CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PUEDEN ANALIZAR LA CONVENCIONALIDAD DE SUS CLAÚSULAS PARA EVALUAR SI GENERAN LA EXPLOTACIÓN DE UNA PERSONA POR PARTE DE OTRA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1954/2020. 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y RICARDO MARTÍNEZ HERRERA.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1954/2020, interpuesto por ********** en contra del fallo dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo 711/2019.
El problema jurídico consiste en determinar si fue correcto el estudio del tribunal colegiado sobre el tema de la prohibición de la usura y la explotación, en relación con la tasa de interés y la pena convencional pactadas en un contrato de arrendamiento.
I. ANTECEDENTES
1. Primero. Contrato de arrendamiento. El veintitrés de diciembre de dos mil ocho, la señora ********** y el señor ********** celebraron un contrato de arrendamiento respeto de un inmueble comercial ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El precio de la renta mensual sería de $********** pesos (********** pesos 00/100 moneda nacional). En el contrato participaron el señor ********** y la señora **********, ambos como parte obligada solidaria.
2. En la clausula tercera del contrato la señora ********** y el señor ********** pactaron intereses moratorios al 5% (cinco por ciento) mensual sobre las rentas no pagadas. Asimismo, en la cláusula séptima establecieron una pena convencional consistente en el pago del 100% (cien por ciento) del precio mensual del arrendamiento en caso de que se incurriera en alguna de las causas de recisión, entre ellas, dejar de paga renta por un lapso mayor a dos meses. Dicha pena se actualizaría mensualmente mientras siguiera el incumplimiento y hasta la desocupación del inmueble.
3. Segundo. Juicio de origen. En agosto de dos mil diecisiete, la señora ********** promovió un juicio sumario civil en contra del señor ********** y de los deudores solidarios, de quienes demandó la recisión del contrato de arrendamiento; el pago de rentas vencidas; intereses moratorios; el pago de la pena convencional, así como los gastos y costas. La señora ********** afirmó que la parte demandada incumplió con el pago de la renta desde el año dos mil nueve.(1)
4. Al dar contestación, el señor ********** planteó, entre otras cosas, la nulidad de la pena convencional y de los intereses moratorios por considerarlos desproporcionados. Por otra parte, la señora ********** se desistió de la instancia respecto del señor ********** (deudor solidario).
5. Tercero. Sentencia de primera instancia. Seguido el procedimiento legal, el Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco dictó sentencia en el expediente ***/****, en la que declaró que la señora ********** acreditó su acción, por lo que declaró rescindido el contrato, condenó al señor ********** y a la señora ********** a pagar las rentas vencidas [únicamente por el periodo comprendido entre el siete de agosto al tres de diciembre de dos mil quince(2)]; los intereses moratorios al 5% (cinco por ciento) mensual sobre las rentas no pagadas; la pena convencional consistente en el 100% (cien por ciento) adicional del precio mensual del arrendamiento; además, la parte demandada debía acreditar que estaban al corriente en el pago de los servicios del inmueble y condenó al pago de gastos y costas.
6. Cuarto. Recurso de apelación. Inconformes con lo anterior, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco dictó sentencia en el toca ***/****, mediante la cual modificó la resolución de primera instancia, únicamente respecto de la temporalidad en que la parte demandada debía acreditar estar al corriente del pago de los servicios, y absolvió del pago costas en ambas instancias.
7. Quinto. Juicio de amparo directo. En contra de la resolución mencionada en el párrafo anterior, el señor ********** promovió un juicio de amparo directo en el que planteó, entre otras cosas, que la tasa de interés y la pena convencional pactadas en el contrato de arrendamiento configuraban usura y/o explotación. Lo anterior, conforme a los siguientes argumentos:
a) Omisión de la Sala de contestar agravios relacionados con las excepciones e indebida valoración de pruebas.
