I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] Y SERÁ CUBIERTA POR EL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS. INSTANCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO. EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN REFERIDAS, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO PRIMERO Y TERCER PÁRRAFO, Y EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE, EL PODER EJECUTIVO PODRÁ OTORGAR DICHA AMPLIACIÓN EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO FRACCIÓN VI DEL MISMO DECRETO DEL PRESUPUESTO [...]"). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 221/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 23 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto 1896 (mil ochocientos noventa y seis) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 (seis mil trescientos dieciocho), de doce de junio de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 221/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Secretario de Gobierno, todos de la citada entidad federativa.
2. En la demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 1896 (mil ochocientos noventa y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 (seis mil trescientos dieciocho), de doce de junio de dos mil veinticuatro, a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a Fernando Álvarez Mata, con cargo al presupuesto del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial de ese Estado, sin transferir los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica dicho Decreto pensionario.
3. Antecedentes. En la demanda el Poder actor señaló los siguientes:
a) El Poder Judicial actor, en el Anteproyecto del presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, solicitó para la operatividad y funcionamiento del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes la cantidad de $57,361,108.58 (cincuenta y siete millones trescientos sesenta y un mil ciento ocho de pesos 58/100) y, para el pago de pensiones y jubilaciones proyectadas para ese ejercicio, $5,689,153.10 (cinco millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y tres pesos 10/100).
b) Luego, el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6267 el Decreto número 1621 (mil seiscientos veintiuno), por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, asignándole al Tribunal Unitario un monto menor al requerido y sin contemplar una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, a pesar de haberla solicitado.
c) Al no etiquetar una partida presupuestal específica para el pago de pensiones, jubilaciones, haber de retiro y retiro voluntario de trabajadores al servicio del Tribunal Unitario, el Congreso estatal implícitamente lo constriñó a disponer de los recursos asignados para su gasto operativo, poniendo en riesgo su operatividad y funcionamiento.
d) De igual manera, la parte actora arguye un exorbitante aumento en el pago de pensiones del 312% y que, de continuar dicho aumento en el pago de las pensiones sin que se otorguen las partidas presupuestales, el Tribunal Unitario quedará prácticamente paralizado para ejercer sus funciones operativas.
e) Posteriormente, el doce de junio de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 (seis mil trescientos dieciocho), el Decreto número 1896 (mil ochocientos noventa y seis), a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a Fernando Álvarez Mata, con cargo al presupuesto del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos siguientes:
“DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CENSANTÍA EN EDAD AVANZADA A FERNANDO ÁLVAREZ MATA
ARTICULO 1°. – Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a FERNANDO ALVAREZ MATA, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca y en el Poder Ejecutivo ambos del Estado de Morelos; así como en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe de Seguridad.
ARTICULO 2°. – La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 75% del último salario mensual del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se haya separado de sus labores y será cubierta por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos. Instancia que deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 al 31 de diciembre de 2024, en términos del artículo Décimo Sexto párrafo décimo octavo. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten referidas, el Ente Público podrá solicitar una ampliación presupuestal en términos de lo establecido en el artículo vigésimo octavo primero y tercer párrafo, y en caso de resultar procedente, el Poder Ejecutivo podrá otorgar dicha ampliación en términos de lo establecido en el artículo décimo Segundo fracción VI del mismo Decreto de Presupuesto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley;
[...]”
f) Aunado a lo anterior, se suman tres pensiones más que el Congreso otorgó en el año dos mil veintitrés, sin que haya autorizado la partida presupuestaria respectiva, lo que motivó al Tribunal Unitario a solicitar cuatro ampliaciones presupuestales.
g) Así, el cuatro de julio de dos mil veinticuatro, la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo estatal autorizó la ampliación solicitada para el pago de la pensión otorgada a Fernando Álvarez Mata, sin embargo, esa cantidad únicamente cubre el retroactivo y el pago de lo que restaba del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, por lo que no garantiza los subsecuentes ejercicios fiscales.
4. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 17, 49, 116, párrafo primero, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127, fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 109-Quater, párrafo quinto, y 131 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
5. La parte actora planteó, como único concepto de invalidez, lo que a continuación se sintetiza:
• Aduce que el decreto impugnado viola el principio de división de poderes y la autonomía de gestión presupuestal consagrada en los artículos 17, 49 y 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción Xl, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.
• Sostiene que, el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes es depositario del Poder Judicial del Estado al igual que el Tribunal Superior de Justicia; por lo que, el decreto impugnado afecta la independencia del Poder Judicial estatal, al obligar al Tribunal Unitario a pagar una pensión por cesantía en edad avanzada y disponer de los recursos financieros de otro poder.
