PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA PERSONA POR LA PERSONA. PUEDE ANALIZARSE EN CUALQUIER CONTRATO QUE CONTENGA INTERESES MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES U OTRO TIPO DE ESTIPULACIONES QUE PUEDAN RESULTAR EN UN PROVECHO ECONÓMICO EXCESIVO PARA UNA DE LAS PARTES.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7997/2023. 12 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
En esta sentencia se analiza si es procedente el amparo directo en revisión, en el que se refiere que el Tribunal Colegiado omitió analizar la figura de explotación entre personas, prevista en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(1)
Hechos relevantes y/o contexto:
Persona 1 demandó en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario a Empresa “A”, empresa dedicada a brindar servicios de medicina hiperbárica, debido a que, durante la pandemia por Covid-19, la empresa incumplió el contrato de arrendamiento al dejar de realizar el pago de las rentas.
El juzgado civil emitió una sentencia en la que condenó a la empresa al pago de las prestaciones reclamadas y a la entrega del local comercial. Tras una condena en segunda instancia y un amparo concedido, la Sala civil emitió una sentencia en la que volvió a condenar a la empresa, al considerar que no se encontró impedida para prestar su servicio de salud, por considerarse una actividad esencial.
Inconforme, Empresa “A” promovió otro juicio de amparo, en donde argumentó que la Sala responsable no debió confirmar el desechamiento de las pruebas ni considerar que los servicios prestados eran esenciales durante la pandemia. A su vez, la empresa señaló que la Sala responsable no analizó que los intereses pactados en el contrato de arrendamiento fueron usurarios. En desacuerdo, la empresa interpuso el presente recurso de revisión.
Problema jurídico:
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que debe resolver es determinar si el Tribunal Colegiado omitió realizar el análisis de la prohibición de la explotación, de conformidad con el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (omisión del análisis respecto de la pena convencional y la figura de explotación).
Decisión judicial:
En efecto, el Tribunal Colegiado omitió realizar el análisis de la prohibición de la explotación entre personas, prevista en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior ya que es posible que se configure la explotación en otro tipo de contratos diversos al préstamo, como sería el contrato de arrendamiento, en los que se suscite una afectación en la dignidad de la persona abusada.
El Tribunal Colegiado no abordó el tema propuesto en la demanda, relacionado con la actualización de la explotación en el pacto de intereses y la pena convencional, a partir de la doctrina desarrollada por esta Suprema Corte.
Se propone devolver al Tribunal Colegiado de Circuito el recurso de revisión de que se trata y los autos, a efecto de que determine si la pena convencional representa alguna forma de explotación, de conformidad con los parámetros establecidos en esta ejecutoria.
En particular, el Tribunal deberá determinar si, en el caso, se trata de un caso grave en el que la parte beneficiada no sólo obtenga un provecho económico o material, sino que también se esté afectando la dignidad de la parte que soporta la condena, supuesto prohibido por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7997/2023, interpuesto por Empresa “A”, en contra de la sentencia dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo directo 617/2023.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el recurso es procedente, en virtud que en sus agravios la recurrente argumenta que el Tribunal Colegiado del conocimiento omitió analizar la figura de explotación entre personas, prevista en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se apartó de criterios de este alto tribunal respecto del tema de usura en relación con los contratos de arrendamiento.
ANTECEDENTES
1. Contrato de arrendamiento. El uno de octubre de dos mil once, Persona 1 (arrendador), Empresa “A” (arrendataria) y Persona 2 (fiador), celebraron un contrato de arrendamiento respecto a un local comercial ubicado en Domicilio del local.
2. En dicho contrato, las partes pactaron una vigencia de diez años, desde el uno de octubre de dos mil doce hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, con una renta mensual de $Una cantidad en números (Una cantidad en letra moneda nacional).
3. Emergencia sanitaria por Covid-19. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo por el que estableció las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos sanitarios generados por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).
4. Se estableció que en el sector privado continuarían prestando sus servicios las empresas, establecimientos y negocios como hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.(1)
5. Juicio civil. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, Persona 1 demandó en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario a Empresa “A” y Persona 2 las siguientes prestaciones:
• La rescisión del contrato y el pago de $Una cantidad en números (Una cantidad en letra moneda nacional) por concepto de rentas vencidas y no pagadas, correspondientes a los meses de abril de dos mil veinte a enero de dos mil veintidós.
• El pago de $Una cantidad en números (Una cantidad en letra moneda nacional) por concepto de cuota de mantenimiento.
