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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. X. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTO (SIC) POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS".]. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTO (SIC) POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL D

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 226/2024. · Registro digital (IUS): 33231
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-23
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.442.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 226/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Decreto número 2020 (dos mil veinte), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro), de fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 226/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Decreto impugnado. El veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) el Decreto número 2020 (dos mil veinte), mediante el cual se concedió una pensión por jubilación a Azucena Cruz Cuevas.

2. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional, en la que demandó la invalidez del Decreto número 2020 (dos mil veinte), mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a Azucena Cruz Cuevas.

3. Preceptos constitucionales violados. El poder actor señaló como transgredidos los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a),126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

4. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos formuló los siguientes argumentos:

• Al emitir el decreto impugnado, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos financieros del Poder Judicial local sin transferirle los medios necesarios para hacer frente a la carga económica impuesta, ni otorgarle participación alguna en su emisión. Esta cuestión implica una subordinación frente al Congreso estatal, lo que constituye una violación a los principios de autonomía en la gestión presupuestal y de división de poderes, previstos en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal.

• En el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2024, no se contempló alguna partida para que se realizara el pago de los decretos controvertidos ante la Suprema Corte. Y el monto contemplado en ese presupuesto apenas es suficiente para pagar las pensiones que el Congreso local ya había otorgado previamente, por lo que no existe certeza de que el poder actor pueda cubrir pensiones adicionales a éstas.

• Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a recibir una pensión por jubilación cuando se encuentren contempladas en un decreto legislativo, lo cierto es que el legislativo local no asignó los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a la obligación impuesta en el decreto impugnado, por lo que existe imposibilidad para realizar ese pago.

5. Radicación y turno. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 226/2024. Posteriormente, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

6. Admisión. Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocerle ese carácter a la Secretaría de Gobierno, al considerar que se trata de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo estatal.(1)

7. Contestación de demanda. Por escrito recibido a través del sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de enero de dos mil veinticinco, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio respuesta a la demanda. Asimismo, por escrito recibido el ocho de enero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos contestó la demanda interpuesta en su contra.

8. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veinticinco, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

9. Avocamiento. Mediante acuerdo dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la presente controversia constitucional, y ordenó devolver los autos a su ponencia para formular el proyecto correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(5) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(7) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

11. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) se precisa el acto objeto de la presente controversia.

12. De la lectura integral de la demanda, se desprende –en esencia– que el Poder Judicial del Estado de Morelos expresa su inconformidad porque el Poder Legislativo local otorgó una pensión por jubilación a cargo de su presupuesto, sin transferir los recursos necesarios para cumplir con tal disposición ni haberle otorgado participación alguna en su emisión.

13. Esa determinación se encuentra únicamente en el artículo 2° del Decreto número 2020 (dos mil veinte) impugnado;(9) por lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo tendrá como el acto objeto de la presente controversia.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

14. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(11) aplicado de manera supletoria en términos del artículo 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada del decreto impugnado.

IV. OPORTUNIDAD

15. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días, contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

16. En este caso, para el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del decreto impugnado como el día en que el Poder Judicial del Estado de Morelos tuvo conocimiento de este, es decir, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, en virtud de que no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha distinta. Por lo tanto, el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del jueves uno de agosto al jueves veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

17. Lo anterior, en el entendido de que los días veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de julio; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, veintinueve y treinta y uno de agosto; uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil veinticuatro, fueron días inhábiles, conforme a lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(14) 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno(15) (véase supra nota 5), así como con el oficio SGA/MFEN/512/2024 y las circulares 4/2024, 5/2024 y 6/2024 de veintinueve de agosto, tres, nueve y doce de septiembre de dos mil veinticuatro, respectivamente, emitidas por la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en relación con lo establecido en el Punto Primero, incisos a), b), i), m) y n), del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.(16)

18. Por lo tanto, si en el presente caso la demanda fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, es evidente que su presentación resulta oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

19. La demanda fue presentada por parte legítima.

20. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(17) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(18) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(19) y; 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(20)

21. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

22. De conformidad con los artículos 10, fracción II(21) y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(22) tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

23. En el presente caso, se reconoció ese carácter a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.

24. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, compareció la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(23) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.

25. Sin que pase inadvertido que la diputada promovente fue omisa en adjuntar la documentación que acredite su designación para el cargo con el que se ostenta. No obstante, en asuntos similares al presente,(24) esta Sala ya ha tenido a la vista la copia del acta de la sesión de la junta previa celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, en la que consta que Jazmín Juana Solano López fue designada como Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, para el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil veinticuatro al treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(25) de aplicación supletoria en términos del artículo 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(26) así como en las jurisprudencias de rubros: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.”(27) y “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.”,(28) se estima que la existencia de dicha documentación constituye un hecho notorio.

26. Por otro lado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio su Consejero Jurídico, Edgar Antonio Maldonado Ceballos,(29) quien conforme al artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro(30) y al “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la Persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6351 (seis mil trescientos cincuenta y uno) el dos de octubre de dos mil veinticuatro,(31) tiene facultades de representación.

27. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a los poderes que representan se les responsabiliza por los actos impugnados y tienen facultades para representarlos.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

28. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.

29. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo local señala que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen, siendo que tanto la Constitución, como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatales, le otorgan facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para hacer cumplir estas disposiciones, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.

30. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado, pues –como ya se explicó– de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(32) tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado. Por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional.

31. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis de rubros: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”(33) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.”(34)

32. Por otro lado, el Poder Ejecutivo local sostiene que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que la promulgación y publicación del decreto impugnado no invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor del poder actor.

