HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS EN MATERIA MERCANTIL. SE FINCA EN EL RECONOCIMIENTO QUE AMERITAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR COSA JUZGADA, AUNQUE NO EXISTA CONVENIO ENTRE MÉXICO Y EL PAÍS EN EL CUAL SE DICTÓ. SENTENCIAS MERCANTILES DICTADAS EN EL EXTRANJERO. EL QUE EL ORDENAMIENTO DEL PAÍS EN EL QUE SE EMITA EXIJA UNA GARANTÍA PARA PODER APELARLA, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA QUE SEA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO PARA EFECTOS DE SU HOMOLOGACIÓN EN MÉXICO.
AMPARO EN REVISIÓN 14/2021. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y MARIANA AGUILAR AGUILAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La empresa canadiense ********** solicitó ante un Juez de Distrito la homologación de la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil trece por un Juez de la Corte Suprema de Columbia Británica, con sede en Vancouver, Canadá, en el juicio **********, en la que, entre otras prestaciones, se condenó a los demandados, el señor **********, ahora su sucesión, y la empresa mexicana **********, al pago de ********** dólares canadienses por concepto de compensación equitativa.
Lo anterior, derivado de la violación al deber fiduciario en la que el señor ********** incurrió con la toma de una oportunidad empresarial que pertenecía a la sociedad canadiense ********** (quien cedió todos sus derechos a su controladora **********) y de la que el señor ********** fue Presidente y Director Ejecutivo hasta mediados de dos mil seis.
Esa oportunidad empresarial está relacionada con la adquisición de una propiedad minera en el estado de Jalisco, México, denominada "**********", cuya concesión de explotación pertenece a la compañía **********, cuyas acciones fueron adquiridas indirectamente por el empresario mexicano a través de la compañía **********, una empresa de la que también era accionista y que posteriormente se fusionó con **********.
En primera y segunda instancias se acogió la homologación de la sentencia extranjera. Sin embargo, en el juicio de amparo indirecto promovido por el señor ********** y **********, se les concedió a éstos la protección constitucional al considerarse que el fallo canadiense proviene de un juicio en el que no se garantizó su derecho a la tutela judicial efectiva.
Lo anterior, porque supuestamente se les obstaculizó el derecho a apelar el fallo de primera instancia mediante la imposición de un requisito de admisibilidad carente de razonabilidad y proporcionalidad, a saber, una orden de garantía por el saldo insoluto de la suerte principal de la condena. Como los demandados no exhibieron la garantía, la apelación les fue desechada por abandono, lo que el Tribunal Unitario de amparo consideró contrario al orden público nacional y, por tanto, un impedimento para la homologación.
Esta resolución fue recurrida tanto por la promovente del procedimiento de homologación como por su contraparte.
En lo esencial, ********** alega que, en términos de la fracción VII del artículo 1347-A del Código de Comercio, el examen de una posible contravención al orden público mexicano únicamente puede recaer sobre "la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido", no sobre el procedimiento del que derivó la sentencia extranjera. Asimismo, dice que de cualquier forma el derecho a apelar un fallo de naturaleza mercantil ante un tribunal superior no es una garantía del sistema jurídico mexicano. Por último, sostiene que, aun si lo fuera, a los codemandados sí les fue asegurada "la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas", en términos de la fracción IV del citado precepto legal, en el entendido de que, si el recurso de apelación que intentaron les fue desechado por abandono, ello no fue por motivos arbitrarios o carentes de razonabilidad, sino por acciones y omisiones imputables a ellos.
Por su parte, el señor ********** y ********** aducen que el Tribunal Unitario de amparo no debió omitir el estudio de los conceptos de violación en los que alegaron, por un lado, que la compensación equitativa para cuyo cumplimiento se procedió en la sentencia extranjera es incompatible con el orden público mexicano, ya que dicha condena se apoya en meras especulaciones y suposiciones y, por ende, no es acorde con la esencia del régimen de responsabilidad civil extracontractual interno, específicamente, con lo relativo a que los daños y perjuicios que deban resarcirse tienen que ser reales y consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito. Y, por el otro lado, que la extensión de la responsabilidad a ********** por un hecho ilícito cometido por el señor ********** es contraria al debido proceso y, por vía de consecuencia, al orden público nacional.