• Afirmó que la Sala no cumplió con la obligación de exhaustividad y congruencia en relación con las excepciones opuestas, así como la indebida valoración de pruebas, por lo que fue incorrecta la condena.
b) Omisión de realizar el análisis de la prohibición de la usura y cualquier forma de explotación.
• La Sala desestimó que la pena convencional y los intereses moratorios pudieran configurar usura, lo cual es incorrecto, pues en el caso sí se actualizaba ese supuesto. Además, la Sala no expresó nada respecto de la figura de explotación, contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
8. De la demanda conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con el número de expediente 711/2019. En sesión correspondiente al veinte de febrero de dos mil veinte, el tribunal colegiado dictó sentencia en la que concedió el amparo al señor **********.(3)
9. El tribunal analizó el tema de la pena convencional y los intereses moratorios únicamente a la luz de la prohibición de la usura. Dividió el estudio de la siguiente manera:
a) Pena convencional. Declaró infundado el argumento de que la pena convencional pudiera configurar usura, ya que dicha figura no se actualiza respecto de penas convencionales pactadas en los contratos de arrendamiento. Aunado a que la sanción pactada no rebasaba en cuantía a la obligación principal.
b) Intereses moratorios. Consideró fundado el concepto de violación en el cual el señor ********** argumentó que la Sala responsable desestimó que los intereses moratorios eran usureros, con base en que esa figura sólo opera en materia comercial y no respecto arrendamientos inmobiliarios.
10. En cuanto al tema de usura, el tribunal colegiado determinó que lo resuelto por la Sala era incorrecto, pues el fenómeno usurario se puede presentar en otro tipo de relaciones civiles (como es un contrato de arrendamiento), y no solamente en los actos puramente comerciales.
11. Respecto a la prohibición de cualquier forma de explotación, el tribunal no emitió pronunciamiento alguno. Las consideraciones de la sentencia se resumen a continuación:
a) Omisión de la Sala de contestar dos agravios planteados en el recurso de apelación.
• El colegiado declaró infundado el concepto de violación relativo a que la sala no realizó el estudio del agravio primero y segundo de apelación.
• Consideró que la Sala responsable sí dio respuesta, la cual fue congruente, pues expresamente determinó que el hecho de que el arrendatario no hubiera cubierto la renta en los primeros cinco días del mes de agosto de dos mil quince, no lo relevaba de la obligación de cubrir el importe de la mensualidad.
• Lo anterior, porque la cláusula tercera del contrato establecía que el inquilino se obligaba a pagar anticipadamente la renta los primeros cinco días de cada mes y, en caso de que no lo hiciera, le eran aplicables los intereses moratorios.
• No operó la prescripción respecto de esa prestación, ya que el pago se requirió dentro de los dos años siguientes a la exigibilidad de la obligación.
b) Omisión de la Sala de realizar el análisis relacionado con la usura y la prohibición de cualquier forma de explotación.
• El colegiado declaró parcialmente fundado el concepto de violación relativo a la omisión de la sala de realizar el análisis de usura.
• Respecto de la pena convencional, el tribunal determinó que efectivamente no aplicaba la figura de usura, en atención a la tesis 1a. CXXXI/2018 (10a.), de rubro: “USURA. NO SE CONFIGURA CUANDO EL PACTO DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO”.
• En cuanto a los intereses moratorios, el colegiado consideró que los réditos se encuentran limitados por el derecho humano a la no explotación, pues el fenómeno usurario también se puede presentar en las relaciones civiles y no solamente en los actos puramente comerciales.
• El derecho fundamental que protege la limitación de la usura es de carácter universal, por lo que tiene aplicación en todo tipo de actos, no solo en los de comercio.
• Con base en lo anterior, el tribunal colegiado consideró incorrecto que la sala responsable desestimara el examen de la usura en los intereses moratorios, por el sólo hecho de tratarse de un contrato de arrendamiento, pues el tema sí debía analizarse en cualquier tipo de contrato.
