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Modo: Corpus Pro

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. PARA QUE LA AUTORIDAD REALICE UN SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS A FIN DE VERIFICAR SU PROCEDENCIA, EL CONTRIBUYENTE DEBE HABER CUMPLIDO TOTALMENTE CON EL PRIMERO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SÉPTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 280/2024. · Registro digital (IUS): 33347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO C
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.732.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 280/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 21 DE MAYO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) al resolver el amparo directo 129/2023 y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el amparo directo 264/2013.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 9425/2024 recibido a través del MINTERSCJN de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al que acompaña el proveído de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro dictado en los autos del amparo directo 129/2023 de su índice, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho órgano colegiado al resolver el referido asunto y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 264/2013.

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente contradicción de criterios con el número 280/2024, la admitió a trámite, requirió a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito remitiera la versión digitalizada del original del proveído en el que informe si el criterio sustentado en el amparo directo 264/2013 de su índice se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio; asimismo, solicitó a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal remitiera copia certificada de la ejecutoria y del escrito inicial de demanda, relativos al amparo directo 264/2013 del índice del (actual) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito o, en su caso, envíe el archivo electrónico relativo a la versión digitalizada obtenida del original de la ejecutoria solicitada.

3. En el mismo acuerdo se ordenó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su resolución.

4. Avocamiento. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

I. Competencia.

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, y los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022(5) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; toda vez que la contradicción de criterios se plantea entre Tribunales Colegiados de Circuito que pertenecen a las Regiones Centro-Sur y Centro-Norte, respectivamente.

II. Legitimación.

6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II,(6) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 129/2023.

III. Criterios denunciados.

7. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.

• Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) al resolver el amparo directo 129/2023.

8. En marzo de dos mil veintiuno una empresa presentó solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo de abril de dos mil diecisiete. Posteriormente la autoridad requirió a la empresa información y documentación a efecto de estar en posibilidad de resolver la solicitud de devolución. La empresa atendió el requerimiento formulado y en su momento la autoridad hacendaria tuvo por desistida a la empresa de la solicitud de devolución por no haber aportado toda la documentación e información solicitadas. Contra dicha resolución, la empresa promovió juicio de nulidad y seguida la secuela procesal, la sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada.

9. Inconforme con esa sentencia, la empresa promovió en su contra amparo directo, resuelto en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro, en el sentido de negar el amparo a la empresa quejosa, señalando en la parte que interesa lo siguiente:

• Son infundados los conceptos de violación primero, tercero y cuarto, en los cuales la moral quejosa insiste en que cumplió cabalmente con el requerimiento que al efecto le fue formulado por la autoridad demandada.

• En efecto, no le asiste razón a la moral quejosa en cuanto afirma que la documentación exhibida cumplió cabalmente con lo requerido por la autoridad demandada, ya que no se exhibió en los términos solicitados el papel de trabajo exhibido en el que se advirtieran los periodos en los que se encuentra el saldo a favor, ni los estados financieros requeridos, como tampoco la documentación en la que se hizo constar el papel de trabajo.

• Lo anterior, no obstante la actora refiera que, en su concepto, sí cumplió con dicha información, pues si bien trata de justificar que en realidad sí exhibió documentación en relación con la fusión de la sociedad, así como los papeles de trabajo que le fueron solicitados, con lo que afirma pudo haberse llevado la devolución solicitada del saldo a favor. Lo cierto es que, como al efecto lo consideró la Sala responsable, devienen infundadas las manifestaciones de la parte actora con relación a que sí dio cabal cumplimiento al requerimiento que le realizó la autoridad fiscal, pues, contrariamente a su manifestación, del análisis a su escrito de cumplimiento al requerimiento presentado ante la autoridad el seis de mayo de dos mil veintidós, así como de las constancias que obran dentro del expediente administrativo, se advierte que la accionante no presentó la aceptación de la fusión, así como la cancelación en el Registro Federal de los Contribuyentes por fusión de sociedades; tampoco los estados financieros en los términos precisos en que le fueron requeridos a efecto de verificar los saldos a favor que se encontraba solicitando en devolución, así como que hubiese presentado los papeles de trabajo tal y como le fueron solicitados, sin que se expresara razón de esas omisiones; de ahí lo infundado de sus diversas manifestaciones en las que refiere que sí dio cumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad demandada.

