I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULOS 3 Y 4 DEL DECRETO MIL CIENTO CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. GOZAN DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SU CONFORMACIÓN Y EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 3 QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INFUNDADOS LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR EL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR RELACIONADOS CON LA FORMA EN QUE EL CONGRESO ESTATAL DETERMINÓ EL MONTO E INCREMENTOS DE LA PENSIÓN DE LA PERSONA JUBILADA, EN TANTO NO IMPLICAN UN PLANTEAMIENTO SOBRE LA AFECTACIÓN DE SU ESFERA COMPETENCIAL SINO UN ASPECTO DE MERA LEGALIDAD (ARTÍCULO 4 DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO O
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 423/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE MAYO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 423/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que impugna el Decreto 1104 (mil ciento cuatro), por el que se concede pensión por jubilación, publicado el cinco de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicho Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Los antecedentes narrados en la demanda de controversia constitucional son los siguientes:
2. El Poder actor manifiesta que, en cada ejercicio fiscal, su anteproyecto de presupuesto de egresos no ha sido respetado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, pues autoriza sólo un porcentaje mínimo para el pago de las pensiones.
3. Señala que en los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil diecisiete, el presupuesto del Poder Judicial estatal se mantuvo constante y sin prever una partida presupuestal de pensiones, lo que ha sido impugnado a través de diversas controversias constitucionales.
4. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Poder accionante envió al Poder Ejecutivo local su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno para su discusión y aprobación, con el fin de que lo remitiera al Poder Legislativo local; sin embargo, el uno de octubre siguiente, el Ejecutivo estatal envió al Congreso del Estado de Morelos un proyecto distinto, esto es, realizó una reducción de recursos a lo solicitado por el actor, con lo cual se vulneró el artículo 70, fracción XVIII, inciso c), de la Constitución del Estado de Morelos y los principios de autonomía e independencia judicial previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal.
5. El quince de diciembre de dos mil veinte, continúa el actor, el Poder Legislativo local aprobó el Decreto 1105 (mil ciento cinco) que autoriza el presupuesto de egresos de la entidad federativa referida para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, con una cantidad que no respetó el porcentaje mínimo que la Constitución estatal le garantiza al Poder Judicial accionante.
6. El Poder Judicial del Estado de Morelos refiere que el Congreso local omitió aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que continuó vigente el presupuesto aprobado para el dos mil veintiuno derivado de la tácita reconducción prevista, con lo que se afectó más el patrimonio del Poder Judicial local, lo que le impide cumplir con los decretos jubilatorios autorizados por el Poder Legislativo estatal.
7. El accionante aduce que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós fue publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el Decreto 579 (quinientos setenta y nueve) por el que se aprobó el presupuesto de egresos de Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; sin embargo, la cantidad designada para el Poder Judicial local resultó insuficiente, pues se dejó de considerar el pago de incrementos a los nuevos jubilados y pensionados, ya que lo asignado corresponde para aquellos que se encontraban en esa situación vigente en dos mil veintidós.
8. El cinco de julio de dos mil veintitrés, se publicó en el medio oficial local el Decreto 1104 (mil ciento cuatro), mediante el cual el Poder Legislativo local otorgó pensión por jubilación a Miguel Ángel Falcón Vega, con cargo al presupuesto del Poder Judicial local y sin haberle transferido los recursos necesarios para cumplir con dicha carga.
9. Presentación de la demanda. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, en la que señaló como acto impugnado, lo siguiente:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
El decreto número MIL CIENTO CUATRO, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 6206, de cinco de julio del dos mil veintitrés, por el que se concede pensión por jubilación a Miguel Ángel Falcón Vega, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2023 (...)".
10. Conceptos de invalidez. En contra del acto impugnado, el Poder actor formula el único concepto de invalidez que enseguida se sintetiza:
a. El decreto impugnado vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución del Estado de Morelos, porque invade su autonomía en la gestión presupuestal.
b. La autonomía en la gestión de los recursos prevista en el artículo 17 constitucional constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales ejerzan sus funciones con independencia.
c. El Poder Legislativo local lesiona la independencia del Poder accionante en el grado más grave de violación que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos financieros, ya que el artículo 2 del Decreto impugnado dispone de los recursos financieros del Poder Judicial local al conceder una pensión a Miguel Ángel Falcón Vega, al ser quien mantuvo una relación de subordinación con el actor y que determina indebidamente que deberá ser cubierta con cargo a su presupuesto, sin que hubiera tenido intervención alguna en el Decreto impugnado.