• La autonomía en la gestión presupuestal, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia; por lo que, los lineamientos para la solicitud de ampliaciones presupuestales previstos en el artículo 2°, del Decreto 1896 (mil ochocientos noventa y seis), constituyen un acto de subordinación porque obligan al Tribunal Unitario a obtener los recursos necesarios para cubrir la pensión mediante la solicitud de la ampliación presupuestal ante el Poder Ejecutivo estatal, lo que además implica que el Congreso local no garantiza el pago de la pensión decretada.
• Por otra parte, el artículo Vigésimo Octavo del Decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno) por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, condiciona el otorgamiento de la ampliación presupuestal a que la solicitud de ampliación se encuentre debidamente justificada, que no se cuente con recursos suficientes para el cumplimiento de determinada obligación y, proponer la fuente de ingresos para su autorización, pudiendo el Poder Ejecutivo rechazar tal solicitud; de esta manera, los recursos económicos necesarios para solventar tal obligación están supeditados a la decisión de la Secretaría de Hacienda, constituyendo un acto de subordinación por parte del Ejecutivo.
• Finalmente, refiere que el Poder Legislativo local debe hacerse cargo del pago de la pensión con cargo al presupuesto general del Estado u otorgar los recursos necesarios, pero no subordinar al Tribunal Unitario a la obtención de dichos recursos.
6. Trámite. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que se le asignó el número 221/2024 y turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.
7. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de ese Estado, por tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; quienes no formularon opinión en el presente asunto.
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido por vía electrónica el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejero Jurídico, dio contestación a la demanda, en la que hizo valer una causa de improcedencia y formuló argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales, en esencia, consisten en lo siguiente:
Causa de improcedencia
• El Poder Ejecutivo Estatal estima que los actos relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, que son los únicos actos que le resultan atribuibles, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en la Constitución Federal y Estatal y demás normativa en la materia, sin que dichos actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios.
Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado
• Considera que resulta infundado que se viole lo dispuesto en los numerales, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a),126 y 127, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 109 quater, párrafo quinto y 131, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• Además, señala que el Poder actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus exservidores públicos, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, porque anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el Presupuesto de Egresos anual.
• Sostiene que el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado.
• Señala que el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, precisando que dentro del artículo Décimo Sexto se asigna al Poder Judicial del Estado los recursos necesarios que deberán utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos y demás obligaciones que en general deba cumplir.
• Asimismo, con independencia del Presupuesto asignado se hace del conocimiento que, la Secretaría de Hacienda Estatal autorizó ampliaciones presupuestales para cumplir con el pago de decretos de pensión en favor del Poder Judicial por la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100).
• Por lo anterior, el Poder actor cuenta con un presupuesto mayor para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, por lo que, con base en su autonomía financiera, tiene la obligación de instrumentar mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento a sus obligaciones financieras.
• Finalmente, indica que se debe considerar que el Ejecutivo Estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el Poder Judicial local con sus jubilados.
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. A través del escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de este Alto Tribunal, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de manera extemporánea,(1) ya que el plazo otorgado feneció el treinta de octubre de dos mil veinticuatro, haciendo valer una causa de improcedencia y diversos argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales se sintetizan a continuación:
Causa de improcedencia
• El Poder Legislativo del Estado plantea que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal por falta de interés legítimo del Poder actor, pues considera que el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones de ese Poder Judicial, de conformidad con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Aduce que con la expedición del Decreto número 1896 (mil ochocientos noventa y seis) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 (seis mil trescientos dieciocho), el doce de junio de dos mil veinticuatro, no se pretende de forma alguna disponer de manera directa de los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, por lo que, con base en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, constitucional, 40, fracción XX, de la Constitución Política local y 54, fracción VII, así como 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen a los Trabajadores del Gobierno Estatal, con lo cual de ninguna forma se invade la autonomía presupuestaria, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento.
Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado
• El Poder Legislativo señala que, ante la facultad otorgada por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Congreso del Estado le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.
• Refiere que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés se previeron asignaciones para el Poder Judicial, entre ellas, una partida presupuestaria específica para pensiones y jubilaciones.
• Para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro a la fecha se han realizado asignaciones al Tribunal Superior de Justicia del Estado y se han autorizado ampliaciones presupuestales destinadas para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.
• Asimismo, en dos mil veintitrés se autorizó una ampliación presupuestal al Poder Judicial del Estado de Morelos para el fortalecimiento del Fondo de Pensiones destinado al pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales. Por lo que con ello se evidencia que el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
• De igual manera en dos mil veinticuatro, además de la partida presupuestal asignada, se autorizaron diversas ampliaciones presupuestales destinadas a la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo, a fin de que dicho Poder cumpla con sus obligaciones de pago.