Atento a lo anterior y en necesario orden lógico, la primera cuestión que esta Primera Sala debe resolver es, si a la luz de los agravios de **********, es correcta la conclusión a la que arribó el Tribunal Unitario de amparo en el sentido de que la sentencia extranjera deriva de un juicio en el que se transgredió el derecho de los demandados a la tutela judicial efectiva, como una manifestación del orden público nacional.
Como resulta que ello no es así y que los agravios de ********** son fundados, en segundo lugar se tiene que examinar la supuesta vulneración al orden público en México, pero ahora por la "extensión" de la condena a ********** y la supuesta incompatibilidad de la obligación contenida en el fallo canadiense con la naturaleza jurídica del derecho de daños de la responsabilidad extracontractual doméstica. Esto, a la luz de los conceptos de violación propuestos por el señor ********** y **********, que el Tribunal Unitario de amparo no estudió en la sentencia recurrida. A consideración de esta Primera Sala, tales planteamientos resultan infundados.
Por tales motivos, lo conducente es revocar la sentencia recurrida y negar el amparo a los quejosos ********** y **********, en contra de la sentencia de apelación en la que se confirmó la homologación del fallo extranjero.
ÍNDICE
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 14/2021, interpuesto por los quejosos, el señor **********, ahora su sucesión,(1) y **********, sociedad anónima de capital variable, así como por la tercera interesada, **********, en contra de la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito en el juicio de amparo indirecto 70/2019.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar cómo debe valorarse la contravención al orden público mexicano en el marco de un procedimiento de homologación de sentencia extranjera; si dicha valoración puede comprender el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, en forma destacada, el derecho de acceso a la justicia; y, de ser así, dónde encontraría su límite una valoración de tales características; para entonces subsumir el caso concreto a los parámetros resultantes.
Asimismo, esta Primera Sala debe dilucidar si como parte de la valoración de una posible contravención al orden público mexicano es factible evaluar la compatibilidad entre la legislación extranjera y la legislación nacional en relación con la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido en la sentencia que se pretende homologar; y, de ser así, cómo y hasta qué punto; para, en su caso, subsumir el caso concreto a tales directrices.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Contexto y partes involucradas.(2) Según se desprende de la sentencia canadiense de veinticuatro de abril de dos mil trece, cuyo reconocimiento en México ahora se pretende, la controversia en sede extranjera tuvo su origen en una reclamación por parte de las empresas ********** (en lo sucesivo "**********"), ********** Incorporated (en lo sucesivo "**********") y **********, sociedad anómica de capital variable (en lo sucesivo "**********"), en contra del señor ********** y la empresa **********, sociedad anónima de capital variable (en lo sucesivo "**********"), por la violación al deber fiduciario en la que el señor ********** con la toma de una oportunidad empresarial que pertenecía a **********, relacionada con la adquisición de una propiedad minera en el estado de Jalisco, México, denominada "**********". Para mayor claridad, en seguida se explica brevemente la participación de cada una de las personas mencionadas, con la aclaración de que en los párrafos subsecuentes se profundiza respecto de cada tema a partir de las consideraciones del fallo canadiense:
• ********** era un ciudadano mexicano que fue presidente y director ejecutivo de la canadiense ********** y de su subsidiaria en México, **********, hasta mediados de dos mil seis. Además, fue accionista mayoritario de ********** hasta abril de dos mil seis, cuando vendió todas sus acciones a la diversa empresa canadiense **********. A mediados de dos mil siete, por conducto de la empresa **********, sociedad anónima de capital variable (en lo sucesivo "**********"), de la que también era accionista, el señor ********** adquirió de dos filiales de ********** todas las acciones de **********, concesionaria de la explotación de la propiedad **********.
• ********** es una sociedad mexicana, concesionaria de la explotación de la propiedad **********, que hasta agosto de dos mil siete perteneció a dos filiales de **********. Tras ser adquirida por la empresa **********, de la que el señor ********** era accionista, ambas empresas se fusionaron, subsistiendo ********** como la sociedad fusionante. El señor ********** quedó como uno de los accionistas de ********** y juntos fueron la parte demandada y condenada en el juicio canadiense.
• ********** es una sociedad constituida en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Hasta mediados de dos mil seis tuvo como presidente, director ejecutivo y accionista mayoritario al señor **********, quien, entre noviembre de dos mil cuatro y abril de dos mil seis, la representó en diversas negociaciones con ********** para la adquisición de la propiedad **********. En abril de dos mil seis, la canadiense ********** adquirió del señor ********** todas sus acciones en **********; ********** asumió la administración y operación de ********** a partir del primero de junio de dos mil seis y, posteriormente, se subrogó en todos sus derechos.
