IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD.
AMPARO EN REVISION 486/95. MISAEL SANCHEZ CID.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Son infundados los agravios expresados por el recurrente, respecto del acto reclamado al diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, consistente a la falta de notificación personal, de los requerimientos y medidas de apremio que le fueron impuestas en el expediente número 177/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil que promovieron Cristopher González Ibarra y Octavio Sergio Porras Castillo como endosatarios en procuración de Ernesto A. Nájera Barquín en contra del quejoso y ahora inconforme.
En efecto, contrariamente a lo aducido por el recurrente, debe indicarse que el sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada en relación con el precitado acto reclamado, no se estima ilegal, en virtud de que el ahora recurrente, como parte demandada en el juicio generador y toda vez que en el mismo aún no se dicta sentencia definitiva debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, antes de promover el juicio constitucional, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues en virtud de dicho medio ordinario de defensa legal, pudo conseguir que se nulificaran las notificaciones que sostiene nunca se le hicieron, así como las actuaciones subsecuentes practicadas en el juicio natural; de suerte que al no haberlo hecho así, como acertadamente lo sostuvo el juez de Distrito a quo, es inconcuso que se actualiza en el particular la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por esta potestad federal, al resolver los juicios de amparo en revisión números 399/90, 114/92, 652/93 y 132/95, que dice: "- El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles"; así como la diversa tesis, sustentada por esta potestad federal, al resolver el juicio de amparo en revisión número 132/95, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD EN MATERIA MERCANTIL.- Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo."
QUINTO.- En cuanto al diverso acto reclamado que se hizo consistir en la orden de arresto decretada en contra del ahora recurrente, se negó el amparo solicitado por el ahora recurrente, al estimarse en la sentencia recurrida que en el juicio de origen se cumplieron debidamente las finalidades esenciales del procedimiento y que además la orden de arresto reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada ya que el juez responsable para dictarla se apoyó en el artículo 79, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, disposición que faculta a los jueces o tribunales a imponer arrestos hasta por diez días para hacer cumplir sus determinaciones; asimismo, que se encuentra debidamente motivada en virtud de que el juez responsable expuso que la imposición de la medida de apremio obedece a que el quejoso hoy recurrente, no dio cumplimiento al requerimiento de hacer entrega de los bienes que le fueron embargados, requerimiento éste que llevaba implícito el apercibimiento de arresto; deduciéndose así que la referida orden de arresto deriva del auto de requerimiento con el apercibimiento antes citado.
Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 76 bis, fracción I de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado suple la deficiencia de los agravios expresados por el recurrente, en torno a dicho acto reclamado, consistente en la orden de arresto decretada en su contra en el juicio de origen, por el término de siete días; en virtud de que para dictarlo el juez responsable se fundó, como ya se indicó, en el artículo 79, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa, declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en sesión de Pleno de tres de junio de mil novecientos noventa y cinco, al resolver los juicios de amparo en revisión números 163/94, 1798/94, 1937/94, 24/95 y 399/95.
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el particular sostuvo que si bien es verdad que de la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 124 de nuestra Carta Fundamental, se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer, en las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; pero que también es cierto, que la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse al término de treinta y seis horas que prevé el artículo 21 constitucional, para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, pues a pesar de que tal medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 de la Carta Magna y no se impone con el objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo sino como un medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales; sin embargo, a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional, no establece el límite temporal de dicha medida de apremio, entonces debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal para el arresto administrativo. Por consiguiente, si el artículo 79, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establece el arresto como medida de apremio hasta por diez días, es incuestionable que excede del término de treinta y seis horas, señalado en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental y, por ende, resulta inconstitucional.
Así las cosas, tomando en consideración que con las ejecutorias de referencia se sentó jurisprudencia, obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, por tanto, lo que procede en la especie es modificar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del acto de aplicación consistente en la orden de arresto descrita en el juicio de origen, al apoyarse en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando no haya sido motivo de reclamación en el amparo que dio origen al presente recurso de revisión. Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados, por no combatirse por vicios propios. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia número 62, de este Tribunal Colegiado, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretenda ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías promovido por MISAEL SANCHEZ CID, en contra de los actos reclamados del diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla, consistentes en la falta de notificación personal de los requerimientos y medidas de apremio que le fueron impuestas al referido quejoso en el expediente número 177/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Cristopher González Ibarra y Octavio Sergio Porras Castillo, como endosatarios en procuración de Ernesto A. Nájera Barquín, en su contra.
TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a MISAEL SANCHEZ CID, contra los actos reclamados del juez Segundo de lo Civil y comandante del Tercer Subsector de la Policía Judicial, ambos de Tehuacán, Puebla, consistentes en la orden de arresto dictada por el referido juez en contra del aludido quejoso, en el expediente número 177/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil, que promovieron en su contra, Cristopher González Ibarra y Octavio Sergio Porras Castillo, en su carácter de endosatarios en procuración de Ernesto A. Nájera Barquín; así como los actos de ejecución reclamados del citado comandante de la Policía Judicial.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al juez a quo; envíese copia simple autorizada de la misma para la autoridad responsable ordenadora y en su oportunidad archívese el toca.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3325-01da8f25/improcedencia-del-amparo-contra-la-falta-o-ilegalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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