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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN IMPUGNADO DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR QUE PERMITE CUBRIR EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA, EN TANTO QUE ÉSTE HIZO VALER OTRAS POSIBLES AFECTACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. PODERES JUDICIALES LOCALES. GOZAN DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SU CONFORMACIÓN Y EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] Y SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES [...]"). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 262/2024. · Registro digital (IUS): 33610
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1292.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 262/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE Y PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, POR LO QUE HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al 26 de marzo de 2025, emite la siguiente

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 262/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del secretario de gobierno del Estado de Morelos, demandando la invalidez del decreto dos mil doscientos cuatro (decreto 2204), publicado el 14 de agosto de 2024 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El 3 de septiembre de 2024, Luis Jorge Gamboa Olea, quien se ostentó como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió demanda de controversia constitucional.

2. Antecedentes. En su demanda, el representante del Poder Judicial del Estado de Morelos señaló los siguientes antecedentes:

a. En cada ejercicio fiscal el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado no ha sido respetado por el Poder Legislativo local, pues sólo autoriza un porcentaje mínimo del necesario para el pago de las pensiones.

b. En los ejercicios fiscales de 2013 a 2017, el presupuesto del Poder Judicial local se mantuvo constante y sin prever una partida presupuestal de pensiones, lo que fue impugnado mediante diversas controversias constitucionales.

c. En el 2020, el Poder Judicial local envió su anteproyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo del Estado, el cual sin embargo envió un proyecto distinto al Poder Legislativo local, quien aprobó mediante el decreto 1105 una partida presupuestal para el 2021 que vulnera el proceso legislativo y la Constitución local.

d. El Poder Legislativo del Estado no aprobó un presupuesto de egresos local para el 2022, por lo que se autorizó tácitamente el mismo presupuesto que para el 2021, con lo que se afectó aún más el patrimonio del Poder Judicial local.

e. El 29 de diciembre de 2022, se publicó en el medio oficial local el decreto 579, por medio del cual se aprueba el presupuesto de egresos del estado para el 2023, con cantidades diferentes a las del anteproyecto que fue remitido al gobernador del estado.

f. El 29 de diciembre de 2023 se publicó el decreto 1621, mediante el que se aprobó el presupueste de egresos del estado de Morelos para el 2024. En este se asignaron $885,000,000.00 (ochocientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los cuales $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) son para pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y retiros voluntarios.

g. El 14 de agosto de 2024 se publicó en el medio oficial local el decreto 2204, mediante el cual el Congreso local concedió una pensión por jubilación a Rosalva Hernández Pérez con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el representante del Poder Judicial del Estado de Morelos señala como único concepto de invalidez lo siguiente:

a. El decreto 2204 vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, y los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

b. Asimismo, invade su autonomía en la gestión presupuestal, garantizada en el artículo 17 constitucional, la cual constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales puedan ejercer sus funciones con plena independencia.

c. El Congreso local lesiona la independencia del Poder Judicial del Estado en el grado más grave que es la subordinación, y en consecuencia su autonomía en la gestión de los recursos, ya que el artículo 2° del decreto 2204 dispone de los recursos financieros del Poder Judicial al conceder una pensión por jubilación.

d. En el presupuesto de 2024 no se contempló una partida para el pago de los decretos controvertidos ante la esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) asignados para pensiones y jubilaciones apenas son suficientes.

e. La legislatura aprobó $43,318,955.00 (cuarenta y tres millones trescientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) menos para la partida de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y retiros voluntarios de lo que aprobó en el 2023.

f. Al emitir el decreto impugnado, el Congreso del Estado vulnera el artículo 49 constitucional relativo al principio de división de poderes, el artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución local que otorga al Poder Judicial la facultad exclusiva de planear, programar y diseñar su gasto a través de su presupuesto de egresos y el artículo 116 constitucional, pues pretende someter al Poder Judicial local a sus decisiones.

g. Los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue una pensión o jubilación siempre que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, según los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127, constitucionales, los cuales han sido lesionados en detrimento del Poder Judicial local, porque la legislatura estatal no proporcionó recursos para cubrir la pensión que prevé el decreto controvertido.

