MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, QUINTO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES IMPROCEDENTE IMPONERLA POR NO HABER LOGRADO LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO EN LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL.
AMPARO DIRECTO 64/2023. 5 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: ANABEL MORALES GUZMÁN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Estudio del asunto únicamente respecto de **********, sociedad anónima de capital variable. Los conceptos de violación esgrimidos son ineficaces.
Ante todo, cabe destacar que quien acude al juicio de amparo es **********, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de administradora de fondos para el retiro, por lo que los conceptos de violación esgrimidos serán analizados bajo el principio de estricto derecho, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, de materia constitucional, común, página 359, registro digital 2010624, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."
Precisado lo anterior, la litis constitucional se ciñe a las condenas a cargo de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y en favor de **********, a la devolución de los recursos en las subcuentas de Retiro 97 y SAR IMSS 1992, por la cantidad de $********** (**********, moneda nacional); ello, desde luego, en la medida en que así lo permitan los motivos de inconformidad planteados por el promovente del amparo.
Así, debe precisarse que la condena a cargo de la Afore quejosa a la devolución de los recursos en las subcuentas de Retiro 97 y SAR IMSS 1992 debe quedar firme, toda vez que de la demanda constitucional, se advierte que la parte quejosa se limita a señalar que "el acto reclamado" es inconstitucional por transgredir derechos; empero, no especifica concretamente por qué lo estima inconstitucional en relación con esa específica condena.
Luego, atendiendo a que se trata de un asunto de estricto derecho, este órgano jurisdiccional no cuenta con los elementos para abordar el análisis de la referida condena, al resultar genérico y ambiguo el aludido concepto de violación.
Al respecto, es dable mencionar que aun cuando el más Alto Tribunal ha establecido que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cierto es que tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que corresponde a ellos (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren.
Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, registro digital 185425, cuyo rubro es el siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
En ese sentido, dado que el reseñado motivo de disenso que hace valer la impetrante no contiene causa de pedir, como requisito mínimo, esto es, no sólo la expresión de un hecho concreto, sino también el razonamiento con el que se explique por qué se transgrede determinada disposición normativa o derecho fundamental, entonces, sus manifestaciones genéricas y subjetivas deben desestimarse por inoperantes.
De igual forma, resulta aplicable al caso la jurisprudencia (V Región)2o. J/1 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que se comparte, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, septiembre de dos mil quince, materia común, página mil seiscientos ochenta y tres, de rubro:
"CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada."
Luego, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por **********, sociedad anónima de capital variable.
OCTAVO. Estudio del asunto únicamente respecto de **********, por propio derecho. Los conceptos de violación esgrimidos son parcialmente fundados, atendiendo a la causa de pedir.
Ante todo, cabe destacar que quien acude al juicio de amparo es **********, por propio derecho, quien es el apoderado legal de la demandada **********, sociedad anónima de capital variable, por lo que los conceptos de violación esgrimidos serán analizados bajo el principio de estricto derecho, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, página 359, registro digital 2010624, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."
Precisado lo anterior, cabe destacar que la litis constitucional se ciñe a la multa impuesta a **********, en su calidad de apoderado legal, en términos de los artículos 48, párrafo quinto, y 731 de la Ley Federal del Trabajo; ello, desde luego, en la medida en que así lo permitan los motivos de inconformidad planteados por el promovente del amparo.
Al respecto, el quejoso afirma que el Juez Federal realizó una indebida aplicación del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la litis versó en si el actor tenía derecho o no a la devolución de las aportaciones de las subcuentas de Retiro 97 y SAR IMSS 1992; es decir, que se trata de prestaciones que no derivaron de una relación obrero-patronal, ni se le demandó a la Afore con el carácter de patrón.
Por tanto, aduce, la multa impuesta en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional e ilegal, pues dicha medida se encuentra referida a prestaciones propias de las relaciones laborales a que se refiere el numeral 20 del ordenamiento en cita.
