I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 35, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN XVI, 36, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y 2 Y 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UNO POSTERIOR EN EL QUE SE HAYA DETERMINADO LA CONCESIÓN DE UNA PENSIÓN DIVERSA EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. GOZAN DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SU CONFORMACIÓN Y EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. PODERES PÚBLICOS LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES PÚBLICOS LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE SEÑALA: "Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADOS EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES;"). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 23 DE OCTUBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 125/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que impugna el decreto 1588 (mil quinientos ochenta y ocho), por el que se concede pensión por jubilación, publicado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Los antecedentes narrados en la demanda de controversia constitucional son los siguientes:
2. El Poder actor manifiesta que, en cada ejercicio fiscal, su anteproyecto de presupuesto de egresos no ha sido respetado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, pues autoriza sólo un porcentaje mínimo para el pago de las pensiones.
3. Señala que en los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil diecisiete, el presupuesto del Poder Judicial estatal se mantuvo constante y sin prever una partida presupuestal de pensiones, lo que ha sido impugnado a través de diversas controversias constitucionales.
4. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Poder accionante envió al Poder Ejecutivo local su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno para su discusión y aprobación, con el fin de que lo remitiera al Poder Legislativo local; sin embargo, el uno de octubre siguiente, el Ejecutivo estatal envió al Congreso del Estado de Morelos un proyecto distinto, esto es, realizó una reducción de recursos a lo solicitado por el actor, con lo cual se vulneró el artículo 70, fracción XVIII, inciso c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los principios de autonomía e independencia judicial previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal.
5. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Poder Legislativo local aprobó el decreto 1105 (mil ciento cinco) que autoriza el presupuesto de egresos de la entidad para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, con una cantidad que no respetó el porcentaje mínimo que la Constitución estatal le garantiza al Poder Judicial accionante.
6. El Poder Judicial del Estado de Morelos refiere que el Congreso local omitió aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que continuó vigente el presupuesto aprobado para el dos mil veintiuno dada la tácita reconducción prevista, con lo que se afectó más el patrimonio del Poder Judicial local, lo que le impide cumplir con los decretos jubilatorios autorizados por el Poder Legislativo estatal.
7. El accionante aduce que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 6155 el decreto 579 (quinientos setenta y nueve) por el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; sin embargo, la cantidad designada para el Poder Judicial local resultó insuficiente, pues se dejó de considerar el pago de incrementos a los nuevos jubilados y pensionados, ya que lo asignado corresponde para aquellos que se encontraban en esa situación vigente en dos mil veintidós.
8. El veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, se publicó en el medio oficial local el Decreto 1588 (mil quinientos ochenta y ocho), mediante el cual el Poder Legislativo otorgó pensión por jubilación a María Magdalena Ayala Ruíz, con cargo al presupuesto del Poder Judicial local y sin haberle transferido los recursos necesarios para cumplir con dicha carga.
9. Presentación de la demanda. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, en la que señaló como acto impugnado, lo siguiente:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
El decreto número MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6282 veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a María Magdalena Ayala Ruíz, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024 (...)".
10. Conceptos de invalidez. En contra del acto impugnado, el Poder actor formula el único concepto de invalidez que enseguida se sintetiza:
a. El decreto impugnado vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque invade su autonomía en la gestión presupuestal.
b. La autonomía en la gestión de los recursos prevista en el artículo 17 constitucional constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales ejerzan sus funciones con independencia.
c. El Poder Legislativo local lesiona la independencia del Poder accionante en el grado más grave de violación que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos financieros, ya que el artículo 2º del decreto impugnado dispone de los recursos financieros del Poder Judicial local al conceder una pensión a María Magdalena Ayala Ruíz, al ser quien mantuvo una relación de subordinación con el actor y que determina indebidamente que deberá ser cubierta con cargo a su presupuesto.