h. La partida aprobada para pensiones y jubilaciones no tomó en cuenta los incrementos al salario mínimo, la proyección de nuevos jubilados y pensionados ni lo derivado de asuntos controvertidos, lo cual sí fue precisado en el anteproyecto de presupuesto de egresos para el 2024 que fue remitido al gobernador del estado.

i. No basta la presunción de que hay una partida en el presupuesto de egresos con fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, sino que la pensión otorgada debe estar garantizada en el presupuesto anual, en una bolsa adicional o mediante transferencia.

j. La sustancia de esta controversia no es que se excluya al Poder Judicial del Estado de Morelos de la decisión de a quiénes debe concederse una pensión, sino que se otorguen recursos suficientes para enfrentar dicho gasto.

k. El régimen de pensiones debe preverse necesariamente en las leyes laborales, pero esto no implica que el Congreso local pueda determinar los casos en que procede otorgarlas, pues la Constitución Federal garantiza a los poderes judiciales la autonomía de la gestión presupuestal como principio fundamental de la independencia judicial, la cual no puede quedar sujeta a limitaciones de otros poderes sin que ello conlleve la violación del principio de división de poderes.

l. El Congreso local transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, porque al expedir el decreto se entromete en la independencia del Poder Judicial, lo vuelve dependiente y lo subordina al obligarlo a cubrir la pensión.

4. Artículos constitucionales violados. El representante del Poder Judicial del Estado de Morelos actor considera violados en perjuicio de dicho poder los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

5. Trámite. Mediante acuerdo de 3 de septiembre de 2024, la ministra presidenta ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional 262/2024 y lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento.

6. Mediante acuerdo de 2 de octubre de 2024, el ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, pero no al secretario de gobierno, pues este último es titular de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo local.

7. El ministro instructor emplazó a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que rindieran sus respectivas contestaciones de la demanda y requirió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que remitiera una copia certificada del Periódico Oficial que contiene la publicación del decreto 2204 impugnado; además, ordenó dar vista de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

8. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el 22 de noviembre de 2024, Jazmín Juana Solano López, presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió contestación de la demanda en representación de dicho poder, donde en resumen señaló lo siguiente:

a. El Congreso local debe valorar el anteproyecto de presupuesto de egresos presentado por el Poder Judicial del Estado, pero no está obligado a otorgar la cantidad solicitada.

b. El decreto impugnado no le causa un perjuicio al Poder Judicial del Estado, porque puede solicitar ampliaciones presupuestales para el pago de pensiones.

c. En el presupuesto de egresos de 2024 se le asignaron $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) al Poder Judicial local para el pago de pensiones.

d. Para este ejercicio fiscal se han aprobado dos ampliaciones presupuestales destinados para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo a solicitud del Poder Judicial local, por las cantidades de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100) y $20,979,747 (veinte millones novecientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 47/100).

e. No existen las vulneraciones alegadas por el Poder Judicial promovente, porque tiene recursos suficientes para el pago de las pensiones.

9. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el 19 de noviembre de 2024, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, rindió su contestación de la demanda en representación de dicho poder, donde en suma señaló lo siguiente:

a. El Poder Judicial local está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus servidores públicos, ya que anualmente cuenta con un porcentaje fijo del presupuesto de egresos.

b. El 29 de diciembre de 2023, se publicó en el medio oficial local el decreto 1621, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del estado para el 2024, con los recursos necesarios para que la rama judicial del estado cumpla todas y cada una de sus obligaciones.

c. En el anexo 2 de dicho decreto consta que el Poder Judicial promovente tiene $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) para el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que tiene suficiente recurso para pagar la pensión que prevé el decreto impugnado.

d. En el artículo décimo sexto del mismo decreto 1621 se establece que los entes públicos deben cubrir las erogaciones de seguridad social con el presupuesto que les fue asignado y deben hacer las reasignaciones, economías y demás provisiones para cumplir por sí mismos con tales obligaciones.

e. Se autorizaron ampliaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal de 2024 para cumplir con el pago de decretos de pensión en favor del Poder Judicial, por la cantidad global de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100), por lo que se encuentra en condiciones de cubrir el pago del decreto jubilatorio.

f. El Poder Ejecutivo del Estado no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Poder Judicial con sus jubilados, y estimar lo contrario implicaría vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo.

g. Para que el Poder Judicial local no vulnere las prohibiciones de no intromisión, no dependencia y no subordinación en perjuicio del Poder Ejecutivo local, que prevé el artículo 116 constitucional, debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de su presupuesto previamente autorizado.

