CERTIFICACIONES DE DOMICILIOS EXPEDIDAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES, CARECEN DE VALOR SI NO INDICAN LA FUENTE DE QUE FUERON TOMADAS.
AMPARO EN REVISION 250/95. MARCO ANTONIO AYALA VAZQUEZ.
CONSIDERANDO: TERCERO.- Son infundados e inoperantes los transcritos agravios, como se verá más adelante.
En el primero de ellos aduce el ahora recurrente la ausencia de fundamentación legal en la desestimación de la constancia extendida por el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán (foja 36), pues cuando se trata incluso de documentos privados provenientes de tercero que no son objetados por la contraria, como ocurriría en la especie, debe otorgárseles valor probatorio; que el juez de Distrito omite señalar el fundamento de que la "certificación se encuentra expedida sobre asuntos ajenos a las funciones" del aludido secretario municipal, cuando que conforme a los artículos 2o., 11 y 62, fracción III de la Ley Orgánica Municipal, la vecindad y el domicilio de las personas no son cuestiones ajenas a las autoridades municipales, por lo que si el referido funcionario está facultado para expedir esa clase de certificaciones, la desestimación de la prueba resulta equivocada.
No asiste razón en lo antes argumentado, porque si bien el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, reflejada en la asociación de vecindad constituida por vínculos legales fincados en el domicilio, siendo los Ayuntamientos en cuanto órganos colegiados de elección popular directa los encargados del Gobierno Municipal, y que el secretario municipal tiene la facultad de expedir las copias, credenciales y demás certificaciones de acuerdos del Ayuntamiento, entre otras, según los preceptos invocados en el agravio a examen; también lo es que dichos numerales en modo alguno autorizan al secretario municipal a extender certificaciones de vecindad sin basamiento en expedientes, registros o archivos que previamente existieren en el Ayuntamiento respectivo, como inexactamente lo pretende hacer notar el inconforme, toda vez que la facultad de expedir certificaciones a que alude el numeral 62, fracción III de la legislación en cita, no es absoluta, sino limitada a las que se obtengan de acuerdos tomados por el Ayuntamiento, situación ésta en la que no encaja la constancia que le extendiera el secretario municipal del Ayuntamiento de Morelia al quejoso el tres de julio del año en curso. De donde se sigue que como sólo tienen valor probatorio los testimonios y certificaciones que expidan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, de manera que no basta que la certificación la extienda una autoridad municipal, para que tenga validez plena como documento público, o privado que no es objetado por las partes como ahora se alega, es inconcuso que al no existir disposición legal que autorice a un secretario municipal a certificar el domicilio de un gobernado sin expresar el archivo, expediente o registro de donde obtiene esa información, o los medios empleados para recabarla, no puede otorgársele eficacia demostrativa por el solo hecho de no haber sido materia de objeción, atento a que las autoridades no pueden ejercer más atribuciones que las que expresamente les encomiendan las leyes.
En esa virtud, deviene intranscendente la circunstancia de que el resolutor de amparo olvidara apoyar su fundamentación en la norma o en la jurisprudencia, porque los razonamientos en que basó la desestimación de la prueba documental de cuenta, encuentra sustento en las jurisprudencias números 352 y 699, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1988, Segunda Parte relativa a Salas y Tesis Comunes, visibles en las páginas 596 y 1166, que respectivamente dicen: "CERTIFICACIONES OFICIALES.- Las certificaciones expedidas por las autoridades sobre asuntos ajenos a sus funciones, no tienen ningún valor jurídico, y para utilizar lo dicho por las autoridades en lo que no se refiere al ejercicio de sus funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho"; y "DOCUMENTOS PUBLICOS. CERTIFICACIONES DE DOMICILIOS EXPEDIDAS POR PRESIDENTES MUNICIPALES.- Las certificaciones expedidas por autoridades municipales sobre la existencia del domicilio de determinada persona, dentro de su jurisdicción territorial, sólo pueden acreditar de manera fehaciente ese hecho cuando se apoye en expedientes o registros que existieran previamente en los Ayuntamientos respectivos para que puedan ser considerados como constitutivos de documentos públicos con pleno valor legal probatorio."
Ahora bien, el hecho de que la parte tercero perjudicada no objetara la constancia de mérito, de ninguna manera implica que el juzgador de amparo estuviese obligado a conferirle valor probatorio por ese motivo y menos lo imposibilitó para, de acuerdo con el arbitrio soberano que tiene de apreciar las pruebas en todo lo que está sometido a su autoridad decisoria, desestimarla con base en los principios de la lógica, de los cuales no puede apartarse nunca a fin de evitar errores y conseguir, en lo posible, que el criterio judicial no se extravíe en la búsqueda de la verdad; de ahí que la falta de objeción en nada le impedía invocar las razones en que hizo descansar la desestimación, precisamente porque la llevó a cabo con apoyo en el arbitrio judicial que tiene de valorar los medios de convicción y, sobre todo, porque las "objeciones" a que se refiere el recurrente ven en cuanto al valor probatorio del documento, mas no en cuanto a su autenticidad y firma, en cuyo caso sí sería atendible y necesaria la objeción por parte de la contraria del oferente de la prueba, a efecto de que desahogara las tendientes a acreditar su autenticidad o falsedad en su caso, lo cual no aconteció en el particular; y siendo así, es inexacto que con el uso de tal arbitrio judicial el juez de amparo se convierta en parte, o rompa con ello el equilibrio procesal que rige a todo procedimiento judicial, y menos puede establecerse que en la especie sea aplicable la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia que se invoca al respecto en el primer agravio, pues la misma está dada para el caso de determinar la oportunidad en la objeción de la prueba documental en el juicio de garantías y el trámite que debe seguir.
