I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, AL NO OBRAR EN AUTOS CONSTANCIA QUE LOS ACREDITE (DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA DE INICIAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONTRA EL SÍNDICO Y EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 429/2023. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA. 15 DE ENERO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: La determinación del Congreso del Estado de Oaxaca de iniciar la revocación del mandato en contra del Síndico y el Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 429/2023, promovida por el Municipio de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, en contra del Poder Legislativo, ambos del Estado de Oaxaca.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Guzmán Rodríguez, en su carácter de Síndico y representante jurídico del Municipio de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de la determinación del Congreso de ese Estado, señalando lo siguiente:
“La determinación fáctica e inconstitucional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de Oaxaca, de iniciar la revocación del mandato del suscrito como Síndico Municipal y la del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, por orden de una autoridad ilegal y sin Legitimación para ello, máxime que los únicos (sic) que tiene competencia para ello lo es el Ayuntamiento actuando en pleno.”
2. Antecedentes. En la demanda el Municipio actor señaló los siguientes:
a) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, determinó:
“Primero. Esta de Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo justificado en el apartado IV, de este fallo.
Segundo. Esta Sala de Justicia Indígena, reconoce y garantiza, la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena y agencia municipal de San José Xochixtlán, para ejercer sus recursos, reconocimiento que el ayuntamiento de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, debe acatar en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados Internacionales y la Ley conforme al apartado X, de esta sentencia.
Tercero. Se reconoce y garantiza a la comunidad indígena y comunidad (sic) y agencia municipal de San José Xochixtlán, como sujeto de derecho, por lo que el Ayuntamiento de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, deberá respetar y garantizar a la citada comunidad y agencia municipal, sin discriminación, subordinación, y exclusión, la distribución de los beneficios que la federación asigna al municipio. En términos del apartado X de esta determinación.
Cuarto. Que el ayuntamiento, deberá respetar y garantizar el ejercicio de autoridad, conforme a sus sistemas normativos, como así lo prevén las disposiciones constitucionales, convencionales y la ley, toda vez que desde que fue reconocida oficialmente la comunidad con la categoría administrativa de agencia municipal, goza plenamente del nivel de autoridad y es sujeto de los derechos previstos por la ley de acuerdo a lo previsto en el apartado X del presente fallo.
Quinto. Se ordena al municipio de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, que a partir de ahora, deberá en lo sucesivo asignar y entregar a través de sus autoridades municipales auxiliares, a la comunidad y agencia municipal de San José Xochixtlán, la parte proporcional que le corresponde de los recursos y participaciones federales que recibe de los ramos 28 y 33 fondo III y IV, de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos municipales conforme a los parámetros previstos en el artículo 24 de la Lay (sic) de Coordinación Fiscal del Estado, en los plazos previsto (sic) por esa misma ley, debiendo entregar los recursos a través de su comisión de hacienda o tesorería, en términos de lo ordenado al apartado X, de esta sentencia.
Sexto. Se ordena al ayuntamiento de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, que a partir de la presente determinación y en lo subsecuente, determinar una partida presupuestal que asigne recursos de su hacienda pública municipal, a favor de la comunidad y agencia municipal de San José Xochixtlán, quien administrará directamente en términos de lo expuesto al apartado X, de esta resolución. ...”
b) En ese sentido, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el trece de julio de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo por el que requirió por cuarta y tercera ocasión, respectivamente, a Santiago Miguel López y Andrés Guzmán Rodríguez, en su carácter de Presidente y Síndico del Municipio de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres hábiles, asignarán y entregarán el 29.97 % de los recursos y participaciones sobre los ramos 28 y 33, fondo III y IV, a la comunidad indígena y Agencia Municipal de San José Xochixtlán, bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le daría vista al Congreso del Estado para la revocación de mandato de los referidos funcionarios.
c) El once de agosto del mismo año, el Municipio actor informó a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que solicitó al Congreso de ese Estado una ampliación presupuestal para dar cumplimiento a la resolución.
d) El dieciséis siguiente, la referida Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la entidad hizo efectivo el apercibimiento, por considerar que el Municipio actor se encontraba en incumplimiento de la sentencia, en consecuencia, dio vista al Congreso Local para que iniciará el procedimiento de revocación de mandato.
3. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 14, 16, 17 y 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 106 y 113, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
4. En el apartado de conceptos de invalidez, la parte actora expresa en esencia lo siguiente:
• La vista ordenada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca es ilegal, pues ninguna norma constitucional ni legal prevé su creación.
• Si bien, el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, aprobó la instalación de la Sala de Justicia Indígena y la creación de la Quinta Sala Penal y Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, éste transgrede el artículo 133 constitucional, toda vez que los magistrados integrantes del Poder Judicial Local no están facultados para crear tribunales, en consecuencia, debe dejarse sin efectos la vista ordenada al Congreso.
• Añade que, por tratarse de un acto de molestia, debió ser emitido por un tribunal previamente establecido y debidamente fundado y motivado, por lo que el Congreso del Estado no debió iniciar el procedimiento de revocación de mandato.
• El Municipio actor señala que el obligado a cumplir la sentencia es el Ayuntamiento, no sólo ellos, por lo que el Congreso no debió iniciar el procedimiento de revocación de mandato en su contra.
• El Congreso del Estado no tiene competencia para iniciar un procedimiento de revocación de mandato, toda vez que la vista ordenada por la citada Sala no es conforme a la fracción V, del artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que señala cuáles son las causas graves para la revocación de mandato, y el diverso 62 que establece la competencia exclusiva del Congreso para iniciar el procedimiento de revocación cuando sea solicitado por el titular del Ejecutivo, los legisladores locales, integrantes del Ayuntamiento o por los ciudadanos vecinos, no por el Poder Judicial.
5. Trámite. Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que correspondió el número 429/2023 y lo turnó al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien correspondió la instrucción del asunto.
6. Requerimiento. Mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor requirió al Congreso del Estado de Oaxaca para que informara si existía algún procedimiento iniciado y encaminado a la revocación del mandato del Presidente y síndico u otro funcionario del Municipio de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca.
7. Al respecto, el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Congreso local desahogó el requerimiento formulado, informando que existía un expediente conformado con la vista dada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, pero que no se había determinado el inicio del procedimiento de revocación de mandato.
8. Returno. Posteriormente, por proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó returnar la presente controversia constitucional a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que continuara con la instrucción, de conformidad con lo resuelto en sesión privada del Tribunal Pleno celebrada el dieciséis de noviembre del mismo año, en la que se determinó que los asuntos correspondientes a la Ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueran returnados entre las Ministras y los Ministros que integran el Pleno de este Alto Tribunal.
9. Admisión. Luego, el veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a quien ordenó emplazar para que formulara su contestación y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; quienes no formularon opinión en el presente asunto.
10. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:
• Solicita el sobreseimiento de la presente controversia constitucional por ser un hecho notorio que el Síndico Municipal Andrés Guzmán Rodríguez fue privado de la vida el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.
• Refiere que derivado de la vista ordenada por la Sala Indígena se abrió el expediente número 374, sin embargo, no ha sido dictaminado, por lo que no existe el acto reclamado, toda vez que el Congreso local no ha iniciado un procedimiento de revocación de mandato en contra del Síndico o Presidente del Municipio de Itunyoso.
11. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.
12. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el nueve de octubre de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y mediante proveído del veintinueve siguiente la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción.
13. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra instructora, mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Luego, por auto de veintiséis de noviembre siguiente, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, determinó el avocamiento para conocer de la Controversia Constitucional y ordenó devolver los autos a la Ministra Ponente, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente Controversia Constitucional, conforme lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I, 11, fracciones VI y VIII, y 21, fracción IX,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio de dos mil veintiuno;(4) vinculado con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero, del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(6) aprobado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, publicado el catorce de abril siguiente; toda vez que se plantea un conflicto entre un Municipio y el Poder Legislativo, en el que no se impugnan normas de carácter general, por lo que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO
15. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por la parte actora.