Aunado a lo anterior, señala que para la procedencia de la imposición de la multa deben reunirse los siguientes elementos: que la litis verse sobre prestaciones obrero-patronales, que los abogados opongan excepciones notoriamente improcedentes con la finalidad de prolongar, dilatar y obstaculizar la sustanciación del juicio laboral.
Sin embargo, asevera, el Juez Federal se limitó a establecer que ante la notoria improcedencia de sus excepciones se presumía un beneficio indebido para la Afore; empero, la sustanciación del juicio laboral se agotó sin dilación, por lo que no puede considerarse que se retrasó u obstaculizó la administración de justicia con la finalidad de dilatar el procedimiento.
El resumido argumento es parcialmente fundado, pues contiene la causa de pedir, como requisito mínimo exigido para proceder a su análisis.
Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, la página 38, registro digital 191384, cuyo rubro y texto dicen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
Para evidenciar la referida calificativa, es preciso tener a la vista el artículo 48, párrafo quinto, de la Ley Federal del Trabajo, en que se apoyó parcialmente la multa combatida, que es del contenido siguiente:
"...Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización." (Énfasis añadido).
De conformidad con dicho numeral, en la parte que interesa, se impondrá multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, a los abogados, litigantes o representantes que promuevan, entre otras, excepciones notoriamente improcedentes con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral.
Luego, contrariamente a lo alegado por la parte quejosa, la multa a que se refiere el artículo 48, párrafo quinto, de la Ley Federal del Trabajo, no establece como requisito de procedencia que se trate de una controversia donde se diluciden derechos laborales propios de una relación entre la parte patronal y la trabajadora.
En cambio, resalta la circunstancia de que dicho numeral prevé que la referida sanción es aplicable a todo abogado, litigante o representante que intervenga en un juicio laboral, sin distinguir la naturaleza del derecho que se esté ventilado o el carácter de la parte demandada (patronal, ente asegurador o administradora de fondos para el retiro).
Ahora bien, ciertamente, el Juez Federal sustentó la imposición de la multa en la circunstancia de que la Afore demandada opuso excepciones notoriamente improcedentes, siendo que el asunto pudo haberse resuelto en la etapa conciliatoria, y al no haberlo hecho así, ello hacía presumir un beneficio indebido para aquélla, ya que se encuentra legalmente obligada a devolver los recursos propiedad del trabajador, pues al conservarlos por más tiempo, sin justificación alguna, ello se traduce en un beneficio indebido para quien los administra, en detrimento de la parte trabajadora, que reuniendo los requisitos legales se encuentra en aptitud de disfrutarlos de inmediato.
Asimismo, motivó la multa controvertida en la circunstancia de que debe privilegiarse la conclusión de la controversia mediante un medio alternativo de solución de conflictos, a fin de lograr una impartición de justicia eficiente, pronta y expedita. Además, agregó, con lo anterior se evita el abuso de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro y la carga innecesaria de los tribunales laborales, atendiendo a los nuevos principios que rigen el procedimiento laboral, por lo que no podía pasar por alto la conducta procesal indebida de la demandada por conducto de su apoderado legal.
Sin embargo, como esencialmente lo estima la parte quejosa, en el caso, la imposición de la multa en términos del referido artículo 48, párrafo quinto, de la Ley Federal del Trabajo es incorrecta, según se explica.
Ello es así, toda vez que del análisis del citado artículo 48, párrafo quinto, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que la imposición de la multa tiene como finalidad sancionar a los abogados, litigantes o representantes que promuevan, entre otras, excepciones notoriamente improcedentes, pero que se hayan opuesto con el objetivo de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral. Es decir, es precisamente esa dilación u obstaculización en la sustanciación o resolución de un juicio laboral la conducta a sancionar en términos de dicho numeral.
