Corpus
Modo: Corpus Pro

CLÁUSULAS DE SUMISIÓN EXPRESA A JURISDICCIÓN EXTRANJERA ESTABLECIDAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN DE EMPRESAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN MÉXICO A TRAVÉS DE PÁGINAS DE INTERNET. CUANDO PRORROGAN LA COMPETENCIA ÚNICAMENTE PARA QUE LOS USUARIOS ACUDAN A OTRO PAÍS A DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES, VIOLAN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5069/2023. · Registro digital (IUS): 33237
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.425.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5069/2023. 19 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

V I S T O S, para resolver, los autos del expediente 5069/2023, relativo al amparo directo en revisión interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo directo **********; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Antecedentes. ********** demandó a **********, Sociedad Limitada Unipersonal, en la vía ordinaria civil, la indemnización por daño moral y otras prestaciones. El asunto fue radicado en el Juzgado Septuagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente número **********.

2. Al dar contestación a la demanda, la empresa demandada planteó la excepción de incompetencia por declinatoria, dado que la competencia surtía a favor de una jurisdicción extranjera, concretamente los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, España. Dicha excepción se registró con el número de toca ********** en la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

3. El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó resolución donde declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y, en consecuencia, sobreseyó en el juicio natural.

4. SEGUNDO. Juicio de amparo directo y adhesivo. En contra de lo anterior, ********** promovió amparo directo, al que se adhirió **********, Sociedad Limitada Unipersonal a través de su apoderado legal. Correspondió resolver el asunto al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número **********. En sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se resolvió el asunto, negando el amparo y protección de la Justicia Federal y declarando sin materia el amparo adhesivo.

5. TERCERO. Recurso de revisión y trámite ante esta Suprema Corte. Inconforme con lo anterior, el quejoso, a través de su autorizado, interpuso recurso de revisión el cual se registró con el número 5069/2023, y fue admitido por este Alto Tribunal en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, se ordenó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y enviar el expediente a la Primera Sala para efectos de su avocamiento.

6. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veintitrés, **********, apoderado legal de **********, Sociedad Limitada Unipersonal, interpuso recurso de revisión adhesivo.

7. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala determinó avocarse al conocimiento del presente recurso.

8. Finalmente, mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés se tuvo por interpuesta la revisión adhesiva al recurso principal.

C O N S I D E R A N D O:

9. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) y puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés y publicado el catorce de abril del año referido.(2) Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala y no se hace necesaria la atención del Tribunal Pleno.

10. SEGUNDO. Oportunidad del recurso de revisión principal y adhesivo. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia impugnada, emitida por el Tribunal Colegiado, le fue notificada a la parte quejosa, recurrente en el presente asunto, el seis de julio de dos mil veintitrés, por lo que dicha notificación surtió efectos el siete siguiente. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86(3) de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del diez de julio al siete de agosto de dos mil veintitrés, descontándose los días quince a treinta y uno de julio, así como cinco y seis de agosto, de la anualidad próxima pasada, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.(4)

11. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó el uno de agosto de dos mil veintitrés ante el tribunal colegiado del conocimiento, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

12. En cuanto al recurso de revisión adhesiva, la admisión del recurso de revisión le fue notificada a **********, Sociedad Limitada Unipersonal el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por lo que surtió efectos el seis de noviembre. Por lo tanto, el plazo establecido en el artículo 82 de la Ley de Amparo(5) para interponer recurso de revisión adhesivo transcurrió del siete al trece de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose los días once y doce de noviembre por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.

13. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión adhesiva fue presentado el trece de noviembre de dos mil veintitrés de manera electrónica, se advierte que el mismo se interpuso de manera oportuna.