d. En el presupuesto del dos mil veintitrés no se contempló una partida para el pago de los decretos controvertidos ante esta Suprema Corte y la que se aprobó es insuficiente, pues apenas cubre el pago de nómina a pensionados, jubilados y personal en retiro a julio de dos mil veintidós.
e. Al emitir el decreto impugnado, el Congreso local vulnera el artículo 49 constitucional relativo al principio de división de poderes; vulnera también el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución de Morelos, que otorga al Poder Judicial local la facultad exclusiva de planear, programar y diseñar su gasto a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa; además, el Poder Legislativo local transgrede el artículo 116 constitucional, pues pretende someter al Poder Judicial actor a sus decisiones.
f. Los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue una pensión o jubilación siempre que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, según los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, los cuales han sido lesionados en detrimento del Poder Judicial local; además, el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos dispone el impedimento para realizar pago alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.
g. El régimen de pensiones debe preverse necesariamente en las leyes, pero esto no implica que el Congreso estatal pueda determinar los casos en que proceda otorgarlas, pues la Constitución garantiza a los poderes judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como principio fundamental de la independencia judicial, la cual no puede quedar sujeta a limitaciones de otros poderes sin que ello conlleve la violación del principio de división de poderes.
h. El Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y la autonomía presupuestal del Poder Judicial local, porque al expedir el decreto 1588 interviene en la independencia del Poder Judicial, ello lo vuelve dependiente y lo subordina al obligarlo a cubrir la pensión.
i. Es incongruente que el decreto haya sido publicado en el año dos mil veinticuatro y establezca que la pensión otorgada será cubierta con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. En el presupuesto aprobado para el poder actor relativo al ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro no se contempló el decreto impugnado, ya que el poder legislativo únicamente previó una partida para los decretos ya existentes en ese momento, pero no para los nuevos.
j. En el presupuesto aprobado para el Poder actor correspondiente al año dos mil veinticuatro sólo se consideró el pago de pensiones vigentes al año dos mil veintitrés. Además, la cantidad aprobada en el presente año fiscal para el rubro de pago de pensiones, jubilaciones, entre otros, es sustancialmente menor que el aprobado para el año dos mil veintitrés.
k. Por ello, el decreto impugnado implica una subordinación del poder actor, al no dotársele de los recursos necesarios para sufragar la pensión impuesta en el decreto impugnado.
11. Admisión y trámite. Mediante proveído de cinco de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional, al que le correspondió el número 125/2024 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
12. Por acuerdo de doce de abril siguiente, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno, por ser autoridad subordinada a este último.
13. En dicho proveído se determinó que si bien el actor manifiesta que los decretos 1105 y 579, por los que se aprueban los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintitrés, respectivamente, transgreden ciertos principios presupuestales; lo cierto es que se impugna únicamente, de manera destacada, la invalidez del decreto 1588 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado.
14. Contestaciones a la demanda. Las autoridades demandadas formularon sus contestaciones en los términos siguientes:
15. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dicha autoridad dio contestación a la demanda mediante escrito recibido el treinta de mayo de dos mil veinticuatro, en la que manifestó lo siguiente:
a. Si bien la parte actora reclama la invalidez del decreto impugnado, aquélla deja de formular conceptos de invalidez en los que se controvierta tal disposición por vicios respecto del acto de promulgación y publicación que se le atribuye, por lo que se le llamó a la controversia constitucional para que el Poder accionante cumpliera con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que expidan, promulguen o publiquen el decreto referido para la adecuada tramitación y resolución del asunto.
b. El Poder Judicial local está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus servidores públicos, pues anualmente cuenta con un porcentaje fijo del presupuesto de egresos.
c. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó el decreto 1621 mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos local para el dos mil veinticuatro; en el anexo 2 se precisa que el Poder Judicial local cuenta con $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones, doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) para el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que se considera que tiene recursos suficientes para pagar el decreto de pensión impugnado.
d. El artículo décimo sexto del mismo decreto 1621 señala que con los presupuestos asignados a los entes públicos se deberán cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilaciones y pensiones, por lo que no es dable que un ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de dicho deber.
e. El Poder Ejecutivo local no es patrón solidario o sustituto frente a las obligaciones que tiene el Poder Judicial con sus jubilados, pues estimar lo contrario sería tanto como vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo, al pretender que responda por una carga financiera que no le corresponde.
f. Para no vulnerar las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación entre poderes públicos locales, que prevé el artículo 116 constitucional, el Poder Judicial del Estado de Morelos debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado.
16. Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el tres de junio de dos mil veinticuatro, el Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que manifestó lo siguiente:
A. Causas de improcedencia de la controversia constitucional.
I. Estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) (en adelante “Ley reglamentaria”), porque el acto impugnado no afecta el ámbito de las atribuciones del Poder actor, de ahí que carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional; esto es, el Poder demandado no invade la autonomía presupuestaria de aquél, ya que cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos otorgados a los trabajadores del gobierno estatal.
II. Señala que el acto impugnado en la presente controversia constitucional ha cesado sus efectos, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria referida(2) por lo que debe sobreseerse en el asunto.
B. Conceptos de invalidez. Con relación a ellos, el Congreso local manifestó:
a. Los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a disfrutar de una pensión otorgada por los poderes-patrones, así como a una pensión otorgada por el Congreso local cuando cumplen los requisitos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial local.
b. El Congreso local aprobó mediante el decreto 579 (quinientos setenta y nueve) el presupuesto de egresos local para el dos mil veintitrés, en el que asignó una partida de $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el Poder accionante, los cuales deberá utilizar para cumplir con sus obligaciones en general.
c. Con tal presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, el Poder Judicial local cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
d. El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés el Poder Ejecutivo autorizó una ampliación presupuestal al Poder actor de $80´000´000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N) para el fortalecimiento del Fondo de Pensiones destinado al pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales.
e. Desde el dos mil diecinueve, el presupuesto de egresos del Poder actor contempla una partida específica para el pago de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial local, lo cual pone de manifiesto que no se transgrede el principio de autonomía entre poderes, presupuestal y de gestión de dicho Poder, previstos en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal.
f. El Congreso del Estado de Morelos ha asignado al Poder Judicial local varias transferencias con el fin de que cumpla con su obligación en el pago de pensiones.
17. Opiniones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon ninguna manifestación.
18. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia,(3) en la que el Ministro instructor proveyó lo conducente sobre las pruebas aportadas por las partes, abrió el periodo de alegatos, las partes no formularon alegatos, el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
19. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, el asunto quedó radicado en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.
I. COMPETENCIA
20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, ya que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades de dicha entidad federativa, y por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que no se impugna ninguna norma de carácter general.
II. PRECISIÓN DE LA LITIS
21. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia.(4)
22. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el artículo 2 del decreto 1588 publicado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, porque el Poder Legislativo de dicha entidad federativa concedió una pensión por jubilación a María Magdalena Ayala Ruíz con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, sin que los recursos económicos le hayan sido transferidos para enfrentar dicha carga.
"DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A MARÍA MAGDALENA AYALA RUÍZ
ARTÍCULO 1. Se concede pensión por Jubilación a MARÍA MAGDALENA AYALA RUÍZ, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Analista.
ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos".
23. Por lo tanto, se tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2 del decreto 1588, que a la letra dice: "... y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos”.
24. Cabe señalar que en los conceptos de invalidez, el Poder Judicial local hace referencia a los decretos 1105 y 579 por los que se aprueban los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintitrés, respectivamente y que éstos transgreden algunos principios presupuestales; sin embargo, en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional, se determinó que el actor impugna únicamente, de manera destacada, la invalidez del decreto 1588 referido, por lo que se le debe tener como único acto controvertido.