16. En el respectivo apartado de la demanda, el Municipio actor señaló como tal el siguiente:
“IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiera publicado.
La determinación fáctica e inconstitucional de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de Oaxaca, de iniciar la revocación del mandato del suscrito como Síndico Municipal y la del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, por orden de una autoridad ilegal y sin Legitimación para ello, máxime que los únicos que tiene competencia para ello lo es el Ayuntamiento actuando en pleno.”
17. En ese sentido, se tiene a dicho acto como el impugnado en la presente controversia constitucional.
III. SOBRESEIMIENTO
18. Esta Primera Sala considera que debe sobreseerse en la presente Controversia Constitucional, al actualizarse la causa prevista en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado, por las consideraciones siguientes.
19. El Municipio actor demandó la invalidez de la determinación del Congreso de iniciar la revocación del mandato en contra del Síndico y el Presidente del Municipio de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, por considerar que no debió iniciar el referido procedimiento con base en la vista ordenada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, al ser ilegal.
20. Por su parte, el Congreso estatal, en su contestación de la demanda, reconoció que la referida Sala le dio vista a efecto de iniciar el procedimiento de revocación de mandato en contra del Síndico y Presidente Municipal de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca; ello ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de derecho indígena promovido por el Agente Municipal de San José Xochixtlán; sin embargo, negó la existencia del acto reclamado, manifestando que ese órgano legislativo no inició procedimiento de revocación de mandato en contra de los referidos servidores públicos y para acreditar su dicho, remitió el expediente número “374” de su índice.
21. Ahora bien, en relación con la causa de sobreseimiento relativa a la inexistencia del acto reclamado, la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia, señala:
“Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)
III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último; y (...).”
22. Conforme al texto anterior, procede decretar el sobreseimiento en la controversia constitucional cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la norma o acto materia de la controversia.
23. En el caso, dicha causa se actualiza, pues ante la negativa del Congreso demandado, la parte actora no realizó manifestación alguna, ni exhibió prueba que la desvirtuara y, toda vez que el acto cuya invalidez se demanda no puede considerarse existente por la simple afirmación del Municipio actor, sino que, para tal efecto, se requiere contar con elementos de prueba plena para determinar su existencia, es que se concluye que es inexistente el acto combatido en el escrito inicial.
24. Inclusive, cabe precisar que mediante oficio 782/2023, de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca dio vista al Congreso estatal para que iniciara el procedimiento de revocación de mandato, el cual fue presentado ante el órgano legislativo el veintiocho de agosto siguiente, esto es, tres días después de que se presentara la demanda. Por lo que, al menos hasta ese momento, ni siquiera se había radicado el expediente respectivo ante el Congreso local.
25. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional por inexistencia del acto impugnado, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia.
26. Similares consideraciones se sostuvieron por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias constitucionales 213/2022(7) y 404/2023.(8)
IV. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se sobresee en la presente controversia constitucional promovida por el Municipio de San Martín Itunyoso, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca.
SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en términos del artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de las señoras Ministras y los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf (Ponente).
Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
________________
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]
i) Un Estado y uno de sus Municipios; [...].”
2. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”
3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.
“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]”
“Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VI. Determinar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia de cada una de las Salas y el sistema de distribución de los asuntos de que éstas deban conocer; [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]”
“Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: [...]
IX. Las demás que expresamente les encomiende la ley.”
4. Lo anterior, de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024.
5. Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente Reglamento Interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante Acuerdos Generales. [...]”
6. Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente; [...]”
“TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.”
7. Sentencia recaída en la controversia constitucional 213/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá, 23 de agosto de 2023, resuelta por unanimidad de cuatro votos, por ausencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
8. Sentencia recaída en la controversia constitucional 404/2023, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 13 de marzo de 2024, resuelta por unanimidad de votos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33105-6485c105/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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