• Por otra parte, las manifestaciones de la accionante expuestas en el segundo de sus conceptos de violación, con relación a que se le debió de haber formulado un segundo requerimiento en el término de diez días; también resultan infundadas, toda vez que la potestad establecida en el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que: “Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento”; no debe entenderse en los términos en como lo interpreta la quejosa, pues tal facultad no es con la finalidad de que con dichos requerimientos se puedan solventar omisiones o deficiencias por parte del contribuyente, por la falta de demostración de los hechos que pretende acreditar, sino que ese requerimiento, en todo caso, resulta procedente cuando habiendo cumplido puntualmente con el requerimiento, se hace contar con diversos elementos para dilucidar de fondo la solicitud planteada: “cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento.”

• Lo anterior, ya que no debe perderse de vista, que es la contribuyente a quien le corresponde allegar los medios probatorios con los cuales pretende acreditar la procedencia de su devolución y no así a la autoridad demandada, puesto que a ésta solo se le dotó de la facultad de hacer requerimientos, a fin de allegarse de la información y documentación necesaria para que pueda resolver de fondo las solicitudes de devolución, no así para solventar deficiencias probatorias del solicitante y allegarse de medios de prueba para mejorar y perfeccionar aquellas que el contribuyente hubiese exhibido.

• Así, el segundo requerimiento no debe versar respecto de documentación y/o información que no fue proporcionada por el contribuyente y que previamente ya le hubiese sido solicitada en un primer requerimiento o para corregir, perfeccionar o mejorar la ya exhibida, toda vez que el legislador no estableció una segunda oportunidad para el particular de exhibir la documentación requerida y no exhibida, sino que lo que el legislador pretendió con el primero e inclusive con el segundo requerimiento, es que se solicite al particular aquella información y/o documentación que permita a la autoridad fiscal contar con todos los elementos necesarios para resolver el fondo de la devolución, o aclarar, en su caso alguna duda, inconsistencia o discrepancia advertida de la información con la que ya se cuenta y que fue proporcionada por el contribuyente a su trámite de devolución o inclusive a solicitud de la demandada en un requerimiento previo.

• Por lo tanto, no era procedente que se le realizara un segundo requerimiento a la contribuyente puesto que fue ella quien omitió exhibir la documentación solicitada por la autoridad fiscal, por lo que dicha autoridad no se encontraba facultada para otorgarle una segunda oportunidad para que presentara la documentación que previamente le había sido requerida.

• De proceder como lo sugiere la quejosa, el apercibimiento de tenerla por desistida en caso de que no exhiba la documentación requerida, carecería de sentido, dado que el contribuyente ya tuvo la oportunidad de cumplir puntualmente con lo solicitado, razón por la cual no se justifica un nuevo requerimiento ante su incumplimiento.

• El segundo requerimiento, sólo es factible cuando se haya cumplido totalmente con lo solicitado en el primer requerimiento y del contenido de la documentación exhibida se adviertan nuevas dudas por parte de la autoridad fiscal para pronunciarse en relación con la solicitud de devolución; de ahí que si la moral quejosa no cumplió cabalmente con un primer requerimiento, no era legalmente factible realizar un segundo requerimiento.

