fracción V del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado debe incluir en su proyecto de presupuesto de egresos el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores.
c. El Congreso del Estado de Morelos considera que el Tribunal actor tiene los recursos suficientes para pagar las pensiones jubilatorias, y, si son insuficientes, debe solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal conforme a las leyes en la materia.
9. Contestaciones de demanda. Luego, el Ministro Instructor tuvo dando contestación a la demanda en el presente asunto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos;(6) por otro lado, se les requirió para el efecto de cumplimentar diversos cuestiones, lo cual fue satisfecho con posterioridad.(7)
10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión.
11. Audiencia. Luego, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo siguiente, Ley Reglamentaria de la materia), donde se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes.(8)
12. Cierre de instrucción. El Ministro Instructor declaró cerrada la instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(9)
13. Avocamiento. Finalmente, el Ministro instructor, previo dictamen, solicitó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.(10) Luego, el Ministro Presidente de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y remitió los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto respectivo.(11)
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente Controversia Constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) por tratarse de un conflicto entre el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los poderes Legislativo y Ejecutivo, del mismo Estado, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(14)
II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO
15. La materia del presente asunto se circunscribe al estudio de los actos y normas que son materia de impugnación.(15) En ese sentido, se advierte que el poder actor en la demanda respectiva reclamó lo siguiente:
i. El decreto 1573 por el que se concede pensión por viudez en favor de **********, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 6270, el diez de enero de dos mil veinticuatro;
ii. La omisión de proporcionar un presupuesto suficiente o, en su caso, la ampliación presupuestal para el 2024 y años siguientes y así poder cumplir el decreto 1573;
iii. La expedición, promulgación y publicación del decreto 1621, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 6267, el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2024, específicamente en contra del párrafo tercero del artículo décimo octavo que establece el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
iv. Los efectos y consecuencias que se deriven de esos actos.
16. En apariencia, el Tribunal actor impugna cada uno de los actos recién enunciados. Sin embargo, de una lectura integral del escrito inicial, esta Primera Sala observa que en realidad combate únicamente el decreto 1573 que establece una pensión por viudez.
17. En efecto, en el apartado "IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demanda, [...]"(16) de su escrito inicial, el Tribunal actor afirma lo siguiente:
"Se hace la precisión que las normas generales, preceptos legales tildados de inconstitucionales y actos cuya invalidez se demanda son impugnados con motivo del decreto número Mil Quinientos Setenta y Tres (1573), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6270 del 10 de enero de 2024, que concede pensión por viudez a la ciudadana **********, mismo que establece como ente obligado para dar cumplimiento al mismo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos." [Énfasis añadido]
18. Además, de la lectura de los conceptos de invalidez, queda claro que "mediante la resolución referida, se analizara la viabilidad o no de la impugnación de la afectación que invoca el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos a su ámbito competencial, su naturaleza, existencia y alcances; elementos que se encuentran vinculados al estudio de fondo del asunto y que por tanto, debe reservarse su examen para la sentencia ...", como se reconoció por el Ministro instructor desde el acuerdo que admitió esta controversia constitucional.(17)
19. En consecuencia, esta Primera Sala sólo tiene por impugnado el decreto 1573, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 6270, el diez de enero de dos mil veinticuatro, y por medio del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos concedió una pensión por viudez con cargo al presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
20. Ahora bien, el Tribunal actor impugna el decreto 1573 bajo el argumento de que concede una pensión por viudez con cargo a su presupuesto y sin que el Poder Legislativo local le haya proporcionado los recursos suficientes para enfrentar dicha carga. Sobre este punto, esta Primera Sala advierte que ese reclamo se encuentra solamente en la porción normativa del artículo 2, como se comprueba a continuación:
"DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES POR EL QUE SE LE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A **********.
ARTÍCULO 1°. Se concede pensión por viudez a **********, cónyuge supérstite del finado **********, quien en vida presto sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial Estado de Morelos, ahora Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Morelos, desempeñándose como último cargo el de: Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante Decreto número Dos Mil Seiscientos Nueve (2609) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5593 de fecha 18 de abril de 2018. ARTÍCULO 2°. La pensión decretada deberá cubrir a razón del equivalente de 300 veces el salario mínimo General, a partir del día siguiente a su fallecimiento y será cubierta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, del presupuesto otorgado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2023, en términos de lo señalado en el artículo décimo sexto del Decreto número Quinientos Setenta y Nueve, cumpliendo con lo que disponen los artículos 56, 64 y 65, fracción II, inciso a) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°. El monto de la pensión se calculará tomando como base el equivalente de 300 veces el salario mínimo general vigente en la entidad, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al quejoso la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 258/2023; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. [...]"
