I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS, Y "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UNO POSTERIOR EN EL QUE SE HAYA DETERMINADO LA CONCESIÓN DE UNA PENSIÓN DIVERSA EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, QUE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ..."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIEN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 230/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 12 DE MARZO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto 1981 (mil novecientos ochenta y uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro), de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 230/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del citado Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.
2. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro), de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Luis Reyna Pineda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de ese Estado, sin transferir los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el citado Decreto.
3. Antecedentes. En la demanda el Poder actor señaló los siguientes:
a) Como se ha manifestado en diversas Controversias promovidas ante este Alto Tribunal, el presupuesto otorgado al Poder Judicial del Estado se mantuvo intocado, en el mismo monto, del ejercicio fiscal dos mil trece a dos mil diecisiete, sin que durante este periodo existiera una partida presupuestal para el pago de pensiones.
b) El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el entonces Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio, remitió al Titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Poder Judicial de ese Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, en el que se previó una partida presupuestal específica para el pago de pensiones y jubilaciones que llegara a emitir el Congreso local.
c) El uno de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió al Poder Legislativo local el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.
d) Posteriormente, el quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el Decreto número 1105 (mil ciento cinco), en el cual autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno de ese Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, por medio del cual asignó al Poder Judicial del Estado de Morelos un presupuesto de egresos que comprendió, entre otras, una partida presupuestaria para el pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.
e) Luego, en diciembre de dos mil veintiuno, el Congreso local no aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que de manera tácita se asignó el mismo presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
f) Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós el Congreso local aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morenos para el Ejercicio Fiscal que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el que también se destinaron recursos para el pago de pensiones, jubilaciones y personal de retiro sin considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos.
g) El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6267 (seis mil doscientos sesenta y siete) el Decreto número 1621 (mil seiscientos veintiuno) el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.
h) Finalmente, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) el Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno), a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Luis Reyna Pineda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos siguientes:
“DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LUIS REYNA PINEDA.
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a LUIS REYNA PINEDA, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Judicial “B” al centro de fotocopiado con sede en el Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 75% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 1 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley”.
4. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
5. La parte actora planteó un único concepto de invalidez, en el cual, esencialmente expresa lo siguiente:
• Aduce que el decreto impugnado viola el principio de división de poderes y la autonomía de gestión presupuestal consagrada en los artículos 17, 49 y 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción Xl, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.
• Sostiene que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva y en este asunto no sucedió así, ya que el monto asignado en la partida presupuestal correspondiente es apenas suficiente para cubrir las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso sin considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos.
• Afirma que si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación, lo cierto es que, para que se les conceda mediante decreto, no basta la presunción de que existe una partida para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado, la partida destinada a pensiones necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada se debe encontrar garantizada por quien la expide, por estar comprendida dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente o porque exista una bolsa adicional a la que comprende a los jubilados anteriores, o porque, al momento de emitirse el decreto, se ordene el aumento o transferencia en la misma proporción en que deba cubrirse el referido gasto.
• Refiere que el propósito del asunto no es que se excluya al poder actor de la decisión de a quiénes, en su carácter de trabajadores, debe concederse una pensión, sino que se le otorgue suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.
• Sostiene que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, el cual resulta insuficiente. Además de que, a su juicio, la orden reclamada implica una subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo estatal.
• Por otro lado, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los autorizados en el presupuesto anualizado, es decir, no percibe ningún ingreso extra que le permita hacer frente integral a las cargas impuestos de modo extraordinario al gasto ordinario programado.
• Finalmente, el Congreso del Estado transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial al expedir el Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno) toda vez que, uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro.
6. Trámite. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que se le asignó el número 230/2024 y se turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.
7. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de ese Estado, por tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; quienes no formularon opinión en el presente asunto.
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido por vía electrónica el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejero Jurídico, dio contestación a la demanda, en la que planteó, en esencia, lo siguiente:
Causas de improcedencia
• El Poder Ejecutivo Estatal estima que los actos relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, que son los únicos actos que le resultan atribuibles, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en la Constitución Federal y Estatal y demás normativa en la materia, sin que dichos actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios.
• Sostiene que debe sobreseerse la controversia constitucional en términos de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el decreto impugnado ha cesado en sus efectos, ya que se han autorizado a favor del Poder Judicial del Estado de Morelos diversas ampliaciones presupuestales en el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro a fin de que pueda cumplir, entre otras, con el pago de la pensión contenida en el Decreto impugnado.
Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado
• Considera que resulta infundado que se viole lo dispuesto en los numerales 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• Además, señala que el Poder actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus exservidores públicos, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, porque anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el Presupuesto de Egresos anual.
• Refiere que el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado.
• Menciona que el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, precisando que dentro del artículo Décimo Octavo se asigna al Poder Judicial del Estado los recursos necesarios que deberán utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos y demás obligaciones que en general deba cumplir.
