POSESION. LO QUE DEBE ENTENDERSE POR TITULO DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA).
AMPARO DIRECTO 372/95. EJIDO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE DURANGO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados a juicio de este Tribunal Colegiado.
Aduce el peticionario que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por cuanto que falta al principio de congruencia previsto por el artículo 81 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Durango, porque no estudió diversos agravios que fueron planteados en el recurso de apelación, no obstante que debe examinar en forma exhaustiva todos y cada uno de los expresados, resolviéndolos, particularmente los relativos a la prueba confesional a cargo de la señora Gloria Moreno viuda de Briceño, por la indebida valoración que hizo el juez de primera instancia respecto de la confesión expresa en los términos del artículo 325 de la ley adjetiva mencionada, indicando en forma particular y clara cada una de las posiciones que articuló y que contienen una confesión expresa respecto de hechos que le son propios y favorables a los intereses del ejido, pues sirve para justificar los elementos de la acción ejercitada, y la responsable no realizó ningún pronunciamiento ni tan siquiera hizo referencia al agravio.
Que formuló agravios respecto a la violación manifiesta de los artículos 1137, 1138 y 1142 del Código Civil para el Estado de Durango, sin que se pronunciara en relación a ellos.
Invoca tres tesis de jurisprudencia sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro: "AGRAVIOS FORMULADOS ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA. LA RESPONSABLE ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACION A TODOS LOS..."; "AGRAVIOS, EL TRIBUNAL DE APELACION DEBE ESTUDIARLOS EN SU TOTALIDAD Y DARLES RESPUESTA" y "TRIBUNAL DE APELACION. DEBE ANALIZAR TODOS LOS AGRAVIOS Y PRUEBAS QUE SE HICIERON VALER EN EL RECURSO".
Vistas las constancias que informan el expediente de apelación número 111CC/95 de la Sala Tercera Civil Colegiada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, se llega al conocimiento que de fojas 003 a 0014 corre agregada promoción que contiene los agravios formulados por el peticionario de amparo en contra de la sentencia definitiva dictada por el juez Primero de lo Mercantil en el juicio ordinario civil expediente número 709/93 y que, en los agravios marcados con los números I, III y IV, aduce que se viola en su perjuicio el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1137, 1138 y 1142 del Código Civil al realizar una incorrecta valoración del material probatorio, porque la señora Gloria Moreno Díaz viuda de Briceño, tanto al contestar la demanda como al absolver posiciones confesó que la posesión la tiene el ejido desde 1972; concretamente en el punto III mencionado, dijo: "...olvidando además que al analizar la prueba confesional a cargo de la demandada, en que si bien se dijo que ésta no favorecía a nuestro ejido que representamos para probar las pretensiones, sí estimó que con la confesión a las posiciones primera, segunda, tercera, cuarta y novena, así como con la primera y tercera verbal, se justificó que el ejido se encuentra en posesión del inmueble, que en el mismo tienen construidas 23 casas aproximadamente y áreas comunes, tales como plaza pública, iglesia, clínica y salón de juntas pertenecientes al ejido, que las edificaciones fueron construidas por los ejidatarios o miembros del propio Ejido Lázaro Cárdenas, que dentro del inmueble se lleva a cabo explotación de piedra, contestando también que se lleva a cabo en dicho inmueble la explotación de piedra por miembros del ejido, además confesando que desde 1974 se construyeron en los terrenos materia del juicio la clínica y la plaza que se encuentran actualmente en dicho inmueble, de donde resulta aberrante que el a quo estime que tal probanza no fue favorable a las pretensiones de nuestra representada, cabiendo agregar a estas consideraciones, que la explotación de piedra, manifestó la Sra. Gloria Moreno Díaz Vda. de Briceño, y precisamente al absolver la primer pregunta verbal, que dicha explotación la vienen realizando los ejidatarios actores desde el año de 1972, además respecto de la cuarta posición verbal al preguntársele que se da cuenta que con anterioridad al año de 1972 el ejido actor se encontraba establecido en terrenos colindantes a los de la materia de este juicio, donde se encuentra actualmente la presa Garabitos, manifestando que no sabía pero que antes del año de 1972 y posteriores no tenía ningún problema, y