• El pago del interés moratorio del 1% diario sobre el importe de la renta, de conformidad con la penúltima cláusula del contrato.
• La exhibición de todos los recibos de pago por servicios y el correspondiente pago de los servicios adeudados.
• El pago de $Una cantidad en números (Una cantidad en letra moneda nacional) por concepto de pena convencional.
• El pago del incremento del precio de la renta por el 50% a partir del inicio del proceso judicial, hasta la desocupación y entrega del inmueble, de conformidad con el contrato.
• La desocupación y entrega del local comercial.
• El pago de gastos y costas.
6. Correspondió conocer del caso al Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, cuyo titular admitió la demanda y la registró bajo el número de expediente Primer número de expediente. Por su parte, los codemandados presentaron su escrito de contestación de demanda por medio del cual opusieron las excepciones y defensas que consideraron pertinentes, así como la demanda reconvencional.
7. Para acreditar la procedencia de sus excepciones y defensas, así como de la demanda reconvencional, Empresa “A”(2) ofreció las siguientes pruebas:
• La documental pública, consistente en el expediente de diligencias preliminares de consignación en resguardo de la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
• La inspección judicial del local comercial ubicado en Domicilio del local.
8. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la Jueza del conocimiento desechó los medios de prueba ofrecidos, al considerar, respecto a la documental, que la apertura y trámite del expediente de diligencias preliminares de consignación corresponde exclusivamente a la respectiva Dirección, además de que ya habían sido admitidos los acuses sellados de los escritos respectivos; con relación a la inspección judicial, la desechó por tratarse de hechos que no son de naturaleza permanente, sino que son susceptibles de acreditarse por otros medios probatorios.(3)
9. Primera sentencia. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Jueza del conocimiento dictó sentencia definitiva en la que condenó a los codemandados al pago de las prestaciones reclamadas.
10. Primer recurso de apelación. Inconforme, la parte demandada interpuso un recurso de apelación, del cual conoció la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el número de expediente Segundo número de expediente, mismo en el que confirmó la sentencia impugnada.
11. Primer juicio de amparo. Ante esto, Empresa “A” promovió un juicio de amparo directo, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito bajo el número de expediente 286/2023.
12. El siete de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que concedió el amparo, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva, en la que analizara la cuestión procesal planteada sobre el desechamiento de las pruebas y analizara el resto de los agravios en contra de la sentencia definitiva.
13. Sentencia en cumplimiento. El veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la Sala responsable dictó una nueva sentencia en la que confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que Empresa “A” no se encontró impedida para desempeñar su funcionamiento dentro del inmueble arrendado, por prestar servicios de salud.
14. La Sala responsable sustentó su consideración en el Aviso de funcionamiento(4) correspondiente al Consultorio de Medicina General con el que contó la demandada, además de que se pactó en el contrato que el inmueble sería destinado como consultorio de medicina general y clínica de oxigenación.
15. Segundo juicio de amparo. En contra de la sentencia dictada en cumplimiento de la ejecutoria, Empresa “A”, a través de su apoderado Nombre del apoderado legal, promovió un juicio de amparo directo en el que hizo valer los siguientes conceptos de violación:
Violaciones procesales
• La sentencia recurrida viola el principio de congruencia, porque respecto al ofrecimiento de la prueba de inspección judicial, la Sala responsable consideró erróneamente que la demandada pretendió acreditar la existencia de las restricciones implementadas con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, no obstante el propósito fue que la Jueza de origen percibiera a través de sus sentidos, las condiciones y herramientas que se utilizan en el servicio de medicina hiperbárica, a fin de valorar si el servicio prestado era o no una actividad esencial.
• Al desechar la inspección judicial, la Sala responsable arbitrariamente impidió acreditar los hechos, defensas y excepciones que opuso.
• Lo anterior, porque si hubiera valorado la prueba de inspección judicial adminiculada con la prueba presuncional, hubiese llegado a una conclusión objetiva.
Violaciones en cuanto al uso del inmueble
• La Sala responsable no debió considerar que las actividades por las que se pactó el uso del inmueble arrendado se encontraban dentro de los supuestos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México, por tratarse de una actividad esencial para combatir la propagación del Covid-19. Lo anterior, debido a que la autoridad sanitaria no consideró como actividad esencial los servicios de medicina hiperbárica.
• El uso convenido del inmueble es lo que da el derecho al arrendador a percibir las rentas como contraprestación, y en el presente caso existió impedimento para usar el local arrendado, debido a los decretos emitidos por las autoridades sanitarias.
