I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. IX. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTO (SIC) POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; ..."]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTO (SIC) POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; ..."]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE LE SEA NOTIFICADA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 181/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 29 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 181/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete) mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona extrabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El poder actor señaló como transgredidos los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos formula los siguientes argumentos:
Al emitir el decreto impugnado, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos financieros del poder actor, sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión, lo cual vulnera el principio de división de poderes.
Además, en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2024, no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la Suprema Corte. Así, el monto contemplado en ese presupuesto apenas es suficiente para pagar las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso local, y no da certeza de que pueda cubrir pensiones futuras adicionales a éstas.
Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren contempladas en un decreto legislativo, lo cierto es que el Congreso Local no asignó los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a esa obligación y, por tanto, el poder actor está impedido para realizar ese pago.
Consecuentemente, el decreto impugnado implica la subordinación del poder actor frente al Congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 181/2024. Además, lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Admisión. Mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete) y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno, al considerar que se trata de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo estatal.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, por escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos contestó la demanda interpuesta en su contra.
7. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
8. Returno. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek, para que continúe actuando como instructor en la presente controversia constitucional.
9. Avocamiento. Por acuerdo dictado el veintiuno de enero de dos mil veinticinco por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la presente controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(5) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(7) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
11. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
12. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que, en esencia, el Poder Judicial del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo local haya otorgado una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento, ni haberle concedido participación alguna.
13. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2 del Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete) impugnado;(9) por lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo fija como acto objeto de la presente controversia.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
14. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia del Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete).
15. Consecuentemente, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(11) aplicado de manera supletoria,(12) se tiene por probada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(13) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
17. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306 (seis mil trescientos seis) el ocho de mayo de dos mil veinticuatro.
18. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
19. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del nueve de mayo al diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.(14) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el diez de junio de dos mil veinticuatro.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. La demanda fue presentada por parte legítima.
21. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(15) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(16) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(17) y; 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(18)
22. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. De conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(19) tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
24. En el presente caso, se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
25. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio su entonces Consejero Jurídico, Santiago Núñez Flores,(20) quien conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho(21) y al “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5697 (cinco mil seiscientos noventa y siete) el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, tiene facultades de representación.
26. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura,(22) quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(23) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
27. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
28. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.
29. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo local sostiene que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que la promulgación y publicación del Decreto impugnado, no invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor del poder actor.
30. Dicha causa de improcedencia debe desestimarse, ya que la determinación de si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto y en este momento no es posible disociar, con toda claridad, la improcedencia del juicio.
31. Al respecto, resultan aplicables los criterios jurídicos de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”(24) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN.”(25)
32. VII.2. Argumentos del Poder Legislativo del Estado de Morelos. En su contestación de demanda, el Poder Legislativo local aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos y, por tanto, éste carece de interés legítimo.
33. Dicha causa de improcedencia debe desestimarse, ya que, como ha sido señalado (supra párr. 29 a 31) la determinación de si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto.
34. Por otro lado, en su contestación de demanda, el Poder Legislativo local aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que han cesado los efectos del acto cuya invalidez se demanda.
35. Para dar respuesta a este planteamiento, conviene recordar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que se actualice el supuesto previsto por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(26) no es necesario que los efectos del acto impugnado sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, pues bastará con que se derogue o revoque dicho acto para que cesen sus efectos, dado que la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos.
36. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurídico de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”(27)
37. Adicionalmente, el Tribunal Pleno ha establecido que, para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que varíe la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una innovación al sentido normativo de la disposición.
38. Sobre el particular, resulta aplicable, por analogía, el criterio jurídico de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”(28)
39. Sin embargo, en el presente caso no se advierte que se haya llevado a cabo un proceso legislativo a través del cual se haya modificado la trascendencia, el contenido o el alcance del acto impugnado o por virtud del cual se haya derogado o revocado; por lo cual, la causa de improcedencia invocada también debe desestimarse.
40. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
41. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto del Congreso del Estado de Morelos por el que otorgó una pensión por jubilación a una persona trabajadora del Poder Judicial local con cargo a su presupuesto sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cubrir la obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.
42. El Poder actor sostiene, en esencia, que el decreto impugnado viola los principios de división de poderes, autonomía de gestión y de congruencia presupuestal previstos en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal, pues dicho acto del Congreso estatal se entromete indebidamente en las decisiones presupuestales del Poder Judicial del Estado de Morelos.