por otra parte, respecto de las pruebas confesionales, independientemente que fue mal valorada la respuesta que se dio a la misma por los suscritos, se violó por el a quo tanto el artículo 325 como el 402 del Código de Procedimientos Civiles, puesto que se debe tener por confeso al articulante respecto de los hechos propios que afirmare en sus posiciones, y al respecto en relación a la confesional a cargo del primero de los suscritos Tiburcio García Martínez la quinta posición se hizo en los siguientes términos: `que diga que es verdad como lo es que las actas de asamblea a las que hace referencia versaron sobre la reubicación de casas-habitación del núcleo ejidal'; a la séptima que `para la explotación de piedra el ejido no cuenta con permiso, de donde se obtiene la acreditación de la reubicación que se llevó a cabo', siendo del conocimiento de la demandada como un hecho verdadero, así como los trabajos de explotación de piedra, llevados a cabo como actos de dominio, y como consecuencia debe de revocarse la sentencia recurrida. IV.- Congruentemente con lo anteriormente establecido, y para mayor abundancia en la solicitud en relación a la violación de lo establecido por los artículos 281 y 402 del Código de Procedimientos Civiles y en concordancia a lo establecido por los artículos 1137, 1138 y 1142 del Código Civil, es procedente que declaren sus señorías fundados y operantes estos agravios, revocando la sentencia recurrida, precisando que mediante la exposición de los agravios se motivó el estudio con plenitud de jurisdicción, tanto de los elementos constitutivos de la acción que se ejercitó, de los puntos de litis y del material probatorio, exponiéndose en tal virtud que la acción de prescripción positiva quedó debidamente probada, por las siguientes razones: a).- Porque legitimada pasivamente está la demandada, toda vez que como ella lo confesó tanto al dar contestación como al absolver posiciones, el predio Los Almontes, consistente en las 96-00-00 hectáreas que en prescripción se reclaman, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad a su nombre, obrando constancia en tal sentido y del propio registrador que se acompañó al escrito inicial de demanda; b).- Porque quedó justificado que la parte actora acreditó tener la posesión del inmueble objeto del negocio, esto desde el año de 1972, cuestión que se probó con el acta de asamblea de fecha 20 de agosto de 1972 en que se acordó el cambio de ubicación del poblado, con la propia confesión expresa de la demandada al dar contestación a la demanda y al absolver posiciones, pues en el primer acto procesal en mención reconoció que los miembros del Ejido Lázaro Cárdenas se encuentran en posesión de una parte del inmueble, que se lotificó para hacer casas, y donde se levantaría luego la plaza, la escuela y la iglesia, reconociendo en el segundo acto procesal, esto es, al absolver posiciones, que los miembros del ejido están llevando a cabo explotación de piedra-cantera desde el año de 1972, reconociendo además que los ejidatarios del ejido actor detentan físicamente el inmueble materia de este negocio... que la propia demandada aceptó ser cierto que en el inmueble han realizado construcciones los miembros del ejido y que llevan a cabo la explotación de la piedra-cantera desde el año de 1972... cuando al absolver posiciones reconoce que en el inmueble y desde 1972 los miembros del ejido realizan la explotación de piedra-cantera, y además que tienen la posesión desde hace más de diez años, por lo que es falso lo asentado en el `supuesto' contrato de arrendamiento, en el que absurdamente aparece como que fue realizado en febrero de 1987, se ratificó hasta el mes de febrero de 1988...".
La autoridad responsable a foja veinte vuelta de la sentencia impugnada, en relación a la prueba confesional que nos ocupa, dice textualmente: "Que del estudio de la prueba confesional ofrecida por la parte actora, a cargo de la demandada, de la misma se advierte que no les favorece, pues como acertadamente lo resolvió el juzgador de primer grado, dicha confesión no aporta elemento alguno para probar las pretensiones de los actores, toda vez que por el contrario, de la misma se desprende que el inmueble referido pertenece a la demandada, que la posesión la tienen los ejidatarios desde el año de mil novecientos ochenta y cinco, en carácter de propietarios, únicamente respecto de 4-00-00 hectáreas que ella les vendió, y que la explotación la vienen realizando los ejidatarios desde mil novecientos setenta y dos, pero que tiene una demanda en contra de ellos o quien resulte responsable".