• Por último, menciona que, al haber otorgado la partida destinada para el pago de la pensión controvertida, de ninguna manera se transgrede en perjuicio de la parte actora el principio de autonomía en la gestión presupuestal; toda vez que, el otorgamiento de una partida suficiente para el pago de las pensiones no constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones del Poder Judicial local.
10. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el quince de enero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra instructora, mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal.
12. Es así que, por acuerdo de veinticuatro de marzo siguiente, emitido por la Ministra Presidenta de esta Primera Sala, se determinó el avocamiento para conocer de la presente controversia constitucional, por lo que ordenó devolver los autos a la ponencia de la Ministra instructora.
I. COMPETENCIA
13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Controversia Constitucional, conforme a lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, 11, fracciones VI y VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(5) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; así como con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero, del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año y publicado el catorce de abril siguiente; por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto. II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
14. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
15. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló lo siguiente:
“a) Acto cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.
Se reclama la invalidez del Decreto número mil ochocientos noventa y seis (1896), que fue publicado el 12 de junio de 2024, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, del Gobierno del Estado de Morelos, 6a. Época, número 6318 Alcance; porque mediante dicho decreto, el Poder Legislativo estatal otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a Fernando Álvarez Mata, a razón del 75% de su último salario mensual a partir del día siguiente a aquel en que se haya separado de sus labores y que será cubierto por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos.
Específicamente, se solicita la invalidez de la porción normativa del artículo 2° de dicho decreto pensionario [...]”
16. No obstante, de la lectura integral y sistemática de la demanda, se advierte que el Poder Judicial del Estado de Morelos se duele, sustancialmente, de que el Poder Legislativo demandado, de manera unilateral otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona con cargo a su presupuesto, sin brindarle intervención alguna, sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con dicha obligación y establecer diversos lineamientos, con lo que se vulnera su autonomía y el principio de división de poderes.
17. Tal determinación se encuentra únicamente en una porción del artículo 2º y no en todo el Decreto 1896 (mil ochocientos noventa y seis). En consecuencia, se tiene como acto efectivamente impugnado la porción normativa del artículo 2° del Decreto número 1896 (mil ochocientos noventa y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 (seis mil trescientos dieciocho), de doce de junio de dos mil veinticuatro, cuyo contenido es el siguiente:
“DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CENSANTÍA EN EDAD AVANZADA A FERNANDO ÁLVAREZ MATA
[...]
ARTICULO 2°. – La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 75% del último salario mensual del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se haya separado de sus labores y será cubierta por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos. Instancia que deberá realizar el pago en forma mensual, del Presupuesto otorgado en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 al 31 de diciembre de 2024, en términos del artículo Décimo Sexto párrafo décimo octavo. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten referidas, el Ente Público podrá solicitar una ampliación presupuestal en términos de lo establecido en el artículo vigésimo octavo primero y tercer párrafo, y en caso de resultar procedente, el Poder Ejecutivo podrá otorgar dicha ampliación en términos de lo establecido en el artículo décimo Segundo fracción VI del mismo Decreto de Presupuesto, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. [...]”.
III. OPORTUNIDAD
18. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) el cual señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
19. En el presente caso, debido a que el Poder Judicial actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, el doce de junio de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves trece de junio al nueve de agosto de dos mil veinticuatro.(9)
20. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b) y m) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
21. Entonces, como se indicó, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de agosto de dos mil veinticuatro, su presentación resultó oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
22. Esta Primera Sala advierte que la demanda fue presentada por parte legítima.
23. En efecto, Luis Jorge Gamboa Olea promovió la demanda en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(11) quien se encuentra legitimado para promover esta controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(12) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia;(13) 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(14) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003.(15)
24. Lo anterior, porque de conformidad con los preceptos referidos, el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico a ese Poder, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.
25. No pasa inadvertido para esta Primera Sala que en el decreto impugnado se precisó que la pensión será cubierta por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, no obstante, en términos del artículo 86(16) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos ese Tribunal es un órgano que integra al Poder Judicial de la entidad, por lo que como quedó precisado corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia promover la presente controversia constitucional.
26. No es óbice para lo anterior que el artículo 11, fracción I,(17) de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes otorgue a su Magistrado la representación institucional de dicho órgano, puesto que, éste, por sí, no es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, de conformidad con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, no obstante, al ser un órgano integrante del Poder Judicial del Estado de Morelos, éste es el ente legitimado para promover el presente medio de impugnación en contra de la porción normativa del Decreto combatido, como ha quedado precisado.
27. En términos similares se resolvieron las controversias constitucionales 167/2018(18) y 157/2019.(19)
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
28. Esta Primera Sala considera que los demandados Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva.
29. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con legitimación, toda vez que en su representación acudió Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Morelos y cuya atribución para representar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa se prevé en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(20) en relación con el numeral 74 de la Constitución Política de este Estado,(21) así como con el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Li
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33492-97bfa2d6/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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