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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS, Y "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UNO POSTERIOR EN EL QUE SE HAYA DETERMINADO LA CONCESIÓN DE UNA PENSIÓN DIVERSA EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES...".). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 265/2024. · Registro digital (IUS): 33288
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-13
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.141.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 265/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Decreto 2201, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6339, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 265/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la referida entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Secretario de Gobierno, todos de la citada entidad federativa.

2. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 2201, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6339, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Zita Peláez Morales, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de ese Estado, sin transferir los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica dicho decreto jubilatorio.

3. Antecedentes. En la demanda el Poder actor señaló los siguientes:

a) En cada ejercicio fiscal, el Poder Judicial actor ha remitido al Poder Ejecutivo, su anteproyecto de presupuesto de egresos, contemplando una partida para el pago de los decretos jubilatorios otorgados por el Congreso Local; no obstante, sin respetar el anteproyecto, esta última autoridad únicamente ha autorizado una cantidad mínima para el pago de tal concepto.

b) Del ejercicio fiscal dos mil trece al dos mil diecisiete, el presupuesto de egresos otorgado al Poder Judicial del Estado se mantuvo intocado, a pesar del aumento en los insumos necesarios para administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados, estos últimos por decretos jubilatorios autorizados por el Legislativo Local con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, sin que para tales periodos existiera la partida presupuestal para dar cumplimiento a dicha obligación.

c) El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el entonces Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio, remitió al Titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Poder Judicial de ese Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, en el que se previó una partida presupuestal específica para el pago de pensiones y jubilaciones que llegara a emitir el Congreso Local.

d) El uno de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió al Poder Legislativo Local el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

e) Posteriormente, el quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el Decreto número 1105 (mil ciento cinco), en el cual autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno de ese Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, por medio del cual asignó al Poder Judicial del Estado de Morelos un presupuesto de egresos que comprendió, entre otras, una partida presupuestaria para el pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.

f) Luego, en diciembre de dos mil veintiuno, el Congreso Local no aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que de manera tácita se asignó el mismo presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. Ello, sin que existiera la partida presupuestal de pensiones para las otorgadas durante el ejercicio de dos mil veintidós.

g) El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Congreso Local aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el que también se destinan recursos para el pago de pensiones, jubilaciones y personal de retiro, sin considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos.

h) El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6267 (seis mil doscientos sesenta y siete) el Decreto número 1621 (mil seiscientos veintiuno), mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, del que se desprende que de la cantidad total aprobada para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se destinan $247,228,887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) para pensiones, jubilaciones, haber de retiro y retiro voluntario.

i) Finalmente, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6339, el Decreto número 2201 (dos mil doscientos uno), a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Zita Peláez Morales, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos siguientes:

“DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS UNO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A ZITA PELAEZ MORALES.

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a ZITA PELAEZ MORALES, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; así como en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jueza Especializada en Materia de Ejecución del Único Distrito Judicial del Estado, sede Jojutla, Morelos.

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario mensual de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley”.

4. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

5. La parte actora planteó, como único concepto de invalidez, lo que a continuación se sintetiza:

• Aduce que el decreto impugnado viola el principio de división de poderes y la autonomía de gestión presupuestal consagrada en los artículos 17, 49 y 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.

• Señala que se lesiona su independencia en el grado más grave de violación, que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de su presupuesto, ya que el Poder demandado dispuso directamente de sus recursos financieros para, a través del Decreto impugnado, imponerle la obligación de pagar una pensión vitalicia a razón del 100% del último salario mensual percibido por la trabajadora, sin que tuviera intervención alguna en su emisión. Máxime que de manera expresa determina que el pago de mérito será cubierto por el Poder Judicial local, con cargo al presupuesto autorizado a dicho ente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

• Sostiene que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe asignar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva y en este asunto no sucedió así, ya que el monto aprobado en la partida presupuestal correspondiente difiere del que solicitó al Congreso Local para cubrir el pago de pensiones a su cargo, por lo que los recursos asignados resultan insuficientes para enfrentar esa obligación.

• De ahí que el decreto combatido transgrede los principios constitucionales que le reconocen al Poder Judicial actor la potestad gubernativa de autonomía de gestión presupuestal y de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en particular, en lo que toca al otorgamiento de pensiones y jubilaciones; y viola la autonomía en la gestión de su presupuesto, que le permita planificar y programar los pagos relativos a las prestaciones laborales sin intervención de otro poder.

