I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 35, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN XVI, 36, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 2 Y 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL SETECIENTOS CUARENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN IMPUGNADO DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL ACTOR QUE PERMITE CUBRIR EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA, EN TANTO QUE ÉSTE HIZO VALER OTRAS POSIBLES AFECTACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS CUARENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. PODERES JUDICIALES LOCALES. GOZAN DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SU CONFORMACIÓN Y EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. PODERES PÚBLICOS LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XIII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIV. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL SETECIENTOS CUARENTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE SE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES. ...").
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 162/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 15 DE ENERO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
Í N D I C E T E M Á T I C O
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 162/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del secretario de gobierno del estado de Morelos, demandando la invalidez del decreto mil setecientos cuarenta (en lo siguiente, decreto 1740), publicado el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6302.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional, firmada por Luis Jorge Gamboa Olea, quien se ostentó como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
2. Antecedentes. En su demanda, el representante del Poder Judicial del Estado de Morelos señala los siguientes antecedentes:
a. En cada ejercicio fiscal el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado no ha sido respetado por el Poder Legislativo, pues la legislatura local sólo autoriza un porcentaje mínimo del necesario para el pago de las pensiones.
b. En los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil diecisiete, el presupuesto del Poder Judicial local se mantuvo constante y sin prever una partida presupuestal para el pago de pensiones, lo que se impugnó a través de diversas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
c. En el dos mil veinte, el Poder Legislativo del Estado emitió el decreto 1105, mediante el que se aprobó el presupuesto de egresos local para el dos mil veintiuno, con una partida que vulnera el proceso legislativo y la Constitución local en detrimento de la rama judicial. Previamente, el Poder Ejecutivo del Estado había modificado indebidamente la cantidad prevista en el anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial local.
d. El Poder Legislativo no aprobó un presupuesto de egresos local para el dos mil veintidós, por lo que se autorizó tácitamente el mismo presupuesto que para el dos mil veintiuno, con lo que se afectó aún más el patrimonio del Poder Judicial del Estado.
e. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el medio oficial local el decreto 579, por medio del cual se aprueba el presupuesto de egresos del estado para el dos mil veintitrés, con cantidades que no respetaron las señaladas en el anteproyecto remitido al gobernador del estado.
f. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el medio oficial local el decreto 1621, por medio del que se aprueba el presupuesto de egresos del estado para el dos mil veinticuatro. Se asignaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos $885,000,000.00 (ochocientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N) son para el rubro de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y retiro voluntario.
g. El veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro se publicó en el medio oficial local el decreto 1740, mediante el cual el Congreso local concedió una pensión por jubilación a Jesús Alejandro Sierra Becerra con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos (ver infra el apartado “II. Precisión de la litis”).
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el representante del Poder Judicial del Estado de Morelos señala como único concepto de invalidez lo siguiente:
a. El decreto 1740 vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, y los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución del Estado de Morelos, porque invade su autonomía en la gestión presupuestal, la cual constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales ejerzan sus funciones con plena independencia.
b. El Congreso local lesiona la independencia del Poder Judicial del Estado en el grado más grave que es la subordinación, y en consecuencia su autonomía en la gestión de los recursos, ya que el artículo 2° del decreto 1740 dispone de los recursos financieros del Poder Judicial del Estado para el pago de una pensión a favor de Jesús Alejandro Sierra Becerra “con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones”.
c. El Poder Legislativo del Estado pasó por alto que en el presupuesto de dos mil veinticuatro no se contempló una partida para el pago de los decretos de pensiones que fueron controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
d. En la partida de pensiones y jubilaciones existente se otorgó una cantidad que es apenas suficiente para pagar las pensiones que otorgó el Congreso local hasta julio de dos mil veintitrés, por lo que no hay certeza de que exista suficiente recurso para cubrir pensiones futuras.
e. La cantidad aprobada para el pago de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y retiro voluntario es sustancialmente menor a la aprobada en el dos mil veintitrés, pues en ese ejercicio fiscal se aprobaron $290,547,842.00 (doscientos noventa millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), mientras que en el actual se aprobaron $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), una diferencia de $43,318,955.00 (cuarenta y tres millones trescientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N).
