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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR QUE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA, EN TANTO QUE ÉSTE HIZO VALER OTRAS POSIBLES AFECTACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL, MÁXIME QUE NO HAY DETERMINACIÓN POR LA QUE SE HAYA REVOCADO TAL DECRETO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE INDICA QUE: "Y SERÁ CUBIERTO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES,".). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO D

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 223/2024. · Registro digital (IUS): 33397
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.527.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 223/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

V I S T O S los autos para resolver la controversia constitucional 223/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en la cual se demandó la invalidez del decreto mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6334, de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Antecedentes del acto impugnado. Del escrito de demanda, se desprende que el Poder Judicial del Estado de Morelos, manifiesta lo siguiente:

• Que en cada ejercicio fiscal la parte actora, ha remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada, sin embargo, no se ha respetado dicho proyecto, dado que el Poder Legislativo del Estado ha autorizado única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.

• Es el caso que el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés se publicó el decreto mil seiscientos veintiuno por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal para el año dos mil veinticuatro, en el que se advierte que se aprobó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la cantidad de $**********(********** de pesos **********/100 m.n.) de los cuales $********** (********** pesos **********//100 m.n.) están destinados para pensiones y jubilaciones y personal de retiro voluntario

• El veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 del Estado de Morelos, el decreto mil novecientos ochenta y cinco, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determinó otorgar pensión por Jubilación a **********, en los términos siguientes:

“ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por Jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Capturista al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado.

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores, y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones, y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley."

2. SEGUNDO. Demanda de la controversia constitucional. El catorce de agosto de dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, una demanda de controversia constitucional promovida por Luis Jorge Gamboa Olea, ostentándose como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en la cual planteó la invalidez del decreto mil novecientos ochenta y cinco, transcrito en el resultando anterior, emitido por el Congreso, refrendado por el Secretario de Gobierno y promulgado y publicado por el titular del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.

3. TERCERO. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez, el actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:

a) El decreto impugnado contraviene los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución local, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.

b) Sostiene que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva y en este asunto no sucedió así, ya que el monto asignado en la partida presupuestal correspondiente es apenas suficiente para cubrir las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso sin considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos.

c) Afirma que si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación, lo cierto es que, para que se les conceda mediante decreto, no basta la presunción de que existe una partida para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado, la partida destinada a pensiones necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada se debe encontrar garantizada por quien la expide, por estar comprendida dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente o porque exista una bolsa adicional a la que comprende a los jubilados anteriores, o porque, al momento de emitirse el decreto, se ordene el aumento o transferencia en la misma proporción en que deba cubrirse el referido gasto.

d) Refiere que el propósito del asunto no es que se excluya al poder actor de la decisión de a quiénes, en su carácter de trabajadores, debe concederse una pensión, sino que se le otorgue suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.

e) Sostiene que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, el cual resulta insuficiente. Además de que, a su juicio, la orden reclamada implica una subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo estatal.

f) Por otro lado, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los autorizados en el presupuesto anualizado, es decir, no percibe ningún ingreso extra que le permita hacer frente integral a las cargas impuestas de modo extraordinario al gasto ordinario programado.

g) Finalmente, el Congreso del Estado transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial al expedir el Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno) toda vez que, uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro

4. CUARTO. Trámite. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrarlo bajo el número 223/2024 y turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

5. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos y no tuvo como demandado al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa debido a que se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal.

6. QUINTO. Contestaciones de demanda. El seis de enero del dos mil veinticinco, el Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo, contestó la demanda y el ocho siguiente, el Congreso del Estado, por medio de la diputada presidenta de la mesa directiva, lo hizo.

7. SEXTO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

8. SÉPTIMO. Audiencia y cierre de instrucción. El diecinueve de febrero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos; el veinticuatro siguiente se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la radicación del expediente a esta Primera Sala, para que el Ministro Instructor, se avocara a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

9. OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud del Ministro instructor, por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinticinco, la Primera Sala de este Alto Tribunal, se avocó para conocer del presente asunto.

C O N S I D E R A N D O:

10. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(2) aplicable en términos del Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(3) en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(4) del Acuerdo General Número 1/2023 modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad, del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas.