• Ello es así, porque tal requerimiento no debe versar respecto de documentación y/o información que no fue proporcionada por el contribuyente y que previamente ya le hubiese sido solicitada en un primer requerimiento, ni para corregir, perfeccionar o mejorar la ya exhibida, toda vez que el legislador no estableció una segunda oportunidad para el particular de exhibir la documentación requerida y no exhibida, sino que lo que el legislador pretendió con el segundo requerimiento, es que se solicite al particular aquella información y/o documentación que permita a la autoridad fiscal contar con todos los elementos necesarios para resolver el fondo de la devolución y aclarar en su caso alguna duda, inconsistencia o discrepancia advertida de la información con la que ya se cuenta y que fue proporcionada por el contribuyente a solicitud de la demandada en un requerimiento previo.

• Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 264/2013.

10. En mayo de dos mil once una persona física solicitó la devolución del impuesto a los depósitos en efectivo por el periodo de julio a diciembre de dos mil diez. Posteriormente, la autoridad le requirió información y documentación adicional a efecto de contar con mayores elementos para determinar la procedencia de la devolución. En atención a ello, dicha persona aportó diversa documentación, sin embargo, la autoridad hacendaria lo tuvo por desistido de la solicitud de devolución. Contra dicha resolución, el contribuyente promovió juicio de nulidad y seguida la secuela procesal, la sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada.

11. Inconforme con esa sentencia, el contribuyente promovió en su contra amparo directo, resuelto en sesión de cuatro de julio de dos mil trece, en el sentido de conceder el amparo al quejoso bajo las siguientes consideraciones:

• En términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el legislador no tuvo la intención de distinguir o clasificar limitativamente los documentos que la autoridad puede requerir al solicitante a efecto de resolver sobre la devolución, ya que al señalar “para verificar la procedencia de la devolución”, alude a cualquier dato, informe o documento que sea necesario y que tenga relación con la solicitud de devolución, claro está, siempre que esté a su alcance, pues evidentemente que no estará obligado a lo imposible, como acontecería en el caso de documentos que estén a cargo de un tercero, en virtud que, en atención a las máximas de que nadie está obligado a lo imposible y de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es válido inferir que el requerimiento que la autoridad fiscal puede realizar al contribuyente, de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, sólo debe ser en relación con lo que a éste le es directamente atribuible.

• Así, constituye un derecho de los contribuyentes solicitar de las autoridades hacendarias la devolución de las cantidades pagadas indebidamente. Además, es una obligación de la autoridad responder de manera congruente la petición, cuya respuesta puede ser en tres sentidos posibles: acceder a la devolución (total o parcialmente), negar la devolución y, tener por desistido al interesado.

• Luego, es factible sistematizar el contenido del citado numeral en los siguientes términos:

a. Recibida la solicitud, la autoridad debe analizar si cuenta o no con los elementos necesarios para responder el fondo, es decir, si tiene a su alcance toda la información y/o documentación que la respalde.

b. Corroborado lo anterior, se dará respuesta de manera afirmativa o negativa, o bien, puede ser mixta, esto es, declarar procedente la devolución parcial y negarse por el resto.

c. Si de la revisión a los datos y soporte documental aportados, deriva la imposibilidad para pronunciarse sobre el fondo, la autoridad está obligada a requerir del interesado todo aquello que le permita definir si es o no procedente la devolución, a lo que deberá cumplir el contribuyente en un plazo de veinte días.

d. Ante lo cual pueden darse dos escenarios: 1. Que el solicitante sea omiso en atender el requerimiento. 2. Que cumpla con lo pedido, aportando información y/o documentación.

e. En el primer supuesto, es claro que la sanción jurídica correspondiente consiste en tenerlo por desistido, lo cual es comprensible ante su falta de interés.

f. En la segunda hipótesis, pueden generarse dos situaciones a saber: i) que el cumplimiento sea total; ii) que se dé un cumplimiento parcial.

g. El cumplimiento total posibilita a la autoridad para atender la petición, pero a su vez la faculta y obliga a responderla, es decir, se ve conminada a decidir la procedencia o improcedencia de la devolución.

