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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DEL JUICIO DE AMPARO, SURTEN EFECTOS EN LA FECHA QUE APARECE EN LA CONSTANCIA DE ENVÍO RESPECTIVA (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1058/2024. · Registro digital (IUS): 33389
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.304.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1058/2024. 2 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, POR CONSIDERARLO IMPROCEDENTE. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ Y DIEGO GALINDO CERVANTES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona promovió juicio oral sobre interdicto de retener la posesión; en el cual, una vez integrado, el juzgado de origen emitió sentencia.

En desacuerdo con esa resolución las partes interpusieron sendos recursos de apelación; luego, la sala que conoció de esos medios de impugnación declaró desierto el de la parte demandada y, posteriormente, dictó sentencia en la que confirmó la diversa de primera instancia.

Inconforme, el actor promovió amparo directo y, previos trámites de ley, el tribunal colegiado de circuito correspondiente sobreseyó en el juicio al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo porque la demanda respectiva se presentó fuera del plazo legal.

Lo anterior, tomando en cuenta que la notificación del acto reclamado se practicó mediante correo electrónico en términos de lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

Contra esa resolución el quejoso interpuso recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1058/2024 interpuesto contra la resolución dictada el catorce de diciembre de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito en el juicio de amparo directo **********.

El problema que esta Primera Sala debe resolver radica en determinar si el recurso de revisión es procedente y, en su caso, si los artículos 174, penúltimo párrafo, y 180, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora(1) son inconstitucionales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio de origen. ********** promovió juicio oral sobre interdicto de retener la posesión, el cual se admitió a trámite en el expediente ********** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en donde, previos trámites de ley, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno se dictó sentencia.

2. Recursos de apelación. Inconformes con esa resolución las partes interpusieron sendos recursos de apelación, los que se radicaron en el toca civil ********** de la estadística del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora.(2)

3. Acto reclamado. El once de mayo de dos mil veintidós(3) el órgano colegiado indicado emitió sentencia en la que confirmó la diversa recurrida.

4. Determinación que se notificó a las partes electrónicamente el trece de mayo del año referido.

5. Juicio de amparo directo. Contra la sentencia indicada el actor promovió juicio de amparo directo, el que se admitió a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito en el expediente A.D.C. **********.

6. Causa de improcedencia. En acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés se dio vista al quejoso con la causa de improcedencia advertida en sesión del día seis del mes y año referidos; carga procesal que aquél desahogó por escrito presentado el treinta siguiente en el que alegó, en esencia, lo siguiente:

• De acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora las notificaciones personales realizadas por correo electrónico aparentemente surten efectos el mismo día de su envío, sin embargo, el plazo empieza a correr hasta el tercer día posterior a su realización.

En esa virtud, si se parte de las interpretaciones y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo es patente que la demanda respectiva se presentó oportunamente, ya que la producción de efectos de la notificación del acto reclamado que se realizó mediante correo electrónico incide en la esfera del quejoso el segundo día posterior al envío de aquél y del levantamiento de la constancia correspondiente.

Por tanto, de una interpretación histórica, genética, sistemática, funcional y armónica, así como en aplicación de los criterios de este Alto Tribunal se deben interpretar los artículos referidos y los diversos 170, 172, 174 y 180 de la codificación indicada privilegiando el derecho de acción;

• Por otra parte, se solicita que se lleve a cabo control de constitucionalidad del artículo 174, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues este precepto es contrario a los derechos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia porque no permite que las partes conozcan con certeza el momento en el que una determinación es notificada mediante correo electrónico y, por ende, cuándo inicia el plazo para ejercer derechos procesales; y,

• Atendiendo a lo anterior, también pidió al tribunal colegiado que interpretara los artículos 170, 172, 174 y 180 del ordenamiento precisado de forma que garantice las prerrogativas indicadas y, por ende, considere que la demanda de amparo se presentó oportunamente.

7. Sentencia recurrida. El catorce de diciembre de dos mil veintitrés el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio al considerar, en síntesis, lo siguiente:

• La demanda de amparo se presentó fuera del plazo legal previsto para tal efecto, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo;

Lo anterior, toda vez que el acto reclamado se notificó al quejoso por correo electrónico el trece de mayo de dos mil veintidós.

