GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO TERCERAS PERSONAS EJERCEN DE HECHO FUNCIONES PARENTALES Y EL PADRE O MADRE LEGAL BUSCA RETOMAR EL CUIDADO COTIDIANO, NO ES APLICABLE EL ESTÁNDAR DE MAYOR BENEFICIO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 494/2024. 9 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: SOFÍA DEL CARMEN TREVIÑO FERNÁNDEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una pareja contrajo matrimonio en 2008 en Veracruz, durante el cual tuvieron dos hijos. En 2017, después del nacimiento de su segundo hijo, la madre falleció. Desde entonces, los niños vivieron con su padre, aunque mantenían una relación cercana con sus abuelos y tía materna. Conforme al dicho del señor, en marzo de 2020, ante la pandemia por el COVID-19, los niños comenzaron a residir con su familia materna. Cuando el padre intentó recogerlos en octubre de ese año, los abuelos se negaron a entregarlos, lo que llevó al señor a presentar una demanda para obtener la guarda y custodia definitiva de sus hijos y la reincorporación a su hogar.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, dictó sentencia, mediante la cual ordenó la guarda y custodia definitiva a los abuelos y tía materna, al considerar que eran las personas más adecuadas para garantizar el desarrollo de los niños. Asimismo, estableció un régimen de convivencia para que el padre pudiera verlos cada quince días.
En desacuerdo, el señor interpuso recurso de apelación. La Octava Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz revocó la sentencia recurrida y, con base en el Código Civil para el Estado de Veracruz y las pruebas desahogadas, determinó que la guarda y custodia debía otorgarse al padre. Por ello, ordenó la restitución de los niños a la casa del actor, donde habían vivido previamente.
Inconformes, los abuelos y tía materna promovieron juicio de amparo directo. El tribunal colegiado confirmó la sentencia de apelación, en similar sentido a lo dictado por la sala responsable. Ante ello, los quejosos interpusieron el recurso de revisión que hoy se revisa, en el que combaten la constitucionalidad de los artículos 343, 345 y 349 del Código Civil para el Estado de Veracruz, aplicados por el tribunal colegiado en su perjuicio.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 9 de abril de 2025, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 494/2024, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de 16 de noviembre de 2023 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo 91/2023.
El problema que debe resolverse es, por un lado, si los artículos 343, 345 y 349 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Código Civil para el Estado de Veracruz) –al menos, en la interpretación del tribunal colegiado– son contrarios al marco convencional y constitucional que rige las relaciones parentales bajo el interés superior de la niñez. En particular, la Primera Sala debe determinar si es posible desasociar la figura legal de guarda y custodia de la patria potestad, en atención a lo resuelto por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 2308/2014.(1)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El señor JRTG y la señora LOD contrajeron matrimonio el 28 de marzo de 2008 en el Estado de Veracruz. Durante la relación, que el señor describió como continua, la pareja tuvo dos hijos. El primero de ellos, **********, nació el 24 de noviembre de 2010. Siete años después nació su segundo hijo, **********, el 26 de diciembre de 2017. En el parto de **********, la señora y madre de los niños falleció.
2. Juicio ordinario civil 368/2020 (posteriormente 1162/2021). Conforme al dicho del señor TG, desde el fallecimiento de su esposa en diciembre de 2017, la señora LDH, el señor EOM y la señora COD (abuelos maternos y tía materna de los niños, respectivamente), convivieron con los niños reiteradamente, y las partes mantenían una relación cordial.
3. Asimismo, el señor TG sostuvo que, desde su nacimiento, los niños siempre habían vivido con él. No obstante, señaló que, a finales de marzo de 2020, los abuelos maternos pasaron por los niños –como cotidianamente hacían– para convivir con ellos, pero que, dado el inicio de la pandemia por el COVID-19 y que no había clases presenciales, los niños permanecieron más tiempo con sus abuelos. El señor añadió que, en abril y mayo de 2020, los abuelos le solicitaron permanecer con los niños para no exponerlos al virus, y que, en junio y julio de ese año, él consintió que los niños permanecieran con su familia materna, dado que, por su trabajo, el señor estaba muy expuesto al contagio y podía poner en riesgo a sus hijos (periodo en el que, finalmente, sí se contagió de COVID-19).
