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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 471/92. · Registro digital (IUS): 5833
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ELADIO GONZALEZ SANCHEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, , Pág. 159.

AMPARO EN REVISION 471/92. ELADIO GONZALEZ SANCHEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-En los agravios que han quedado transcritos, se alega que la sentencia recurrida es ilegal, al considerar que la diligencia de emplazamiento reúne los requisitos que establece para el efecto el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, pues se realizó personalmente con el interesado en la residencia designada, y se asentaron en la razón correspondiente los medios de que se valió el notificador, para cerciorarse previamente de que en la casa designada se hallaba el domicilio de la persona que debía ser notificada, pues en opinión del recurrente, ello no es creíble, ya que no se dieron "datos de precisión en qué lugar vio a los vecinos, cuáles fueron los vecinos, quiénes eran estos vecinos, los domicilios de los mismos, para de esa manera poder estar en posibilidad de citar a esos supuestos vecinos e interrogarlos sobre de sí les constaba o no efectivamente cuál era el domicilio de ELADIO GONZALEZ SANCHEZ, por qué razón lo conocían y demás elementos probatorios, sin embargo, como ello no se llevó a cabo dentro de ese marco de legalidad, es indudable que lo asentado en el acta levantada en esa diligencia, carece de eficacia probatoria, y es por ese motivo que no debió haberse tenido por legalmente efectuado ese emplazamiento,...", por lo que sí tienen aplicación las tesis invocadas por el recurrente.

El agravio anterior resulta infundado, en virtud de que en la especie no era necesario que la diligenciaria asentara dichos "datos de precisión" a que se refiere el recurrente, como son el nombre y el domicilio de los vecinos a través de los cuales se cercioró que en la casa designada para hacer la notificación, se hallaba el domicilio de quien había de ser emplazado, pues además de que la falta de esos datos por sí solos no invalidan el emplazamiento, ya que no existe dispositivo legal que así lo disponga, fue el propio demandado quien indicó que ese era su domicilio, según se desprende de la cédula de emplazamiento (visible a foja 32 del expediente de amparo), lo que por sí es suficiente para considerar legalmente practicado el emplazamiento, dado que esa circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente, ya que no ofreció ningún elemento de prueba tendiente a ello, y por lo tanto, se concluye que el a quo federal estuvo en lo justo al considerar que aquel funcionario sí cumplió con las disposiciones que para la primera notificación establece el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla.

A lo anterior tiene aplicación el criterio que sobre el particular ha sostenido este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 249/89 y 358/91, y amparos en revisión 402/91 y 250/92, en la tesis que dice: "-Si consta en autos que el diligenciario se constituyó en el inmueble señalado por el actor y se cercioró previamente de que ahí se hallaba el domicilio del interesado porque así se lo manifestó el propio demandado a quien encontró, y con él personalmente entendió la diligencia y le corrió traslado con las copias simples de la demanda es evidente que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 49 fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, pues debe considerarse satisfecho el requisito de cercioramiento a que se refiere esta disposición por el hecho de que el propio demandado así lo manifieste, ya que siendo la persona a quien se encontró en el lugar, es lógico que a él se le haya preguntado sobre el particular y si respondió afirmativamente, el actuario no tenía que asentar en el acta un medio diverso, ni tampoco requerir a esa persona para que se identificara en razón de que tal circunstancia no es exhibida por la ley.".

Por otro lado, el quejoso en sus agravios alega que la sentencia revisada es incorrecta al considerar que el amparista no aportó prueba alguna para desvirtuar la fe pública del funcionario actuante, y para apoyar su afirmación en el sentido de que en la fecha y hora en que se efectuó el emplazamiento, él se encontraba fuera de la ciudad, pues en opinión del recurrente: "... sí existen agregadas en autos las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, en las que se contiene el acta o cédula de emplazamiento", las cuales adolecen de claros vicios de legalidad, por lo que el Juez a quo pretende que se acredite un hecho negativo.

Lo alegado en este agravio, es inatendible pues como se puede advertir con claridad, el Juez de Distrito correctamente consideró que el recurrente no aportó ninguna prueba para acreditar su afirmación en el sentido de que es ilegal el emplazamiento, ya que en el momento en que se llevó a cabo el mismo, se encontraba fuera de la ciudad, porque con esta consideración esta autoridad de ninguna manera se refería a las pruebas consistentes en las copias de las actuaciones de primera instancia (o sea, el acta de emplazamiento), como ahora lo pretende el quejoso, las cuales por lo demás, sí fueron consideradas por el juzgador constitucional, sino a aquellas que el propio amparista dijo aportaría para acreditar su aserto. Y por otro lado, es inexacto que el a quo pretenda que se acredite un hecho negativo, pues, en primer lugar, el propio recurrente fue quien sugirió que demostraría que en el momento en que se realizó el emplazamiento, se encontraba fuera de su domicilio, y en segundo lugar, si la inexistencia del emplazamiento la apoyó en esta circunstancia, es inconcuso que le correspondía acreditar esta afirmación.

En las condiciones relatadas, lo que en la especie procede, es confirmar el fallo sujeto a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eladio González Sánchez en contra de los actos que reclama del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, diligenciaria de los expedientes pares de su adscripción y comandante de la Policía Judicial destacado en ese Distrito Judicial; Juez menor, secretario de su adscripción y comandante de la Policía Municipal, todos ellos de San Martín Texmelucan, Puebla, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Tarcicio Obregón Lemus, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5833-27d0b70b/emplazamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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