d. Al emitir el Decreto referido, el Congreso local vulneró el artículo 49 de la Constitución Federal, relativo al principio de división de poderes; transgredió también el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución del Estado de Morelos, que otorga al Poder Judicial local la facultad exclusiva de planear, programar y diseñar su gasto a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa; además, el Poder Legislativo local contravino el artículo 116 constitucional, pues pretende someter al Poder Judicial actor a sus decisiones.
e. Los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue una pensión o jubilación siempre que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, según los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127, de la Constitución Federal, los cuales han sido lesionados en detrimento del Poder Judicial local; además, el artículo 131 de la Constitución del Estado de Morelos dispone el impedimento para realizar pago alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.
f. El régimen de pensiones debe preverse necesariamente en las leyes, pero esto no implica que el Congreso estatal pueda determinar los casos en que proceda otorgarlas, pues la Constitución Federal garantiza a los poderes judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como principio fundamental de la independencia judicial, la cual no puede quedar sujeta a limitaciones de otros poderes sin que ello conlleve la violación del principio de división de poderes.
g. El Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y la autonomía presupuestal del Poder Judicial local, porque al expedir el Decreto 1104 interviene en la independencia del Poder Judicial local, ello lo vuelve dependiente y lo subordina al obligarlo a cubrir la pensión.
h. El artículo 4 del Decreto impugnado dispone que el monto de la pensión se calculará sobre la base del último salario, emolumentos, percepciones, prestaciones, asignaciones, aguinaldo, primas y las demás que recibe un Magistrado o una Magistrada en activo, según el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que resulta indebido, pues se le concede al Magistrado en retiro el derecho a una jubilación como activo, cuando se trata de una prestación económica otorgada a una persona que cumplió el ciclo laboral determinado; por tanto, si el pensionado alcanzó la edad para obtener tal jubilación y ha concluido su nexo laboral con el Poder actor, es inadmisible que el Congreso demandado emita un decreto con el que pretenda que le sean cubiertas al jubilado "primas y demás prestaciones" que recibe un Magistrado o una Magistrada en activo.
Esto es, el artículo 66, párrafo tercero, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos dispone que las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, no así las vacaciones, por ejemplo, pues el derecho a éstas que tiene un trabajador en activo y de las cuales deriva la prima vacacional tiene como finalidad la procuración de un período de descanso al trabajador, mas no el incremento de sus percepciones.
Sobre esa base, el Poder Legislativo local no justifica porqué un pensionado debe percibir las prestaciones que percibe uno que es activo, pues la pensión se trata de una prestación económica que derivó por la conclusión de la relación laboral y las que recibe un trabajador en activo son como compensación por el desgaste físico, psíquico mental y para el desarrollo de sus funciones, lo que afecta el presupuesto que se otorga al Poder Judicial del Estado de Morelos, ya que pese a no contar con el recurso necesario para cubrir la nómina de jubilados activos, dicho Poder tiene que cubrir también el pago de decretos nuevos emitidos por el Congreso local, sin que éste otorgue el recurso necesario para cumplir con esa obligación y, además, pretenda otorgar prestaciones de un Magistrado en activo, lo que implica afectación en la impartición de justicia.
i. En el Decreto impugnado tampoco debió aplicarse lo decidido en el Decreto 938 (novecientos treinta y ocho) publicado el quince de octubre de dos mil ocho, para justificar la aplicación del principio de igualdad al pensionado, pues en dicho acto se determinaron los derechos de pensión por retiro voluntario de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y que se aplicó indebidamente en el Decreto impugnado, pues aquel acto se actualizaba sólo para quienes los solicitaron.
Por tanto, si bien en el Decreto 938 se determinó que a los Magistrados en retiro debían incluirse primas y prestaciones que reciben personas en activo, ello no implica que se continúe con esa práctica para los juzgadores que se jubilan actualmente, pues conforme al artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, las pensiones se integran por el salario las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.
11. Admisión y trámite. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional, al que le correspondió el número 423/2023 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
12. Por acuerdo de once de septiembre siguiente, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno, por ser autoridad subordinada a este último.
13. En dicho proveído se determinó que si bien los Decretos 1105 y 579, por los que se aprueban los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintitrés, respectivamente, transgreden ciertos principios presupuestales; lo cierto es que el actor impugna únicamente, de manera destacada, la invalidez del Decreto 1104 publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa referida el cinco de julio de dos mil veintitrés, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado.