4. Finalmente, el señor TG recontó que, el 12 de octubre de 2020, fue a recoger a sus hijos a casa de los abuelos maternos para retornar a su casa, pero la familia materna se negó a regresarle a los niños. Por ello, el 29 de octubre de 2020, el señor T promovió juicio ordinario civil, en el que demandó de la señora DH, del señor OM y de la señora OD, las siguientes prestaciones:
i) la guarda y custodia definitiva de sus hijos de iniciales ********** y **********, con ejercicio exclusivo a su favor, bajo el cuidado del señor TG y de la abuela paterna de los niños;
ii) la reincorporación de sus hijos al domicilio en donde vivían los niños, el señor y su entonces esposa;
iii) el pago de gastos y costas.
5. La demanda se radicó con el número de expediente 368/2020, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz. Posteriormente, los demandados dieron contestación a la demanda, en la que alegaron, entre otros, aspectos que el actor no se había hecho responsable del cuidado y de las necesidades de los niños, pues los había desatendido moral y económicamente, y que eran ellos quienes procuraban y atendían las necesidades de los niños. Afirmaron que la señora DH se negó a regresar a los niños, ante la negativa del hijo mayor de volver y el temor de que los niños sufrieran maltrato físico y psicológico con su familia paterna. Asimismo, resaltaron que los niños son muy felices viviendo en la casa de los abuelos y que éstos tienen todo el tiempo necesario para atenderlos, por lo que no debe cambiarse el “estilo de vida” que tienen los niños con ellos. Además, en reconvención, demandaron del señor TG lo siguiente:
i) la guarda y custodia de los niños, para que vivan con los demandados y actores reconvencionales en el domicilio de **********, Veracruz, y
ii) el pago de gastos y costas.
6. Ante el cierre del juzgado familiar del conocimiento, el asunto se remitió al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz y se radicó bajo el número de expediente 1162/2021. El 10 de agosto de 2022, el juzgado familiar dictó sentencia definitiva, en la que determinó que las pruebas demostraban que, bajo la custodia de los abuelos y la tía materna, los niños se desarrollaban de manera adecuada y habitaban un entorno apropiado para su integridad emocional. En consecuencia, estimó que debía privilegiarse el interés superior de los hermanos, incluso si ello afectaba los derechos del padre, ya que el interés superior de la niñez debe guiar cualquier decisión sobre la guarda y custodia. La resolución se emitió en los términos siguientes:
PRIMERO. La parte actora en lo principal no acreditó los elementos de su acción, mientras que los demandados justificaron sus excepciones, y la parte actora en reconvención acreditaron los elementos de su acción y la demandada en reconvención no así sus excepciones.
SEGUNDO. Se decreta la guarda y custodia definitiva de los niños de iniciales ********** y **********, a favor de sus abuelos LDH y EOM, y de su tía COD, toda vez que se acredita son las personas adecuadas para garantizar a los niños un desarrollo pleno e integral como personas.
TERCERO. Se absuelve a los demandados en lo principal LDH, EOM y COD de la prestación reclamada consistente en la reincorporación de los niños de iniciales ********** y ********** con su progenitor JRTG, conforme se señala en el considerando VI de la presente sentencia.
CUARTO. Se fija una convivencia, de los niños de iniciales ********** y **********, con su progenitor no custodio JRTG y su familia ampliada, un fin de semana de cada quince días, pudiendo recoger el padre a los niños en el domicilio de los abuelos y tía custodia en el horario de cinco de la tarde del día viernes para reintegrarlos el día domingo a las diecisiete horas, se considera así porque el padre de los niños también tiene derecho a convivir con sus hijos en fin de semana fuera de las presiones de las tareas escolares y de crianza de dichos niños, en el entendido que dicho progenitor debe apoyar a sus hijos en actividades escolares, lo anterior dado que nos encontramos en semáforo verde de la pandemia SARS COV 2, conminando a los ciudadanos LDH, EOM y COD, a permitir la convivencia, dado que la misma constituye un derecho de los niños mencionados.
QUINTO. Se deja sin efecto la convivencia provisional decretada en diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en audiencia de los artículos 3458 y 346 del Código Civil vigente en el Estado.
SEXTO.- Se absuelve a los demandados en lo principal LDH, EOM y COD y demandado en reconvención JRTG, del pago de gastos y costas del juicio en términos del Considerando VII de la presente sentencia.
SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes (...).