Lo anterior, con excepción de las dos situaciones que indica, evidencian omisión en dar respuesta a las particularidades invocadas por el apelante hoy quejoso, respecto a la precitada prueba confesional; circunstancia que es suficiente para que se reponga el procedimiento, en tanto que por congruencia se entiende conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes; sin embargo, fundado el concepto de violación, deviene inoperante porque con dicho medio de convicción no demuestra el acto, hecho o causa generadora de la posesión, que constituye elemento constitutivo de la acción deducida y, a nada práctico conduce conceder el amparo para que tal violación sea subsanada, habida cuenta que hecho aquello, en vía de un nuevo amparo se resolvería desfavorable a los intereses del hoy quejoso.
En relación con la violación de los artículos 1137, 1138 y 1142, del Código Civil, en tanto que la responsable se pronuncia sobre el fondo de la cuestión planteada y los preceptos legales se refieren a los requisitos que deben reunirse o converger para que haya prescripción adquisitiva, es claro que no hay violación por cuanto a la omisión aducida.
No obstante lo anterior, visto el fondo de la cuestión planteada este órgano de control constitucional estima que aun siendo fundado el concepto de violación, deviene inoperante, porque de concederse el amparo para que la autoridad responsable subsane la omisión aludida, en vía de un nuevo amparo, tal circunstancia sería insuficiente para dictar un fallo favorable a las pretensiones del quejoso, por lo que en aras de la economía procesal procede y debe desde ahora declarar la negativa de la Protección Federal al respecto.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia número cuatrocientos cuarenta y cinco, consultable en el Apéndice de jurisprudencia 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 783, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES.- Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado".
Es verdad que el artículo 1137 del Código Civil del Estado de Durango, no consigna entre los requisitos para que opere la prescripción positiva, que la posesión necesaria para prescribir debe ser fundada en justo título y que, difiere del artículo 1069 del Código Civil para el Estado de Puebla, que sí lo incluye; empero, el artículo 799 del precitado Código Civil de Durango, sí prevé que es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer, y que por título se entiende la causa generadora de la posesión, al disponer:
"799.- Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer un derecho.- Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.- Entiéndese por título la causa generadora de la posesión"; de manera que por la razón de la materia que informa la tesis que invoca la Sala responsable, del rubro: "PRESCRIPCION POSITIVA, REQUISITOS PARA LA", no está mal aplicada, porque hace alusión al título posesorio o título indispensable para prescribir que consigna el precepto legal transcrito como título suficiente y a la vez causa generadora de la posesión, de manera que tampoco hay violación de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.
Por otra parte, la diversa tesis de jurisprudencia que la responsable transcribe del rubro "PROPIEDAD, PRUEBA DE LA", lo hace para apoyar sus razonamientos tendientes a restarles valor probatorio a los atestos de Timoteo Soto Rodríguez, David Galindo Gutiérrez y doctor Luis Díaz Salinas, lo que será materia, posteriormente, de estudio y, en tal evento habrá pronunciamiento sobre la aplicación correcta o no de la tesis.
Expuesto lo que antecede, es menester pues, establecer y determinar si en el caso que nos ocupa existe título suficiente para poseer, es decir, la causa generadora de la posesión.