Por tanto, de conformidad con el numeral 174, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora(4) las notificaciones electrónicas se tendrán por practicadas y surtirán efectos legales el mismo día de su envío.

En ese sentido, la notificación del acto reclamado surtió efectos en la fecha de su envío, esto es, el trece de mayo de dos mil veintidós.

Por consiguiente, el plazo para promover juicio de amparo transcurrió del dieciséis de mayo al tres de junio del año indicado.

En esa virtud, dado que la demanda de amparo se presentó el siete de junio de dos mil veintidós es inconcuso que se realizó fuera del plazo legal respectivo, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo;(5)

• Por otra parte, consideró que en la sentencia de amparo es admisible emprender el análisis de constitucionalidad planteado por el quejoso al desahogar la vista correspondiente, esencialmente, en atención a lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia P./J. 3/2023 (11a.).(6)

Así, determinó que el artículo 174 citado es la base que debe tomarse en cuenta para verificar si se actualiza o no la causa de improcedencia referida, pues de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo la validez y el momento en el que surte efectos la notificación del acto reclamado está sujeto a la ley que rige a este último y para el cómputo del plazo debe estarse a lo dispuesto en la primera ley señalada.

También indicó que de los artículos 170, 172, 174, 175, 177 y 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora se advierte "... meridianamente clara la voluntad legislativa de que, tratándose de las notificaciones por correo electrónico, éstas surten sus efectos legales en la fecha de envío que aparezca en la constancia respectiva. (...)

De modo que si el numeral indicado establece claramente cuándo surten efectos las notificaciones electrónicas, no es factible, en principio, realizar una interpretación en la forma que pretende el quejoso... no solo porque, se insiste, la redacción de tal norma es de tal claridad que no deja en estado de indefensión a las partes al permitirles conocer el momento en que surten efectos las notificaciones ..."(7)

Además, debe considerarse que el quejoso construye su petición a partir de lo establecido en el artículo 180 del código señalado, pero este precepto se refiere clara y expresamente a los términos judiciales del procedimiento ordinario, es decir, regula cuestiones ajenas a la materia de amparo.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con los numerales 170, 172 y 174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora las notificaciones por correo electrónico son un tipo de notificación personal que proporciona los elementos necesarios a la persona destinataria para conocer íntegramente las resoluciones.

Por lo anterior, declaró ineficaces los argumentos relacionados con la interpretación propuesta por el quejoso; y,

• También declaró ineficaz lo que el quejoso alegó sobre la inconstitucionalidad del artículo 174 de la codificación referida, ya que, previa explicación del sistema de notificaciones, el tribunal colegiado consideró que a través de la notificación realizada vía correo electrónico la parte interesada tiene acceso total a la información que, en su caso, se remita desde el momento del envío, por lo que su consulta se puede llevar a cabo de manera más pronta, rápida, ágil e inmediata y por el medio elegido por aquélla; en esa virtud, no puede considerarse que ese tipo de notificaciones no brindan certeza o que la norma que las prevé no sea acorde al principio de progresividad.

Lo anterior, implícitamente conlleva la carga procesal de la parte respectiva de estar permanentemente al pendiente y revisar diariamente el correo electrónico que fue de su elección y proporcionó al órgano jurisdiccional para recibir notificaciones, lo que también se prevé para otro tipo de notificaciones, pero con la diferencia de que las practicadas por vía electrónica contienen la resolución que se informa y puede ser consultada a través de una multiplicidad de dispositivos las veinticuatro horas del día.

En consecuencia, el numeral citado no vulnera los derechos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, dado que ese precepto, así como los diversos que forman parte del sistema general y particular al que pertenece, no genera incertidumbre y establece con claridad el momento en el que surte efectos una notificación practicada vía correo electrónico, lo que implícitamente conlleva la obligación de las partes de consultar frecuentemente el correo electrónico que proporcionaron al órgano jurisdiccional para tal efecto.