7. Recurso de apelación 1942/2022. En contra de la determinación, por escrito presentado el 22 de agosto de 2022, el señor TG interpuso recurso de apelación. La Octava Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz, dictó sentencia el 24 de noviembre de 2022, en la que revocó el fallo apelado. Con base en los artículos 343, 345 y 349 del Código Civil para el Estado de Veracruz(2) y las pruebas que constaban en el expediente, la sala concedió la guarda y custodia de los niños a favor del señor, así como la restitución de los niños al domicilio donde vivían anteriormente.
8. Asimismo, la sala de apelación ordenó terapias psicológicas a favor del niño ********** por el tiempo que sea necesario, con el fin de fortalecer su seguridad, introspección, autoconocimiento y control emocional; proceso en el que su padre, abuelos y tía materna deberán acompañarlo. También ordenó la atención psicológica a cargo del padre, los abuelos y la tía materna, quienes deberán recibir orientación sobre cómo apoyar emocionalmente al hijo pequeño **********, especialmente cuando comience a cuestionarse qué ocurrió con su madre.
9. Finalmente, el tribunal de apelación estableció un régimen de convivencias a favor de la familia materna, en los siguientes términos:
i) los abuelos y tía materna podrán visitar a los niños en su domicilio, todos los martes y jueves de las 4pm a las 6pm;
ii) la familia materna podrá convivir con los niños los fines de semana de cada 15 días, para lo cual deberán recogerlos en su casa los viernes a las 4pm y se comprometerán a regresarlos a su domicilio el domingo a las 4pm, y
iii) los abuelos y tía materna podrán convivir con los niños en periodos vacacionales de Semana Santa, verano e invierno, en donde la mitad de dichos periodos corresponderá al padre y la otra mitad a los abuelos maternos y a su tía materna, de manera alternada.
10. Demanda de amparo directo 91/2023. Inconformes, el 10 de enero de 2023, los abuelos maternos y tía materna promovieron juicio de amparo directo, en el que se tuvo al padre de los niños como tercero interesado. En esencia, los quejosos plantearon los conceptos de violación siguientes:
i) Primero. Se debe suplir la queja deficiente en su exposición en favor de los niños, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia1a./J. 191/2005.(3)
a. La señora COD interpuso incidente de nulidad respecto del proveído de 23 de agosto de 2021, el cual se tuvo por improcedente, en virtud de que se había dictado sentencia definitiva. Por otro lado, considera que la integración del expediente tuvo muchos errores, pues hubo omisiones en la notificación por lista de acuerdos y la publicación correspondiente, por lo que debe analizarse las actuaciones del juicio con las listas de acuerdo de esa fecha, situación que hace patente una falta de lógica en relación con el orden cronológico del expediente, debido al error señalado. Esta falta de publicación en la lista oficial invalida la notificación, ya que no cumple con los requisitos legales de comunicación adecuada a las partes. Ante esas circunstancias, se debe considerar la naturaleza particular del asunto y, de ser fundado, se debe ordenar que la notificación se realice correctamente mediante su publicación en la lista oficial, de acuerdo con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.(4)
b. Al tomar en consideración que el asunto involucra derechos de niños, se debe anular todo lo actuado desde el auto del 26 de agosto de 2021 y el acuerdo del 24 de agosto de ese mismo año. El procedimiento debe reponerse a partir de las omisiones de publicación correspondientes.
ii) Segundo. La sala responsable, antes de resolver una queja deficiente en su exposición, debió realizar un estudio comparativo y exhaustivo de los intereses en conflicto.
a. El operador jurídico debió examinar las circunstancias específicas del caso para llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente al considerar a los niños involucrados. Los intereses de los niños deben tener prioridad sobre otros en juego, buscando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas para favorecer al infante, un principio consagrado en el artículo 4° constitucional.
b. Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, y no el de los contendientes, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de estos las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de niños. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 31/2014.(5)
c. Al entrar al estudio de la apelación interpuesta y suplir la queja en su deficiencia, la sala debió examinar si el interés superior de los niños aplicado por el juez de origen estaba apegado a los principios del artículo 4º constitucional. De ahí que la sala responsable debió examinar si el interés superior de la infancia aplicado por el juez de origen estaba apegado al artículo 4º constitucional.