Así, partiendo del supuesto que por posesión se entiende el acto o hecho jurídico, que hace adquirir un derecho y que entronca con la causa; el documento en que consta ese acto o hecho adquisitivo y el derecho mismo que asiste a una persona y que la legitima activa y pasivamente; y, por título la causa generadora de la posesión de conformidad con lo dispuesto por la última parte del artículo 799 del Código Civil vigente en el Estado de Durango, en el presente caso se tiene que el peticionario de amparo en su escrito inicial de demanda refiere entre otras cosas: "En el año de 1972 y con motivo de la construcción de la presa `Garavito' que fue ubicada precisamente junto al fundo legal, es decir al poblado, fue menester por señalamiento de los funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ahora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, encargados de la obra, cambiar de ubicación el poblado recomendándose unos terrenos que dichos funcionarios se comprometieron a regularizar, consistentes éstos en noventa hectáreas respecto de las cuales se solicita la prescripción a favor del ejido que representamos, cuyos referidos funcionarios ningún trámite hicieron". Agregan, que el día veinte de agosto de mil novecientos setenta y dos, contando con la asistencia del licenciado Maximiliano Silero Esparza, en ese entonces presidente Municipal de la ciudad de Durango, de los ingenieros agrónomos Leandro Molinar Meraz, José Lucero Mireles, delegado y subdelegado, respectivamente, del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, efectuaron una asamblea general en la que se sometió a votación la proposición del cambio de ubicación del poblado, el que se efectuó realizándose con posterioridad a las gestiones correspondientes a la introducción de energía eléctrica y agua potable; añade, que desde la fecha del veinte de agosto de mil novecientos setenta y dos posee, el ejido que representa, el inmueble en concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública y por tiempo muy superior incluso al de la posesión de mala fe y que, la causa generadora de su posesión "lo es la reubicación del poblado en terrenos señalados y acordados por las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que se comprometieron a regularizar a favor del ejido que representamos".
De lo anterior, se sigue que el acto o hecho por medio del cual adquirió la posesión y en consecuencia, la causa generadora o título, es precisamente el acuerdo para cambiar de ubicación el poblado o la reubicación del mismo acordado por las autoridades mencionadas y la asamblea del ejido, de manera pues, que en esa tesitura, debe probar o demostrar el hecho, acto o causa por virtud del cual entró en posesión del inmueble cuestionado por ser uno de los elementos constitutivos o esenciales de la acción deducida, sine qua non, que en términos del artículo 281 del Código Procesal Civil corresponde al actor probar, por lo que si no acredita la existencia de los elementos constitutivos de la acción aun en el caso de que la parte demandada-reo no demuestre sus excepciones, la acción deducida no prosperará, esto como principio general de derecho procesal.
Puntualizado lo que antecede, del examen de las constancias que informan el expediente del juicio natural, se llega al conocimiento que el actor para acreditar la acción, ofreció como pruebas de su intención, las documentales consistentes en la resolución presidencial fojas 32 a 60, del nueve de abril de mil novecientos treinta y cuatro, que confirmó la resolución dictada por el gobernador constitucional del Estado y declaró procedente la dotación solicitada por los vecinos del poblado "Garavito", resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos treinta y cuatro, inscrita en las páginas 34 a 36, del Tomo I en el Registro Agrario Nacional bajo el número treinta y uno. La documental relativa a la ampliación, fojas 62 a 76, del ejido, de fecha seis de julio de mil novecientos treinta y siete en una superficie de 951-00-00 hectáreas, de las que se les dio posesión e hizo el deslinde correspondiente y cuya ampliación fue aprobada a los catorce días del mes de abril de mil novecientos treinta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del mismo año e inscrita en las páginas 227 a 271, del Tomo III del Registro Agrario Nacional a los siete días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y nueve.
Ofreció igualmente la documental consistente en el acta de fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y dos, relativa a la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado Garavito del Municipio y Estado de Durango, en la que contando con la asistencia del presidente Municipal de la ciudad de Durango y del delegado y subdelegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en la que consignan lo referente al cambio de ubicación del poblado, según convocatoria lanzada el día once del mes y año citados y que, se preguntó a la asamblea las condiciones en que se efectuaría el cambio, a lo que el presidente Municipal contestó que serían de acuerdo con la mayoría, es decir, si se determina realizar el cambio, las obras que se están gestionando (electrificación, agua potable, etcétera), serán para el nuevo poblado, en caso contrario, tales obras se realizarían en el lugar donde actualmente radican. Se hace constar que lo anterior se sometió a votación para conocer la proposición del cambio de ubicación del poblado, resultando que un grupo de ejidatarios en número de veintiuno, aprobaron dicho cambio, en calidad de ejidatarios y un grupo de ocho en calidad de vecinos; y, un grupo de quince ejidatarios decidieron continuar viviendo donde hasta la fecha lo han hecho, así como dos vecinos.
El acta se cierra con lo siguiente: "No habiendo más asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea procediéndose a levantar la presente acta, firmándola de conformidad los que en ella intervinieron".