h. El cumplimiento parcial también cae en el terreno de la exigencia hacia la autoridad, pues sólo en tal supuesto, debe realizar un segundo requerimiento (diez días), donde especifique qué datos, información o documentación que se omitió, le es indispensable para decidir el fondo. Hipótesis que se traduce en la facultad reglada de requerir por segunda ocasión al interesado, lo cual implica que una vez actualizado este supuesto, la autoridad no tiene la opción de decidir si ejerce o no dicha potestad, sino que debe, invariablemente, llevarla a cabo.

i. Materializado un segundo requerimiento, el solicitante puede cumplirlo o no.

j. Si lo cumple, implica que la autoridad cuenta con toda la información y soporte relativo, que le permite responder la petición, por lo que es su obligación pronunciarse si es o no procedente la devolución.

k. Si no lo cumple, o cumpliéndolo se hace de manera deficiente, se sanciona con el desistimiento, en el que deben expresarse las razones que lo justifiquen.

• Trasladado lo anterior al caso sometido a estudio, se tiene que la razón que la autoridad hacendaria esgrimió para tener por desistido al solicitante del trámite de la devolución de impuesto a los depósitos en efectivo, consistió en la discrepancia entre los depósitos bancarios y los actos y actividades que generaron ingresos; sin embargo, el desistimiento se dio en una fase que no le correspondía, porque lo procedente era que se requiriera nuevamente al solicitante.

• A juicio de la autoridad hacendaria, no podía validar el total de los ingresos que obtuvo el contribuyente y que debió manifestar en su declaración anual normal; por lo que decidió tenerlo por desistido del aludido trámite y haciéndole del conocimiento de manera expresa, que la resolución no constituye una negativa a la solicitud de devolución, por lo que se encontraba en posibilidad de reiniciar el trámite, “aportando la documentación requerida”. Además de que el derecho a la devolución prescribe en cinco años.

• La divergencia advertida le era imputable a la propia contribuyente y, por ende, la demandada estaba obligada a ejercer la facultad reglada a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de requerir por segunda ocasión, en un plazo de diez días, a la causante sobre la exhibición de los documentos atinentes para aclarar tal discordancia, en el plazo de diez días.

• Lo que es así, debido a que el solicitante presentó su solicitud, a lo que recayó un requerimiento; por lo cual, sólo si el interesado hubiese sido omiso en atenderlo, correspondía tenerlo por desistido.

• Pero en el caso la información y documentación allegada por el interesado, no le fue suficiente a la autoridad, por lo que en lugar de determinar el desistimiento, debió requerir por segunda ocasión, de tal forma que generara su posibilidad para declarar la procedencia o improcedencia de la devolución. • Luego, si la autoridad hacendaria no procedió en esos términos, es claro que transgredió dicho dispositivo en perjuicio del actor, al apartarse de los lineamientos contenidos en dicho numeral, con el consecuente agravio para el contribuyente, derivado de la imposibilidad de aclarar la discrepancia advertida a fin de que el fisco estuviera en aptitud de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a la procedencia de la devolución peticionada.

• No es el contribuyente a quien correspondía determinar cuáles eran los documentos necesarios para aclarar la discordancia advertida por la autoridad hacendaria, sino a la propia autoridad demandada, tal como lo determina el numeral 22 en cita, pues es la que ha advertido la existencia de una discrepancia y la que requiere tener más elementos para dilucidarla y determinar así la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada.

• De ahí que sea ilegal que la demandada, en lugar de haber requerido por segunda ocasión al solicitante pormenorizando la información y/o documentación que debía exhibir a fin de que estuviera en aptitud de pronunciarse si la devolución era o no procedente, lo tenga por desistido de su trámite, si el citado numeral 22, prevé la facultad reglada de requerir por segunda ocasión, la cual, indebidamente, no fue ejercida; ilegalidad que la Sala responsable convalidó, lo que es contrario a derecho, como lo afirmó el quejoso, pues el planteamiento contenido desde su noveno concepto de nulidad debió declararse esencialmente fundado.