f. Al emitir el decreto impugnado, el Congreso del Estado vulnera el artículo 49 constitucional relativo al principio de división de poderes, el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución local que otorga al Poder Judicial la facultad exclusiva de planear, programar y diseñar su gasto a través de su presupuesto de egresos y el artículo 116 constitucional, pues pretende someter al Poder Judicial a sus decisiones.
g. Los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue una pensión o jubilación siempre que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, según los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127, constitucionales, los cuales han sido lesionados en detrimento del Poder Judicial con la emisión del decreto 1740, en específico con su artículo 2.
h. No basta la presunción de que existe una partida en el presupuesto de egresos con fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, sino que la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide en el presupuesto anual, en una bolsa adicional o mediante una transferencia.
i. La sustancia de esta controversia no es que se excluya al Poder Judicial del Estado de Morelos de la decisión de a quiénes debe concederse una pensión, sino que se otorguen recursos suficientes para enfrentar dicho gasto.
j. El régimen de pensiones debe preverse necesariamente en las leyes laborales, pero esto no implica que el Congreso local pueda determinar los casos en que procede otorgarlas, pues la Constitución Federal garantiza a los poderes judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como principio fundamental de la independencia judicial, la cual no puede quedar sujeta a limitaciones de otros poderes sin que ello conlleve la violación del principio de división de poderes.
k. El Congreso local transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, porque al expedir el decreto se entromete en la independencia del Poder Judicial, lo vuelve dependiente y lo subordina al obligarlo a cubrir la pensión.
4. Artículos constitucionales violados. El representante del Poder Judicial del Estado de Morelos actor considera violados en perjuicio de dicho poder los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.
5. Trámite. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional 162/2024 y lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento.
6. Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, el ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, pero no al secretario de gobierno, pues argumentó que este último es titular de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo local.
7. El ministro instructor emplazó a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que rindieran sus respectivas contestaciones de la demanda y requirió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que remitiera una copia certificada del Periódico Oficial que contiene la publicación del decreto 1740 impugnado; además, ordenó dar vista de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
8. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el diez de julio de dos mil veinticuatro, Santiago Núñez Flores, consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, rindió su contestación de la demanda en representación de dicho poder en los siguientes términos:
a. El Poder Judicial local está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus servidores públicos, ya que anualmente cuenta con un porcentaje fijo del presupuesto de egresos del estado.
b. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó el decreto 1621 mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos local para el dos mil veinticuatro. En el anexo 2 del decreto se precisa que el Poder Judicial del Estado cuenta con $916,443,549.90 (novecientos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.) de presupuesto, incluyendo $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete 00/100 M.N) para el pago de pensiones y jubilaciones. Por lo tanto, el Poder Judicial del Estado tiene recurso suficiente para pagar el decreto de pensión impugnado.
c. El artículo décimo sexto del mismo decreto 1621 señala que con los presupuestos asignados a los entes públicos se deberán cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilaciones y pensiones, por lo que no es posible que un ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de dicho deber.
d. El Poder Ejecutivo del Estado no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Poder Judicial con sus jubilados, y estimar lo contrario implicaría vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo.
e. Para que el Poder Judicial local no vulnere las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación en perjuicio del Poder Ejecutivo local, que prevé el artículo 116 constitucional, debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado y cumplir con sus obligaciones.
9. Contestación del Poder Legislativo. Francisco Erik Sánchez Zavala, diputado presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió contestación de la demanda en representación de dicho poder. No obstante, es innecesario transcribir su contenido, porque mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, el ministro instructor tuvo por extemporánea la contestación de la demanda de esa autoridad. Esto fue así porque el plazo legal para presentar la contestación transcurrió del trece de junio al nueve de agosto de dos mil veinticuatro, y el escrito fue presentado hasta el catorce de agosto siguiente.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión.
11. Audiencia. El veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo siguiente, Ley Reglamentaria de la materia), donde se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes.(1)
12. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, el ministro instructor declaró cerrada la instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
13. Radicación. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro la ministra presidenta de este Alto Tribunal ordenó enviar el asunto a esta Primera Sala a solicitud del ministro instructor.
14. Avocamiento. Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro la Primera Sala se avocó al conocimiento de este asunto y envió los autos a la ponencia del ministro instructor para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
I. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(3) y conforme al Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(4) y los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(5) ya que el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LA LITIS
16. En el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(6) se establece que las sentencias deben fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional.
17. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez del decreto 1740 bajo el argumento de que concede una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto y sin que el Poder Legislativo local le haya transferido los recursos suficientes para enfrentar dicha carga; esta Primera Sala advierte que esa impugnación se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 2° de dicho decreto, como se comprueba de lo subrayado a continuación:
Ver decreto subrayado
18. En consecuencia, se tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2º del decreto 1740 que a la letra dice: “y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes”, pues en esa porción se prevé la impugnación del pago de una pensión con cargo al erario del Poder Judicial local.
III. OPORTUNIDAD
19. En el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(7) se dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan en función del tipo de acto controvertido.
20. En este caso, debido a que el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna un decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente en que el acto se publicó en el medio oficial local.
21. El decreto 1740 se publicó el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6302, por lo que el plazo legal de treinta días para presentar la demanda transcurrió del veinticinco de abril al seis de junio de dos mil veinticuatro.(8)
22. Dado que la demanda se presentó el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal se concluye que se promovió oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
23. El carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(9)
24. En este caso, quien promovió la demanda fue Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Este funcionario acreditó su calidad con una copia certificada de la sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que consta que fue electo para el cargo por el periodo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós al diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
25. El ejercicio del Poder Judicial local se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el magistrado presidente representa al Tribunal, por lo que dicho funcionario está facultado para promover el presente medio de control de conformidad con el artículo 86 de la Constitución del Estado de Morelos y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.(10)
26. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un poder legitimado y mediante su debido representante.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. Los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia, y deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlos, conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(11)
28. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda el ministro instructor reconoció el carácter de demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, pero no al secretario general de gobierno, en tanto es titular de una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo local.
29. Los poderes demandados comparecieron al juicio por conducto de los funcionarios que cuentan con facultades de representación legal:
30. V.1. Poder Ejecutivo. Santiago Núñez Flores compareció al juicio en su carácter de consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro. Dicho servidor público cuenta con la facultad de representación legal conforme al artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.(12)
31. V.2. Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció al juicio mediante el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado. Dicho funcionario acreditó su calidad con la copia certificada de la sesión de uno de septiembre de dos mil veintitrés en la que fue electo para el cargo por un periodo que comprende de esa misma fecha y hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro. Su facultad de representación legal consta en el artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.(13) Ahora bien, debe reiterarse que mediante el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, el ministro instructor tuvo por extemporánea la contestación de la demanda de esta autoridad.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
32. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.
33. VI.1. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que la promulgación y publicación del decreto 1740 se hizo conforme a las disposiciones locales aplicables, por lo que es falso que haya violado la Constitución Federal.
34. Esta causal es infundada, porque el Poder Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.
35. VI.2. Cesación de efectos. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que mediante el oficio de quince de julio de dos mil veinticuatro, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos solicitó al Poder Ejecutivo del Estado transferir $202,385.87 (doscientos dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 87/100 M.N.) al Poder Judicial del Estado para el pago del decreto de pensión impugnado en esta controversia constitucional. Por ello, mediante el oficio SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, la Secretaría de Hacienda de la entidad dio una ampliación presupuestal al Poder Judicial del Estado por la cantidad mencionada. El Poder Ejecutivo del Estado considera que con ese recurso el Poder Judicial del Estado satisface su pretensión, por lo que debe sobreseerse la presente controversia constitucional al haber quedado sin materia, conforme a la fracción II del artículo 20, en relación con el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia.(14)
36. Esta causa de improcedencia es infundada, porque en su escrito inicial el Poder Judicial actor impugna el decreto de pensión no sólo por la falta de una ampliación presupuestal que le permita pagarlo, como sugiere la autoridad Ejecutiva, sino que también lo hace porque considera que con la sola expedición del decreto se vulnera su autonomía en la gestión de los recursos.
37. En efecto, el Poder Judicial actor considera que el decreto de pensión le causa una afectación porque el Congreso local no le transfirió los recursos necesarios para sufragar el gasto (ver supra el párrafo 3, inciso h), pero también porque con su emisión se afecta su facultad prevista en el artículo 116 constitucional de administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto sin injerencias externas (ver supra el párrafo 3, inciso j).
38. En consecuencia, es infundado que la ampliación presupuestal sea suficiente para sobreseer el presente medio de control constitucional, porque el Poder Judicial actor hizo valer otra afectación que el decreto de pensión genera, a su juicio, en su ámbito de atribuciones.