d. La sala no juzgó a favor de los intereses de los niños, al decretar la guarda y custodia a favor del señor en apego a lo establecido en razón al ejercicio de la patria potestad, en la confesional a cargo de los demandados en lo principal y en el perfil psicológico del padre. No tomó en cuenta que, de acuerdo con la legislación civil, la asignación de la guarda y custodia, si bien limita las funciones personales de la patria potestad, deja intactos otros derechos y obligaciones derivados de ésta. La sala ignoró que, el hecho de que el juez familiar de primera instancia hubiere determinado otorgar la guarda y custodia a los abuelos y tía materna, no limitaba la institución de la patria potestad en perjuicio del señor.
e. La autoridad responsable inobservó el razonamiento al que llegó el juez familiar para otorgar la guarda y custodia de los niños conforme al interés superior de la infancia. La sala omitió atender sus deseos, sentimientos y opiniones, según lo manifestado por el niño ante un órgano jurisdiccional y asistido por un fiscal adscrito.
f. Al estar con la familia materna, uno de los niños mejoró su rendimiento académico, al encontrarse regularizado en sus estudios escolares. Asimismo, la responsable inadvierte que, en términos del artículo 58, fracción II, del código adjetivo civil, los tribunales no pueden modificar sus sentencias después de firmadas, salvo en el caso de resoluciones dictadas con carácter de provisionales y las resoluciones dictadas en los juicios de alimentos en los que versen sobre el ejercicio, pérdida o suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes. Éstas solo pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo.
g. De la valoración psicológica a los niños se desprende que ellos identifican a sus abuelos maternos y tía como figuras familiares que se hacen cargo de ellos, aunado a que se sienten bien con ellos. Asimismo, ningún peritaje realizado a los quejosos estableció que tuvieran algún impedimento para cuidar de los niños. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 53/2014 (10a.).(6)
h. La sala responsable, al aplicar la suplencia de la queja, excedió su actuar e inobservó una cuestión muy importante que dimana de la patria potestad, como lo es la obligación del progenitor de proporcionar alimentos a sus hijos, aun cuando estos se encontraban viviendo con los quejosos. De las constancias no se desprende ningún dato que de certeza de que el padre de los niños haya proporcionado alimentos en su forma económica o en especie. A pesar de que en su demanda el padre sostiene que les proporcionaba lo necesario, no existe constancia alguna al respecto.
iii) Tercero. Hay discrepancia con la firma que calza el escrito de apelación.
a. De la apelación en autos, se desprende la inconsistencia de la firma que lo calza con las diversas actuaciones judiciales. La sala responsable debió analizar la firma de dicha promoción para asegurarse que correspondía a la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito. Debido al corto tiempo que transcurrió de la calificación de grado ocurrida el 29 de septiembre de 2022 a la fecha de turno para resolver (ocurrida el 7 de octubre de 2022), le fue imposible interponer la incidencia correspondiente.
11. Sentencia de amparo directo 91/2023. El 16 de noviembre de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito dictó sentencia, en la que negó el amparo a los quejosos, con base en las siguientes consideraciones:
i) Sobre el primer concepto de violación, tienen razón los promoventes en cuanto a la ilegalidad de nulidad de notificaciones formulada en contra de las notificaciones de los autos de 5 y 26 de agosto de 2021; es decir, dado que el referido incidente se interpuso el 5 de agosto de 2021, cuando aún no se había emitido sentencia de origen, es fundado dicho planteamiento. Sin embargo, debe declararse inoperante, pues, contrario a lo alegado, en el expediente de origen consta que los autos de 5 y 26 de agosto de 2021 fueron notificados mediante lista de acuerdos en la misma fecha del dictado, conforme a las razones actuariales. Entonces, ningún fin práctico tendría la concesión del amparo para dejar insubsistente la sentencia emitida en primera instancia para analizar la incidencia planteada, si a la postre el resultado sería adverso a los intereses de la parte quejosa.
ii) Respecto al tercer motivo de inconformidad, referente a la firma en el documento que presentó el actor al interponer el recurso de apelación, las discrepancias en la firma de una persona en diferentes documentos dentro del mismo proceso no implican necesariamente que el documento en cuestión no haya sido firmado por esa persona.
a. La mera apariencia de diferencias no puede por sí sola probar la falsedad de la firma, pues para determinar si hubo una alteración fraudulenta de la voluntad de la persona, es necesario recurrir a medios de impugnación y pruebas periciales. Por lo tanto, si la firma en el recurso de apelación no es idéntica visualmente a las firmas previas en el expediente, pero presenta rasgos grafológicos similares, se presume que fue realizada por el mismo individuo, a menos que se demuestre lo contrario. b. Además, los demandados tuvieron tiempo suficiente desde la notificación del recurso de apelación (1º de septiembre) hasta la audiencia del 7 de octubre para impugnar la veracidad de la firma a través de incidente. Entonces, el factor tiempo no es motivo para desconocer la firma tachada de falsa, ni siquiera cuando están en juego intereses de los niños.