• ********** es una sociedad mexicana, subsidiaria en propiedad total de la canadiense **********. Fue a través de esta subsidiaria en México que ********** sostuvo negociaciones con ********** para la adquisición de la propiedad **********, representada por su presidente, director ejecutivo y accionista mayoritario, el señor **********. Con motivo de la compraventa de las acciones de **********, ********** asumió la administración y operación de la subsidiaria ********** a partir del treinta y uno de mayo de dos mil seis.
• ********** es una sociedad constituida en la provincia de Columbia Británica, Canadá. En abril de dos mil seis adquirió del señor ********** las acciones representativas de la mayor parte del capital social de **********, convirtiéndose así en su accionista mayoritaria. Junto con ********** y **********, ********** fue la parte actora en el juicio canadiense. ********** se subrogó en todos los derechos de ********** y es quien ahora solicita la homologación de la sentencia extranjera.
• ********** es una propiedad minera ubicada en Jalisco, México, cuya explotación está concesionada a la empresa **********. La propiedad perteneció a dos filiales de ********** hasta agosto de dos mil siete, cuando fue adquirida por la sociedad **********, de la que el señor ********** era accionista. En junio de dos mil ocho ********** y ********** se fusionaron, quedando ********** como la sociedad fusionante.
Antecedentes corporativos
2. Negociaciones entre ********** (y su subsidiaria **********) y ********** para la adquisición de **********. Según se desprende de la sentencia canadiense de veinticuatro de abril de dos mil trece, entre noviembre de dos mil cuatro y abril de dos mil seis, el señor ********** negoció con ********** la adquisición de la propiedad **********. Durante ese periodo, el señor ********** ocupaba el cargo de Presidente y Director Ejecutivo de la canadiense ********** y, además, era su accionista mayoritario. A su vez, ********** tenía como subsidiaria en México a **********.
3. Después de varias negociaciones, el veintiuno de noviembre de dos mil cinco el señor ********** le escribió a **********, en papel membretado de **********, para comunicarle que aceptaba los términos establecidos para la compraventa de los activos de ********** y solicitarle una fecha para formalizar el trato. El veintitrés de enero de dos mil seis, aún en el marco de las negociaciones para el cierre del trato, el consejo de administración de ********** insistió en proceder con la adquisición de ********** e instruyó a su Presidente, el señor **********, para que actuara en consecuencia.
4. Sobre este punto, el Juez canadiense concluyó que todas las negociaciones fueron hechas por el señor ********** en representación tanto de **********, como de su subsidiaria en México, **********.
5. Negociaciones entre el señor ********** y ********** para la compraventa de las acciones de **********. Simultáneamente a las negociaciones descritas en los párrafos que preceden, el tres de abril de dos mil seis el señor ********** celebró un contrato condicional preparatorio con la empresa canadiense ********** para venderle todas sus acciones en **********. La operación se formalizó el treinta de mayo de dos mil seis y, de este modo, ********** se convirtió en la accionista mayoritaria de **********.(3)
6. Como consecuencia de lo anterior, ********** asumió la administración y la operación de la subsidiaria mexicana ********** y de la empresa canadiense **********. Por su parte, el señor ********** renunció a sus cargos de dirección en ********** y en **********.
7. A decir del señor **********, en la junta en la que se celebró el contrato preparatorio para la compraventa de las acciones (tres de abril de dos mil seis), e incluso desde una reunión previa llevada a cabo el veintisiete de marzo de ese año, él comentó con el Presidente y el Director Operativo de ********** que tenía la posibilidad de adquirir para él la propiedad ********** y que tenía interés en venderles esta propiedad junto con las acciones de **********. El señor ********** dijo que ********** "rechazó" esta oportunidad, lo que, a su entender, consistió en un rechazo tanto por parte de ********** como por parte de ********** para continuar con el proceso de adquisición de la propiedad minera, debido a que la primera estaba a punto de adquirir el control de la segunda.