39. Además, sólo mediante un análisis de fondo es que esta Sala puede determinar los méritos de la ampliación presupuestal, por lo que también por esta razón se desestima esta causa de improcedencia.(15)
40. Esta Primera Sala sostuvo las mismas consideraciones al resolver la controversia constitucional 40/2024, en sesión pública de dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, por unanimidad de cinco votos.
VII. ESTUDIO DE FONDO
41. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2º del decreto 1740 porque mediante dicho decreto el Poder Legislativo del Estado otorgó una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto y sin transferirle los recursos necesarios para cubrir con esa carga económica.
42. La porción efectivamente impugnada es del tenor siguiente:
Ver artículo con énfasis
43. Esta Primera Sala considera que es fundado el concepto de invalidez, pues el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos haya determinado el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial local vulnera el principio de autonomía presupuestal, la independencia judicial y la división de poderes en la entidad federativa.
44. Esta temática ha sido analizada en múltiples controversias constitucionales resueltas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en esos precedentes, entre los que destacan las controversias constitucionales 200/2020, 100/2024, 90/2024 y 96/2024,(16) hemos procedido estableciendo los fundamentos constitucionales aplicables (A) para luego analizar con ellos el decreto combatido (B), por lo que en este asunto se seguirá la misma metodología dado que estamos frente a un problema jurídico similar.
45. A. Parámetro de regularidad constitucional. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal.(17) Este Tribunal Pleno ha sostenido que dicho principio exige un equilibrio entre los distintos poderes. Por esa razón, existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias y que genere una afectación en los principios democráticos o en los derechos fundamentales.(18) El mismo artículo 116 constitucional, en su fracción III,(19) dispone que los poderes judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y en el ejercicio de sus funciones.
46. De esa manera, el artículo 116 constitucional vincula por regla general al respeto del principio de división de poderes (párrafo primero) y, en lo particular, garantiza que los poderes judiciales de las entidades federativas cuenten con autonomía e independencia en su conformación y funciones (fracción III). Así, dada la conformación integral de este precepto, es claro que la violación de los principios judiciales de autonomía e independencia conllevan necesariamente la violación del principio de división de poderes.(20)
47. Este principio de división de poderes contiene de manera implícita tres mandatos prohibitivos que se dirigen a los poderes públicos locales para que no se extralimiten en el ejercicio de sus funciones; estos mandatos son los de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(21)
48. La intromisión se ha entendido como el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de manera antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave al principio de división de poderes, e implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, ya que está sometido a la voluntad de otro poder del estado.
49. Estos tres conceptos (intromisión, dependencia y subordinación) son grados de un mismo elemento, siendo incluyentes hacia el grado inferior y excluyentes hacia el grado superior. Esto es, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y la dependencia a su vez implica intromisión (grado inferior). Sin embargo, la intromisión excluye a la dependencia y la dependencia excluye a la subordinación, dado que el grado superior es más rico en características que el inferior.
50. Ahora bien, la autonomía en la gestión presupuestal, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal,(22) constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría la consecución de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras.(23)
51. De esta manera, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia de los poderes judiciales locales, por lo que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes públicos sin que ello derive necesariamente en una violación al principio de división de poderes.(24)
52. B. Análisis del caso. En este asunto, el Congreso del Estado de Morelos otorgó mediante el decreto 1740 una pensión por jubilación en beneficio de Jesús Alejandro Sierra Becerra, con la precisión establecida en el artículo 2º de que se pagaría con el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
53. De esa manera, la legislatura local subordinó en los hechos al Poder Judicial local porque determinó el destino de una parte del presupuesto de la rama judicial sin permitir un curso de acción distinto al prescrito, disponiendo así de recursos ajenos para el pago de una pensión de una persona que laboró en otro poder del estado.
54. El Congreso local lesionó el principio de autonomía en la gestión de los recursos y la independencia del Poder Judicial, vulnerando por consiguiente el principio fundamental de división de poderes en la entidad federativa, ya que, conforme al artículo 116 constitucional, sólo el Poder Judicial del Estado de Morelos debe administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto.(25)
55. El Tribunal Pleno ha sostenido(26) que, conform
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33119-971dffb9/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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