14. TERCERO. Legitimación del recurso de revisión principal y adhesivo. El recurso de revisión principal fue interpuesto por quien se encuentra legitimado para ello, pues lo hace valer **********, autorizado del quejoso ********** quien tiene reconocida su personalidad en el juicio de amparo **********.(6)

15. Asimismo, el recurso de revisión adhesivo fue interpuesto por parte legitimada, dado que fue hecho valer por **********, apoderado legal de **********, Sociedad Limitada Unipersonal, quien tiene reconocida personalidad en el juicio de amparo **********.(7)

16. CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver. A continuación, se sintetizan los hechos relevantes para la resolución del presente asunto:

I. Resolución incidente de excepción de incompetencia. La Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria, en atención a las siguientes consideraciones:

“[...]

De la excepción en estudio, se aprecia esencialmente que las causas de incompetencia propuestas por la demandada radican medularmente en lo siguiente:

1. Que de conformidad en la fracción IV del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación para la Ciudad de México, la competencia se surte en favor de una jurisdicción extranjera, concretamente en los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona, España, en virtud del domicilio del demandado, al tratarse en la especie de una acción personal.

Porque en el caso, refiere la excepcionista ********** S.L.U., que tiene su domicilio en el extranjero ubicado en el **********, en Barcelona, España.

2. Porque de acuerdo con el apartado 2.8 de las condiciones generales de uso del sitio web **********, en todo lo relacionado con el mismo, las partes se someten expresa y tácitamente a la jurisdicción de los “Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona”.

Sobre esta base, el estudio que realizará esta Sala, para determinar qué autoridad es competente jurídicamente para decidir sobre los reclamos propuestos por la parte enjuiciante, girará en torno a la naturaleza de la acción intentada prescindiendo del contenido que se desprende de las condiciones generales de uso del sitio web **********, toda vez que para que le resulte aplicable a la parte actora el contenido de tal instrumento es requisito indispensable que lo hubiere suscrito, y que por razón de esto último se encuentre vinculado contractualmente con la parte demandada, lo cual no ocurre en la especie, y por ello, no es factible analizar y resolver la excepción en estudio a partir del contenido de las condiciones generales de uso del sitio web **********.

Para lo anterior, es necesario atender, en primer orden, a la causa de pedir de la parte actora.

Conforme a lo expuesto, se puede decir que la respuesta al problema jurídico presentado en esta instancia requiere identificar primero la causa de pedir del actor, porque solo de esa manera se logrará entender qué naturaleza jurídica tienen sus pretensiones, y se podrá determinar también si el juzgado de la causa tiene o no competencia jurídica para decidir sobre la concesión de las prestaciones de la parte enjuiciante.

Para comprender lo anterior debe hacerse referencia primero, al concepto de acción judicial, entendida como la pretensión de que se tiene un derecho válido en nombre del cual se promueve la demanda respectiva, entonces, es un poder jurídico que tiene todo individuo como tal, y en nombre del cual, le es posible acudir ante los jueces en demanda de amparo de su pretensión.

[...]

Sobre estas bases conceptuales, se puede decir que la causa de pedir sirve para definir cuáles son las pretensiones que el actor, o quien inicia un juicio, intenta satisfacer a través de la incoación del procedimiento jurisdiccional presentado [acción personal o real]; por ello, la causa de pedir sirve para apreciar con claridad si dichas prestaciones están o no planteadas ante la autoridad jurídicamente competente para resolverlas.

Otro efecto que la causa de pedir provoca en el proceso, es la fijación de la litis, pues una vez conocida cuál es la causa de pedir del actor, éste no podrá ampliarla ni modificarla en una etapa intermedia del juicio, salvo que la legislación adjetiva lo permita explícitamente.

En ese orden, la demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo, los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, sin prejuzgar el alcance y eficacia jurídica de los mismos; ello, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir.