10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión.

11. Audiencia. El 22 de enero de 2025 se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo siguiente, Ley Reglamentaria de la materia), donde se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes.(1)

12. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de 28 de enero de 2025, el ministro instructor declaró cerrada la instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

13. Radicación. Mediante acuerdo de 6 de febrero de 2025, la ministra presidenta ordenó enviar el asunto a la Primera Sala a solicitud del ministro instructor.

14. Avocamiento. Mediante acuerdo de 12 de febrero de 2025 esta Primera Sala se avocó al conocimiento de este asunto y envió los autos a la ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, y conforme al Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024; y los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(5) ya que el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

16. En el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(6) se establece que las sentencias deben fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional.

17. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el decreto 2204 bajo el argumento de que concede una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto y sin que el Poder Legislativo local le haya transferido los recursos suficientes para pagarla; esta Primera Sala advierte que ese reclamo se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 2° de dicho decreto, como se comprueba de lo subrayado a continuación:

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS

CUATRO

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR

JUBILACIÓN A

ROSALVA HERNÁNDEZ PÉREZ

ARTÍCULO 1°.– Se concede pensión por Jubilación a Rosalva Hernández Pérez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Capturista adscrita al Juzgado Primero Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial con residencia en esta ciudad.

ARTÍCULO 2°.– La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario mensual de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.”

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 319/2024; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.

TERCERO.- Para estar en condiciones de solicitar al Poder Ejecutivo Estatal, la asignación y transferencia de recursos para el pago de la pensión, a través de la Dirección Jurídica requiérase al Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que informe a este Poder legislativo la cantidad necesaria para el pago de la pensión respectiva.

CUARTO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado Morelos.

[Énfasis añadido]

Ver artículo 2o. con énfasis

18. En consecuencia, se tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2º del decreto 2204 que a la letra dice: “y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes”, porque en ésta se prevé el reclamo del pago de una pensión con cargo al erario del Poder Judicial del Estado.

III. OPORTUNIDAD

19. En el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(7) se dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan en función del tipo de acto controvertido.

20. En este caso, debido a que el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna un decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente en que el acto se publicó en el medio oficial local.

21. El decreto 2204 se publicó el 14 de agosto de 2024 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339, por lo que el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del 15 de agosto al 26 de septiembre de 2024.(8)

22. Dado que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2024 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal se concluye que se promovió oportunamente.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. El carácter de parte actora lo tiene el poder que promueve la controversia constitucional, el cual deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlo, conforme a los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(9)

24. En este caso, quien promovió la demanda fue Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Este funcionario acreditó su calidad con una copia certificada de la sesión extraordinaria de 4 de mayo de 2022, en la que consta que fue electo para el cargo por el periodo que va del 18 de mayo de 2022 al 17 de mayo de 2024.

25. Ciertamente, en la copia certificada consta que el cargo del magistrado presidente finalizaba el 17 de mayo de 2024, mientras que el escrito inicial fue promovido ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre siguiente. Sin embargo, es un hecho notorio que el 5 de julio de 2023 se publicó el Decreto mil doscientos treinta (decreto 1230) en el medio oficial local. Con ese decreto, se derogó el tercer párrafo del artículo 89 y se reformó el artículo 94 de la Constitución del Estado de Morelos para aumentar de dos a cuatro años la duración en el cargo de la persona titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el artículo tercero transitorio del decreto se estableció además que la persona funcionaria que ocupara ese cargo al momento de la entrada en vigor del decreto ejercería por única ocasión esa responsabilidad por cuatro años contados a partir de la fecha de su designación.(10) Por lo tanto, quien se ostentó como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en este asunto sí contaba con esa calidad cuando promovió la demanda.

26. El ejercicio del Poder Judicial local se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el magistrado presidente representa al Tribunal, por lo que dicho funcionario cuenta con las facultades de representación legal para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(11)

27. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un poder legitimado y mediante su debido representante.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

28. Los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia, y deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlos, conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(12)

29. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda el ministro instructor reconoció el carácter de demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, pero no al secretario general de gobierno, en tanto es titular de una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo local.

30. Los poderes demandados comparecieron al juicio por conducto de los funcionarios que cuentan con facultades de representación legal, como se ve a continuación.