Intereses moratorios usurarios
• Las personas cuentan con libertad para obligarse en los términos que consideren convenientes, pero en el pacto de los intereses ordinarios y moratorios existe el límite establecido en el artículo 2395(5) del Código Civil para la Ciudad de México, conforme al cual se pretende evitar el abuso por parte de uno de los contratantes, por lo que se faculta al Juez para que, a petición del deudor, establezca un equilibrio en la sentencia.
• La Sala civil, de manera ilegal, consideró que la tasa de intereses pactada en el contrato no resulta excesiva, no obstante que se estableció un interés a razón del 365% anual.
16. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de la demanda bajo el número de expediente 617/2023.
17. En sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que negó el amparo a Empresa “A”.
18. El órgano colegiado calificó de ineficaces los conceptos de violación relacionados con las violaciones procesales y de fondo, así como inoperantes los argumentos relacionados con la actualización de la usura en los intereses moratorios.
• Desechamiento de las pruebas. Contrario a lo alegado por la empresa, la Sala responsable no consideró que el objeto por el cual se ofreció la prueba de inspección judicial fue exclusivamente para probar la existencia de restricciones, porque también advirtió que la finalidad fue la de acreditar que los servicios prestados por la arrendataria no fueron considerados como una actividad esencial durante la emergencia sanitaria.
• Son ineficaces los argumentos de la empresa de medicina hiperbárica, debido a que no desvirtuó la falta de idoneidad de la prueba ofrecida, por lo que fue correcto que la Sala civil desechara la prueba de inspección judicial, porque no resulta ser la prueba idónea para los fines propuestos por la empresa. Lo anterior, debido a que la apreciación con los sentidos de las instalaciones, el espacio y el equipo que emplea la demandada no llevaría a ningún fin práctico, porque no es la materia de la controversia.
• Asimismo, los casos en los cuales se prestan los servicios de medicina hiperbárica y el hecho de cerciorarse de que tales servicios no eran considerados como una actividad esencial, es un aspecto técnico que va más allá de la apreciación con los sentidos.
• En cuanto al desechamiento de la prueba documental pública, no es posible analizar esa cuestión, debido a que la empresa no emitió argumentos para combatirlo.
• Uso del inmueble arrendado. Es ineficaz el argumento relativo a que la Sala responsable no debió considerar el objeto del contrato para determinar que la actividad a la que se dedicaba la demandada era considerada como esencial durante la pandemia, porque en su lugar, debió atender el objeto social de Empresa “A”, conforme al cual, sus actividades sí limitan a los servicios de medicina hiperbárica.
• Aún y cuando pudiera darse el supuesto de que la empresa no desempeñó una actividad médica, a pesar de haberse pactado en el contrato, le correspondía la carga de probarlo, en términos del artículo 281(6) del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
• Intereses moratorios. Es inoperante el argumento relativo a la actualización de la usura en los intereses moratorios pactados en el contrato, debido a que, tratándose del arrendamiento, no se configura la figura jurídica de la usura.
• El Tribunal Colegiado invocó la tesis aislada 1a. CXXXI/2018 (10a.), emitida por esta Primera Sala, de rubro: “USURA. NO SE CONFIGURA CUANDO EL PACTO DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.”(7)
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado respecto al contenido del artículo 21.3(8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la usura solo se configura cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad ajena, un interés excesivo derivado de un préstamo. A su vez, sobre la explotación entre personas en los contratos, el alto tribunal ha considerado que ocurre cuando la obtención del provecho económico o material producto del trabajo o recursos económicos ajenos, está acompañado de una afectación a la dignidad de la persona abusada.
• Es inoperante el argumento relativo a la reducción del interés moratorio, porque si bien el artículo 2395 del Código Civil para la Ciudad de México establece la posibilidad del juez de reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal cuando advierta un caso de abuso, la empresa no demostró que el interés moratorio resultó desproporcional, ni expuso elementos para considerar la posible usura, y en su caso, reducir los intereses.
19. Recurso de revisión. Inconforme con esa decisión, Empresa “A”, a través de su apoderado Nombre del apoderado legal, interpuso un recurso de revisión. A su consideración, el Tribunal Colegiado no resolvió la cuestión de constitucionalidad relativa a la explotación entre personas, contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Procedencia.
• El Tribunal Colegiado del conocimiento omitió el estudio de la figura de explotación entre personas y se apartó de los criterios aislados del alto tribunal respecto al tema de usura en los contratos de arrendamiento.
• El asunto permitirá seguir construyendo la doctrina en torno al artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el pacto de intereses moratorios y la pena convencional en el contrato de arrendamiento.