En función de lo anterior, se concluye que la causa de pedir de la parte accionante, radica en el reclamo por daño moral derivado de la responsabilidad civil extracontractual, al considerar que se cometió en su perjuicio una serie de conductas lesivas por parte de dependientes de la empresa demandada **********, S.L.U., titular de sitio web **********, y por virtud de ello, reclama de la empresa excepcionista el pago de una indemnización de acuerdo a la capacidad económica de quien lo generó, con base en las leyes mexicanas a favor del acto. Por tanto, del análisis de dichas acciones pretendidas por el actor, se obtiene sin duda que ésta es una acción personal de naturaleza civil.

En tal virtud, es que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 156 de Código de Procedimientos Civiles de aplicación para la Ciudad de México, ya que el presente asunto versa sobre el ejercicio de derechos personales, con lo que resulta evidente que, es juez competente el del domicilio del demandado, ubicado en **********, en Barcelona, España.

Domicilio el anterior que se corrobora, con el dicho de la propia parte actora al referir en el hecho indicado con el número nueve “empresa que hasta donde entiendo de origen español”; adminiculada con las documentales públicas consistentes en el poder número ********** elaborado por el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, **********, anexo al apéndice del testimonio notarial número ********** tirada por el Licenciado **********, Notario Público número ********** de la Ciudad de México, que contiene la protocolización del poder otorgado en el extranjero por la sociedad de nacionalidad española denominada “**********, Sociedad Limitada Unipersonal”, con la documental privada, que contiene las condiciones generales de uso del sitio web ********** (sic) específicamente respecto de la información legal, documentos que a continuación se reproducen vía escáner, en la parte que interesa:

[...]

De lo que se concluye, al ser palmario que la demandada excepcionista, contra de quien se plantea una acción personal (responsabilidad civil extracontractual), tiene su domicilio en el extranjero, sito el ubicado en **********, en Barcelona, España; resulta con todo ello concuso que para el caso a estudio, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 156, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles de aplicación para la Ciudad de México, y con este mismo fundamento se estima que la Juez Septuagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no es competente para seguir conociendo de la demanda incoada en el juicio natural; siendo competente para conocer a la misma, los Juzgados y Tribunales extranjeros de la Ciudad de Barcelona, España.

Para finalizar debe precisarse que, si bien es cierto que de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 167 del Código de Procedimientos Civiles en aplicación, decidida la competencia, el tribunal lo comunicará el Juez ante quien se promovió la declinatoria, y en su caso al que se declare competente; esta autoridad no puede ordenar que por conducto del Juez natural, remita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, los autos, y los documentos exhibidos por las partes, para que por su conducto se envíen al Tribunal extranjero de la Ciudad de Barcelona, España, para que ante el mismo se continúe conociendo del juicio que nos ocupa, pues esta Alzada no cuenta con facultades para ordenar al referido Tribunal extranjero para que siga conociendo de un juicio que se ha tramitado en México, en mérito de que el precepto legal antes precisado sólo se refiere a cuestiones de competencia suscitadas entre tribunales mexicanos, que tienen jurisdicción dentro del territorio nacional, ya que de lo contrario implicaría que un Tribunal mexicano aplicando leyes nacionales, declarara competente a un tribunal extranjero sometido a una soberanía distinta; por lo tanto se estima procedente sobreseer el presente controvertido, en ese entendido deberán devolverse a los contendientes los documentos exhibidos como base de la acción y de excepciones, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, y en su oportunidad deberá archívese el expediente primigenio como asunto concluido.

[...]”

II. Demanda de amparo. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo formulando como único concepto de violación, el siguiente:

• Sostuvo que la Sala violó el derecho de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que el acto reclamado violó las garantías de legalidad y de correcta fundamentación y motivación al realizar una indebida interpretación y aplicación de los artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como el artículo 33 del Código Civil de la misma entidad federativa.

• Mencionó que la autoridad responsable declaró de forma indebida que era fundada la excepción de incompetencia con fundamento en el artículo 156, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dado que la empresa demanda tiene su domicilio en Barcelona, España.

