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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL, AL NO HABER FORMULADO ARGUMENTO ALGUNO AL RESPECTO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XIII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, [...]"). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, [...]"). XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTEN

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2024. · Registro digital (IUS): 33678
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-03
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.363.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 DE JULIO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: ANGEL JONATHAN GARCÍA ROMO.

SÍNTESIS

Acto impugnado: El estudio consiste en resolver la presente controversia constitucional promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos para determinar si es válido el Decreto número 2168 (dos mil ciento sesenta y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve) del estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, por el cual se otorga una pensión por jubilación a una extrabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial (PJ) del estado de Morelos.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la SCJN, en sesión correspondiente al dos de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 257/2024, promovida por el Poder Judicial del estado de Morelos, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo ambos de la entidad federativa mencionada.

El problema jurídico por resolver en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación consiste en determinar si el Decreto número 2168 (dos mil ciento sesenta y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve) del estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por el Poder Legislativo del estado de Morelos, mediante el cual concede una pensión por jubilación a *********** *********** ********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos, es válido.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN, el Magistrado Presidente del TSJ y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del Decreto número 2168 (dos mil ciento sesenta y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve) del estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa, otorgó una pensión por jubilación a *********** *********** ******** con cargo al presupuesto del PJ actor.

2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el PJ del estado de Morelos expuso, como concepto de invalidez, lo que a continuación se sintetiza:

• El Poder Legislativo del estado de Morelos lesiona la independencia del Poder actor, en el grado más grave de violación, que es la subordinación, y, como consecuencia de ello, su autonomía en la gestión de su presupuesto, ya que los Poderes demandados dispusieron directamente de sus recursos financieros para, a través del decreto impugnado, imponerle la obligación de pagar una pensión por jubilación a razón del 100% del último salario de la solicitante, sin que aquél tuviera intervención alguna en su emisión. Máxime que de manera expresa determina que el pago de mérito será cubierto por el PJ local, con cargo al presupuesto autorizado a dicho ente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos.

• En el presupuesto fiscal aprobado para el ejercicio dos mil veinticuatro de la referida entidad, no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la Corte. El monto de 247,228,887.00 pesos (Doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) contemplado en el citado presupuesto en la partida de pensiones y jubilaciones apenas resulta suficiente para pagar las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso, consistente en el pago de nómina a pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al mes de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, la referida cantidad no da certeza de que pueda cubrir pensiones futuras adicionales a éstas.

• Al emitir el decreto combatido, el Congreso local vulnera en perjuicio del PJ accionante el artículo 49 de la CPEUM, que prohíbe que se reúnan dos o más poderes en una sola persona o corporación, de modo tal que ninguno de ellos pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.

• De igual forma se vulnera el artículo 92-A, fracción VI de la CPEM, ya que, de acuerdo con el principio de congruencia presupuestal, es facultad exclusiva del PJ del estado de Morelos, lo atinente a la planeación, programación y diseño del gasto público mediante su presupuesto de egresos; lo anterior, sin que exista injerencia externa.

• También se transgrede lo previsto en el artículo 116 de la CPEUM, pues el Congreso local pretende que el PJ del estado de Morelos se someta a sus decisiones en lo que tiene que ver con el presupuesto y gasto de dicho ente público, con lo cual viola su autonomía en la gestión presupuestal.

• El decreto impugnado genera una notoria afectación al presupuesto del PJ actor y, por tanto, transgrede los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos, 40, 41, 49, 116 y 133 de la CPEUM y 92-A y 131 de la Constitución Local.

• Refiere que la falta de previsión y planificación presupuestal se manifiesta como consecuencia de la pensión de un trabajador, pues para no conculcar el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, el trabajador jubilado debe necesariamente ser reemplazado por un nuevo servidor público que tiene derecho a percibir una remuneración y prestaciones sociales por su trabajo; de manera que no se puede perder de vista que la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide, ya sea dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos correspondiente, o bien, porque exista una bolsa adicional a aquélla que comprende a los jubilados anteriores, o porque al momento de expedirse el decreto jubilatorio, se ordena el incremento o transferencia de los recursos en la misma proporción en que deba cubrirse dicho gasto.