14. Contestaciones a la demanda. Las autoridades demandas formularon sus respuestas en los términos siguientes:
15. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dicha autoridad dio contestación a la demanda mediante escrito enviado el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en la que manifestó lo siguiente:
a. Si bien la parte actora reclama la invalidez del Decreto impugnado, aquélla deja de formular conceptos de invalidez en los que se controvierta tal disposición por vicios respecto de los actos de promulgación y publicación que se le atribuye, por lo que se le llamó a la controversia constitucional para que el Poder accionante cumpliera con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que expidan, promulguen o publiquen el Decreto referido para la adecuada tramitación y resolución del asunto.
b. El Poder Judicial local está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus servidores públicos, pues anualmente cuenta con un porcentaje fijo del presupuesto de egresos.
c. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó el Decreto 579 mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos local para el dos mil veintitrés; en el anexo 2 se precisa que el Poder Judicial local cuenta con $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que se considera que tiene recursos suficientes para pagar el decreto de pensión impugnado.
d. El artículo décimo sexto del mismo Decreto 579 señala que con los presupuestos asignados a los entes públicos se deberá cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilaciones y pensiones, por lo que no es dable que un ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de dicho deber.
e. El Poder Ejecutivo local no es patrón solidario o sustituto frente a las obligaciones que tiene el Poder Judicial accionante con sus jubilados, pues estimar lo contrario sería tanto como vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo, al pretender que responda por una carga financiera que no le corresponde.
f. Para no vulnerar las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación entre poderes públicos locales, que prevé el artículo 116 de la Constitución Federal, el Poder Judicial del Estado de Morelos debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado.
16. Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, el Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que manifestó lo siguiente:
A. Causas de improcedencia de la controversia constitucional
I. Estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia,(1) porque el acto impugnado no afecta el ámbito de las atribuciones del Poder actor, de ahí que carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional; esto es, el Poder demandado no invade la autonomía presupuestaria de aquél, ya que cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos otorgados a los trabajadores del gobierno estatal.
II. Señala que el acto impugnado en la presente controversia constitucional ha cesado sus efectos, en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria referida(2) por lo que debe sobreseerse en el asunto.
B. Conceptos de invalidez. Con relación a ellos, el Congreso local manifestó:
a. Los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a disfrutar de una pensión otorgada por los poderes-patrones, así como a una pensión otorgada por el Congreso local cuando cumplen los requisitos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial local.
b. El Congreso local aprobó mediante el Decreto 579 (quinientos setenta y nueve) el presupuesto de egresos local para el dos mil veintitrés, en el que asignó una partida de $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el Poder accionante, los cuales deberá utilizar para cumplir con sus obligaciones en general.
c. Con tal presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, el Poder Judicial local cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
d. Desde el dos mil diecinueve, el presupuesto de egresos del Poder actor contempla una partida específica para el pago de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial local, lo cual pone de manifiesto que no se transgrede el principio de autonomía entre poderes, presupuestal y de gestión de dicho Poder, previstos en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal.
e. El Congreso del Estado de Morelos ha asignado al Poder Judicial local varias transferencias con el fin de que cumpla con su obligación en el pago de pensiones.
17. Opiniones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon ninguna manifestación.
18. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia(3) prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que el Ministro instructor proveyó lo conducente sobre las pruebas aportadas por las partes, abrió el periodo de alegatos, las partes no formularon alegatos, el ocho de enero de dos mil veinticuatro se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
19. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, el asunto quedó radicado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. COMPETENCIA
20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, ya que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades de dicha entidad federativa, y por resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que no se impugna ninguna norma de carácter general.
II. PRECISIÓN DE LA LITIS
21. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia.(4)
22. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el artículo 3 del Decreto 1104 publicado el cinco de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, porque el Poder Legislativo local concedió una pensión por jubilación vitalicia a Miguel Ángel Falcón Vega con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, sin que los recursos económicos le hayan sido transferidos para enfrentar dicha carga. "DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN VITALICIA A MIGUEL ÁNGEL FALCÓN VEGA
ARTÍCULO 1. Se deja sin efectos el dictamen en sentido negativo de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se le niega la procedencia de la solicitud de pensión vitalicia a Miguel Ángel Falcón Vega.
ARTÍCULO 2. Se concede pensión por jubilación vitalicia a Miguel Ángel Falcón Vega, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado.
ARTÍCULO 3. La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del solicitante como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Morelos, a partir del día siguiente a aquél en que se separó de sus labores, y será cubierta por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones, en el Presupuesto de Egreso del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes.
