I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ..."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL S
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 268/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE MARZO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
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México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 268/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de su Magistrado Presidente, en la cual, se demandó la invalidez del decreto mil setecientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6343 de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES
1. 1.1. ANTECEDENTES. De su escrito de demanda, se desprende que el Poder Judicial del Estado de Morelos, manifiesta lo siguiente:
• Que en cada ejercicio fiscal la parte actora, ha remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos su anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada; sin embargo, no se ha respetado dicho proyecto, dado que el Legislativo ha autorizado única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.
• Se publicó en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, el decreto número mil ciento cinco, en el cual se autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial la cantidad de $********** moneda nacional), distribuida dicha cantidad, en los siguientes rubros: a) Tribunal Superior de Justicia del Estado $********** moneda nacional); b) Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia $********** moneda nacional); y c) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes $********** moneda nacional.
• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 6155 el Decreto quinientos setenta y nueve por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal que comprende del 1 enero al 31 de diciembre de 2023. Asignando al Poder Judicial la cantidad de $********** (moneda nacional),(1) de los cuales $********** (moneda nacional) pero acotado al pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al dos mil veintidós; por lo que, únicamente se consideró la carga del personal en retiro vigente sin contemplar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u asuntos controvertidos.
• El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 6267 el Decreto mil seiscientos veintiuno por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos por el Ejercicio Fiscal que comprende del 01 enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. Asignando al Tribunal Superior la cantidad de $********** (moneda nacional), de los cuales $********** (moneda nacional) para el pago de pensiones, jubilaciones, haber de retiro y retiro voluntario.
• El cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6343 del Estado de Morelos, el decreto mil setecientos sesenta y seis, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a *********, en los términos siguientes:
DECRETO DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN
[...] DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********
ARTÍCULO 1. Se concede Pensión por Jubilación a *********, quien presto sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de Analista a la Sala del Tercer Circuito Judicial, con Residencia en Cuautla, Morelos.
ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 80 % del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos: 55, 56 y 58 fracción II, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.—Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad."
SEGUNDO.—El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
TERCERO.—Para estar en condiciones de solicitar al Poder Ejecutivo Estatal, la asignación y transferencia de recursos para el pago de la pensión, a través de la Dirección Jurídica requiérase al Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que informe a este Poder Legislativo la cantidad Necesaria para el pago de la pensión respectiva.
CUARTO.—Póngase a consideración del Pleno el presente decreto emitido en cumplimiento a la solventación de las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al Decreto número Mil Setecientos Sesenta y Seis (1766); por el que se concedió pensión por Jubilación a **********, ello, para los efectos legales procedentes.
Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria de Pleno del diez de julio de dos mil veinticuatro. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, secretaria. Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a los treinta días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO SAMUEL SOTELO SALGADO RÚBRICAS.
2.1.2. DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El diez de septiembre de dos mil veinticuatro, Luis Jorge Gamboa Olea, en su calidad de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; en la cual, planteó la invalidez de los artículos 2 y 3 del Decreto Número Mil Setecientos Sesenta y Seis, transcrito en el resultando anterior, emitido por el Congreso, refrendado por el Secretario de Gobierno y promulgado y publicado por el titular del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.
3. 1.3. CONCEPTO DE INVALIDEZ. En el único concepto de invalidez, el Poder Judicial actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:
CONCEPTO DE INVALIDEZ
• El decreto impugnado vulnera en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Morelos los artículos 49, 116 fracciones II y III, 123 apartado B fracción XI inciso a) y 127 de la Constitución Federal y los artículos 32 párrafo séptimo, 83, 92-A fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al invadir su autonomía en la gestión presupuestal.
• La autonomía de gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia. Esta tiene fundamento en el artículo 17 constitucional el cual establece la garantía para una administración de justicia expedita, y en la obligación de los poderes legislativos federal y local a garantizar la independencia, lo que en el particular no ocurre con el decreto impugnado, pues el Congreso dispone de manera directa de los recursos financieros del Poder actor, quien tiene la facultad de disponer de sus propios recursos financieros, y quien no tuvo intervención alguna en el decreto impugnado.