Se ofrecieron también la prueba confesional a cargo de la demandada Gloria Moreno Díaz viuda de Briceño; la declaración de parte a cargo de dicha persona; la inspección ocular con sus anexos de fotografías; la testimonial a cargo de Timoteo Soto Rodríguez, David Galindo Gutiérrez y doctor Luis Díaz Salinas; instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas y certificación de fechas veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, del veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta y seis, inscrita con el número doscientos trece del Tomo 080876 del veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis, a nombre de Gloria Moreno Díaz de Briceño que ampara el predio cuestionado, foja 22.
El peticionario de amparo considera que con el material probatorio mencionado, particularmente con el acta de fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y dos, correspondiente a la Asamblea General del Poblado Garavito, acreditó la causa generadora de la posesión del inmueble que dicen tiene su representada en concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública y por un tiempo muy superior incluso al de la posesión de mala fe, en el entendido que la causa generadora de la posesión lo es la reubicación del poblado en terrenos señalados y acordados por las autoridades (lo subrayado lo destaca en el escrito de demanda, foja 3) de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que se comprometieron a regularizar a favor del ejido.
Que el resto de las pruebas sólo corrobora la causa generadora aludida o título suficiente de la posesión, es decir el hecho, acto o causa y desde luego que están en posesión del predio rústico cuestionado desde el año de mil novecientos setenta y dos.
Al respecto, cabe mencionar que analizada en su integridad la precitada acta de fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y dos, si bien con la misma se demuestra que en la asamblea referida se trató lo relativo al cambio de ubicación del poblado y que en ella, participaron los titulares de las autoridades mencionadas, de manera alguna se desprende la ubicación del terreno o sea el lugar o predio al que se cambiaría el poblado ni tampoco si se decidió o no el mismo y menos que la reubicación o cambio del poblado se hiciera en los terrenos materia del litigio, que tales terrenos fueran señalados y a tal acuerdo llegaron las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por lo que en principio, debe decirse que la causa generadora o hecho generador de la posesión, si bien la enunciaron como obligación que tienen para revelar el origen real de la posesión, tal circunstancia no fue acreditada con el documento aludido, por más que éste no haya sido objetado y pruebe en contra del colitigante, pues lo único que acredita es la celebración de la asamblea; la propuesta para el cambio de la ubicación del poblado; la participación de diversas autoridades; que fue puesta a votación la propuesta, obteniendo como resultado que veintiún ejidatarios y ocho vecinos votaron en sentido afirmativo, mientras que quince ejidatarios y dos vecinos, lo hicieron en sentido negativo, pero, de manera alguna se demostró que las autoridades acordaran el cambio y particularmente señalaran terreno alguno para reubicar el poblado y menos que se comprometieran a regularizarlo a favor del ejido; de manera que al no probar tal circunstancia como causa, hecho o acto generador de la posesión, por ser el título de posesión, es inconcuso que no demuestra la acción de prescripción deducida, al margen de que la posesión sea originaria o derivada, de buena o mala fe, en concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública, por cuanto que el título de posesión, como elemento constitutivo debe acreditarse y, al faltar, es obvio que la acción no fue probada.
Lo anterior es así, porque si bien es innecesario pormenorizar detalles, como aduce el peticionario de amparo, al menos deben, en el acta consignarse los datos esenciales que en el caso son el señalamiento de los terrenos o predio en que se reubicaría el poblado, por parte de las autoridades y, el acuerdo de éstas en tal sentido, así como señalamiento de la asamblea de que la reubicación sería en el predio materia del litigio; de tal suerte que, si no acontece así, es dable lógica y jurídicamente arribar a la conclusión que antecede.