8. Revocación de las negociaciones entre ********** (y su subsidiaria **********) y ********** para la adquisición de **********. El Juez canadiense destacó que, al día siguiente de que el señor ********** y ********** celebraron el contrato preparatorio para la compraventa de las acciones de **********, esto es, el cuatro de abril de dos mil seis, el señor ********** envió una carta al Gerente de Proyecto de ********** en la que revocó todas las negociaciones que habían sostenido sobre la adquisición de **********, incluida la aceptación de los términos de la operación efectuada el veintiuno de noviembre de dos mil cinco.(4) Según lo consideró el juez extranjero, esta carta la escribió el señor ********** en papel membretado de ********** y en su carácter de representante de ********** y **********, a cuyos puestos de dirección todavía no había renunciado para esa fecha.(5)
9. Negociaciones entre ********** (por medio de la empresa **********) y ********** para la adquisición de **********, concesionaria de la explotación de **********. El tres de mayo de dos mil seis, un mes después de que el señor ********** y ********** celebraran el contrato preparatorio para la compraventa de las acciones de ********** y de que el primero de los mencionados revocara las negociaciones entre ********** y **********, el señor ********** envió a ********** una carta de intención para la compra de la propiedad **********, pero ahora en representación de la empresa mexicana de la que era accionista, **********.
10. En el fallo canadiense se narra que, al no haber obtenido respuesta, el tres de julio siguiente el señor ********** envió a ********** una "oferta mejorada". En esta ocasión, para la adquisición de los activos de la empresa **********, concesionaria de la explotación de ********** y operada por las empresas ********** y **********, ambas filiales de **********.
11. Desacuerdos sobre la propiedad de la oportunidad empresarial para adquirir **********. Según se narra en la sentencia canadiense cuyo reconocimiento en México ahora se pretende, paralelamente a las negociaciones entre el señor ********** (por conducto de **********) y **********, el ocho de septiembre de dos mil seis el Director Operativo de ********** contactó a ********** para hacer de su conocimiento que **********, cuya operación y administración ya había asumido, aún estaba interesada en obtener la propiedad **********, de conformidad con las negociaciones que habían sostenido desde noviembre de dos mil cuatro.(6)
12. A mediados de septiembre de dos mil seis, ********** informó al señor ********** y al Director Operativo de ********** que no vendería la propiedad ********** a ninguno de los dos, a menos que resolvieran sus diferencias. Esto, en vista de que ambas partes se asumían propietarias de la oportunidad empresarial para adquirir ********** y no conseguían –ni consiguieron– llegar a un acuerdo entre ellos. Por ende, ********** suspendió provisionalmente todas las negociaciones al respecto.
13. Adquisición de ********** por parte de ********** y fusión. En abril de dos mil siete el señor ********** y ********** reiniciaron negociaciones. El siete de agosto de dos mil siete, las empresas ********** y **********, filiales de **********, y la sociedad **********, de la que el señor ********** era accionista, celebraron un contrato de promesa de compraventa cuyo objeto incluía el de transmitir y adquirir, respectivamente, las acciones representativas de la totalidad del capital social de **********, concesionaria de la explotación de **********. El contrato definitivo lo celebraron el veinticinco de enero de dos mil ocho.
14. En junio de dos mil ocho, las empresas ********** y ********** se fusionaron; ********** resultó la sociedad fusionante.
Juicio en foro canadiense
15. Caso ********** contra **********, 2013 BCSC 717 (expediente S**********). **********, para este momento administrada y operada por **********, seguía considerando que la adquisición de la propiedad ********** era su oportunidad empresarial y que el señor ********** violó su deber fiduciario al haberla adquirido para él.
16. Por ese motivo, el treinta de noviembre de dos mil siete (después de que las filiales de ********** y ********** celebraran el contrato de promesa de compraventa sobre las acciones de **********), las canadienses ********** y ********** ejercieron ante la Corte Suprema de Columbia Británica, con sede en Vancouver, Canadá, una acción por violación al deber fiduciario en contra del señor **********, ex Director Ejecutivo de **********, y de la sociedad **********, de la que el empresario mexicano fue accionista y por medio de la cual, según lo resolvió el Juez canadiense, aquél adquirió indirectamente la propiedad **********.
17. El siete de febrero de dos mil ocho los codemandados se dieron por notificados de la acción ejercida en su contra y el once de marzo siguiente comparecieron al juicio. A su vez, el catorce de marzo de dos mil ocho contestaron la demanda y reconvinieron a ********** el monto para entonces pendiente de pagar por la compraventa de las acciones de **********. 18. Durante el trámite del juicio, ********** cedió a ********** todos sus derechos y pretensiones sobre la propiedad **********. Además, el Juez canadiense permitió a ********** (subsidiaria mexicana de **********) añadirse al juicio como parte actora.
19. Por su parte, dado que en junio de dos mil ocho las empresas ********** y ********** acordaron su fusión, resultando ********** la sociedad fusionante, el juicio extranjero se siguió en contra de esta última en sustitución de **********.