• Refiere que el Poder Legislativo Local interviene en la disposición del presupuesto del Poder Judicial, en cuanto a las relaciones laborales de éste con sus trabajadores, disponiendo de manera arbitraria de sus recursos, sin verificar la suficiencia de los mismos para el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los decretos jubilatorios aprobados por el Congreso, ni el impacto presupuestal que puede generarse al no asignar los recursos adicionales correspondientes para cumplir con dichas obligaciones. Máxime que la emisión de decretos jubilatorios sin la respectiva garantía económica que permita asegurar ese gasto genera que se violen los derechos de los trabajadores en retiro, por la innegable falta de recursos para el pago oportuno de sus pensiones.

• Aduce que la falta de previsión presupuestal se manifiesta a la luz de la consecuencia de la pensión de un trabajador, pues para no afectar el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, el trabajador jubilado debe ser reemplazado por un nuevo servidor público, quien tiene derecho a percibir una remuneración y prestaciones por su trabajo; de manera que no se puede perder de vista que la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide, ya sea dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos correspondiente, o bien, porque exista una bolsa adicional a aquella que comprende a los jubilados anteriores, o porque al momento de expedirse el decreto jubilatorio, se ordena el incremento o transferencia de los recursos en la misma proporción en que deba cubrirse dicho gasto.

• Precisa que el Congreso demandado pasa por alto que, a diferencia de los Ayuntamientos y otros órganos públicos, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los que le son autorizados en el presupuesto de egresos correspondiente, de ahí que no puede hacer frente a las cargas impuestas de manera extraordinaria por las jubilaciones no previstas en el gasto ordinario programado, dado que este último rubro está previsto para el pago de las remuneraciones del personal activo.

• Sostiene que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, el cual resulta insuficiente. Además de que, a su juicio, la orden reclamada implica una subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo estatal.

• Refiere que si bien el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las legislaturas locales, ello no implica que a través de dichas normas el Congreso del Estado pueda establecer libremente los casos en que proceda conceder tales pensiones jubilatorias cuando éstas emanan de las relaciones laborales entre el Poder Judicial del Estado y los servidores públicos a su cargo, pues la Constitución Federal confirió a los poderes judiciales autonomía de la gestión presupuestal como un principio fundamental de la independencia de los mismos, la cual no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes, dado que ello conllevaría a la violación del principio de división de poderes.

• En consecuencia, solicita que se declare la invalidez del Decreto impugnado, así como que se determine que el Poder Legislativo deberá incrementar o transferir, en la partida de jubilaciones, los recursos económicos suficientes que garanticen que no se vulneren los derechos de los trabajadores del Poder Judicial actor.

6. Trámite. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que se le asignó el número 265/2024 y turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.

7. Mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de ese Estado, por tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; quienes no formularon opinión en el presente asunto.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito presentado vía electrónica el veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejero Jurídico, dio contestación a la demanda, en la que hizo valer causales de improcedencia y formuló argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales, en esencia, consisten en lo siguiente:

Causas de improcedencia

• El Poder Ejecutivo Estatal estima que los actos relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, que son los únicos actos que le resultan atribuibles, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en la Constitución Federal y Estatal y demás normativa en la materia, sin que dichos actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios.

• Sostiene que debe sobreseerse la controversia constitucional en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el decreto impugnado ha cesado en sus efectos, ya que se han autorizado a favor del Poder Judicial del Estado de Morelos diversas ampliaciones presupuestales en el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro a fin de que pueda cumplir, entre otras, con el pago de la pensión contenida en el Decreto impugnado.

Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado

• Considera que resulta infundado que se viole lo dispuesto en los numerales 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

• Además señala que el Congreso Local asigna una partida equivalente al 4.7% del monto total del gasto programable del Presupuesto de Egresos anual, por tanto, el actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un porcentaje fijo en el presupuesto, cuyo monto incrementará en medida que lo haga dicho monto total.

• Sostiene que el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado.

• Indica que la cantidad autorizada para el Poder Judicial local, en el Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se integra por los recursos necesarios para cubrir todas las obligaciones que deba cumplir; de ahí que tendrá el recurso suficiente para asumir el pago del Decreto de pensión impugnado en el presente medio de control constitucional.

• Agrega que el artículo Décimo Sexto del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, señala que dentro de los presupuestos asignados a los entes públicos se deberán cubrir los pagos relativos a jubilados, pensionados y de seguridad social, y, en su caso, realizar las reasignaciones, economías y demás provisiones para hacer frente a sus obligaciones, sin que sea dable que un diverso poder se sustituya en su cumplimiento.

• Asimismo, refiere que con independencia del Presupuesto asignado se hace del conocimiento que, la Secretaría de Hacienda Estatal autorizó ampliaciones presupuestales para cumplir con el pago de decretos de pensión en favor del Poder Judicial actor por la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100).

• Por lo anterior, refiere que el Poder actor cuenta con un presupuesto mayor para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, por lo que, con base en su autonomía financiera, tiene la obligación de instrumentar mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento a sus obligaciones financieras.

