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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS, TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O A SUS GARANTÍAS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. XIV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE SEÑALA: "... Y DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ÉSTE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS..."). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE SEÑALA: "... Y DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ÉSTE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS..."). XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS,

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2023. · Registro digital (IUS): 32340
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-12
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo II, Pág.1991.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 24 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 329/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del secretario de gobierno del Estado de Morelos, demandando la invalidez del decreto ochocientos veintidós (en lo siguiente, decreto 822), publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6181.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El quince de mayo de dos mil veintitrés, Luis Jorge Gamboa Olea, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió demanda de controversia constitucional.

2. Antecedentes. En resumen, el Poder Judicial del Estado de Morelos señala los siguientes antecedentes en su demanda:

a. En cada ejercicio fiscal el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial no ha sido respetado por el Poder Legislativo, pues sólo autoriza un porcentaje mínimo del necesario para el pago de las pensiones.

b. En los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil diecisiete, el presupuesto del Poder Judicial se mantuvo constante y sin prever una partida presupuestal de pensiones, lo que se impugnó a través de diversas controversias constitucionales.

c. Para el dos mil veinte, el Poder Judicial envió su anteproyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, el cual sin embargo envió un proyecto distinto al Poder Legislativo, quien aprobó mediante el decreto 1105 un presupuesto que incumple el proceso legislativo y la Constitución local.

d. El Poder Legislativo no aprobó un presupuesto de egresos local para el dos mil veintidós, por lo que tácitamente se autorizó el mismo presupuesto que para el dos mil veintiuno, con lo que se afectó aún más el patrimonio del Poder Judicial.

e. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el medio oficial local el decreto 579, por medio del cual se aprueba el presupuesto de egresos del Estado para el dos mil veintitrés, en el cual hay una cantidad para pensiones, jubilaciones y personal de retiro hasta el dos mil veintidós, pero no considera el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u asuntos controvertidos, a pesar de que esto sí se contempló en el anteproyecto remitido al gobernador del Estado.

3. Conceptos de invalidez. En resumen, el Poder Judicial del Estado de Morelos señala como único concepto de invalidez lo siguiente:

a. El decreto 822 vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, y los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción IV y 131 de la Constitución de Morelos, porque invade su autonomía en la gestión presupuestal, la cual constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales ejerzan sus funciones con plena independencia.

b. El Legislativo lesiona la independencia del Poder Judicial en el grado más grave que es la subordinación, y en consecuencia su autonomía en la gestión de los recursos, ya que el artículo 2o. del decreto 822 dispone de los recursos financieros del Poder Judicial al conceder una pensión a Marco Antonio Olazcoaga Tapia.

c. En el presupuesto del dos mil veintitrés no se contempló una partida para el pago de los decretos controvertidos ante la Corte, de ahí que no hay certeza de que exista suficiente recurso para cubrir las pensiones como la de este caso.

d. Al emitir el decreto impugnado, el Congreso del Estado vulnera el artículo 49 constitucional relativo al principio de división de poderes, el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución local que otorga al Poder Judicial la facultad exclusiva de planear, programar y diseñar su gasto a través de su presupuesto de egresos y el artículo 116 constitucional, pues pretende someter al Poder Judicial a sus decisiones.

e. Los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue una pensión o jubilación siempre que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, según los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127, constitucionales, los cuales han sido lesionados en detrimento del Poder Judicial.

f. No basta la presunción de que existe una partida en el presupuesto de egresos con fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, sino que la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide en el presupuesto anual, en una bolsa adicional o mediante transferencia.

g. La sustancia de esta controversia no es que se excluya al Poder Judicial del Estado de Morelos de la decisión de a quiénes debe concederse una pensión, sino que se otorguen recursos suficientes para enfrentar dicho gasto.

h. El régimen de pensiones debe preverse necesariamente en las leyes, pero esto no implica que el Congreso local pueda determinar los casos en que procede otorgarlas, pues la Constitución Federal garantiza a los poderes judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como principio fundamental de la independencia judicial, la cual no puede quedar sujeta a limitaciones de otros poderes sin que ello conlleve la violación del principio de división de poderes.

i. El Congreso transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, porque al expedir el decreto se entromete en la independencia del Poder Judicial, lo vuelve dependiente y lo subordina al obligarlo a cubrir la pensión.

4. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos considera violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

5. Trámite. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento.

6. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, pero no al secretario de gobierno, pues sostuvo que este último es titular de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo local.

7. En el mismo acuerdo el instructor requirió a los poderes para que con sus contestaciones de la demanda remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar respectivo del periódico oficial, y ordenó dar vista de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

8. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el catorce de agosto de dos mil veintitrés, Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió contestación de la demanda, donde en resumen señaló lo siguiente:

a. Los trabajadores del Estado tienen derecho a una pensión otorgada por los poderes-patrones y también tienen derecho a una pensión otorgada por el Congreso del Estado cuando cumplen los requisitos de la Ley del Servicio Civil.

b. Debido a la falta de aprobación del presupuesto de egresos del dos mil veintidós aplicó la reconducción al presupuesto del dos mil veintiuno, en el cual se asignó una cantidad para el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, la Secretaría de Hacienda local autorizó dos cantidades a favor del Poder Judicial para pensiones, controversias constitucionales y amparos. Con ello se tiene que para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós se asignaron $160'000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) al Poder Judicial para pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.

c. El Congreso local aprobó mediante el decreto 579 el presupuesto de egresos local para el dos mil veintitrés, en el que asignó al Poder Judicial una partida de $160'547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), los cuales deberá utilizar para cumplir con sus obligaciones.

d. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores, incluyendo el pago de las pensiones, y en caso de que dicho recurso sea insuficiente al transcurrir el ejercicio fiscal, debe solicitar una ampliación presupuestal al Ejecutivo estatal.

e. Desde el dos mil diecinueve el presupuesto de egresos del Poder Judicial contempla una partida específica para el pago de pensiones de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.

f. En consecuencia, con la expedición del decreto impugnado no se transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues no se dispone de los recursos de otro poder, ya que de manera previa se le han otorgado al Poder Judicial los recursos suficientes para el pago de la pensión impugnada.

9. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el dos de agosto de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió la contestación de demanda en los siguientes términos:

a. El Poder Judicial está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus servidores públicos, ya que anualmente cuenta con un porcentaje fijo del presupuesto de egresos.

b. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó el decreto 579, mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos local para el dos mil veintitrés; en el anexo 2 de dicho decreto se precisa que el Poder Judicial cuenta con $160'547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que tiene recursos suficientes para pagar el decreto de pensión impugnado.

c. El artículo décimo sexto del mismo decreto 579 señala que con los presupuestos asignados a los entes públicos se deberá cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilaciones y pensiones, por lo que no es dable que un ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de dicho deber.

d. El Poder Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Poder Judicial con sus jubilados, y estimar lo contrario implicaría vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo.

e. Para que el Poder Judicial no vulnere las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación entre poderes públicos locales, que prevé el artículo 116 constitucional, debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado.

10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión.

11. Audiencia. El veinticinco de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo siguiente, Ley Reglamentaria de la materia), donde se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes.(1)

12. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, el ministro instructor declaró cerrada la instrucción para proseguir a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

13. Radicación y avocamiento. Una vez radicado el expediente y mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés la ministra presidenta ordenó enviar el asunto a la Primera Sala a solicitud del ministro instructor. En auto dictado el día dieciséis del mismo mes y año, la Primera Sala se avocó al conocimiento de este asunto.

I. COMPETENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(4) ya que el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) las sentencias deben fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional.

16. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos reclama la invalidez del decreto 822 bajo el argumento de que concede una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto y sin que el Poder Legislativo del Estado de Morelos le haya transferido los recursos suficientes para enfrentar dicha carga; esta Primera Sala advierte que ese reclamo se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 2o., como se comprueba de lo subrayado a continuación:

"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS POR EL CUAL SE LE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A MARCO ANTONIO OLAZCOAGA TAPIA.

"ARTÍCULO 1o. Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Marco Antonio Olazcoaga Tapia, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Judicial ‘B’ comisionado como Vigilante al edificio que alberga las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado."

"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."

"ARTÍCULO 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley;"

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS

"PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad.’

"SEGUNDO. Notifíquese personalmente al quejoso la presente determinación y notifíquese por oficio al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 1396/2022; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del estado de Morelos.

"TERCERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, Órgano de difusión del Gobierno del Estado."

[Énfasis añadido]

Ver porción normativa subrayada

17. En consecuencia, se tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2o. del decreto 822 que a la letra dice: "y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes", pues en esta recae el reclamo de que prevé el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial.

18. No pasa desapercibido que el Poder Judicial hace valer en su demanda algunos argumentos en contra de los presupuestos de egresos del estado para los ejercicios fiscales de dos mil veintiuno y dos mil veintitrés; sin embargo, y como esta Sala ha sostenido en diversos precedentes,(6) esas afirmaciones no implican que impugne los presupuestos referidos, ya que esas alusiones son sólo parte de la compleja argumentación que hace el actor para demostrar la inconstitucionalidad del decreto pensionario aquí impugnado.

19. Además, y por lo que hace al presupuesto de egresos local para el dos mil veintiuno, es un hecho notorio para esta Primera Sala(7) que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 15/2021,(8) en la cual invalidó ese presupuesto en las porciones que se referían al presupuesto del Poder Judicial.

III. OPORTUNIDAD

20. El artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(9) dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan en función del tipo de acto controvertido.

21. En este caso, debido a que el Poder Judicial impugna un decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente en que fue publicado en el medio oficial.

22. El decreto 822 se publicó el viernes treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6181, por lo que el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del lunes tres de abril al viernes diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.(10)

23. Dado que la demanda se presentó el lunes quince de mayo del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal es evidente que se promovió oportunamente.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. El carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(11)

25. En este caso, quien promovió la demanda fue Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintidós en la que fue electo para el cargo por el periodo que va del dieciocho de mayo de dos mil veintidós al diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

26. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior, y el magistrado presidente representa al Tribunal, por lo que dicho funcionario está facultado para promover el presente medio de control de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.(12) 27. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un poder legitimado y mediante su debido representante.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

28. Los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia, y deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(13)

29. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda se les reconoció el carácter de demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos; en contraste, no se le reconoció ese carácter al secretario general de gobierno, en tanto es titular de una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo.

30. Los poderes demandados comparecieron al juicio por conducto de los funcionarios que cuentan con facultades de representación legal:

31. V.1. Poder Ejecutivo. Dulce Marlene Reynoso Santibáñez compareció al juicio en su carácter de consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, publicada el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el medio oficial local. Esta servidora pública cuenta con la facultad de representación legal conforme al artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.(14)

32. V.2. Poder Legislativo. El Poder Legislativo compareció al juicio mediante el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de la sesión de catorce de septiembre de dos mil veintidós en la que fue electo para el cargo por el periodo que comprende del primero de septiembre de dos mil veintidós al treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés. Su facultad de representación legal consta en el artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.(15)

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

33. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.

34. VI.1. Interés legítimo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que el acto no le causa perjuicio al Poder Judicial, porque con la expedición del decreto 822 no pretendió ejercer su presupuesto, por lo que la controversia debe sobreseerse por falta de interés legítimo del actor, conforme al artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia.(16)

35. Esta causa de improcedencia es infundada, porque determinar si la expedición del decreto 822 genera o no una afectación al Poder Judicial del Estado de Morelos es una cuestión que sólo puede dilucidarse mediante un examen del fondo del asunto.(17)

36. VI.2. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que la promulgación y publicación del decreto 822 se hizo conforme a las disposiciones constitucionales y legales locales aplicables, sin que tales actos hayan sido impugnados por vicios propios, por lo que es falso que haya violado la Constitución Federal.