31. V.1. Poder Ejecutivo. Edgar Antonio Maldonado Ceballos compareció al juicio en su carácter de consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de 1 de octubre de 2024. Dicho servidor público cuenta con la facultad de representación legal del Poder Ejecutivo del Estado conforme al artículo 38, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos.(13)

32. V.2. Poder Legislativo. Jazmín Juana Solano López compareció al juicio en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Acreditó su calidad con la copia certificada de la sesión de 29 de agosto de 2024 en la que fue designada para el cargo por el periodo que va del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025. Su facultad de representación legal consta en el artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(14)

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

33. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.

34. VI.1. Interés legítimo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que el acto no le causa perjuicio al Poder Judicial local, porque con la expedición del decreto 2204 no pretendió ejercer su presupuesto y, en consecuencia, considera que la controversia debe sobreseerse por falta de interés legítimo del poder actor, conforme al artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia.(15)

35. Esta causa de improcedencia es infundada, porque determinar si la expedición del decreto genera o no una afectación al Poder Judicial del Estado de Morelos es una cuestión que sólo puede dilucidarse mediante un examen en el estudio de fondo de esta sentencia.(16)

36. VI.2. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que la promulgación y publicación del decreto 2204 se hizo conforme a las disposiciones locales aplicables, por lo que es falso que haya violado la Constitución Federal.

37. Esta causal es infundada, porque el Ejecutivo forma parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

38. VI.3. Cesación de efectos. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos considera que la controversia debe sobreseerse conforme a la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia. Señala que durante el ejercicio fiscal de 2024 entregó diversas ampliaciones presupuestales al Poder Judicial del Estado, mismas que suman $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y que estaban destinadas al pago de pensiones y jubilaciones, incluyendo el pago del decreto aquí impugnado. Por tanto, considera que han cesado los efectos del acto cuya invalidez se demanda, por lo que la controversia constitucional debe ser sobreseída.

39. Esa causa de improcedencia es infundada, porque en su escrito inicial el Poder Judicial actor impugna el decreto de pensión no sólo por la falta de una ampliación presupuestal que le permita pagarlo, como sugiere la autoridad Ejecutiva, sino que también lo hace porque considera que con la sola expedición del decreto se vulnera su autonomía en la gestión de los recursos.

40. En efecto, el Poder Judicial actor considera que el decreto de pensión le causa una afectación porque el Congreso local no le transfirió los recursos necesarios para sufragar el gasto, pero también porque con su emisión se afecta su facultad prevista en el artículo 116 constitucional de administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto sin injerencias externas, que también tiene un efecto en años fiscales subsecuentes.

41. En consecuencia, es infundado que la ampliación presupuestal sea suficiente para sobreseer el presente medio de control constitucional, porque el Poder Judicial actor hizo valer otra afectación que el decreto de pensión genera, a su juicio, en su ámbito de atribuciones.

42. Además, sólo mediante un análisis de fondo es que esta Primera Sala puede determinar los méritos de la ampliación presupuestal, por lo que también por esta razón se desestima esta causa de improcedencia.(17)

43. Esta Primera Sala sostuvo las mismas consideraciones al resolver la controversia constitucional 162/2024, en sesión de 15 de enero de 2025, por unanimidad de cinco votos.

VII. ESTUDIO DE FONDO

44. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2º del decreto 2204 porque mediante dicho decreto el Poder Legislativo del Estado otorgó una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto y sin transferirle los recursos necesarios para cubrir con esa carga económica.

45. La porción efectivamente impugnada es del tenor siguiente:

ARTÍCULO 2°.– La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario mensual de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

[Énfasis añadido]

Ver porción normativa del artículo2o. con énfasis

46. Esta Primera Sala considera que es fundado el concepto de invalidez, pues el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos haya determinado el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial local vulnera el principio de autonomía presupuestal, la independencia judicial y la división de poderes en la entidad federativa.

47. Esta temática ha sido analizada en múltiples controversias constitucionales resueltas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en esos precedentes, entre los que destacan las controversias constitucionales 200/2020, 162/2024 y 158/2024,(18) hemos procedido estableciendo los fundamentos constitucionales aplicables (A) para luego analizar con ellos el decreto combatido (B), por lo que en este asunto se seguirá la mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33610-93087c32/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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