iii) En cuanto al segundo concepto de violación relativo al tema de fondo, si bien la Primera Sala sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005(7) que siempre que esté de por medio el bienestar de un niño o adolescente, los juzgadores deben suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, lo cierto es que en la diversa tesis 1a. CCII/2018(8) se precisó que el hecho de que se otorgue la guarda y custodia a un progenitor no implica que se esté favoreciendo a dicho progenitor en detrimento de los derechos de los niños involucrados, cuando se supla la queja.
a. De ahí que la decisión de otorgar la guarda y custodia al progenitor superviviente no afecta el interés superior de los niños implicados, pues, como lo consideró la sala responsable, la patria potestad corresponde a ambos padres, y en ausencia de uno, el otro los ejerce. Solo cuando ambos padres están ausentes o en circunstancias específicas previstas en la ley civil, la patria potestad será ejercida por los ascendientes en segundo grado, determinado por el juez según las circunstancias del caso y las disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz (específicamente, los artículos 343, 345 y 349).
b. En el caso específico, la madre de los niños falleció el 26 de diciembre de 2017, por lo que, por disposición legal, el ejercicio de la patria potestad compete al progenitor sobreviviente. Consecuentemente, es intrascendente lo que se sostiene entorno a “acuerdos” para el pleno desarrollo de los niños, pues, ante el fallecimiento de uno de los progenitores, ningún acuerdo debe mediar con el padre supérstite para la custodia de los niños. Esta disposición se aplica únicamente en casos de crisis intrafamiliar, como la separación de los padres, según lo establecido en el artículo 345 del Código Civil del estado. En el caso de la muerte de la madre, no se aplica esta disposición.
c. Respecto al argumento de la tía de los niños en el que se niega a entregar a los niños a su padre ante el dicho del mayor de ellos de no querer ir con su papá, esto no es suficiente para justificar la ilegalidad de su acción. Aunque ella afirmó tener temor de que los niños estuvieran siendo maltratados física, moral o psicológicamente, no hay pruebas que respalden estas alegaciones ni que demuestren que la conducta del padre sea peligrosa. Por lo tanto, su negativa a entregar a los niños no es válida.
d. En cuanto al dictamen psicológico practicado al progenitor de los niños, se estima que es un informe solicitado por el juez para conocer la situación psicológica del actor en el juicio de origen, sin que amerite ser cuestionado de los hechos y conclusiones plasmadas en el informe.
e. Sobre lo manifestado por ********** y ********** en el desarrollo de la audiencia, se destaca que el primero dijo que vive con sus abuelos maternos y su tía, que los cuidan, quieren mucho y tratan bien, que le ayudan con las tareas de la escuela y que antes platicaba con su padre a través de un celular, pero no le gustó porque termina “fastidiándolo” con sus manifestaciones de cariño. Que sí le gusta convivir con su padre por videollamada y verlo solo los sábados y que los regrese los domingos a casa de sus abuelos. Por otro lado, el segundo hijo dijo que conoce a su papá y que si su hermanito mayor va, él también.
f. Se advierte que el testimonio de ********** carece de credibilidad, ya que no hay evidencia objetiva que afecte la relación padre-hijo. Máxime que del dictamen psicológico practicado a dicho niño se advierten indicadores de desajuste emocional, pues, se reconocen signos de inmadurez emocional, mas no de inmadurez cognitiva, la cual es funcional, por lo que es necesario fortalecer su seguridad para enfrentar el mundo. Así, el dicho del niño no puede considerarse para establecer la ilegalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis VII.2o.C.37 C (10a.).(9)
g. Lo relevante en el caso es determinar si el padre debe o no ejercer la guarda y custodia que le corresponde por ley, independientemente de la ausencia de malos tratos hacia los niños por parte de los demandantes. Los análisis psicológicos realizados a los demandantes no son jurídicamente relevantes, ya que, incluso si muestran idoneidad para el ejercicio de la guarda y custodia, esto no afecta el derecho del progenitor a tener a sus hijos bajo su cuidado. Por ello, es inaplicable la jurisprudencia 1ª./J. 53/2014,(10) en el entendido de que la jurisprudencia se refiere a la hipótesis de la existencia de ambos progenitores, lo que en el asunto no sucede.
h. Finalmente, no se omite lo argumentado en cuanto al incumplimiento de la obligación alimentaria. No obstante, ello es tema del ejercicio de la patria potestad (y su posible pérdida) y no de la guarda y custodia, que es lo que se discutió en el juicio de origen. Como sustento a lo anterior, cita la jurisprudencia 1a./J. 62/2003.(11)
i. Por lo tanto, al no advertir queja deficiente qué suplir, se niega el amparo a los quejosos.