III. OPORTUNIDAD
25. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el artículo 3, de la Ley Reglamentaria en la materia,(5) el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional en contra de actos es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos su notificación, se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o el actor se haya ostentado como sabedor de los mismos.
26. En el caso, el Poder Judicial local impugna el decreto 1588, cuya naturaleza es de un acto legislativo, por lo que el cómputo del plazo debe realizarse a partir del día siguiente en que fue publicado en el medio oficial.
27. Dicho decreto fue publicado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional transcurrió del veintidós de febrero al diez de abril de dos mil veinticuatro.(6)
28. Consecuentemente, toda vez que la demanda de controversia constitucional fue presentada el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, es evidente que se promovió oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
29. El carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(7)
30. El artículo 35, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos(8) prevé que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa referida tiene la representación de dicho Poder ante los otros poderes y en su nombre, así como en los actos oficiales.
31. En el caso, la demanda fue presentada por Luis Jorge Gamboa Olea, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, cargo que acredita con copia certificada de la sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintidós en la que fue electo para el cargo por el periodo que va del dieciocho de mayo de dos mil veintidós al diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
32. Por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder actor está facultado para tal efecto.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
33. Los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia y deben comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas, conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(9)
34. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda se les reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, porque se les atribuye la aprobación, la promulgación y la publicación del decreto 1588 impugnado.
35. V.1. Poder Legislativo. Dicha autoridad tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.
36. El artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(10) dispone que es facultad del presidente de la mesa directiva representar legalmente a ese poder.
37. En representación del Poder demandado comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y del Congreso local de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se le reconoce tal cargo por el período comprendido de dicha fecha al treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.
38. Por tanto, dicho servidor público se encuentra legitimado para comparecer en su representación.
39. V.2. Poder Ejecutivo. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(11) el Gobernador publicará los decretos que el Congreso local expida. A su vez, dicha autoridad puede ser representada por el Consejero Jurídico en las acciones y las controversias constitucionales previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por los numerales 9, fracción XVI y 36, fracciones II y III de dicha ley,(12) así como los artículos 2 y 10 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica de dicho Estado.(13)
40. Santiago Núñez Flores comparece en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Morelos, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.
41. Por tanto, se estima que el Poder Ejecutivo cuenta con la legitimación pasiva para comparecer al presente juicio.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
42. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.
43. VI.1. Interés legítimo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos estima que el acto no le causa perjuicio al Poder Judicial local, porque con la expedición del decreto 1588 no invade la autonomía presupuestaria de aquél, ya que cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos otorgados a los trabajadores del gobierno estatal, por lo que la controversia debe sobreseerse por falta de interés legítimo del actor, conforme a los artículos 20, fracción II y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia.
44. Esta causa de improcedencia es infundada, porque determinar si la expedición del decreto impugnado genera o no una afectación al Poder Judicial del Estado de Morelos es una cuestión que sólo puede dilucidarse mediante un examen del fondo del asunto.(14)
45. VI.2. Cesación de efectos. El Congreso local aduce que se actualiza tal causa de improcedencia; sin embargo, en las constancias de autos no queda justificado que el decreto impugnado haya sido sustituido por uno nuevo, que permita concluir que ha cesado sus efectos a fin de no realizar el estudio de fondo en la presente controversia constitucional. De ahí, que se desestime tal supuesto.
46. VI.3. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que la promulgación y la publicación del decreto 1588 se hizo conforme a las disposiciones constitucionales y legales locales aplicables, sin que tales actos hayan sido impugnados por vicios propios, por lo que es falso que haya violado la Constitución Federal.
47. Esta causa de improcedencia es infundada, porque el Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.
48. Al no haber otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni que esta Primera Sala advierta otras de oficio en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(15) lo procedente es dar respuesta a los conceptos de invalidez formulados por el Poder actor.
VII. ESTUDIO DE FONDO
49. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2 del decreto 1588 porque en éste el Poder Legislativo de dicha entidad federativa o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33102-ffbac844/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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