11. SEGUNDO. Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.

12. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:

“IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:

El decreto número MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6334, de VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, por el que se concede pensión por Jubilación a ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2024...”

13. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte, en específico, del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por Jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.

14. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2° y es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2° del Decreto mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334, de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, como acto impugnado.

15. TERCERO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.

16. En el presente caso, debido a que el Poder actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334, de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del primero de agosto al veinticinco de septiembre del dos mil veinticuatro.(5)

17. Consecuentemente, dado que la demanda se recibió el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.

18. CUARTO. Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(6) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

19. El Poder Judicial del Estado de Morelos, compareció por conducto de Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.(7)

20. El mencionado Magistrado Presidente se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h),constitucional; 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) así como 34 y 35, fracción I,(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(10)

21. QUINTO. Legitimación pasiva. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y no se tuvo como demandado al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa en razón de que, se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal.

22. De conformidad con la fracción II, del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(11) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.

23. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

24. Así, el Poder Ejecutivo es representado por el Consejero Jurídico Edgar Antonio Maldonado Ceballos; y, el Poder Legislativo es representado por la Diputada Jazmín Juana Solano López, Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

25. Así, dichos funcionarios están legitimados para comparecer en la presente controversia constitucional, el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(12)

26. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

27. En esas condiciones, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, la Presidenta de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(13)

28. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.

29. SEXTO. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo, resulta necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir este Alto Tribunal.

30. La Consejería Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo, del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el poder actor no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

31. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(14)

32. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de la materia,(15) porque la expedición del decreto impugnado no le provoca afectación alguna al Poder Judicial actor y, por tanto, carece de interés legítimo para promover el presente medio de control de constitucionalidad.

33. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99 de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(16)

34. Asimismo, el Poder Ejecutivo local aduce que la controversia constitucional debe sobreseerse en términos del artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Poder Judicial actor cuenta con recursos suficientes para el pago del decreto jubilatorio impugnado, ya que en el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro se han realizado diversas ampliaciones presupuestales a su favor para el cumplimiento de esa obligación, de modo que al alcanzarse el fin perseguido por el órgano jurisdiccional, debe sobreseerse por cesación de efectos.

35. Este argumento también es infundado, pues si bien es cierto que el Poder Judicial actor aduce en su demanda que no se le han dado los recursos suficientes para cumplir con la imposición de pagar a quien fue uno de sus trabajadores la pensión contenida en el Decreto impugnado, también lo es que ese alegato solo es una parte de su argumentación para sostener la violación a su autonomía en la gestión presupuestal, reclamo respecto del cual es enfático en que se invaden sus facultades constitucionales porque el Poder Legislativo demandado se entromete indebidamente en sus decisiones financieras. 36. Por tales razones, el planteamiento del Poder Ejecutivo local no es suficiente para sobreseer la presente controversia constitucional, máxime que no se tiene acreditada determinación alguna por la cual se haya revocado el Decreto impugnado. Además, la ampliación presupuestal referida por el Ejecutivo demandado solo está referida al ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, mientras que la porción normativa efectivamente impugnada tiene una proyección temporal que también abarca ejercicios fiscales subsecuentes.

37. En términos similares esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en las controversias constitucionales 40/2024, 123/2024 y 160/2024.

38. En ese sentido, al haber sido desestimados los planteamientos de improcedencia hechos valer y al no advertirse de oficio alguna causa, se procede al análisis del fondo del asunto.

39. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El Poder actor demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2º del Decreto mil novecientos ochenta y cinco, por medio del cual el Congreso local otorgó una pensión por Jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial, imponiéndole la obligación de pagarla a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe voluntariamente de sus labores en razón de que, dicha pensión tiene cabida en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

40. El planteamiento de invalidez desarrollado por el poder accionante es fundado. Esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales(17) relativas al otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial del mismo Estado. En dichos asuntos se ha procedido estableciendo los fundamentos constitucionales pertinentes (A), para enseguida analizar con ellos el decreto combatido (B), y, en el presente asunto se seguirá la misma metodología.