Agravios.
• El Tribunal Colegiado omitió analizar si la tasa de intereses moratorios del 365% anual resulta usuraria. Esto, porque la usura puede presentarse en relaciones civiles y no solamente en comerciales, además, los intereses moratorios pactados entre las partes están limitados al derecho humano a la no explotación.
• Por otra parte, el Tribunal Colegiado utilizó indistintamente los conceptos de usura y explotación, a pesar de que existen diferencias entre ambas, porque la usura se presenta cuando existe un interés excesivo derivado de un préstamo, mientras que para la explotación se requiere que en la obtención del provecho económico o material se actualice una afectación en la dignidad de la persona abusada.
20. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo emitido el quince de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este alto tribunal admitió el recurso bajo el número de expediente 7997/2023 y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución.
21. Avocamiento. El quince de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el avocamiento al conocimiento del asunto y dispuso enviar los autos a la ponencia de la Ministra ponente.
I. COMPETENCIA
22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país,(9) 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo,(10) 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(11) así como en los Puntos Primero y Tercero, del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este alto tribunal, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(12) ya que se promueve en contra de una sentencia de amparo en materia civil, especialidad de esta Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
23. El recurso de revisión se presentó en el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida se notificó a la empresa mediante lista electrónica el miércoles veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos el jueves veintitrés de noviembre del mismo año,(13) por lo que el plazo para la interposición del recurso transcurrió del viernes veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, al jueves siete de diciembre de dos mil veintitrés.(14) 24. Si el recurso de revisión se presentó el jueves siete de diciembre de dos mil veintitrés, entonces se promovió oportunamente.
III. LEGITIMACIÓN
25. Nombre del apoderado legal cuenta con legitimación para interponer el presente recurso de revisión, pues es el apoderado de Empresa “A” parte quejosa dentro del juicio de amparo 617/2023 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.(15)
IV. PROCEDENCIA
26. De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General Plenario 9/2015, el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando:
a) En la sentencia recurrida se decida sobre la constitucionalidad de una norma general, incluida su inconvencionalidad o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México sea parte. O bien, se omita el estudio de estas cuestiones, cuando se hubieran planteado en la demanda de amparo; y,
b) El problema de constitucionalidad entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga esta Suprema Corte, en cumplimiento con los Acuerdos Generales del Pleno.
27. Por su parte, el punto Segundo del Acuerdo 9/2015 establece que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando, una vez que se surta el requisito relativo a la existencia de un tópico de constitucionalidad:
a) Que se advierta que aquél dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o
b) Que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
28. Expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima que el presente asunto cumple con los requisitos de procedencia mencionados.
29. El primer requisito referente a la existencia de un tema de naturaleza constitucional queda satisfecho, pues la empresa en su recurso de revisión señaló que el Tribunal Colegiado omitió realizar el análisis de la prohibición de cualquier forma de explotación y se apartó de criterios de este alto tribunal respecto del tema de usura en relación con los contratos de arrendamiento.
30. En la sentencia de amparo, el tribunal realizó el análisis desde la perspectiva de la figura de usura y concluyó que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 5561/2015 sostuvo el criterio en el sentido de que la usura ocurre en un pacto excesivo derivado de un préstamo.
31. Ahora bien, en la especie, el acto reclamado deriva de una controversia de arrendamiento, en el que las partes contratantes pactaron que, en caso de incumplimiento, se pagaría el interés diario del 1%, lo que como lo afirmó la responsable equivale a la pena convencional sancionatoria que el arrendador tiene derecho a recibir del arrendatario, como una indemnización por su incumplimiento, ante la imposibilidad de hacer uso del bien arrendado y como ganancia lícita por dejar de cubrirse su pago durante todo el tiempo que perduró el incumplimiento.
32. Por tanto, las cantidades que se generen por ese incumplimiento no derivan de un préstamo; de ahí que no se actualice la figura de la usura.
33. Este tema sin duda involucra una cuestión de orden constitucional, pues el Tribunal Colegiado abordó el tema de usura en relación con intereses pactados en un contrato de arrendamiento, pero omitió el estudio de la figura de explotación, en relación con la pena convencional.
34. Bajo esa lógica, es evidente que el caso cuenta con una problemática de orden constitucional. En primer lugar, porque el colegiado realizó una interpretación respecto a los alcances del fenómeno de usura en contratos distintos a un préstamo y, en segundo término, porque omitió el estudio de la figura de explotación planteado en la demanda.