• Por tanto, lo procedente es otorgar el amparo a fin de que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada, emita otra en la que reitere lo que no fue motivo de concesión, para posteriormente declarar fundado el noveno motivo de impugnación, y declare la nulidad del acto impugnado, cuyo efecto será que la demandada requiera por segunda ocasión al contribuyente, especificando qué datos, información o documentación le es necesaria para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la devolución.

12. De dichas consideraciones derivó la tesis XVI.1o.A.T.30 A (10a.), que señala:

“DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE O LAS QUE PROCEDAN CONFORME A LAS LEYES FISCALES. SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ. De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, constituye un derecho de los contribuyentes solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y una obligación de la autoridad tributaria responder congruentemente la petición, en tres diferentes sentidos: acceder a la devolución (total o parcial), negarla y tener al interesado por desistido. Consecuentemente, el contenido del aludido precepto debe sistematizarse en los términos siguientes: 1. Recibida la solicitud, la autoridad debe analizar si cuenta o no con los elementos necesarios para responder el fondo, es decir, si tiene a su alcance toda la información y/o documentación que la respalde. 2. Corroborado lo anterior, dará respuesta de manera afirmativa o negativa o mixta. 3. Si de la revisión de los datos y soporte documental aportados deriva la imposibilidad para pronunciarse sobre el fondo, la autoridad está obligada a requerir del interesado aquello que le permita definir si es o no procedente la devolución, a lo que deberá cumplir el contribuyente en un plazo de veinte días. 4. Ante ello pueden darse dos escenarios: a) que el solicitante sea omiso en atender el requerimiento, o b) que cumpla con lo pedido, aportando información y/o documentación. 5. En el primer supuesto, es claro que la sanción jurídica correspondiente consiste en tenerlo por desistido, ante su falta de interés. 6. En la segunda pueden generarse dos situaciones: a) que el cumplimiento sea total, o b) que se dé un cumplimiento parcial. 7. El cumplimiento total posibilita a la autoridad para atender la petición, pero a su vez la faculta y obliga a responderla, es decir, se ve conminada a decidir la procedencia o improcedencia de la devolución. 8. El cumplimiento parcial exige a la autoridad realizar un segundo requerimiento (diez días), donde especifique qué datos, información o documentación omitidos, le son indispensables para decidir el fondo. Hipótesis que se traduce en la facultad reglada de requerir por segunda ocasión al interesado, lo cual implica que una vez actualizado este supuesto, la autoridad no tiene la opción de decidir si ejerce o no dicha potestad, sino que debe, invariablemente, llevarla a cabo. 9. Materializado el segundo requerimiento, el solicitante puede cumplirlo o no. 10. El cumplimiento implica que la autoridad cuenta con toda la información y soporte relativo, que le permite responder la petición, por lo que es su obligación pronunciarse si procede o no la devolución. 11. Finalmente, el incumplimiento o cumplimiento deficiente, trae como sanción el desistimiento, cuyo pronunciamiento debe expresar las razones que lo justifiquen.”

IV. Existencia de la contradicción de criterios.

13. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse la siguiente jurisprudencia: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.(7)

14. También, debe observarse la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.”(8)

15. Conforme a las jurisprudencias reproducidas, para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos jurisdiccionales involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

16. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

17. Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

18. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.”(9)

19. Conforme lo anterior, esta Segunda Sala determina que existe la contradicción de criterios denunciada porque ambos órganos analizaron el contenido del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el cual regula el mecanismo de devolución de saldo a favor o por pago de lo indebido, en la parte correspondiente a la posibilidad de que las autoridades fiscales efectúen un segundo requerimiento al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primero, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender ese primer requerimiento. Sin embargo, llegaron a conclusiones opuestas.

20. Por un lado, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que el segundo requerimiento establecido en el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en todo caso, resulta procede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33347-8804d67b/devolucion-de-contribuciones-para-que-la-autoridad-realice · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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