20. Orden y razonamientos de la sentencia extranjera (expediente S**********). El veinticuatro de abril de dos mil trece, el Juez de la Corte Suprema de Columbia Británica al que correspondió conocer de la causa dictó la orden de sentencia definitiva, cuyos razonamientos fueron posteriormente corregidos el veinticinco de septiembre de dos mil trece.(7)
21. Dos de las cuestiones centrales en el caso ********** contra ********** fueron determinar si la Corte Suprema de Columbia Británica tenía jurisdicción para resolver el asunto y quién era la propietaria de la oportunidad empresarial para adquirir **********.
22. El Juez canadiense determinó que la Corte Suprema de Columbia Británica sí tenía jurisdicción para resolver el asunto, ya que el señor ********** fue Presidente y Director Ejecutivo de la compañía **********, constituida en la mencionada provincia canadiense, y las pretensiones reclamadas se relacionaban directamente con ese cargo directivo.
23. En cuanto al fondo, el Juez canadiense concluyó que la oportunidad empresarial de adquirir ********** pertenecía a ********** y que el señor ********** violó el deber fiduciario que tenía frente a ella cuando revocó las negociaciones que había efectuado en su nombre y, en su lugar, adquirió la propiedad minera para él. Por tal motivo, el Juez condenó al señor ********** y a la empresa ********** al pago de una compensación equitativa como resarcimiento basado en las pérdidas de **********.
24. Para sustentar su resolución, el Juez canadiense se apoyó en diversos precedentes de su jurisdicción y argumentó que:
• Como consejero de **********, el señor ********** fue su fiduciario y no tenía permitido obtener una oportunidad de negocios perteneciente a dicha compañía o respecto de la cual ésta hubiere estado negociando. De conformidad con los precedentes canadienses, tal obligación continúa después de la renuncia del consejero "cuando se pueda decir de manera justa que la renuncia fue provocada o influida por un deseo de adquirir para sí mismo la oportunidad procurada por la compañía, o cuando fue su cargo en la compañía, más que una iniciativa fresca, la que lo llevó a la oportunidad que posteriormente adquirió."
• Aun cuando el señor ********** utilizó papel membretado de **********, lo cierto es que siempre actuó en representación de **********, según se comprueba con el contenido de diversas cartas. Además, todos los informes y deliberaciones en relación con ********** se realizaron al nivel del consejo de administración de **********, no de **********. Por ende, la oportunidad de adquirir ********** fue de ********** desde noviembre de dos mil cuatro, cuando se entabló la primera comunicación con **********, y podía ser ejercida a través de cualquier medio que ********** y ********** eligieran.
• El señor ********** violó su deber fiduciario frente a ********** cuando envió a ********** la carta de cuatro de abril de dos mil seis, en la que, en representación de ********** y **********, revocó todas las negociaciones en torno a la adquisición de **********.(8)
• En adición a lo anterior, el señor ********** también violó su deber fiduciario frente a ********** cuando, a través de su compañía **********, adquirió indirectamente ********** mediante la compra de la concesionaria de su explotación, la sociedad **********. Para la fecha de la adquisición, agosto de dos mil siete, la oportunidad empresarial seguía siendo de **********, pues ésta en ningún momento le manifestó a ********** ya no estar interesada en la propiedad.
25. Ahora, en relación con la compensación equitativa, el Juez canadiense deliberó lo siguiente, también con fundamento en diversos precedentes de su jurisdicción:
• Cuando se suscita una violación al deber fiduciario, la parte actora puede elegir entre dos medios alternativos de resarcimiento: uno basado en sus pérdidas (compensación equitativa) y otro basado en las ganancias ilícitas de la parte demandada (restitución). En este caso, las actoras optaron por el resarcimiento basado en sus pérdidas, es decir, por la compensación equitativa.
• "La compensación equitativa busca colocar al actor en la posición en la que habría estado si el incumplimiento no hubiera tenido lugar."(9) Su meta es compensar a la parte actora por la pérdida sufrida.
• Asumiendo que no hubiera ocurrido la violación al deber fiduciario por parte del señor **********, es dable considerar que ********** habría adquirido ********** a fines de dos mil seis o a principios de dos mil siete; que la producción de dos de las minas de **********, de nombres ********** y **********, habría iniciado un año después, aproximadamente a inicios de dos mil ocho; y que la producción de las tres minas restantes habría iniciado a principios de dos mil nueve.(10)
• Para evaluar la compensación equitativa a la que ********** tiene derecho,(11) primero debe evaluarse la oportunidad que perdió y, después, debe aplicarse cualquier contingencia que tenga el potencial de reducir la cantidad de la condena.