ARTÍCULO 4o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por Miguel Ángel Falcón Vega, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, emolumentos, percepciones, prestaciones, asignaciones, aguinaldo, primas y demás que recibe un Magistrado o Magistrada en activo, según lo cita el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en la inteligencia de que el salario que servirá de base para el pago de las prestaciones será el referido en el artículo 2 del presente decreto.
ARTÍCULO 5o. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos deberá garantizar que Miguel Ángel Falcón Vega y sus beneficiarios, disfruten de las prestaciones de salud establecidas por el artículo 54, fracción VIII, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
ARTÍCULO 6o. Se abrogan tanto el decreto número mil cincuenta y ocho (1058) de 17 de mayo de 2006, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4459, mediante el cual se designa a Miguel Ángel Falcón Vega como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como el diverso mil setecientos cincuenta y ocho (1758) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el 25 de abril de 2012, en el que se le ratificó en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y se le designó para un período de ocho años más.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos".
23. Por lo tanto, se tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 3 del Decreto 1104, que a la letra dice: "... y será cubierta por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones, en el Presupuesto de Egreso del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes".
24. Adicionalmente, esta Primera Sala advierte que en la demanda de controversia constitucional se hace referencia a que es indebido que el monto de la pensión se calcule como si el Magistrado jubilado estuviera en activo (artículo 4 del Decreto impugnado). Al respecto, en este apartado, debe tenerse como impugnado también el artículo 4 del Decreto combatido, porque existe argumento tendente a sostener su invalidez y será en el análisis de fondo donde se determine si procede su estudio o no, conforme al planteamiento propuesto por el Poder actor.
25. Finalmente, en los conceptos de invalidez, el Poder Judicial local hace referencia a los Decretos 1105 y 579 por los que se aprueban los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintitrés, respectivamente y que éstos transgreden algunos principios presupuestales; sin embargo, en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional, se determinó que el actor impugna únicamente, de manera destacada, la invalidez del Decreto 1104 referido, por lo que sólo éste se debe tener como único acto controvertido, con las acotaciones aquí precisadas.
III. OPORTUNIDAD
26. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el artículo 3, de la Ley Reglamentaria en la materia,(5) el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional en contra de actos es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos su notificación, se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o el actor se haya ostentado como sabedor de los mismos.
27. En el caso, el Poder Judicial local impugna el Decreto 1104, cuya naturaleza es de un acto legislativo, por lo que el cómputo del plazo debe realizarse a partir del día siguiente en que fue publicado en el medio oficial.
28. Dicho decreto fue publicado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional transcurrió del seis de julio al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.(6)
29. Consecuentemente, toda vez que la demanda de controversia constitucional fue presentada el veintidós de agosto de dos mil veintitrés es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
30. El carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(7)
31. El artículo 35, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos(8) prevé que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa referida tiene la representación de dicho Poder ante los otros poderes y en su nombre, así como en los actos oficiales.
32. En el caso, la demanda fue presentada por Luis Jorge Gamboa Olea, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, cargo que acredita con copia certificada de la sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintidós en la que fue electo para el cargo por el periodo que va del dieciocho de mayo de dos mil veintidós al diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
33. Por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder actor está facultada para tal efecto.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
34. Los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia y deben comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas, conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(9)
35. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda se les reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, porque se les atribuye la aprobación, la promulgación y la publicación del Decreto 1104 impugnado.
36. V.1. Poder Legislativo. Dicha autoridad tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.
37. El artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(10) dispone que es facultad del presidente de la mesa directiva representar legalmente a ese poder.
38. En representación del Poder demandado comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y del Congreso local de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintitrés, continuada y concluida el seis del mismo mes y año, en la que se le reconoce tal cargo por el período del uno de septiembre de dos mil veintitrés al treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.
39. Por tanto, dicho servidor público se encuentra legitimado para comparecer en su representación.
40. V.2. Poder Ejecutivo. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(11) el Gobernador publicará los decretos que el Congreso local expida. A su vez, dicha autoridad puede ser representada por el Consejero Jurídico en las acciones y las controversias constitucionales previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por los numerales 9, fracción XVI y 36, fracciones II y III de dicha ley,(12) así como los artículos 2 y 10 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica de dicho Estado.(13)
41. Dulce Marlene Reynoso Santibáñez comparece en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo del Estado de Morelos, lo que acredita con copia cert
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32643-cd5e01fa/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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