En el caso, se advierte que no existió una conducta por parte del apoderado de la Afore demandada que hubiere obstaculizado o dilatado la resolución del conflicto, toda vez que el procedimiento se llevó a cabo en los términos legales, en tanto las excepciones que fueron calificadas como notoriamente improcedentes no dieron lugar a que el juicio laboral se prolongara o dilatara más allá de los términos legales.
Es decir, no existe prueba en autos que evidencie que al dar contestación a la demanda presentada en contra de su representada y oponer las excepciones correspondientes, lo haya hecho con la finalidad de retardar el procedimiento, obstaculizarlo o dilatarlo, de tal manera que su conducta encuadre en la hipótesis del artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, desde luego, al margen de que en la sentencia reclamada se hubiesen calificado sus excepciones como improcedentes, toda vez que tal calificativa derivó de un análisis integral de la cuestión planteada, atendiendo a las pretensiones de las partes y las pruebas aportadas en juicio, cuya dilucidación es parte del procedimiento jurisdiccional.
En cambio, debe colegirse que al dar contestación a la demanda y oponer las excepciones respectivas, el apoderado legal de la Afore demandada pretendía defender los intereses de su representada, a quien no se le puede obligar a llegar a una conciliación prejudicial para no instar un juicio, bajo el argumento de una impartición de justicia expedita y que no genere una carga laboral "innecesaria" de los tribunales de trabajo.
Ello, pues aun cuando en el nuevo sistema laboral la conciliación sea una etapa obligatoria que las partes deben agotar antes de acudir a los Tribunales vía el Centro de Conciliación correspondiente (salvo los casos de excepción), no menos lo es que la resolución del conflicto en esta vía es un derecho optativo de las partes, que no se encuentran obligados a acatar. Estimar lo contrario, implicaría obligar a las partes a convenir una solución del conflicto en la vía prejudicial y prescindir de la vía judicial, lo que no fue la intención del legislador en el nuevo sistema de justicia laboral, sino únicamente establecer una posibilidad prejudicial de lograr la solución del conflicto.
Entonces, si en el particular el Juez Federal impuso la multa por considerar que el asunto pudo haberse resuelto en la etapa conciliatoria, lo que hacía presumir un beneficio indebido para la Afore demandada, ello pone en evidencia que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 48, párrafo quinto, de la Ley Federal del Trabajo, ya que la imposición de la multa, en el caso, sancionó una conducta diversa a la que prevé dicho numeral, pues, se insiste, no se demostró que la intención del apoderado legal al oponer las excepciones relativas hubiese sido con la única finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la resolución del juicio laboral, sino que lo realizó para defender, dentro de los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, los intereses de la Afore demandada.
Resulta ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 10/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, materia común, página 596, registro digital 200638, de contenido siguiente:
"RECLAMACIÓN. NO PROCEDE IMPONER MULTA AUNQUE SEA NOTORIAMENTE INFUNDADO EL RECURSO, SI EL RECLAMANTE NO ACTUÓ DE MALA FE. Si del análisis objetivo de las constancias de autos y de la situación personal del recurrente se desprende que el recurso de reclamación, a pesar de ser notoriamente infundado, no fue hecho valer de mala fe, no debe multarse al promovente, ya que los artículos 103 y 3o. bis de la Ley de Amparo no establecen indistinta y categóricamente la imposición de la multa, sino que lo que se pretende es desalentar y, en su caso, sancionar a aquellos que frívola y maliciosamente hacen uso de las defensas establecidas con el solo afán de demorar la solución de un asunto."
En tanto que, como lo alega el quejoso, el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo en que también se apoyó el Juez Federal, resulta inaplicable en el particular, ya que se refiere a los medios de apremio necesarios para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; hipótesis que no se actualizan en el particular, donde como se dijo, se debe sancionar la oposición de excepciones notoriamente improcedentes con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral.