• Señala que, si bien es cierto que el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las legislaturas locales, también lo es que ello no implica que a través de dichas normas el Congreso del estado pueda establecer libremente los casos en que proceda conceder dichas pensiones jubilatorias cuando éstas emanan de las relaciones laborales entre el PJ actor y los servidores públicos a su cargo, pues la CPEUM confirió a los poderes judiciales autonomía de la gestión presupuestal como un principio fundamental de la independencia de los mismos, la cual no puede sujetarse a las limitaciones de otros poderes, dado que ello conllevaría a la violación del principio de división de poderes.

• En consecuencia, solicita que se declare la invalidez del decreto impugnado y que se ordene al Poder Legislativo del estado de Morelos incrementar o transferir, en la partida de jubilaciones, los recursos económicos suficientes que garanticen que no se vulneren los derechos de los trabajadores del PJ actor.

4. Radicación. La Ministra Presidenta de la SCJN, por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 257/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama como instructora del procedimiento.

5. Admisión y trámite. La Ministra Lenia Batres Guadarrama, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, a quienes solicitó emplazar a efecto de que formularan su contestación y no así al Secretario de Gobierno de la referida entidad federativa, al tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.

6. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, a través del Sistema Electrónico de la SCJN, el Consejero Jurídico del estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa y, medularmente, señaló lo siguiente:

• La controversia constitucional es improcedente, el Poder Ejecutivo del estado de Morelos únicamente promulgó y publicó el decreto impugnado, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables que lo facultan para ello, sin que tales actos sean cuestionados por vicios propios en su concepto de invalidez.

• Señala que la impugnación que se formula en su contra es improcedente e infundada, ya que los actos que se le atribuyen no invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor del PJ actor.

• El Congreso local asigna al PJ del estado de Morelos un 4.7% del gasto programable del Presupuesto de Egresos Anual, garantizando un porcentaje fijo. Por tanto, el PJ se encuentra en condiciones de cumplir con las obligaciones derivadas de los decretos de pensión y debe implementar mecanismos de transferencias o adecuaciones en las partidas presupuestales previamente autorizadas para asegurar el cumplimiento de estas responsabilidades.

• Mencionó que el monto asignado al PJ del estado de Morelos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro incluye los recursos necesarios para cumplir con todas sus obligaciones financieras, laborales, de seguridad social, pensiones, jubilaciones y demás responsabilidades. Por lo tanto, se considera que dicho presupuesto es suficiente para cubrir el pago del decreto de pensión impugnado en esta controversia constitucional.

• Refiere que, en relación a las pensiones concedidas a cargo de los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, debe tenerse en cuenta la problemática financiera por la que atraviesa el erario estatal y municipal, pues las pensiones tienen como única fuente de ingresos al propio erario público, y no como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que otorga pensiones con base en un sistema financiero de aportaciones a través de cuotas obrero patronales que se realizan de forma tripartita durante la vida laboral activa del trabajador.

• Señala que el Poder Ejecutivo estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el citado PJ con sus jubilados, motivo por el cual este último debe hacerse cargo de sus propias obligaciones.

• Solicita que se considere que el PJ del estado de Morelos, en el ejercicio de su autonomía financiera y con base en el presupuesto aprobado para el año fiscal dos mil veinticuatro, tiene la responsabilidad de efectuar los ajustes necesarios en sus partidas presupuestales. Esto debe realizarse en atención al contexto de austeridad que enfrenta el estado de Morelos, reconociendo el principio de escasez económica, el cual establece que los recursos públicos son limitados y deben distribuirse de manera proporcional ante las múltiples necesidades existentes, lo que implica que el presupuesto como producto de la recaudación tiene un techo que acota su distribución cada año.

7. Contestación de demanda del Poder Legislativo del estado de Morelos. Por oficio LVI/SSLyP/DJ/1o.1003/2024 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Poder Legislativo del estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa y argumentó, en esencia, lo siguiente:

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, en relación con la fracción I, inciso h, del artículo 105 de la CPEUM, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del PJ del estado de Morelos, por tanto, la actora carece de interés legítimo.