33. Dicha causa de improcedencia debe desestimarse, ya que para determinar si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos es necesario realizar el estudio del fondo del asunto y en este momento no es posible disociar, con toda claridad, la improcedencia del juicio.

34. Al respecto, resultan aplicables los criterios jurídicos de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”(35) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN.”(36)

35. VII.2. Argumentos del Poder Legislativo del Estado de Morelos. En su contestación de demanda, el Poder Legislativo local aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos y, por tanto, este carece de interés legítimo.

36. Dicha causa de improcedencia debe desestimarse, porque –como ya se indicó(37)– para determinar si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, es necesario realizar el estudio del fondo del asunto.

37. Por otro lado, en su contestación de demanda, el Poder Legislativo local aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que han cesado los efectos del acto cuya invalidez se demanda.

38. Para dar respuesta a este planteamiento, conviene recordar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que se actualice el supuesto previsto por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(38) no es necesario que los efectos del acto impugnado sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, pues bastará con que se derogue o revoque dicho acto para que cesen sus efectos, dado que la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos. 39. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurídico de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”(39)

40. Adicionalmente, el Tribunal Pleno ha establecido que, para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo se refiere a que la modificación haya dado lugar a un verdadero cambio normativo que varíe la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal manera que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una innovación en el sentido normativo de la disposición.

41. Sobre el particular, resulta aplicable –por analogía– el criterio jurídico de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”(40)

42. Sin embargo, en el presente caso no se advierte que se haya llevado a cabo un proceso legislativo a través del cual se haya modificado la trascendencia, el contenido o el alcance del acto impugnado ni que se haya derogado o revocado. Por lo tanto, la causa de improcedencia invocada también debe desestimarse.

43. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que procede a realizar el estudio de fondo.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

44. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto del Congreso del Estado de Morelos, por el cual se otorgó una pensión por jubilación a una persona trabajadora del Poder Judicial local con cargo a su presupuesto, sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cubrir la obligación, es inconstitucional, por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.

45. El poder actor sostiene, en esencia, que el decreto impugnado viola los principios de división de poderes, autonomía de gestión y de congruencia presupuestal previstos en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho acto del Congreso estatal se entromete indebidamente en las decisiones presupuestales del Poder Judicial del Estado de Morelos.

46. Además, argumenta que el Congreso local no le ha otorgado los recursos necesarios para pagar las pensiones otorgadas mediante decreto a las personas que cumplen con los requisitos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

47. Ahora bien, con la finalidad de dar respuesta a lo anterior, resulta necesario explicar brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos, para lo cual esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(41) 226/2016(42) y 187/2018(43) y 201/2020,(44) en las que se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:

a. Por una parte, los trabajadores del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.

b. Con independencia de las pensiones anteriores, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para tal efecto.

c. Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.

d. En atención a lo anterior, y de los informes presentados por el Poder Judicial de Morelos y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las diversas controversias constitucionales 142/2017(45) y 199/2017,(46) así como del portal de transparencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, se advierte que, desde mil novecientos noventa y siete, el citado poder se encuentra inscrito como patrón ante dicho Instituto bajo el Régimen Obligatorio del Seguro Social; y que ha enterado las aportaciones respectivas y ha inscrito a sus trabajadores, quienes cubren sus cuotas y reciben las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social en relación con los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y demás prestaciones sociales.

48. Con base en lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos ha otorgado mediante decreto diversas pensiones en favor de los trabajadores del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto, como sucedió en el caso que ahora se analiza.

49. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre la constitucionalidad de un decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos,(47) similar al que aquí se impugna, sostuvo que el principio de división de poderes puede transgredirse en detrimento del Poder Judicial local cuando:

(1) En cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente el Poder Legislativo o el Ejecutivo actúen antijurídicamente.

(2) La conducta antijurídica implica la intromisión de uno de esos poderes en la esfera competencial del Poder Judicial, o bien, que realicen actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación.

(3) Que la intromisión, dependencia o subordinación verse sobre la autonomía en la gestión presupuestal, entre otros.

50. En ese mismo precedente, esta Segunda Sala resolvió que el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos hubiera otorgado mediante decreto una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos sin que previamente le hubiere transferido los fondos suficientes para cubrir la obligación, lesionaba “la independencia del poder judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgre[día] el principio de autonomía en la gestión presupuestal [...] pues a través de ella el Legislativo dis[puso] de los recursos presupuestales de otro poder sin que le haya otorgado ningún tipo de participación” y sin haber generado previamente las condiciones legales y materiales para que el poder actor pudiera hacer frente a esa carga.

51. Con base en lo anterior, esta Segunda Sala sostiene que, efectivamente, el decreto impugnado lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de dicho instrumento el Congreso del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales de otro poder sin que le haya otorgado algún tipo de participación y sobre todo sin haber generado las condiciones materiales necesarias para que el demandante pudiera cumplir con esa obligación.

52. Al respecto, tiene aplicación el criterio jurídico de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”.(48)

53. A mayor abundamiento, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones; los requisitos que deben cubrirse, y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto, lo cierto es que no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público, ni mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial o Ejecutivo, para que sean los que cubran aquéllas a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.

54. Por estas razones, esta Segunda Sala estima que el decreto aquí impugnado es inconstitucional; máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(49) y 61, fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(50) el Congreso Estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y, por ende, correspondería a dicha legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias respectivas a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y, por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

55. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer por el poder actor y, en consecuencia, se declara la invalidez del artículo 2° del Decreto número 2020 (dos mil veinte), por el que se concede una pensión por jubilación a Azucena Cruz Cuevas, exclusivamente en la porción normativa que indica:

“[...] y será cubierto [sic] por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal cor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33231-f0c3544d/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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