• En el decreto se señala que la pensión será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respetivas de los ejercicios subsecuentes.
• El Congreso pasó por desapercibido que no se contempla partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la Corte y en este anexo en la partida de pensiones y jubilaciones se otorgó $********** (moneda nacional) misma que apenas es suficiente para cubrir el pago de pensiones otorgadas previamente por el Congreso vigentes al mes de julio de dos mil veintitrés.
• Se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que con el decreto impugnado se pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso local.
• Además, resulta evidente la intromisión del Poder Legislativo del Estado de Morelos, al determinar el pago de una pensión con cargo al erario y en la partida de pensiones a cargo del Poder Judicial, sin ampliar a la par el presupuesto a la medida de lo necesario para cubrir la pensión a que alude el decreto impugnado, lo que motivó a solicitar formalmente un aumento para poder cubrir el pago de dichas pensiones, haciendo el Poder Legislativo caso omiso a tal petición.
• Por ello, el Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial de dicha entidad, pues mediante el decreto reclamado determinó otorgar una pensión por jubilación a **********, entrometiéndose en la disposición del presupuesto de la judicatura local, lo que supone de facto una relación de subordinación, aunado a que no concedió una ampliación presupuestal.
4. 1.4. TRÁMITE. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente; registrarlo bajo el número 268/2024; y, turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
5. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos.
6. 1.5. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contestó la demanda. El doce de noviembre de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso de Morelos presentó la contestación de la demanda.
7. 1.6. OPINIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
8. 1.7. AUDIENCIA Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El ocho de enero de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos y; por acuerdo de nueve de enero siguiente, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. 1.8. AVOCAMIENTO. El veintidós de enero de dos mil veinticinco, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional.
11. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) y, 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en términos del artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(5) del Acuerdo General Número 1/2023, modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad, del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas.
III. FIJACIÓN DE LA LITIS
12. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
13. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:
TRANSCRIPCIÓN DEL APARTADO IV. DE LA DEMANDA
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
El decreto número MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6343 de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024, como más adelante se precisará.
14. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda, se advierte, en específico, del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
15. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2o.; y, no en el artículo 3o.; y, es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2o. del Decreto mil setecientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6343, de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, como acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
16. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.
17. En el presente caso, debido a que el Poder actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, en el Decreto mil setecientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6343, de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del diecisiete de septiembre al veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro.(7)
Ver calendario
18. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el diez de septiembre de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
V. LEGITIMACIÓN
19. V.1. LEGITIMACIÓN ACTIVA. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla. El Poder Judicial del Estado de Morelos, compareció por conducto de Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.(8)
20. El Magistrado Presidente se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) así como 34 y 35, fracción I,(10) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(11)
21. V.2. LEGITIMACIÓN PASIVA. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y no se tuvo como demandado en el acuerdo de 23 de septiembre de 2024 al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa en razón de que, se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal.
22. De conformidad con la fracción II, del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(12) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
23. Así, el Poder Ejecutivo es representado por el Consejero Jurídico Edgar Antonio Maldonado Ceballos; (13)y, el Poder Legislativo es representado por la Diputada Jazmín Juana Solano López, Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
24. Así, dichos funcionarios están legitimados para comparecer en la presente controversia constitucional, el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II, del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(14)
25. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
26. Lo anterior, se advierte de la sesión de junta previa del veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, en donde consta su designación como Presidenta de la Mesa Directiva. 27. En esas condiciones, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, la Presidenta de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(15)
28. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
29. Antes de entrar al estudio de fondo, resulta necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir esta Sala.
30. VI.1. El Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el poder actor no le atribuye algún acto de forma directa; es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.
31. Deben desestimarse los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido; y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
32. VI.2. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
33. Lo anterior, al estimar que la expedición del decreto impugnado no le provoca afectación alguna al Poder Judicial actor; y, por tanto, carece de interés legítimo para promover el presente medio de control de constitucionalidad.