• Al respecto, estimó que la resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada puesto que si bien la empresa tiene su matriz en España, se debe considerar que la misma se encuentra domiciliada dentro de la República Mexicana respecto a todos los actos que ejecute o pretenda ejecutar dentro de este territorio de conformidad con el artículo 33, párrafos segundo y tercero del Código Civil para el Distrito Federal. Apoya su dicho en la tesis jurisprudencial con registro digital 2019661 de rubro “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.”, y en la tesis aislada con registro digital 2023551 de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. ANTE LA MULTIPLICIDAD DE ADMINISTRACIONES (DOMICILIOS) DE LA PERSONA MORAL DEMANDADA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE ELIJA LA PARTE ACTORA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1104, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.”

• Señaló que es evidente que la empresa demandada realiza actividades comerciales en múltiples domicilios, tal como se aprecia en la página web ********** donde señala oficinas en diversas partes del mundo. Aunado a que del dominio de la página de internet (mx) se advierte que la empresa presta servicios en México, y que la empresa fue emplazada en la oficina de la Ciudad de México.

• Sostuvo que, al sujetarlo a los tribunales de Barcelona, España, se puso un obstáculo que impide acceder de forma real a la justicia, considerando los gastos que debe erogar a efecto de contratar un abogado en dicha localidad.

III. Demanda de amparo adhesivo. Adicionalmente, la empresa demandada promovió demanda de amparo adhesivo, señalando como argumentos:

• Mencionó que la Sala determinó correctamente que la excepción de incompetencia por declinatoria es fundada. Ello porque la acción desplegada por el quejoso corresponde a una acción personal, por lo que el órgano jurisdiccional competente es el del domicilio del demandado en términos del artículo 156, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

• Precisó que, de las constancias del expediente, se advierte que el domicilio de la empresa demandada se encuentra en Barcelona, España, por lo que la acción debe ser resuelta por dichos tribunales. Aunado a que el quejoso aceptó someterse a las condiciones generales del sitio de internet de ********** (Condiciones Generales), las cuales señalaban que cualquier controversia relacionada con dicho sitio se resolvería conforme al fuero de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona, España.

• Estimó que la Sala pasó por alto que la reclamación de daño moral se fundó en el hecho de que la empresa demandada negó la solicitud de incluir al quejoso como proveedor en la página **********; afirmación de la cual se infiere que el quejoso necesariamente intentó hacer uso de la plataforma, aunado a que se le negó el acceso al sitio de internet con fundamento en los numerales 2.1 y 2.2 de las Condiciones Generales. Ello implica que el quejoso aceptó dichas condiciones, además de que tenía pleno conocimiento de las mismas al exhibirlas como pruebas en su escrito inicial de demanda.

• Mencionó que considerar que la empresa debe resolver las disputas derivadas del uso del sitio de internet en el lugar del mundo donde se encuentre el usuario inconforme, le sería materialmente imposible.

IV. Sentencia de amparo directo. El Tribunal Colegiado negó el amparo y declaró sin materia el amparo adhesivo, con base en las siguientes consideraciones:

“[...]

II. Calificación de las alegaciones propuestas en los conceptos de violación Es fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso.

III. Respuesta a los argumentos propuestos en el concepto de violación

A. Postura de este órgano colegiado

Es fundado el único concepto de violación por el que se combate la determinación de la Sala que tuvo por fundada la excepción de incompetencia.

B. Justificación

Previo a responder lo manifestado en el único concepto de violación planteado por el quejoso, es oportuno destacar cuestiones relevantes obtenidas de la instrumental de actuaciones del juicio ordinario civil **********.

1. El quejoso inició demanda contra la moral demandada, que opera el sitio de Internet ********** reclamándole el daño moral con base en los hechos narrados en ese escrito inicial.