41. A. Parámetro de regularidad constitucional. El principio de división de poderes en el caso de las entidades federativas está previsto en el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Federal,(18) en donde se establece que el poder público de las entidades federativas se dividirá para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que se puedan reunir dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

42. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de división de poderes está contenido en una norma constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas. Por esta razón, existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías reconocidos constitucionalmente.(19)

43. Además, se ha establecido que, para respetar tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar los mandatos prohibitivos de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(20)

43. Al respecto, la intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave, pues implica que un poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, sometiéndose a la voluntad del poder que lo subordina.

44. Además, el Tribunal Pleno ha sostenido que la autonomía de la gestión presupuestal de los poderes judiciales locales, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal(21) constituye una condición necesaria para que estos poderes ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.

45. Así, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia de los poderes judiciales locales, misma que no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes sin que ello derive en una violación al principio de división de poderes.(22)

46. B. Análisis del caso concreto. De la lectura del artículo 2° del Decreto mil novecientos ochenta y cinco, esta Primera Sala observa que, en efecto, la pensión por Jubilación se otorga de manera unilateral por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al erario del Poder Judicial actor. De esta manera, la legislatura estatal establece el destino de una parte del presupuesto de la rama judicial, pues dispone de recursos ajenos para el pago de dicha pensión sin darle intervención al poder que debiera hacer la provisión económica respectiva.(23)

47. Así, con la emisión del Decreto mil seiscientos setenta y dos, el Congreso del Estado de Morelos lesionó la independencia del Poder Judicial de dicho Estado en el nivel más grave, es decir, en el de la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos, pues el hecho de que la legislatura local sea la instancia que decida si procede otorgar una pensión por Jubilación resulta contraria al artículo 116 constitucional, toda vez que sólo el Poder Judicial del Estado de Morelos es quien debe administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto.

48. El Tribunal Pleno ha sostenido(24) que, conforme al artículo 116, fracción VI de la Constitución Federal(25) las legislaturas estatales son las encargadas de emitir las leyes que deben regir las relaciones de trabajo entre el estado y sus trabajadores. Por ello, si en las normas locales se prevé lo relativo a los temas de seguridad social, como lo son las pensiones, se cumple así con el mandato del artículo 127, fracción IV constitucional.(26) No obstante, esto no implica que los órganos legislativos deban otorgar directamente las pensiones, ya que no deben dirigir de manera unilateral los recursos ni determinar las pensiones de otros poderes del Estado.

49. Debido a que no es parte de la litis, no se estudia en el presente fallo el sistema legal de pensiones del Estado de Morelos pero ello, no implica que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje de advertir que la posibilidad de que el Congreso local sea la instancia que determine, calcule y otorgue de manera unilateral una pensión con cargo al presupuesto de otro poder es un aspecto que puede transgredir la autonomía de otros poderes o incluso de otros órdenes jurídicos.

50. Por otro lado, se desestima lo que señala el Ejecutivo Local, en la parte que manifiesta que el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6267 (seis mil doscientos sesenta y siete), el Decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno), mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro y que en él se asignó al Poder Judicial del Estado de Morelos una partida con los recursos necesarios para las pensiones y las controversias constitucionales; como que mediante los oficios ********* de diecisiete de octubre y ********* de veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veintitrés, se autorizó una ampliación presupuestal al Poder Judicial actor para el fortalecimiento del fondo de pensiones destinado al pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales.

51. Lo anterior en razón de que el hecho mismo de que el Congreso local otorgue la pensión es, per se, el acto que causa la invalidez, con independencia de si la partida prevista es idónea y suficiente.

52. Finalmente, esta Primera Sala no pasa inadvertido que en su contestación de la demanda el Poder Legislativo del Estado de Morelos manifestó que el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés se autorizó una ampliación presupuestal para el Poder Judicial del Estado de Morelos por la cantidad de $********** (********** de pesos *********/100 M.N.), para fortalecer el Fondo de Pensiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

53. Por todo lo expuesto, resulta fundado el planteamiento de invalidez propuesto por la parte actora y, por tanto, se declara la invalidez parcial del Decreto 1985 (mil novecientos ochenta y cinco), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trecientos treinta y cuatro), de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por el que se concede pensión por jubilación a una persona trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción del artículo 2º impugnado, que indica:

“y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33397-43b5cf20/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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