• Lo que ********** perdió fue la oportunidad de adquirir un activo que produciría una corriente de ingresos, es decir, utilidades. De conformidad con las opiniones de los peritos, la pérdida de oportunidad de ********** se evalúa en ********** dólares estadounidenses.(12)
• A esa cantidad debe reducírsele un porcentaje del quince por ciento a título de contingencia, por la posibilidad de que **********, por un motivo u otro, no hubiere adquirido **********.
• Esto resulta en una pérdida de oportunidad para ********** de ********** dólares estadounidenses.
26. Al final de la sentencia extranjera, el Juez canadiense señaló que como ********** cedió la totalidad de su reclamo a **********, la sentencia quedaba a favor de ésta.
27. Por último, el Juez precisó que los demandados "no cuestionaron que ********** fuera total o parcialmente controlada por el señor ********** y que, como propietaria de **********, sería conjunta y separadamente responsable de los ilícitos del señor **********."(13) Por ende, concluyó que la sentencia quedaba en contra del señor ********** y la empresa **********.
28. Así las cosas y en lo que interesa, la orden de la sentencia extranjera cuya homologación se pretende quedó como sigue:(14)
(...) 2. A los demandados ********** ("**********") y **********, S.A. de C.V. ("**********"), se les ordena pagar al actor ********** Corp. ("**********") la cantidad de $********** ("condena por daños").
(...) 6. El asesor legal de ********** (...) entregará como pago en depósito al asesor legal de ********** (...), la cantidad de $********** (el “pago parcial”) provenientes de los fondos mantenidos en depósito (...).
7. El pago parcial servirá para pagar parcialmente, por la cantidad de $**********, la condena por daños.
(...) 10. ********** y ********** son responsables de manera conjunta y separada de pagar la condena por daños, la condena de intereses, la condena de costas y la condena de intereses posteriores a la sentencia a **********.
29. Aviso de apelación y orden de garantía (expediente CA**********).(15) Según se desprende de los razonamientos por los cuales el cinco de junio de dos mil catorce se desechó la apelación intentada en contra del fallo canadiense, el veintitrés de mayo de dos mil trece, el señor ********** y la empresa ********** presentaron un aviso de apelación, con la intención de que el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica revocara la sentencia definitiva de veinticuatro de abril de dos mil trece, dictada por el Juez de la Corte Suprema de Columbia Británica en el juicio número S**********.
30. Visto lo anterior, la parte actora y apelada (conformada por **********, ********** y **********) solicitó una orden para que la parte demandada y apelante (compuesta por el señor ********** y **********) garantizara la sentencia de primera instancia a efecto de poder continuar con la apelación.
31. Dicha petición fue atendida por una Jueza del Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica, quien el veintisiete de junio de dos mil trece otorgó la orden de garantía, fijándola en ********** dólares estadounidenses o la exhibición de una carta de crédito por esa cantidad dentro de los noventa días siguientes.(16) Asimismo, la Jueza otorgó permiso a la parte actora y apelada para solicitar el desechamiento de la apelación por abandono, si la parte demandada y apelante omitía exhibir la garantía.
32. Para motivar su determinación, la Jueza del Tribunal de Apelaciones balanceó los méritos de la apelación y destacó que el señor **********, representante de ambos demandados, no solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia apelada; hasta antes de esa fecha había omitido realizar cualquier pago relacionado con la sentencia; no proporcionó ninguna prueba sobre su capacidad financiera o falta de ella para cumplir con una eventual orden de garantía, a pesar de que dicha prueba le fue solicitada; omitió asistir a diversos interrogatorios para los cuales fue citado en auxilio de la ejecución de la sentencia, sin ofrecer alguna justificación válida de su ausencia; y no tenía activos en esa jurisdicción.(17)
33. Desechamiento de la apelación por abandono (expediente CA**********). El señor ********** y la empresa ********** no exhibieron la garantía dentro del plazo indicado, ni buscaron oportunamente la revisión o modificación de dicha garantía.(18)
34. En consecuencia, el treinta de septiembre de dos mil trece, **********, ********** y ********** solicitaron el desechamiento p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33448-f5b543f3/homologacion-de-sentencias-extranjeras-en-materia-mercantil-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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