8. Recurso de revisión. El quejoso interpuso recurso de revisión en el que esgrimió diversos argumentos a través de los cuales reiteró lo alegado ante el tribunal colegiado al desahogar la vista que se le dio con la causa de improcedencia relativa y las consideraciones que ese órgano formuló para sustentar su sentencia.

9. Empero, también se advierte que el recurrente hizo valer a título de agravios, en esencia, los argumentos siguientes:

A. En la sentencia recurrida no se realizó una interpretación constitucional acorde a los derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad debido a que si bien el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora prevé que las notificaciones practicadas vía correo electrónico surten efectos desde la fecha de envío, lo cierto es que de acuerdo con el diverso 180 de esa codificación los plazos empiezan a correr hasta el tercer día; de ahí que no deba soslayarse que existe una antinomia entre el numeral 174 citado y los diversos 172 y 180 del ordenamiento indicado.

Por consiguiente, lo determinado por el tribunal colegiado no se apega a los pasos de control de constitucionalidad, convencionalidad ex officio y de derechos humanos;

B. En ese contexto, se solicita a este Alto Tribunal que determine que en el asunto existe antinomia entre los artículos 174 y 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora o un falso surtimiento de efectos previsto por la primera norma señalada y, en consecuencia, establezca que de conformidad con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las notificaciones realizadas vía correo electrónico en términos del código precisado surten efectos al segundo día de su envío; y,

C. La interpretación del tribunal colegiado relativa a que existe una carga para la parte de revisar constante y permanentemente el correo electrónico para verificar si existen notificaciones electrónicas es excesiva, desproporcional y atenta la dignidad humana.

10. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ocho de febrero de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo al amparo directo en revisión 1058/2024, lo admitió a trámite, ordenó su radicación en esta Sala y turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

11. Avocamiento. En auto de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos a la ponencia respectiva.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala es competente para conocer del recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(8) 81, fracción II, de la Ley de Amparo;(9) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) publicada el siete de junio de dos mil veintiuno,(11) y en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, difundido el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado el diez de abril de ese año y publicado el catorce siguiente.(12)

II. OPORTUNIDAD

13. La sentencia recurrida se notificó al inconforme por medio de lista publicada el once de enero de dos mil veinticuatro; por tanto, surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el día doce de la mensualidad y anualidad indicados.

14. Por consiguiente, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo(13) para interponer recurso de revisión transcurrió del quince al veintiséis del mes y año referidos.

15. En la inteligencia de que el trece, catorce, veinte y veintiuno de enero de la anualidad señalada fueron sábados y domingos, respectivamente, días inhábiles en términos de los artículos 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(14) y 19 de la Ley de Amparo.(15)

16. Entonces, si el recurso de revisión se interpuso electrónicamente el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro es inconcuso que se hizo valer oportunamente.

III. LEGITIMACIÓN

17. Esta Primera Sala considera que **********, por conducto de **********, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión relativo, ya que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo del cual deriva el medio de impugnación materia de este expediente y la persona referida en segundo lugar fue reconocida(16) como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

18. Para resolver en relación con la procedencia del recurso de revisión, es necesario destacar que en el juicio de amparo directo dicho medio de impugnación se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(17) así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015(18) emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

19. De la interpretación de dichos preceptos jurídicos se advierte que las resoluciones emitidas en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno salvo que se actualicen dos requisitos.

20. El primero se refiere a la existencia de un problema de constitucionalidad que se presenta cuando en la sentencia recurrida se:

• Decida sobre la constitucionalidad de normas generales;

• Establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; o,

• Se omita dicho estudio cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.

21. La lectura a los incisos anteriores revela que las hipótesis de procedencia son alternativas, es decir, basta que se dé una u otra para que, en principio, proceda el recurso de revisión en amparo directo.

22. En relación con este primer requisito, de acuerdo con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(19) se entiende que existe una cuestión propiamente constitucional cuando se pretende la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, lo que implica desentrañar el significado de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México, empleando algún método interpretativo.