• Asimismo, refiere que con independencia del Presupuesto asignado se hace del conocimiento que, la Secretaría de Hacienda Estatal autorizó ampliaciones presupuestales para cumplir con el pago de decretos de pensión en favor del Poder Judicial actor por la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100).
• Por lo anterior, refiere que el Poder actor cuenta con un presupuesto mayor para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, por lo que, con base en su autonomía financiera, tiene la obligación de instrumentar mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento a sus obligaciones financieras.
• Finalmente, indica que se debe considerar que el Ejecutivo Estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el Poder Judicial local con sus jubilados.
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. A través del escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de este Alto Tribunal, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de manera extemporánea,(1) ya que el plazo otorgado feneció el treinta de octubre de dos mil veinticuatro, haciendo valer una causa de improcedencia y diversos argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales se sintetizan a continuación:
Causa de improcedencia
• El Poder Legislativo del Estado plantea que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal por falta de interés legítimo del Poder actor, pues considera que el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones de ese Poder Judicial, de conformidad con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Aduce que con la expedición del Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro), el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, no se pretende de forma alguna disponer de manera directa de los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, por lo que, con base en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, constitucional, 40, fracción XX, de la Constitución Política Local y 54, fracción VII, así como 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen a los Trabajadores del Gobierno Estatal, con lo cual de ninguna forma se invade la autonomía presupuestaria, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento.
Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado
• El Poder Legislativo señala que, ante la facultad otorgada por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Congreso del Estado le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.
• Refiere que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés se previeron asignaciones para el Poder Judicial, entre ellas, una partida presupuestaria específica para pensiones y jubilaciones.
• Para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro a la fecha se han realizado asignaciones al Tribunal Superior de Justicia del Estado y se han autorizado ampliaciones presupuestales destinadas para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.
• Asimismo, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés se autorizó una ampliación presupuestal al Poder Judicial del Estado de Morelos para el fortalecimiento del Fondo de Pensiones destinado al pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales. Por lo que con ello se evidencia que el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
• Por último, menciona que, al haber otorgado la partida destinada para el pago de la pensión controvertida, de ninguna manera se transgrede en perjuicio de la parte actora el principio de autonomía en la gestión presupuestal; toda vez que, el otorgamiento de una partida suficiente para el pago de las pensiones no constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones del Poder Judicial local.
10. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el quince de enero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y por acuerdo de veintitrés siguiente, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra instructora, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Luego, por acuerdo de seis de febrero del mismo año, emitido por la Ministra Presidenta de esta Primera Sala, se determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, por lo que ordenó devolver los autos a su ponencia. I. COMPETENCIA
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Controversia Constitucional, conforme a lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, 11, fracciones VI y VIII, 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(4) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; así como los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero, del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año y publicado el catorce de abril siguiente; por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
13. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
14. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:
“IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
El decreto número MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad 6334, de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por Cesantía en edad avanzada a Luis Reyna Pineda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio ...”.
15. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, se advierte que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
16. Tal determinación se encuentra en el artículo 2° del Decreto combatido, de manera que éste es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2° del Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro), de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, como efectivamente impugnado.
III. OPORTUNIDAD
17. La demanda de Controversia Constitucional fue presentada oportunamente conforme lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) el cual señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
18. En el presente caso, debido a que el Poder Judicial actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves uno de agosto al miércoles veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)
19. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de la materia y 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b) y m) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
20. Entonces, como se indicó, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de agosto de dos mil veinticuatro resulta claro que su presentación resultó oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. Esta Primera Sala advierte que la demanda fue presentada por parte legítima.
22. En efecto, Luis Jorge Gamboa Olea promovió la demanda en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(10) quien se encuentra legitimado para promover esta Controversia Constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia;(12) 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003.(14)
23. Lo anterior, porque de conformidad con los preceptos referidos, el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico a ese Poder, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
24. Esta Primera Sala considera que los demandados Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva.
25. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con legitimación, toda vez que en su representación acudió Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Morelos y cuya atribución para representar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa se prevé en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(15) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política de este Estado,(16) así como en el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de la entidad federativa, número 6351 (seis mil trescientos cincuenta y uno) ALCANCE, el dos de octubre de dos mil veinticuatro.(17)
26. Por otro lado, en cuanto al Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su representación compareció Jazmín Juana Solano López, Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, en la que consta su designación para el periodo que comprende del uno de septiembre de dos mil veinticuatro al treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en los artículos 32 y 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(18)
27. Como se aprecia, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer en este juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
28. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que se analizan las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.(19)
29. Promulgación y publicación. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala que es improcedente la presente Controversia Constitucional, toda vez que el actor no formula conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.
30. Esta Primera Sala considera que es infundado el motivo de improcedencia antes expuesto, puesto que de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(20) la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del Decreto combatido y, por ende, la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Sala.
31. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis de rubros: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”(21) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33289-b12de7ac/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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