2. La demandada ********** Sociedad Limitada Unipersonal (S. L. U.) opuso al contestar la demanda la excepción de incompetencia por declinatoria, al básicamente señalar que su domicilio estaba ubicado en el Reino de España, en la ciudad de Barcelona, como se advierte en el instrumento público del Ilustre Colegio de Cataluña, como en su sitio de Internet, y sumado a que en los términos y condiciones de dicho portal “web”, obra disposición en el sentido de la renuncia expresa a cualquier fuero que no sea el de la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

3. Excepción anterior que fue considerada fundada por la Sala responsable en el acto reclamado; vale destacar que en su ejercicio considerativo, esa autoridad dijo que prescindiría del contenido de las condiciones generales de uso del sitio web mencionado, pero en argumentos siguientes acudió a ese documento para corroborar la ubicación de la moral demandada.

Esa determinación es cuestionada por el quejoso en su único concepto de violación, al referir como idea principal, que la Sala interpretó erróneamente los artículos 81 y 82 de la legislación adjetiva civil, relacionado con el precepto 33 de la codificación sustantiva, ambas para la Ciudad de México, e inadvertir que la demandada es una empresa que presta servicios en la República Mexicana.

Lo que apoya en los siguientes argumentos complementarios:

- Fue indebido que la Sala declarara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria con fundamento en el artículo 156 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece que es juez competente el del domicilio del demandado, y que ello se verificaba en favor de las autoridades del Reino de España, en la ciudad de Barcelona.

- El quejoso sustenta lo anterior al afirmar que a pesar de que la matriz de la moral demandada se ubique en ese país y se haya constituido como persona jurídica con arreglo a las leyes vigentes en esa soberanía, también es cierto que al realizar actividades en México se encuentra domiciliada en este país, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Civil para el Distrito Federal.

- Añade el quejoso que la demandada realiza actividades comerciales en múltiples domicilios, como se ve en la página de Internet de la que es propietaria la persona jurídica demandada –**********- y que esa persona no quedó en estado de indefensión, al ser notificada en sus oficinas de la Ciudad de México, y que la existencia de lo anterior y que (sic) actualiza la procedencia de que el juicio se lleve a cabo ante los tribunales de esta ciudad, deriva del dominio del sitio web que administra la demandada, que termina en “.mx”, y que su oficina se encuentra en la colonia **********, y ofrece servicios en territorio mexicano a las parejas interesadas en contraer matrimonio, así como a los proveedores de productos y servicios relacionados con una boda.

- El quejoso dice que conforme a su pretensión de indemnización por la aludida violación reprochada a la demandada a las leyes mexicanas en la ejecución de los servicios que presta en México, debe de considerarse que esa persona jurídica tiene domicilio en esta ciudad.

Son fundados los argumentos precedentes, conforme a lo siguiente:

En primer lugar debe señalarse que el domicilio de una persona jurídica, conforme al artículo 33 del Código Civil para el Distrito Federal, será aquel donde se halle su administración; pero, en caso de que esa ubicación se encuentre fuera de la demarcación territorial de esta ciudad, pero ejecute actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en la Ciudad de México, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.

Al concatenar la norma precedente con las reglas de competencia previstas en el artículo 156 de la legislación adjetiva civil de esta ciudad, es posible afirmar que un criterio para la fijación de ese presupuesto procesal, lo será el domicilio de la parte demandada, cuando a ésta se le pretenda sujetar al procedimiento basado en una acción personal.

Las anteriores directrices legales aplicadas al caso concreto, permiten concluir que la Sala responsable pasó por alto que la moral demandada sí realiza actividades comerciales dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México y esa circunstancia actualiza el supuesto del artículo 33 del Código Civil para el Distrito Federal.

El primer elemento que permite arribar a esa conclusión es que, si bien hay pruebas que permiten apreciar que efectivamente el domicilio de la moral demandada se encuentra en el Reino de España, también es cierto que esa moral utiliza como vía de sus actos comerciales un sitio de Internet vinculado a un “country code Top Level Domain” – dominio de nivel superior de código de país y coloquialmente difundido con las iniciales ccTLD- relacionado a este país a partir de la terminación “.mx”

Conforme al estándar internacional ISO 3166, donde se contiene un listado de los códigos reconocidos y utilizados ampliamente en la construcción de sitios web, la utilización de ese elemento en una dirección de Internet, “...evita errores, ya que en lugar de usar el nombre de un país (que cambiará dependiendo del idioma que se use), podemos usar una combinación de letras y/o números que se entienden en todo el mundo.”