En lo que hace al segundo agravio esgrimido, es de concluirse en su inoperancia por lo siguiente:
Para desestimar el concepto de violación que adujo el quejoso en su demanda constitucional, consistente en que el emplazamiento se realizó en un domicilio que no era el suyo y en uno inexistente en Téjaro, Michoacán, además porque en el acta respectiva se asentó que era Distrito de Morelia, cuando que en la Ley Orgánica Municipal no existe ningún Municipio denominado Téjaro, de donde dedujo que tampoco pudo haber un domicilio conocido en ese lugar, el juez de Distrito estimó:
a) Que del acta combatida aparece que el actuario responsable se constituyó en el domicilio conocido en la población de Téjaro, Michoacán, Distrito de Morelia, lo cual resultaba verídico, mas no por eso concluía que tal domicilio era falso e inexistente, como pretendía el quejoso, en virtud de que del acta en cuestión no aparecía que dicho actuario señalara que la población se trataba de un Municipio; además de que el hecho de asentarse aquella leyenda no era razón para concluir que si no existe el Municipio de Téjaro, tampoco pudo haber un domicilio conocido en ese lugar y por ende era falso e inexistente el emplazamiento, porque era del conocimiento público que la población de Téjaro sí existe y corresponde al Municipio de Tarímbaro, Michoacán, el cual se encontraba comprendido como tal en el artículo 3o. de la Ley Orgánica Municipal, y el que a su vez pertenecía al Distrito de Morelia, de donde dedujo que la diligencia de emplazamiento no era violatoria de garantías en perjuicio del quejoso; y,
b) Que además el peticionario de amparo "no aportó pruebas suficientes e idóneas para demostrar la inexistencia de la población de Téjaro, Michoacán, ni del domicilio conocido en que se practicó la diligencia de referencia. Sin que pase desapercibido para este juzgado el hecho de que el quejoso nunca alega, y por lo mismo no acredita, que la persona con la que se entendió la diligencia multirreferida quien dijo llamarse Ma. Guadalupe Reyes G., no era su esposa o bien que no conozca a la misma."
Como puede verse, la cuestión de que se trata fue desestimada en base a dos consideraciones fundamentales, de las cuales el inconforme sólo combate la primera de ellas, de ahí que tomando en cuenta que a través de los agravios deben destruirse todos los argumentos en que se sustenta el fallo a revisión, como lo sostiene el más alto tribunal de la República en la jurisprudencia número 104, publicada en el Apéndice y parte citados, localizable en la página 175, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISION, DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de Distrito"; agravio que como antes se indicó, es de estimarse inoperante, por insuficiente, al sostener el recurrente que la identificación del domicilio se da por un orden lógico que deriva de la organización política y administrativa que establecen los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica Municipal, ya que para ello debe señalarse el domicilio seguido del Municipio y luego del Estado, de donde deduce que la cita de una población seguida del Estado, hace referencia al Municipio y si éste no existe, el emplazamiento practicado en él es ilegal, pues al asentar el actuario responsable la población en Téjaro, Michoacán, debería entenderse que Téjaro era el Municipio y Michoacán el Estado; que consideraba extraño el proceder del juez de Distrito al aludir que era del conocimiento público la existencia de la población de Téjaro, la que pertenecía al Municipio de Tarímbaro y éste al Distrito de Morelia, cuando que no reveló el fundamento legal ni el hecho de donde obtuvo tal conocimiento público y sí resultaba subjetivo el argumento, además de que con ello pretendió corregir el señalamiento de domicilio por el tercero perjudicado, lo cual no le estaba permitido.
Así, es indiscutible que tal inconformidad no contiene argumentaciones tendientes a demostrar la ilegalidad de la consideración por la que se estableciera que el quejoso no allegó a la controversia constitucional pruebas suficientes e idóneas para justificar la inexistencia de la población de Téjaro, Michoacán, ni del domicilio conocido en ese lugar, o que la persona con quien se entendiera la diligencia no fuera su esposa o no la conociese, y menos se exponen razonamientos jurídicos concretos por los que se ponga de manifiesto ante esta potestad federal que el ahora inconforme no estaba obligado a comprobar aquella inexistencia o el desconocimiento de la persona que dijo ser su esposa, motivo por el que ante la insuficiencia de los agravios expresados, lo que procede es confirmar en sus términos la sentencia que se revisa, conforme a diversa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice y parte citados, registrada bajo el número 116, consultable en la página 189, del rubro: "AGRAVIOS INSUFICIENTES."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia a revisión.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Ayala Vázquez contra los actos que reclamó del juez y actuario del Juzgado Segundo de lo Civil de esta capital, que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; publíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito: Salvador Enrique Castillo Morales, Juan Díaz Ponce de León y Raúl Murillo Delgado, habiendo sido relator el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3315-53127de5/certificaciones-de-domicilios-expedidas-por-autoridades-municipales-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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