34. Ello, debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(16)
VII. ESTUDIO DE FONDO
35. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2o. del Decreto mil setecientos sesenta y seis, por medio del cual el Congreso local otorgó una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial, imponiéndole la obligación de pagarla a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe voluntariamente de sus labores que debe ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. La porción combatida es del tenor literal siguiente:
DECRETO DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN
DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A ********
[...] ARTÍCULO 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 80 % del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos: 55, 56 y 58 fracción II, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. [...]
36. El planteamiento de invalidez desarrollado por el Poder Judicial del Estado de Morelos es fundado. Esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales(17) relativas al otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
37. En dichos asuntos se ha procedido estableciendo los fundamentos constitucionales pertinentes (A); para, enseguida, analizar con ellos el decreto combatido (B). En el presente asunto se seguirá la misma metodología.
A. Parámetro de regularidad constitucional.
38. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Federal,(18) en donde se establece que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que se puedan reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
39. El Tribunal Pleno ha señalado que el principio de división de poderes está contenido en una norma constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas. Por esta razón, existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías reconocidos constitucionalmente.(19)
40. Además, se ha establecido que, para respetar tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar los mandatos prohibitivos de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(20)
41. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave, pues implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, sometiéndose a la voluntad del poder que lo subordina.
42. Además, el Tribunal Pleno ha sostenido que la autonomía de la gestión presupuestal de los poderes judiciales locales, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal(21) constituye una condición necesaria para que estos poderes ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.
43. Así, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia de los poderes judiciales locales, misma que no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes sin que ello derive en una violación al principio de división de poderes.(22)
B. Análisis del caso concreto.
44. De la lectura del artículo 2o. del Decreto mil setecientos sesenta y seis impugnado, esta Primera Sala observa que, en efecto, la pensión por jubilación se otorga de manera unilateral por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al erario del Poder Judicial actor. De esta manera, la legislatura estatal establece el destino de una parte del presupuesto de la rama judicial, pues dispone de recursos ajenos para el pago de dicha pensión sin darle intervención al poder que debiera hacer la provisión económica respectiva.(23)
45. Así, con la emisión del Decreto mil setecientos sesenta y seis, el Congreso del Estado lesionó la independencia del Poder Judicial en el nivel más grave, es decir, en el de la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos, pues el hecho de que la legislatura local sea la instancia que decida si procede otorgar una pensión por jubilación resulta contraria al artículo 116 constitucional, toda vez que sólo el Poder Judicial es quien debe administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto.
46. El Tribunal Pleno ha sostenido(24) que, conforme al artículo 116, fracción VI de la Constitución Federal(25) las legislaturas estatales son las encargadas de emitir las leyes que deben regir las relaciones de trabajo entre el estado y sus trabajadores.
47. Por ello, si en las normas locales se prevé lo relativo a los temas de seguridad social, como lo son las pensiones, se cumple así con el mandato del artículo 127, fracción IV constitucional.(26) No obstante, esto no implica que los órganos legislativos deban otorgar directamente las pensiones, ya que no deben dirigir de manera unilateral los recursos ni determinar las pensiones de otros poderes del Estado.
48. Debido a que no es parte de la litis, no se estudia en el presente fallo el sistema legal de pensiones del Estado de Morelos; pero ello, no implica que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje de advertir que la posibilidad de que el Congreso local sea la instancia que determine, calcule y otorgue de manera unilateral una pensión con cargo al presupuesto de otro poder es un aspecto que puede transgredir la autonomía de otros poderes o incluso de otros órdenes jurídicos.
49. Por otro lado, se desestima lo que señalan los poderes demandados, en la parte que manifiestan que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro se asignó al Poder Judicial del Estado de Morelos una partida con los recursos necesarios para las pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo; ello, en razón de que el hecho mismo de que el Congreso local otorgue la pensión es, per se,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33609-31740f1b/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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