23. Así, se entiende que existe o subsiste una cuestión de constitucionalidad, en términos positivos, a partir del ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso; en sentido negativo, no existirá una cuestión propiamente constitucional cuando se pretenda el examen de cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley, la interpretación del sentido de una norma secundaria, o, en su caso, la determinación de la regla de derecho que en el caso particular debe aplicarse, pues tales aspectos constituyen cuestiones de legalidad.

24. En sentido negativo, no existirá una cuestión propiamente constitucional cuando se pretenda el examen de cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley, la interpretación del sentido de una norma secundaria, o, en su caso, la determinación de la regla de derecho que en el caso particular debe aplicarse, pues tales aspectos constituyen cuestiones de legalidad.

25. Además de la existencia de una cuestión constitucional, el recurso de revisión debe satisfacer un segundo requisito, a saber: que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

26. En relación con el requisito de interés excepcional para efectos de la procedencia del recurso señalado se tiene que considerar que antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

27. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 9/2015 emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando:

• Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

• Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por este Alto Tribunal referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

28. Por lo tanto, como se indicó, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX,(20) constitucional y en ese precepto se estableció que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando a juicio de este Alto Tribunal el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. 29. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano constitucional permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

30. Es decir, se modificó el artículo 107, fracción IX, constitucional a efecto de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente, cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

31. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo, es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir a las sentencias dictadas por un tribunal colegiado de circuito sólo en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

32. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de dilucidar si el recurso de revisión relativo es procedente es necesario tener presente que los argumentos a partir de los cuales el quejoso edificó sus planteamientos de constitucionalidad giran en torno a la interpretación que el tribunal colegiado de circuito hizo respecto de los artículos 174, penúltimo párrafo, y 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, la cual, a decir de aquél, trasgrede su dignidad y derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad.

33. Con ese propósito conviene destacar que a través del recurso de revisión el recurrente impugna la constitucionalidad de la interpretación realizada a los artículos referidos sobre la base de que no se advierte con claridad cómo deben computarse los plazos procesales ni el momento en el que surten efectos las notificaciones realizadas vía correo electrónico para determinar el inicio del plazo para promover juicio de amparo; preceptos que le fueron aplicados por primera vez en su perjuicio en la sentencia de amparo impugnada.

34. Así, el inconforme cuestiona las consideraciones del órgano colegiado dirigidas a reconocer la constitucionalidad de tales preceptos alegando que éstos son irrazonables porque no prevén que las notificaciones realizadas mediante correo electrónico surtan efectos en un día distinto de aquel en que tiene verificativo el envío correspondiente; así como aquellas que, a su decir, establecen que la persona que proporciona la dirección de correo electrónico debe prestar atención constante y permanentemente a ese medio de comunicación para verificar si existen nuevas notificaciones, lo que califica de excesivo, desproporcional y contrario a la dignidad humana.

35. En esa virtud, es patente que el recurso de revisión satisface el primer requisito de procedencia, es decir, que subsista un planteamiento de orden constitucional, pues a través de ese medio de defensa se combate la constitucionalidad de la interpretación que hizo el tribunal de amparo de los numerales 174, penúltimo párrafo, y 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

36. También se satisface el segundo requisito de procedencia, pues esta Primera Sala estima que la resolución del asunto podría dar lugar a un pronunciamiento novedoso y relevante para el orden jurídico nacional, ya que no existe algún criterio que aborde el contenido de los artículos 174 y 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora respecto al momento en el que surten efectos las notificaciones practicadas vía correo electrónico.

37. No se soslaya que en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinticinco se resolviera el amparo directo en revisión 6464/2023,(21) en el cual se emprendió el estudio de constitucionalidad precisado en contraste con los derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad; sin embargo, en el presente asunto, además de esas prerrogativas, el inconforme alega que se transgrede a su dignidad humana.

38. En esa virtud, esta Sala considera que el examen de constitucionalidad que requiere el recurso de revisión materia de este expediente satisface el requisito de interés excepcional, toda vez que no existe algún criterio que aborde específicamente tales planteamientos en relación con los derechos fundamentales señalados, sobre todo el relativo a la dignidad humana.