• Argumenta que debe declararse el sobreseimiento de la controversia constitucional, con base en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, y el artículo 105, fracción I, de la CPEUM. Esto se fundamenta en que el PJ actor no posee interés legítimo para promover este medio de control constitucional, ya que dicho interés requiere que se demuestre una afectación directa a la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos señalados en la fracción I, del artículo 105 de la CPEUM, derivada de su posición particular frente al acto que consideran lesivo o perjudicial.

• La expedición del decreto impugnado, mediante el cual se concede pensión jubilatoria a un trabajador, no pretende ejercer de manera directa los recursos que forman parte del presupuesto del PJ del estado de Morelos, sino que, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la CPEUM; 40, fracción XX, de la CPEM; así como de los diversos 54, fracción VII, y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil (LSC) del Estado de Morelos, el Congreso local cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen pensión jubilatoria a los trabajadores del gobierno estatal, de ahí que el Poder Legislativo local no invade la autonomía presupuestaria del PJ actor, ni le causa perjuicio alguno.

• Que resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 18/2013 (10a.), de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, relativa a que el acto cuya invalidez se demanda ha cesado en sus efectos y solicitó el sobreseimiento de la controversia constitucional.

• En lo que toca a los conceptos de invalidez esgrimidos por el Poder actor, señala que los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a disfrutar una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para tal efecto determinen o con quien hayan celebrado convenio; y, para dar cumplimiento a tal derecho, los patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que establezcan las leyes aplicables.

• Aunado a lo anterior, los trabajadores también tienen derecho a gozar de otra pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, la cual se otorga mediante decreto que expide el Congreso del estado, una vez que se satisfagan los requisitos previstos para ello en la LSC del Estado de Morelos. Es facultad del Poder Legislativo del estado, otorgar los decretos jubilatorios en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al estado de Morelos, incluidos los servidores públicos del PJ del estado antes mencionado.

• Refiere que para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se han realizado asignaciones al TSJ del estado, por la cantidad de 247,228,887.00 pesos (Doscientos cuarenta y siete millones, doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), así como que en este mismo ejercicio, mediante oficio SH/0920-GH/2024 de dos de julio de dos mil veinticuatro, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de 23,089,806.95 pesos (Veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), en atención al diverso LJGO/JUNTA ADMON/2176/2024, destinada para la atención de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.

• Que para estar en condiciones de solicitar al Poder Ejecutivo estatal la asignación y transferencia de recursos para el pago de la pensión, giró oficio al PJ del estado de Morelos para que informara al Poder Legislativo la cantidad necesaria para el pago de la pensión respectiva. En respuesta a lo anterior, el Magistrado Presidente del TSJ del estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del PJ informó al Poder Legislativo local que requiere la cantidad de $82,503.05 (ochenta y dos mil quinientos tres pesos 05/100 ?.?.), hecho que informó al Poder Ejecutivo local a efecto de que realice la transferencia al referido PJ que le permita realizar el pago de la pensión otorgada a través del decreto impugnado.

• Refiere que, al otorgar los recursos suficientes para el pago de la pensión concedida a través del decreto impugnado, no se viola el principio de división de poderes, ni la autonomía de gestión ni la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la CPEUM. Además, se enfatiza que el PJ local ha recibido, de manera reiterada, recursos adicionales mediante diversas transferencias, lo que le permite cumplir con sus responsabilidades en el pago de las pensiones jubilatorias de sus trabajadores.

8. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco la Ministra instructora ordenó agregar al expediente de referencia el escrito y anexos, de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, a quien se tuvo por presentada con la personalidad que ostenta dando contestación a la demanda de la controversia en cita y ordenó correr traslado de la contestación de mérito al PJ del estado de Morelos, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

9. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República. No se emitió opinión en este asunto.

10. Alegatos. No se formularon en la presente controversia constitucional.

11. Audiencia. Substanciado el procedimiento, el cinco de marzo de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas.