12. El tribunal concedió el amparo para el efecto de que la responsable analizara si los intereses moratorios pactados en el contrato de arrendamiento eran usurarios y, con plenitud de jurisdicción, resolviera nuevamente el caso.
II. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
13. En desacuerdo con la sentencia anterior, el señor ********** interpuso recurso de revisión, pues consideró que el tribunal realizó un análisis deficiente de los temas de usura y explotación, ya que respecto este último no emitió pronunciamiento alguno. Los agravios se resumen a continuación:
a) Omisión del Colegiado de interpretar el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• El tribunal colegiado interpretó de manera deficiente el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé la prohibición de la usura y toda forma de explotación, en relación con los intereses moratorios y la pena convencional pactados en el contrato de arrendamiento.
• La interpretación de ese precepto debe realizarse de forma amplia y con base en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Además, que para acreditar el elemento de vulneración a la dignidad humana se deben aplicar los criterios de esta Corte.
• El tribunal omitió por completo pronunciarse sobre el tema de explotación.
b) En cuanto a la procedencia del recurso de revisión.
• El recurso se presentó de manera oportuna.
• De conformidad con el artículo 96 de la Ley de Amparo, el recurso es procedente al actualizarse una cuestión de constitucionalidad, ya que el asunto versa sobre la interpretación directa de artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Se actualiza el requisito de importancia y trascendencia, ya que no existe un criterio específico relativo a contratos de arrendamiento, en relación con la prohibición de la explotación.
14. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, el Presidente de este alto tribunal registró el expediente con el número 1954/2020, admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución.
15. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, el Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
III. COMPETENCIA
16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, previo a la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -abrogada-; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año, por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que se promueve contra sentencia de amparo en materia civil, especialidad de esta Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.(4)
IV. LEGITIMACIÓN
17. El señor ********** está legitimado para interponer el recurso de revisión por conducto de su apoderado, pues queda probado que en el juicio de amparo directo se le reconoció la calidad de quejoso en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, la decisión adoptada en la sentencia sí pudiera afectarle o beneficiarle de manera directa.
18. El escrito de expresión de agravios fue firmado por **********, abogado patrono, carácter que le fue reconocido por el tribunal colegiado que conoció previamente del asunto.
V. OPORTUNIDAD
19. El recurso de revisión se presentó en el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida se notificó a las partes por lista el viernes seis de marzo de dos mil veinte, la cual surtió efectos el martes diez de marzo de dos mil veinte, por lo que el plazo para la interposición del recurso transcurrió del miércoles once de marzo al lunes diez de agosto de dos mil veinte, sin computar en dicho plazo el período comprendido desde el dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte.(5)
20. En tales condiciones, si el escrito de expresión de agravios se presentó vía electrónica el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, es claro que se promovió oportunamente.
VI. PROCEDENCIA
21. De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General Plenario 9/2015, el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando:
a) En la sentencia recurrida se decida sobre la constitucionalidad de una norma general, incluida su inconvencionalidad o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución federal o de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México sea parte. O bien, se omita el estudio de estas cuestiones, cuando se hubieran planteado en la demanda de amparo; y,
b) El problema de constitucionalidad entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga esta Suprema Corte, en cumplimiento con los Acuerdos Generales del Pleno.
22. Por su parte, el punto Segundo del Acuerdo 9/2015 establece que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando, una vez que se surta el requisito relativo a la existencia de un tópico de constitucionalidad:
a) Que se advierta que aquél dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o
b) Que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
23. Expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima que el presente asunto cumple con los requisitos de procedencia mencionados.
24. El primer requisito referente a la existencia de un tema de naturaleza constitucional queda satisfecho, pues el señor ********** en la demanda de amparo argumentó que la sala de apelación omitió realizar el análisis de la prohibición de cualquier forma de explotación, de conformidad con el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Argumentó que la Sala determinó que los intereses moratorios no podían configurar usura, pero omitió el análisis respecto de la pena convencional y la figura de explotación.