Luego, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable:
a) Deje insubsistente la sentencia reclamada y, emita otra, en la que:
b) Reitere lo que no fue materia de concesión, a saber: las condenas a cargo de **********, sociedad anónima de capital variable y en favor de **********, a la devolución de los recursos de las subcuentas de Retiro 97 (a) y SAR IMSS 1992 (b), por la cantidad de $********** (**********, moneda nacional), así como sus rendimientos (c).
c) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y sin libertad de jurisdicción, prescinda de imponer a **********, en su calidad de apoderado legal de la Afore demandada, multa alguna, en términos de los artículos 48, párrafo quinto, y 731 de la Ley Federal del Trabajo.
Concesión que se hace extensiva a la ejecución de la sentencia reclamada respecto de la multa impuesta. Ello, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVI, materia común, página 4721, registro digital 324978, de contenido siguiente:
"ACTOS DE EJECUCIÓN. La concesión del amparo contra los actos de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, ya que éstos participan del mismo vicio de inconstitucionalidad de los que le dieron origen."
En vista de la conclusión adoptada resulta innecesario analizar cualquier otro concepto de violación que hubiera expuesto la parte quejosa en relación con la multa impuesta, porque no se advierte que ello le reporte un mayor beneficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo.
En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia número 107 aprobada por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 85, de rubro y texto:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, sociedad anónima de capital variable, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de la misma.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, por propio derecho, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisados en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos señalados en el último considerando de la misma.
Notifíquese; por lista a las partes quejosa, tercera interesada y Ministerio Público de la adscripción; por oficio a la autoridad responsable; requiérase a esta última para que, en el plazo de tres días, aumentados en cinco más, demuestre haber cumplido con la ejecutoria aquí dictada, lo anterior tomando en cuenta que la emisión de la nueva resolución implica ciertos trámites legales, por lo cual el plazo para el cumplimiento será, en total, de ocho días hábiles, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente.
Apercibida que, de no cumplir oportunamente con lo aquí determinado, se le impondrá una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192, 258 y 238 de la Ley de Amparo en vigor; en su caso, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
Se precisa que la Unidad de Medida y Actualización, es la unidad de cuenta, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales o en cualquier otra disposición jurídica, en términos del artículo 26, apartado B, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal, asimismo, el numeral tercero transitorio del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, al efecto dispone:
"...Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización..."
De igual forma, en términos del artículo 5 del Decreto de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el diez de enero de dos mil veinticuatro en el referido medio oficial dio a conocer que los valores de la Unidad de Medida y Actualización son el valor diario de $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 moneda nacional); el mensual de $3,300.53 (tres mil trescientos pesos 53/100 moneda nacional); y anual de $39,606.36 (treinta y nueve mil seiscientos seis pesos 36/100 moneda nacional); vigentes a partir del uno de febrero del año citado en último término, lo que se asienta para el caso de que se tuviese que individualizar tal sanción.
En el entendido de que dicha ampliación de plazo, tiene además como fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 33/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en la página novecientos veintiséis, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006184, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
Háganse las anotaciones correspondientes; vuelvan los autos a su lugar de procedencia, envíese testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió vía remota el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Toss Capistrán, Juan Carlos Moreno Correa y Cándida Hernández Ojeda; el primero de los nombrados en su calidad de presidente y el segundo como ponente.
En la inteligencia que, en términos del segundo párrafo del artículo 188 de la Ley de Amparo, que dispone: "...Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los Magistrados que la hubiesen dictado, si fue aprobado el proyecto del Magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los Magistrados que integran aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido...", la presente sentencia es autorizada por el secretario de tribunal José Vega Luna, facultado para desempeñar funciones de Magistrado de Circuito, en términos del artículo 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, en relación con los diversos 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y 174 del Acuerdo General que reglamenta la Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/2176/2024 de veintidós de abril de de dos mil veinticuatro, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo del veintitrés al veintiocho de abril del mismo año, con motivo de la licencia médi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33116-8eb5bbf3/multa-prevista-en-el-articulo-48-quinto-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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