21. En consecuencia, se tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2º del decreto 1573 que a la letra dice: "[...] y será cubierta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, del presupuesto otorgado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2023, en términos de lo señalado en el artículo décimo sexto del Decreto número Quinientos Setenta y Nueve [...]". Lo anterior resulta así, precisamente, porque esa porción establece el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Tribunal actor.
22. Precedentes. Sobre el tópico, cabe recordar que, en los precedentes aplicables, esto es, las controversias constitucionales 249/2023(18) y 20/2023,(19) también se tuvieron por impugnadas las porciones normativas finales que establecían los fundamentos normativos para que el Congreso local otorgara los decretos de pensión. Sin embargo, en una nueva reflexión, esta Primera Sala considera que ese tipo de porciones no deben tenerse por impugnadas, ya que el Tribunal actor no combate el sistema legal de pensiones del estado de Morelos.(20) En consecuencia, en este caso, se tiene por impugnada sólo la porción citada en el párrafo previo de esta sentencia, lo que excluye de la impugnación la parte que a la letra dice "[...] cumpliendo con lo que disponen los artículos 56, 64 y 65, fracción II, inciso a) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.",(21) la cual, como se dijo, no fue combatida por el Tribunal actor.
23. Además, en las controversias constitucionales 375/2023,(22) 305/2023,(23) 419/2023,(24) 380/2023(25) y 541/2023,(26) esta Primera Sala ha tenido por impugnadas porciones normativas como la aquí señalada, con exclusión de los fundamentos normativos. En dichos asuntos el problema jurídico era similar al presente, pues, se impugnaron decretos de pensión concedidos de modo unilateral por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial local.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
24. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto Mil Quinientos Setenta y Tres se encuentra acreditada al haber sido publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6270, el diez de enero de dos mil veinticuatro, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.
IV. OPORTUNIDAD
25. De la lectura de las constancias se advierte que la promoción de la demanda de Controversia Constitucional resulta oportuna.(27)
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
26. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(28) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
27. En este caso, quien promovió la demanda fue Guillermo Cruz Arroyo, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión extraordinaria de 4 de mayo de 2022 en la que fue electo para el cargo.
28. Dicho funcionario está facultado para promover la presente controversia constitucional en representación de ese órgano jurisdiccional, conforme a los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal,(29) 109 Bis de la Constitución del Estado de Morelos(30) y 15, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.(31)
29. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia constitucional fue promovida por un órgano legitimado y mediante su debido representante.
VI. LEGITIMACIÓN PÁSIVA
30. Por otra parte, los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la Controversia Constitucional,(32) en ese sentido, en el auto de admisión del presente asunto,(33) se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.
31. Poder Ejecutivo local. En representación del Poder Ejecutivo acudió el Consejero Jurídico local, lo cual acreditó con copia certificada de su nombramiento.(34)
32. En consecuencia, está legitimado para comparecer en la presente Controversia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de conformidad con la fracción II, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(35)
33. Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por cuanto hace a la representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció el diputado Francisco Érick Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso local, quien acredita su personalidad con el acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de catorce de septiembre de dos mil veintidós y quien cuenta con facultades para ello, con fundamento en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(36)
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
34. Como cuestión preliminar, es necesario destacar que las cuestiones relacionadas con la procedencia de la Controversia Constitucional son de estudio preferente al ser de orden público, por lo que resulta necesario examinar las causas de sobreseimiento planteadas, así como aquéllas que pudieran advertirse de oficio.
Causa planteada por el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
35. Promulgación y publicación. El Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse la controversia constitucional porque el Poder Judicial no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.(37)
36. Lo alegado resulta infundado, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
37. Cesación de efectos. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos estima que la controversia constitucional quedó sin materia y en consecuencia debe sobreseerse por cesación de efectos. Argumenta que mediante el oficio SH/0544-GH/2024, de cinco de abril de dos mil veinticuatro, se autorizó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos una ampliación presupuestal de $8,744,942.98 (ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos 98/100 M.N.).(38)
38. Así, aduce que esa ampliación cubre el concepto de jubilaciones y retroactivos para el ejercicio fiscal de 2024, incluyendo el pago de la pensión que es materia de esta impugnación. En consecuencia, estima que la controversia constitucional debe sobreseerse en términos de la fracción II del artículo 20, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de la materia.(39)
39. Lo alegado es infundado, porque en su escrito inicial el Tribunal actor impugna el decreto de pensión no sólo por la falta de una ampliación presupuestal para el 2024 que le permita pagarlo, como sugiere la autoridad Ejecutiva, sino que también lo hace por otras cuestiones que a su parecer afectan su esfera competencial.
40. El Tribunal actor considera que con la sola expedición del decreto 1573, que concede una pensión por viudez, se vulneró su autonomía en la gestión presupuestal y, además, no se le entregó un presupuesto suficiente o una ampliación presupuestal para el pago de la pensión en el 2024 y los años fiscales subsecuen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33101-b59c4965/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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