25. En la sentencia de amparo, el tribunal realizó el análisis desde la perspectiva de la figura de usura y concluyó que, en cuanto a los intereses moratorios, éstos se encuentran limitados por el derecho humano a la no explotación del hombre por el hombre, pues el fenómeno usurario se puede presentar en las relaciones civiles y no solamente en los actos puramente comerciales. Agregó que el derecho fundamental que protege la limitación de la figura usuraria es de carácter universal, por lo que tiene aplicación en todo tipo de actos.
26. El tribunal otorgó la protección para el efecto de que la sala de apelación dictara otra sentencia en la cual realizara ese estudio de usura respecto de los intereses moratorios pactados. Sin embargo, el colegiado no se pronunció respecto al planteamiento de la figura de explotación.
27. Este tema sin duda involucra una cuestión de orden constitucional, pues el tribunal colegiado abordó el tema de usura en relación con intereses pactados en un contrato de arrendamiento, pero omitió el estudio de la figura de explotación, en relación con pena convencional.
28. Bajo esa lógica, es evidente que el caso cuenta con una problemática de orden constitucional. En primer lugar, porque el colegiado realizó una interpretación respecto a los alcances del fenómeno usuario en contratos distintos a un préstamo y, en segundo término, porque omitió el estudio de la figura de explotación planteado en la demanda.
29. También se satisface el segundo requisito. De conformidad con el punto segundo del Acuerdo General 9/2015, la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional.
30. Por otro lado, el colegiado no analizó todos los conceptos de violación hechos valer, lo cual es combatido por el recurrente en sus agravios. El tema permitirá seguir construyendo la doctrina en torno al artículo 21, punto 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el pacto de los intereses moratorios y la pena convencional en un contrato de arrendamiento.
31. No afecta a la procedencia de este recurso, el hecho de que, por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, el tribunal colegiado haya tenido por recibida la resolución de diecisiete de marzo del mismo año, dictada por la Sala responsable en cumplimiento al fallo protector.
32. Lo anterior, pues las sentencias que dictan los tribunales colegiados en amparo directo son recurribles excepcionalmente cuando se decide sobre una cuestión de constitucionalidad, supuesto que se actualiza. En ese sentido, la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo 711/2019, no había causado estado cuando la Sala dio cumplimiento, por lo que válidamente puede ser modificada en esta instancia, aunque eso implique dejar sin efectos la resolución dictada en cumplimiento.
VII. ESTUDIO DE FONDO
33. En sus agravios, el señor ********** plantea que el estudio de constitucionalidad que realizó el tribunal colegiado es deficiente, pues si bien abordó el tema de usura, fue omiso en emitir consideraciones respecto de la prohibición de cualquier forma de explotación a la luz del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, análisis que debió realizarse de forma amplia en relación con la pena convencional.
34. Esta Primera Sala considera que los agravios son fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, únicamente respecto del concepto de violación que fue omitido por el tribunal colegiado, de conformidad con el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.(6)
35. El estudio del presente recurso de revisión se analizará conforme a lo siguiente: i) Analizar lo resuelto por el tribunal colegiado respecto del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el tema de usura;(7) ii) Estudio de los conceptos de violación relacionados la prohibición de cualquier forma de explotación con motivo de la pena convencional establecida en un contrato de arrendamiento. i) Interpretación del tribunal colegiado respecto del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la figura de la usura.
36. En primer lugar, el tribunal colegiado determinó que la pena convencional no podía configurar usura, de acuerdo con la tesis 1a. CXXXI/2018 (10a.), emitida por esta Primera Sala, de rubro: “USURA. NO SE CONFIGURA CUANDO EL PACTO DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO”. El tribunal precisó que la pena convencional se concertó como una sanción ante el incumplimiento, no como un rédito por la mora en el incumplimiento de la obligación. Además, dicha sanción no rebasaba el monto de la cuantía de la obligación principal.