35. También se satisface el segundo requisito. De conformidad con el punto segundo del Acuerdo General 9/2015, la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional.
36. De ahí que el tema permitirá seguir construyendo la doctrina en torno al artículo 21, punto 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el pacto de los intereses moratorios y la pena convencional en un contrato de arrendamiento.
V.ESTUDIO DE FONDO
37. En sus agravios, la empresa señaló que el Tribunal Colegiado no resolvió la cuestión de constitucionalidad relativa a la explotación entre personas, contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se apartó de los criterios aislados del alto tribunal respecto al tema de usura en los contratos de arrendamiento. Lo anterior pues debió analizar si la tasa de intereses moratorios del 365% anual resulta usuraria. Esto, porque la usura puede presentarse en relaciones civiles y no solamente en comerciales, además, los intereses moratorios pactados entre las partes están limitados al derecho humano a la no explotación.
38. Esta Primera Sala considera que los agravios en cuanto a la omisión de estudio son fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, únicamente respecto del concepto de violación que fue omitido por el Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.(16)
39. El estudio del presente recurso de revisión se analizará conforme a lo siguiente i) Analizar lo resuelto por el Tribunal Colegiado respecto del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el tema de usura;(17) ii) Estudio del concepto de violación relacionado con la prohibición de cualquier forma de explotación con motivo de la pena convencional establecida en un contrato de arrendamiento.
i) Interpretación del Tribunal Colegiado respecto del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto a la figura de la usura.
40. En primer lugar, el Tribunal Colegiado determinó que la pena convencional no podía configurar usura, de acuerdo con la tesis 1a. CXXXI/2018 (10a.), emitida por esta Primera Sala, de rubro: “USURA. NO SE CONFIGURA CUANDO EL PACTO DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO”. El tribunal precisó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado respecto al contenido del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la usura solo se configura cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad ajena, un interés excesivo derivado de un préstamo.
41. En efecto, esta Primera Sala ha resuelto diversos asuntos en los que ha excluido la posibilidad de que los pactos sobre intereses moratorios o las penas convencionales establecidos en un contrato distinto al de mutuo o préstamo, sean sometidas a un control bajo la prohibición de usura, circunscribiendo el fenómeno usurario a los intereses excesivos derivados de un préstamo, es decir, respecto de un contrato en el que el interés se pacte con motivo del tráfico de dinero, para obtener una ganancia o lucro de éste y ha admitido la posibilidad de que se examine la usura en contratos análogos, es decir, contratos de la misma naturaleza que entrañen un préstamo de dinero (de crédito).
42. En algunos casos, esta Sala ha reiterado que en otro tipo de contratos distintos al préstamo o crédito, el interés moratorio o la pena convencional constituyen una compensación de daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación respectiva, en el contexto del propio contrato, cuyo control se rige por los límites que impone la normativa civil aplicable a los intereses o penas convencionales, asimismo, en otros asuntos, ha insistido en que en cualquier otro acuerdo de voluntades distinto al préstamo, el control convencional emanado del artículo 21.3 de la Convención referida, puede darse a través de la prohibición genérica de explotación del hombre por el hombre, en el entendido que ésta, a diferencia de la usura, exige además de una afectación de tipo patrimonial excesiva o desproporcionada, que se actualice una afectación a la dignidad de la persona.
43. De manera que en cualquier otro contrato distinto del mutuo o préstamo, en el que se haya establecido un pacto de intereses moratorios o una pena convencional, o alguna otra estipulación que pueda resultar en un provecho económico excesivo para una de las partes en perjuicio de la otra, no tiene cabida un control bajo la prohibición de usura; pero sí lo tiene bajo la prohibición genérica de explotación del hombre por el hombre, siempre y cuando en la relación jurídica contractual se advierta un exceso o desproporción en las prestaciones y contraprestaciones económicas de cualquier negocio jurídico; es decir, que las contraprestaciones no correspondan en valor ni con la función que desempeñan dentro del negocio jurídico y representen un abuso o exceso.
44. Consecuentemente, los cobros relativos a intereses moratorios o penas convencionales que no provengan de un contrato de mutuo, préstamo o análogo, o de un acto jurídico contractual en el que se afecte directamente la dignidad de la persona, en caso de que se tilden o aparezcan como excesivos, estarán sujetos al control que pueda derivar de las reglas civiles generales que les resulten aplicables, para evitar que en los actos jurídicos haya abuso patrimonial de una parte en p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33456-c414644b/prohibicion-de-explotacion-de-la-persona-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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