39. Por consiguiente, se determina que es procedente el recurso de revisión interpuesto por ********** contra la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veintitrés en el juicio de amparo directo ********** de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito es procedente.

V. ESTUDIO DE FONDO

40. Importa destacar que en el presente asunto no se cuestiona la regularidad constitucional del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo ni la consideración del tribunal colegiado relativa a que para el cómputo de los plazos previstos en el numeral 18 de ese ordenamiento no se debe tomar en cuenta el momento que conforme a la ley del acto reclamado comienzan a computarse los plazos procesales porque la ley indica en primer lugar contiene una regla específica, a saber, que sólo debe atenderse al momento que de acuerdo con la ley del acto reclamado surte efectos una notificación.

41. Ahora bien, a continuación, se da respuesta a los planteamientos sobre los que se edifica el recurso de revisión, para lo cual es necesario tener presente el contenido de los artículos 174 y 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el cual es del tenor siguiente:

ARTÍCULO 174. Las partes tienen facultad para designar una o varias personas para que oigan notificaciones. En tanto no se revoque esta designación, las resoluciones que se notifiquen a los designados surtirán todos los efectos legales, como si se hubieran hecho personalmente a las partes que los designen.

También podrán hacerse las notificaciones a los abogados de las partes en cualquier momento del proceso, a la dirección de correo electrónico que dichos profesionistas hayan aportado.

Todas las notificaciones mediante correo electrónico se tendrán por practicadas y surtirán todos sus efectos legales en la fecha de envío que aparezca en la constancia que prevé el artículo 172, penúltimo párrafo, ello con independencia de la fecha en que el usuario consulte el correo electrónico respectivo.

En caso de que las partes o sus abogados por cualquier motivo no puedan tener acceso al correo electrónico por ellos proporcionado, tendrán obligación de dar aviso oportuno al Juez o Tribunal y en su caso proporcionar una diversa dirección de correo electrónico para que se les practiquen las posteriores notificaciones.

ARTÍCULO 180. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal en el domicilio. Tratándose de notificación personal por correo electrónico, los términos correrán a partir del tercer día posterior de aquel en que haya surtido efectos según lo establecido en el artículo 174, penúltimo párrafo.

Cuando fueren varias las partes y el término es común, se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas.

En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, excepto los términos que se cuenten por meses o años, los que se computarán por meses o años naturales; pero si el último día fuere inhábil, el término concluirá el primero que siga si fuere útil. Los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contados de las veinticuatro a las veinticuatro.

42. La intelección de los preceptos jurídicos transcritos revela que las notificaciones que se realicen mediante correo electrónico se tienen por practicadas y surten efectos legales en la fecha de envío que aparezca en la constancia que prevé el artículo 172, penúltimo párrafo, del código citado, con independencia del momento en el que la persona usuaria consulte su contenido; así como que los plazos previstos en esa legislación correrán a partir del tercer día posterior de aquel en que haya surtido efectos ese tipo de notificación.

43. A partir de lo anterior es posible advertir la existencia de dos momentos procesales relacionados con la práctica de notificaciones vía correo electrónico, a saber, cuando surten efectos y el momento en el que inicia el cómputo de los plazos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

44. Lo que se encuentra estrechamente relacionado con el derecho de acceso a la justicia, el cual es entendido como el "... derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión."(22)

45. De tal manera que el goce pleno de esa prerrogativa se garantiza, en lo que aquí interesa, al señalar con claridad el momento en el que surten efectos las notificaciones y cuándo inician los términos judiciales; para lo cual el poder legislativo habrá de establecer las condiciones, razonables y proporcionales, que regulen esos aspectos.(23)

46. En esa virtud, el poder legislativo cuenta con libertad configurativa al momento de señalar los mecanismos y/o procedimientos que estime necesarios con la intención de solucionar conflictos, lo que conlleva precisar cierto número de días para accionar la función jurisdiccional, ofrecer pruebas, impugnar resoluciones, entre otros supuestos. Por lo tanto, es evidente que esa autoridad tiene la facultad de determin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33389-368d7b69/notificaciones-por-correo-electronico-para-determinar-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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