Dichos parámetros internacionales también aportan que: “...[l]os sistemas de nombres de dominio de Internet utilizan los códigos para definir nombres de dominio de nivel superior como “.fr” para Francia, “.au” para Australia. Además, en los pasaportes de lectura mecánica, los códigos se utilizan para determinar la nacionalidad del usuario y, cuando enviamos dinero de un banco a otro, los códigos de país son una forma de identificar dónde se encuentra el banco.”

Así, el código “.mx” es internacionalmente aceptado y relacionado con México; por lo que toda dirección de Internet que incluya en su ruta ese elemento informático, dará pauta a establecer el vínculo entre el titular del sitio web y su relación con este país; tan es así que antes de que un sitio web utilice el código “.mx” deberá contar con la autorización de .MX, división de NIC México, encargada de la administración del nombre de dominio territorial “.mx” y proveer servicios a los registros acreditados.

Los parámetros anteriores dan pauta a concluir que si el sitio administrado por la demandada en lo principal **********, utiliza el código “country code Top Level Domain” “.mx”, ese sitio de Internet se vincula con México y por consiguiente, permiten establecer que el origen de ese sitio es en territorio nacional.

Ese aspecto, vinculado a la existencia de oficinas de la demandada en la Ciudad de México, ubicadas en la colonia ********** de esta ciudad –lugar donde pudo ser emplazada la demandada- dan lugar a establecer que, si bien el domicilio de la moral tercera interesada se ubica en el Reino de España, no menos cierto es que lleva a cabo actividades, tanto en este país, como en esta ciudad.

Ello por así inferirse de las pruebas antes reseñadas y cuyo resultado fue omitido en su apreciación por la Sala responsable para valorar si en el caso cobraba vigencia o no la hipótesis regulada en el artículo 33 del Código Civil para el Distrito Federal, relativo a que las personas jurídicas que tengan su administración fuera de la Ciudad de México, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.

Es por lo expuesto que resulta fundado el concepto de violación de la parte quejosa, relativo a que la Sala responsable inadvirtió que la empresa demandada presta servicios en la República Mexicana, que cuenta con oficinas en la Ciudad de México y que esas circunstancias debieron apreciarse bajo las directrices del artículo 33 del código civil aplicable para esta ciudad.

SÉPTIMA. Amparo adhesivo

Al resultar fundado el único concepto de violación del amparo principal, corresponde analizar los argumentos vertidos por la parte adherente al presente juicio uniinstancial.

Así, en su único concepto de violación adhesivo, la moral tercera interesada expone para fortalecer las consideraciones de la Sala responsable, que si bien fue correcta la conclusión de esa autoridad para tener por demostrado su domicilio en el Reino de España, y así tener por fundada la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso, tal determinación cobraría mayor fuerza si, en vez de dejar de lado el contenido de las condiciones generales del sitio de Internet **********, partiera del contenido de esas disposiciones que eran de pleno conocimiento del quejoso en lo principal y que las consintió tácitamente al usar ese sitio web.

La parte adherente destaca que si bien la Sala responsable estimó que la aplicación de esas condiciones generales ameritaban una suscripción por parte del ahora quejoso, también es cierto que esa autoridad pasó por alto que la acción de daño moral intentada en su contra se fundó en el hecho presunto de que se le negó a su contrario la solicitud de incluir a su empresa como proveedora en el portal **********, y que ello implicaba que el quejoso necesariamente intentara usar esa plataforma en la modalidad de proveedor.

La adherente me

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33237-3e2163d4/clausulas-de-sumision-expresa-a-jurisdiccion-extranjera-establecidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.