37. Por otra parte, determinó que el fenómeno usurario puede presentarse también en las relaciones civiles y no solamente en los actos puramente comerciales, pues todo pacto de interés moratorios se encuentra limitado por el derecho humano a la no explotación. Razón por la cual la Sala responsable debió analizar si la tasa de interés moratoria al 5% (cinco por ciento) mensual resultaba usurera.
38. Esta Primera Sala observa que el tribunal colegiado utilizó indistintamente los conceptos usura y explotación. Además, determinó que la actualización de la usura puede presentarse en cualquier tipo de relación contractual y no solamente en los actos puramente comerciales.
39. Si bien esas consideraciones se consideran incorrectas y se apartan de la doctrina que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prohibición de la usura, deben declararse firmes, pues no forma parte de los agravios que expone el señor ********** en su recurso de revisión.
40. En efecto, esta Primera Sala ha determinado que el fenómeno usurero se configura cuando una persona obtiene, en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, por lo que no es aplicable para cualquier relación contractual, como podría ser un arrendamiento.(8) Sobre este aspecto, la Primera Sala cuenta con amplio desarrollo jurisprudencial.
41. Así, la usura no tiene lugar con relación a contratos de arrendamiento, al no participar de un préstamo, ni los intereses en ese tipo de contratos derivan del tráfico monetario, sino que responden a la compensación de los daños y perjuicios que resiente alguno de los contratantes.(9)
42. Sin embargo, esa es una decisión firme para los efectos de la presente revisión, pues la parte agraviada acude a esta instancia en virtud de que el Tribunal Colegiado omitió estudiar todos los conceptos de violación propuestos en la demanda de amparo, específicamente, el relacionado con pena convencional, la cual considera que puede representar alguna forma de explotación.
43. Es decir, el señor ********** ya obtuvo una concesión de amparo en el sentido de que la Sala responsable debe analizar si la tasa de interés del 5% (cinco por ciento) es usurera. De ese modo, aunque las consideraciones del colegiado se aparten del criterio definido por esta Primera Sala, la concesión del amparo no puede modificarse en atención al principio non reformatio in peius, locución que se traduce como "no reformar en peor" o "no reformar en perjuicio". Ello implica la prohibición para el órgano revisor de agravar la situación del recurrente, cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios.
44. De la lectura del recurso de revisión, se advierte que el señor ********** no se inconforma con lo decidido respecto del tema de usura, pues esa decisión le es benéfica, en tanto obliga a la Sala responsable a verificar si la tasa de interés es usurera o no. Lo que el señor ********** pretende es obtener mayor beneficio, a fin de que la cláusula penal se analice bajo la forma genérica de la explotación.
ii) Agravios relacionados la prohibición de cualquier forma de explotación con motivo de la pena convencional establecida en un contrato de arrendamiento.
45. El señor ********** planteó en su demanda de amparo que la Sala responsable no analizó si la pena convencional representaba alguna forma de explotación. Lo cual también fue soslayado por el tribunal colegiado del conocimiento, por que corresponde a esta Suprema Corte subsanar dicha omisión.
46. Recordemos que en el contrato de arrendamiento, las partes establecieron una pena convencional para el caso de incumplimiento (equivalente al ciento por ciento de la obligación principal) y una tasa de intereses moratorios por el retraso en el pago de rentas (cinco por ciento mensual).
47. Seguida la secuela procesal, el juez de primera instancia condenó al señor ********** a pagar las rentas vencidas, únicamente del periodo comprendido entre el siete de agosto del año dos mil quince al tres de diciembre del mismo año, más el pago de intereses moratorios y el pago de la pena convencional, condena que fue confirmada por la Sala responsable.
48. En la demanda de amparo el señor ********** señaló que dichas clausulas constituían usura y/o explotación. El tribunal colegiado emprendió un análisis sobre los alcances del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estableció que la pena convencional no podría configurar usura, ello en términos de la tesis 1a. CXXXI/2018 (10a.).(10) Sin embargo, no se pronunció si dicha cláusula pena pudiera actualizar alguna forma de explotación.