37. Esta causal es infundada, porque el Ejecutivo forma parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

VII. ESTUDIO DE FONDO

38. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2o. del decreto 822 porque mediante dicho decreto el Poder Legislativo del Estado otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto y sin transferirle los recursos necesarios para cubrir con esa carga económica.

39. La porción efectivamente impugnada es del tenor siguiente:

"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS POR EL CUAL SE LE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A MARCO ANTONIO OLAZCOAGA TAPIA.

"...

"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."

[Énfasis añadido]

Ver precepto 2o. con énfasis

40. Esta Primera Sala considera fundado el concepto de invalidez, pues el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos haya determinado el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial vulnera el principio de autonomía presupuestal, la independencia judicial y la división de poderes.

41. Esta temática ha sido analizada en múltiples controversias constitucionales resueltas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en esos precedentes, entre los que destacan las controversias constitucionales 200/2020 y recientemente la 7/2023,(18) hemos procedido estableciendo los fundamentos constitucionales aplicables (A) para luego analizar con ellos el decreto combatido (B), por lo que en este asunto se seguirá la misma metodología dada la problemática similar.

42. A. Parámetro de regularidad constitucional. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal,(19) acerca del cual este Tribunal Pleno ha sostenido que exige un equilibrio entre los distintos poderes, lo que explica que exista un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias y que genere una afectación en los principios democráticos o en los derechos fundamentales.(20)

43. El mismo artículo 116 constitucional, en su fracción III,(21) dispone que los poderes judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y en el ejercicio de sus funciones.

44. Por regla general, el precepto constitucional referido vincula a los destinatarios de la norma al respeto del principio de división de poderes (párrafo primero) y, en lo particular, garantiza que los poderes judiciales de las entidades federativas cuenten con autonomía e independencia en su conformación y funciones (fracción III).

45. Dada la conformación integral de este precepto constitucional, es claro que la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales conllevan necesariamente la violación del principio de división de poderes.(22)

46. No obstante, la violación a esos principios no puede analizarse con un parámetro bivalente, gracias al cual pueda decirse que la violación simplemente se acreditó o no; se trata, en todo caso, de una cuestión gradual, pues tanto la independencia como la autonomía son valores que admiten grados de completitud y, por ende, de afectación.

47. El operador jurídico debe considerar que el principio de división de poderes contiene de manera implícita tres mandatos prohibitivos que se dirigen a los poderes públicos locales para que no se extralimiten en el ejercicio de sus funciones; estos mandatos son los de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(23)

48. La intromisión se ha entendido como el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de manera antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave al principio de división de poderes, e implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, ya que está sometido a la voluntad de otro poder del estado.

49. Estos tres conceptos (intromisión, dependencia y subordinación) son grados de un mismo elemento, siendo incluyentes hacia el grado inferior y excluyentes hacia el grado superior. Esto es, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y la dependencia a su vez implica intromisión (grado inferior). Sin embargo, la intromisión excluye a la dependencia y la dependencia excluye a la subordinación, dado que el grado superior es más rico en características que el inferior.

50. Ahora bien, la autonomía en la gestión presupuestal, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal,(24) constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría la consecución de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras.(25)

51. De esta manera, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia de los poderes judiciales locales, por lo que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes públicos sin que ello derive necesariamente en una violación al principio de división de poderes.(26)

52. B. Análisis del caso. En este caso, el Congreso del Estado de Morelos otorgó mediante el decreto 822 una pensión por cesantía en edad avanzada en beneficio de Marco Antonio Olazcoaga Ta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32340-6a7cd5a8/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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