43. Además, argumenta que el Congreso local no le ha otorgado los recursos necesarios para pagar las pensiones otorgadas mediante decreto a las personas que cumplen con los requisitos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
44. Ahora bien, con la finalidad de dar respuesta a lo anterior, resulta necesario explicar brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos, para lo cual esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(29) 226/2016(30) y 187/2018(31) y 201/2020,(32) en las que se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:
a. Por una parte, los trabajadores del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
b. Con independencia de las pensiones anteriores, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para tal efecto.
c. Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.
d. En atención a lo anterior, y de los informes presentados por el Poder Judicial de Morelos y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las diversas controversias constitucionales 142/2017 y 199/2017,(33) así como del portal de transparencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, se advierte que desde mil novecientos noventa y siete el citado Poder se encuentra inscrito como patrón ante dicho Instituto bajo el Régimen Obligatorio del Seguro Social; y que ha enterado las aportaciones respectivas y ha inscrito a sus trabajadores, quienes cubren sus cuotas y reciben las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social en relación con los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y demás prestaciones sociales.
45. Con base en lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos ha otorgado mediante decreto diversas pensiones en favor de los trabajadores del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto, como sucedió en el caso que ahora se analiza.
46. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 201/2020 al resolver sobre la constitucionalidad de un decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos similar al que aquí se impugna, sostuvo que el principio de división de poderes puede transgredirse en detrimento del Poder Judicial cuando:
(1) En cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente el Poder Legislativo o el Ejecutivo actúen antijurídicamente.
(2) La conducta antijurídica implica la intromisión de uno de esos poderes en la esfera competencial del Poder Judicial, o bien, que realicen actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación.
(3) Que la intromisión, dependencia o subordinación verse sobre la autonomía en la gestión presupuestal, entre otros.
47. En ese mismo precedente, esta Segunda Sala resolvió que el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos hubiera otorgado mediante decreto una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos sin que previamente le hubiere transferido los fondos suficientes para cubrir la obligación, lesionaba “la independencia del poder judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgre[día] el principio de autonomía en la gestión presupuestal [...] pues a través de ella el Legislativo dis[puso] de los recursos presupuestales de otro poder sin que le haya otorgado ningún tipo de participación”(34) y sin haber generado previamente las condiciones legales y materiales para que el poder actor pudiera hacer frente a esa carga.
48. Con base en lo anterior, esta Segunda Sala sostiene que, efectivamente, el Decreto impugnado lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de dicho instrumento el Congreso del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales de otro Poder sin que le haya otorgado algún tipo de participación y sobre todo sin haber generado las condiciones materiales necesarias para que el demandante pudiera cumplir con esa obligación.
49. Al respecto, tiene aplicación el criterio jurídico de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.”(35)
50. A mayor abundamiento, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones; los requisitos que deben cubrirse; y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto, lo cierto es que no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público, ni mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial o Ejecutivo, para que sean los que cubran aquéllas a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
51. Por estas razones, esta Segunda Sala estima que el decreto aquí impugnado es inconstitucional; máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos(36) y 61, fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(37) el Congreso Estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y, por ende, correspondería a dicha legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias respectivas a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y, por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
52. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer por el poder actor y, en consecuencia, se declara la invalidez del artículo 2 del Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete), por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción normativa que indica:
“[...] y será cubierto (sic) por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; [...]
53. En consecuencia, al haberse alcanzado la pretensión del poder actor, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.
54. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurídico de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.”(38)
55. Por otra parte, no pasa inadvertido que, al contestar la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Morelos manifestó que “para estar en condiciones de solicitar al Poder Ejecutivo Estatal, la asignación y transferencia de recursos para el pago de la pensión, se giró oficio al Poder Judicial del Estado de Morelos, para que informara a este Poder Legislativo la cantidad necesaria para el pago de la pensión respectiva y cómo se acredita en términos del oficio que se anexa para tal efecto, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, informó al Poder Legislativo Local que requiere la cantidad de $149,971.95 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta y un pesos 95/100 M.N.)” y que con la información remitida por el Poder Judicial Local “ha girado oficio al Gobernador del Estado a efecto de que realice la transferencia al referido Poder Judicial que le permita realizar el pago de la pensión otorgada a través del decreto del cual se solicita su invalidez”.
56. No obstante, el poder demandado no demostró la existencia de ello y, en todo caso, tampoco se acreditó la transferencia al Poder Judicial del Estado de Morelos para que hiciera frente a la carga impuesta mediante el Decreto impugnado. Asimismo, es un hecho notorio que el Poder actor enfrenta pasivos pensionarios pasados otorgados por el Poder Legislativo estatal que han sido objeto de impugnación, por lo que, en el caso, no se acreditan las condiciones materiales ni jurídicas para el cumplimiento del decreto impugnado.
IX. EFECTOS
57. El artículo 73, en relación con los diversos 41, fracción IV, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(39) señala que las sentencias deben contener los alcances y los efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las que operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
58. Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del artículo 2 del Decreto número 1787 (mil setecientos ochenta y siete), por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción normativa que indica:
“[...] y será cubierto (sic) por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; [...]
59. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretado no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la persona trabajadora pensionada y que no son materia de la invalidez determinada en la presente controversia, por lo que el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
• Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
• A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los poderes, deberá establecer de manera puntual:
a) Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o
b) En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, y especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por jubilación concedi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33216-c4ff353c/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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