49. Sobre este tema, el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la propiedad privada a través de la prohibición de la usura y cualquier forma de explotación. Dicho precepto convencional abarca, de forma genérica, cualquier tipo de explotación, independientemente de que existen otras normas de ese mismo ordenamiento que prohíben manifestaciones específicas de explotación, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia usura (artículo 21.3).
50. Existen características específicas que hacen la diferencia entre las figuras explotación y usura. Para la explotación, tratándose de operaciones contractuales, es necesario que se actualice una afectación en la dignidad de la persona abusada.
51. Si bien en el caso han quedado firmes las consideraciones alusivas a la usura en el contrato diverso a un préstamo, también es posible analizar la desproporción de las prestaciones a partir de la figura genérica de la explotación, que ocurre cuando una persona utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos o el trabajo de otras, o a las personas mismas.(11)
52. Tratándose de operaciones contractuales, la obtención del provecho económico o material debe estar acompañada de una afectación en la dignidad de la persona abusada.(12) Para identificar la afectación a la dignidad, esta Sala ha señalado como criterios, que exista un fenómeno de sometimiento patrimonial entre la persona explotada y el agente explotador; de dominación; una relación de desigualdad material, entre otras.(13)
53. Al resolver el amparo directo en revisión 2708/2019, esta Sala resolvió que, en otro tipo de contratos distintos al préstamo o crédito, el interés moratorio o la pena convencional constituyen una compensación de daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación respectiva, en el contexto del propio contrato, cuyo control se rige por los límites que impone la normativa civil aplicable a los intereses o penas convencionales.
54. En cualquier otro contrato distinto del mutuo o préstamo, en el que se haya establecido un pacto de intereses moratorios o una pena convencional, o alguna otra estipulación que pueda resultar en un provecho económico excesivo para una de las partes en perjuicio de la otra, puede analizarse bajo la perspectiva de la prohibición de la explotación, siempre y cuando en la relación jurídica contractual se advierta un exceso o desproporción en las prestaciones y contraprestaciones económicas de cualquier negocio jurídico. Es decir, que las contraprestaciones no correspondan en valor ni con la función que desempeñan dentro del negocio jurídico y representen un abuso o exceso.
55. Consecuentemente, los cobros relativos a intereses moratorios o penas convencionales que no provengan de un contrato de mutuo, préstamo o análogo, o de un acto jurídico contractual en el que no se afecte directamente la dignidad de la persona, en caso de que se tilden o aparezcan como excesivos, estarán sujetos al control que pueda derivar de las reglas civiles generales que les resulten aplicables, para evitar que en los actos jurídicos haya abuso patrimonial de una parte en perjuicio de otra.
56. En el derecho civil, tanto en orden federal como local, se prevén mecanismos para analizar el perjuicio material que sufre una de las partes por falta de equivalencia al momento de contratar (supuestos en los cuales no necesariamente se ve afectada la dignidad de las personas). Por ejemplo, cuando una de las partes contratantes abusa de la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad de la otra parte, con el fin de obtener un lucro o prestación desproporcionada. Lo cual puede analizarse cuando esos aspectos formen parte de los conceptos de violación. De manera que se configurará la explotación en otro tipo de contratos diversos al préstamo, como sería el contrato de arrendamiento, cuando se suscite una afectación en la dignidad de la persona abusada.(14)
57. Esta doctrina fue omitida tanto por la Sala responsable, como por el tribunal colegiado y, en consecuencia, nada dijeron respecto si lo pactado en el contrato de arrendamiento produce alguna situación de explotación, como lo refirió el señor ********** en sus conceptos de violación.
58. Por lo anterior, esta Primera Sala considera que el tribunal colegiado llevo a cabo un análisis deficiente respecto del artículo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33235-05bc20fd/contrato-de-arrendamiento-los-organos-jurisdiccionales-pueden-analizar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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