• Finalmente, señala que el Ejecutivo Estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el Poder Judicial local con sus jubilados.

9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. A través del escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de este Alto Tribunal, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa y argumentó, en esencia, lo siguiente:

Causa de improcedencia

• El Poder Legislativo local plantea que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal por falta de interés legítimo del Poder actor, pues considera que el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones de ese Poder Judicial, de conformidad con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Aduce que lo anterior es así, pues con la expedición del Decreto impugnado, mediante el cual se concede pensión jubilatoria a una trabajadora, no se pretende ejercer de manera directa los recursos que forman parte del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino que, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, constitucional; 40, fracción XX, de la Constitución Política del Estado de Morelos; así como de los diversos 54, fracción VII, y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Congreso Local cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen pensiones a los trabajadores del gobierno estatal, de ahí que el Poder Legislativo Local no invade la autonomía presupuestaria del Poder Judicial actor, ni le causa perjuicio alguno.

Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado

• El Poder Legislativo local señala que los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a disfrutar una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para tal efecto determinen o con quien hayan celebrado convenio; y, para dar cumplimiento a tal derecho, los patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que establezcan las leyes aplicables.

• Aunado a lo anterior, los trabajadores también tienen derecho a gozar de otra pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, la cual se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez que se satisfagan los requisitos previstos para ello en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De manera que, en términos de esa ley, es facultad del Poder Legislativo del Estado, otorgar los decretos jubilatorios en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, incluidos los servidores públicos del Poder Judicial local.

• Refiere que si bien el anteproyecto de presupuesto que presenta el Poder Judicial forma parte de la valoración que debe llevar a cabo el Congreso Local para la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, ello no implica que este último está obligado a otorgar el monto solicitado por el Poder actor.

• Considera que es infundado el concepto de invalidez esgrimido por el Poder Judicial actor, dado que se le otorgó el presupuesto previsto normativamente, por lo que no se vulnera su autonomía de gestión presupuestal.

• Señala que en pasados ejercicios fiscales se han autorizado diversas ampliaciones presupuestales para el pago de pensiones, incluido el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro en el que se previeron asignaciones adicionales para el Poder Judicial, entre ellas, una partida presupuestaria específica para pensiones y jubilaciones.

• Refiere que se giró oficio al Poder Judicial actor para que informara al Congreso Local la cantidad requerida para el pago de la pensión por jubilación otorgada a través del decreto impugnado, para estar en condiciones de solicitar al Poder Ejecutivo local la asignación y transferencia de dichos recursos y que con la documental emitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se está elaborando la solicitud dirigida a la titular del Ejecutivo estatal a fin de que se realice la transferencia respectiva.

• Por último, menciona que, al haber otorgado la partida destinada para el pago de la pensión controvertida, de ninguna manera se transgrede en perjuicio de la parte actora el principio de autonomía en la gestión presupuestal.

10. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el veintidós de enero de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y por acuerdo de treinta de enero del mismo año, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

11. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra instructora, mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal.

12. Es así que, por acuerdo de trece de febrero siguiente, emitido por la Ministra Presidenta de esta Primera Sala, se determinó el avocamiento para conocer de la presente controversia constitucional, por lo que ordenó devolver los autos a su ponencia.

I. COMPETENCIA

13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Controversia Constitucional, conforme a lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, 11, fracciones VI y VIII, 21, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(4) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; así como los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año y publicado el catorce de abril siguiente; por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

14. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.

15. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:

“IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

El decreto número DOS MIL DOSCIENTOS UNO, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a Zita Pelaez Morales con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio...”.

16. No obstante, de la lectura integral y sistemática de la demanda, se advierte que de lo que se duele el Poder Judicial del Estado de Morelos, es que el Poder Legislativo demandado, de manera directa otorgó una pensión por jubilación a una persona con cargo a su presupuesto, sin brindarle intervención alguna y sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con dicha obligación.

17. Tal determinación se encuentra en el artículo 2° y no en todo el Decreto 2201 (dos mil doscientos uno). En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2° de dicho Decreto, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6339, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, como efectivamente impugnado.

III. OPORTUNIDAD

18. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente conforme lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) el cual señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

19. En el presente caso, debido a que el Poder Judicial actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves quince de agosto al viernes once de octubre de dos mil veinticuatro.(8)

20. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b) e i) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.

21. Entonces, como se indicó, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de septiembre de dos mil veinticuatro, resulta claro que su presentación resultó oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

22. Esta Primera Sala advierte que la demanda fue presentada por parte legítima.

23. En efecto, Luis Jorge Gamboa Olea promovió la demanda en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(10) quien se encuentra legitimado para p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33288-58dd6550/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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