12. Recurso de revisión. El 2 de enero de 2024, los quejosos interpusieron recurso de revisión. En esencia, se dolieron de lo siguiente:
i) Primero. Son inconstitucionales los artículos 343, 345 y 349 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales otorgan automáticamente la patria potestad al progenitor supérstite, sin considerar el contexto y el bienestar de los niños. Esto presupone que el progenitor vivo siempre será el más adecuado para los niños, lo cual es una suposición errónea. La determinación de que el padre tenga la custodia por ser el progenitor supérstite no se alinea con el interés superior de la infancia.
a. La patria potestad ya no es más un derecho del padre, pues, como lo estableció el Máximo Tribunal, en el marco constitucional actual se trata de una función que se le encomienda a éste en beneficio de sus hijos, la cual siempre se encamina a su protección, educación y formación integral. Es decir, se debe dar la necesaria consideración al niño como persona y, por tanto, como titular de derechos con capacidad progresiva para ejercerlos en razón su madurez.
b. Reconocer plenamente la subjetividad de los niños implica considerarlos como sujetos de derecho, no simplemente como objetos de protección. Esto implica garantizar su participación en procedimientos legales que afecten su vida, como lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4° constitucional. Los niños tienen el derecho de expresar su opinión en asuntos que les conciernen, y aunque esta opinión no sea vinculante, debe ser tomada en cuenta al adoptar decisiones, valorando todas las circunstancias del caso. Al respecto, citan las tesis 1a. CVIII/2015,(12) 1a. CCCLXXIX/2015,(13) y 1a./J. 44/2014.(14)
c. Para valorar el interés del niño, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el niño, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego.
d. El código civil local regula la relación filial entre los niños y sus progenitores, y establece que el ejercicio de la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos padres y, en ausencia de uno, al otro. En el caso, no hay controversia sobre la filiación entre los niños y su padre ni sobre el ejercicio de la patria potestad por parte de éste tras el fallecimiento de la madre. Sin embargo, en el marco constitucional actual, la patria potestad es vista no como un derecho del progenitor, sino como una función encomendada en beneficio de los hijos. Aunque la patria potestad incluye la tutela, guarda y custodia de los niños, esto no implica que, tras la muerte de uno de los padres, los niños deban vivir siempre con el progenitor sobreviviente. Existen casos donde esto no es lo más adecuado para el interés superior del niño, el cual prevalece sobre los deseos de los progenitores.
e. Por lo anterior, debe desestimarse lo determinado por el tribunal colegiado en torno a que fue correcto que la sala otorgara la guarda y custodia al padre de los niños porque así lo disponen las normas secundarias invocadas, pues se dejó de lado el interés superior de los niños. De ahí la inconstitucionalidad del fallo.
ii) Segundo. Inconstitucionalidad de la interpretación del tribunal colegiado al principio del interés superior de la infancia previsto en el artículo 4º constitucional, en relación con el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar en el procedimiento jurisdiccional en que se dirimen sus derechos y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
a. El tribunal colegiado debió considerar el sentir del niño para tener un panorama objetivo y determinar lo más benéfico para él. Al otorgarle la guarda y custodia al padre, una convivencia armónica de los niños con los recurrentes es crucial para su sano desarrollo, pues ellos necesitan el apoyo y cariño de los recurrentes, en su caso, bajo un régimen de convivencia que les brinde seguridad y protección.
b. La interpretación del tribunal colegiado sobre el interés superior de la infancia es errónea, ya que no toma en cuenta los sentimientos, deseos y opiniones de los niños, lo cual debe respetarse siempre para preservar su dignidad, aunque su opinión no sea vinculante. La sentencia es inconstitucional por desatender el principio del interés superior de la infancia, pues no hab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33447-66c3b957/guarda-y-custodia-cuando-terceras-personas-ejercen-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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