Por otra parte, tomando en cuenta únicamente los argumentos que comoconcepto de violación el peticionario de amparo hace valer, respecto a que la autoridad responsable valoró incorrectamente la prueba testimonial a cargo de Timoteo Soto Rodríguez, David Galindo Gutiérrez y doctor Luis Díaz Salinas, al decir que existen contradicciones en lo declarado por los testigos, en el sentido del tiempo en que poseen el predio cuestionado, a lo que se contrae el concepto de violación aludido, es factible decir que no existe contradicción respecto al hecho del tiempo de la posesión que uno dice data de veinte a veintitrés años, otro de aproximadamente de 1977 y 1978 y un último, de diez años, sino que en todo caso se hablaría de no coincidencia de los períodos de tiempo de la referida posesión, incluso con la alegada por el quejoso y, a la posesión que se disfrutaba; pero, esta circunstancia y las relativas a que en el predio hay construcciones de casas, plaza pública, iglesia, etcétera y constarles que cultivan y extraen cantera del referido predio, de manera alguna demuestran el elemento constitutivo o estructural de la acción deducida como es el acto o hecho generador de la posesión que constituye el título suficiente para darle derecho de poseer, de tal suerte que, aun siendo fundado que no existe contradicción en los atestos, no es bastante para resolver favorable a los intereses del quejoso, atendiendo a que el examen de la sentencia impugnada debe hacerse únicamente en función de los conceptos de violación, ya que se está en presencia de un asunto de naturaleza civil; y así, aun cuando la tesis de jurisprudencia del rubro: "PROPIEDAD, PRUEBA DE LA", invocada por la responsable, no sea puntualmente aplicable, ello no trasciende al resultado del fallo impugnado, porque sustancialmente no tiene influencia en su sentido.
En el mismo orden de ideas, se tiene que el quejoso en los conceptos de violación marcados como sexto y séptimo, aduce que la escritura pública ofrecida como prueba por Gloria Moreno viuda de Briceño, misma que ampara el predio materia de la litis en el juicio natural, tiene valor probatorio en los términos del artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles, como documento público, pero no justificó excepción alguna, sino que por el contrario sirvió para confirmar el certificado que del Registro Público de la Propiedad se obtuvo respecto a la persona que aparece como propietaria del inmueble, foja 22, y con ello se acredita su legitimación pasiva, dándose cumplimiento al artículo 1142 del Código Civil. Que en relación con la documental consistente en el oficio suscrito por el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el que hace constar que el inmueble objeto del negocio no tiene antecedentes de haber sido afectado por el gobernador por resolución presidencial, no sirve para justificar excepción alguna sino que, de igual manera para legitimar pasivamente a la hoy tercero perjudicada. Que respecto al contrato de arrendamiento que igualmente como prueba ofreció, si bien se encuentra certificado, tal circunstancia no le da el carácter de documental pública y, habiéndolo objetado en cuanto a su contenido, indebidamente aplicaron los artículos 327, fracción II y 403 del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Durango, además de que la responsable al darles valor probatorio pleno no especificó respecto de qué hecho o excepciones se aplica y lo mismo ocurre a las documentales privadas sin especificar a qué documentales se refiere.
Al respecto, asiste razón al peticionario de amparo, por cuanto que con la documental pública relativa al testimonio de la escritura de propiedad, obviamente acredita ésta y desde luego la legitimación pasiva, lo mismo acontece respecto al oficio aludido y el contrato de arrendamiento mencionados; pero, tal circunstancia no favorece a los intereses del impetrante, puesto que en términos del artículo 281 del Código adjetivo en cita, partiendo del supuesto de que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones, lo que equivale a decir que corresponde a ellas probar los hechos fundatorios de las acciones o excepciones opuestas, se sigue que el actor debía probar la existencia de la causa, hecho o acto generador de la posesión, por ser el título de posesión, mismo que califica la buena fe y calidad de propietario, según el artículo 799, del Código Civil, de manera que si no acreditó dicho elemento estructural o constitutivo de la acción, es inconcuso que no demostró la de prescripción deducida, al margen de que la parte demandada en el juicio natural no probare las excepciones opuestas, mismas que redujo a la negativa de la demanda y a la de falta de acción y de derecho, de manera que aun cuando la demandada hoy tercero perjudicada no corroborase el contenido del contrato de arrendamiento con otros medios de convicción, es irrelevante en el presente caso, puesto que, como se dijo, no se demostró un elemento básico y constitutivo de la acción, de tal suerte que asumiendo que se aplicaron indebidamente los artículos 325, fr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3331-082f3d9b/posesion-lo-que-debe-entenderse-por-titulo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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