I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PROCEDE DESESTIMARLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 136/2023. 11 DE JUNIO DE 2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6o., fracciones I, incisos g) y m), VIII y XI; y 10, apartados B, fracción V y D, fracción IV, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza reformados mediante el Decreto 462 publicado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la entidad, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta previa de las personas en situación de discapacidad.
En ese sentido, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver si las porciones normativas de la ley impugnada son constitucionales o si transgredieron el derecho de las personas en situación de discapacidad a ser consultadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 136/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los artículos 6o., fracciones I, incisos g) y m), VIII y XI; y 10, apartados B, fracción V y D, fracción IV, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Decreto 462 de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación del Decreto. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto 462 mediante el cual se reforman los artículos 6, fracciones I, incisos g) y m), VIII y XI; y 10, apartados B, en su fracción V y D, en su fracción IV, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.(1)
2. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto señalado con anterioridad.
3. Artículos constitucionales violados. En la demanda, la accionante señaló como preceptos constitucionales y convencionales vulnerados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política del país y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el Poder Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a) La reforma a la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza debe declararse inválida al vulnerar el derecho a la consulta previa de las personas en situación de discapacidad. Esta reforma es susceptible de afectarles en tanto que regula el derecho a la asistencia social de las personas "con trastornos mentales", las cuales deben ser consideradas como personas en situación de discapacidad psicosocial.
b) El Congreso local tenía la obligación de consultar a las personas en situación de discapacidad, previo a la reforma a dicha ley, de conformidad con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de conocer sus necesidades y puntos de vista.
c) La reforma realizada vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación al no nombrar correctamente a las personas en situación de discapacidad psicosocial y denominarlas "personas con trastornos mentales". Esto impide que se les aplique el marco de derechos humanos desarrollado a partir del modelo social de discapacidad, generando con ello la inaplicación de las regulaciones específicas para poder mejorar sus necesidades.
5. Registro y turno. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 136/2023 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. Admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que se ordenó darles vista para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, se ordenó dar vista al Fiscal General de la República para que manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, Joseline Zaharay González Gutiérrez, en su carácter de Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso de la referida entidad, rindió informe en los términos siguientes:
a) Son infundados los argumentos que sostiene el accionante en cuanto a la invalidez de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza por vulnerar el derecho a la consulta previa de las personas en situación de discapacidad.
b) Los artículos impugnados son constitucionales ya que pretenden crear un sistema de asistencia social y protección de derechos adecuado a las necesidades sociales del Estado.
c) Actualmente, los problemas de salud mental en la población del Estado son muy frecuentes, por lo que la reforma busca que se pueda dotar de herramientas a la población vulnerable y así pueda acceder a los servicios de salud mental que brinda el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que llevaría a prevenir el alto número de suicidios que ocurre a nivel estatal.
d) Realizar una consulta previa sería ocioso porque el objetivo de la reforma es otorgar un beneficio y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, siendo que la consulta previa solo tiene lugar cuando los derechos de esas personas son vulnerados o afectados, lo que no pasa en el presente asunto.
e) La reforma es constitucional ya que fue emitida después de seguir todos los procedimientos legales para su debida expedición, aunado a que es benéfica para la población vulnerable del Estado de Coahuila de Zaragoza.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, Valeriano Valdés Cabello, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza rindió informe en los términos siguientes:
a) El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza sancionó, promulgó y ordenó la publicación del Decreto número 462, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) Es infundada la presente acción de inconstitucionalidad en cuanto al Poder Ejecutivo local se refiere ya que no se le atribuye de manera directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada. Tampoco, intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma impugnada. Por lo tanto, es claro que únicamente cumplió con la función prevista en la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza.
9. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
10. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de catorce de diciembre dos mil veintitrés, se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política del país,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en el Punto Segundo del Acuerdo General 1/2023.(4) Lo anterior porque el Poder Ejecutivo Federal planteó la posible contradicción entre los artículos 6o., fracciones I, incisos g) y m); VIII y XI; 10, apartados B, fracción V y D, fracción IV, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Constitución Política del país.
II. OPORTUNIDAD
12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.(5)
13. En este caso, el Decreto 462 mediante el cual se reforman disposiciones a la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza se publicó en Periódico Oficial de la entidad el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del veinticuatro de mayo al veintidós de junio de dos mil veintitrés.
14. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, su interposición resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
15. Este Tribunal Pleno advierte que la acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada.
16. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política del país dispone que el Poder Ejecutivo Federal es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales.
17. En el caso, este requisito se cumple ya que el Poder Ejecutivo Federal impugnó el Decreto 462 mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza por falta de consulta a personas en situación de discapacidad.
18. Asimismo, se cumple con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) pues la demanda fue presentada por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de dos de septiembre de dos mil veintiuno emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, y este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
V. ESTUDIO DE FONDO
20. En sus conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal alegó que el Decreto 462 que reforma la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza vulnera el derecho a la consulta previa de las personas en situación de discapacidad, de conformidad con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
21. El proyecto que se sometió a consideración del Tribunal Pleno proponía declarar infundado el concepto de invalidez anterior y reconocer la validez de las normas impugnadas. Sin embargo, se expresó una mayoría de seis votos en contra de la Ministra Ortiz Ahlf y de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek. El Ministro Pérez Dayán y las Ministras Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ríos Farjat y Presidenta Piña Hernández votaron a favor.
22. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar la acción de inconstitucionalidad al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto,(7) de la Constitución Política del país, y 72, párrafo primero(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI. DECISIÓN
23. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO.—Es procedente la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.—Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 6, fracciones I, incisos g), en su porción normativa ‘o trastornos mentales’, y m), en su porción normativa ‘trastornos mentales’, VIII, en su porción normativa ‘personas con trastornos mentales’, y XI, en su porción normativa ‘Personas con trastornos mentales’, y 10, apartados B, fracción V, en su porción normativa ‘De los trastornos mentales, así como’, y D, fracción IV, en su porción normativa ‘A personas con trastornos mentales’, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, reformados mediante el DECRETO 462, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.
TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados I, II y III relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación.
Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado IV, relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó por el sobreseimiento oficioso del artículo 6 en las porciones normativas impugnadas.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se expresó una mayoría de seis votos en contra de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, consistente en reconocer la validez de los artículos 6, fracciones I, incisos g), en su porción normativa ‘o trastornos mentales’, y m), en su porción normativa ‘trastornos mentales’, VIII, en su porción normativa ‘personas con trastornos mentales’, y XI, en su porción normativa ‘Personas con trastornos mentales’, y 10, apartados B, fracción V, en su porción normativa ‘De los trastornos mentales, así como’, y D, fracción IV, en su porción normativa ‘A personas con trastornos mentales’, de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza. El señor Ministro y las señoras Ministras Esquivel Mossa, Batres Guadarrama separándose de la metodología, Ríos Farjat, Pérez Dayán con precisiones y Presidenta Piña Hernández, en contra de todas las consideraciones y por razones adicionales apartándose de sus párrafos del 76 al 79 del proyecto original, votaron a favor. El señor Ministro González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Ortiz Ahlf anunciaron sendos votos particulares. La señora Ministra Esquivel Mossa anunció voto concurrente.
Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los preceptos referidos, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman las señoras Ministras Presidenta y la Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
________________
1. Es importante mencionar que el artículo ÚNICO del Decreto 462 señala que se reforma la fracción V del Apartado "A" del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin embargo, la fracción efectivamente reformada corresponde al apartado "B" de dicho artículo.
2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; [...]
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]
4. Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; [...]
5. Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
6. Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.
7. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. (...)
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
8. Artículo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. (...)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33425-09d3288d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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