12. Cierre de la instrucción. Luego, por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

13. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la SCJN mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veinticinco, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de treinta de mayo de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y resolución.

I. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h,(1) de la CPEUM; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM; 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el artículo 42,(5) del Reglamento Interior de esta SCJN y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.

16. De la revisión integral de la demanda, se advierte que el poder actor alega que el decreto impugnado vulnera la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del PJ del estado de Morelos, toda vez que el Poder Legislativo de dicha entidad federativa, de manera unilateral, decidió otorgar una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del PJ del estado de Morelos, sin proporcionar participación alguna a este último ni transferirle los recursos económicos necesarios para hacer frente a dicha obligación.

17. En este contexto, se establece que la controversia constitucional se centra exclusivamente en el artículo 2o. del Decreto número 2168 (dos mil ciento sesenta y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve) del estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa concede de una pensión por jubilación a una trabajadora del PJ del estado de Morelos, con cargo al presupuesto del PJ local.(8)

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

18. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues se remitió a esta SCJN copia certificada del Decreto número 2168 (dos mil ciento sesenta y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve) del estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro por el que se concede pensión por jubilación a *********** *********** ********.

IV. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 21, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, el plazo para promover la controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquél en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

20. En este caso, el acto impugnado es el Decreto número 2168 (dos mil ciento sesenta y ocho) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6339 (seis mil trescientos treinta y nueve) del estado de Morelos, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro. Entonces, para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el PJ del estado de Morelos no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.

21. Así, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del jueves quince de agosto al jueves veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(10) sin considerar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como el uno, siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil veinticuatro, fueron días inhábiles, conforme a los artículos 3(11) y 143(12) de la abrogada LOPJF en relación a lo establecido en el Punto primero, inciso i, del Acuerdo número 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de la SCJN relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal, todos del dos mil veinticuatro al ser sábados y domingos.

22. Por lo tanto, si la demanda se presentó el martes tres de septiembre de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. La demanda fue presentada por parte legítima.

24. El Magistrado Presidente del TSJ y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del PJ del estado de Morelos,(13) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del PJ del estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(14) y 34 y 35, fracción I de la LOPJ del Estado de Morelos.(15)

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

25. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(16) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.

26. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.

27. En el caso, se estima que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del estado de Morelos, tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.

28. En representación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, comparece el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del mismo, quien, de conformidad con el artículo 36, fracción II,(17) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene la atribución de representar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.

29. En representación del Poder Legislativo del estado de Morelos, comparece la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Poder Legislativo de la citada entidad federativa, quien, en términos del artículo 36, fracción XVI,(18) de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, cuenta con atribuciones para representar a dicho Congreso.

30. En consecuencia, las referidas autoridades tienen legitimación pasiva, ya que se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del decreto impugnado en este asunto y quienes comparecen en su representación cuentan con facultades para ello.

31. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda el Poder actor señaló como demandado al Secretario de Gobierno del estado de Morelos, sin embargo, por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora determinó que, en virtud de que se trata de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, no podía tenerse como tal. De ahí que no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, de rubro: LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.(19)

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

32. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. La autoridad señalada argumenta que la controversia constitucional resulta improcedente e infundada, ya que en el concepto de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen. Además, sostiene que, tanto la constitución como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, le otorgan facultades expresas para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para garantizar su cumplimiento mediante las acciones necesarias en el ámbito administrativo para asegurar su correcta observancia.

33. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado. Como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa y el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional, a efecto de lograr una adecuada resolución del juicio.

34. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis P./J. 38/2010 y P. XV/2007 de rubros: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES(20) y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.(21)

35. VII.2. Argumentos del Poder Legislativo del estado de Morelos. El Poder Legislativo local, en su contestación de demanda, aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del estado de Morelos y, por tanto, éste carece de interés legítimo.

36. Sin embargo, dicha causal de improcedencia debe desestimarse, ya que la determinación de si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del estado de Morelos es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, de tal manera que no es posible disociar, con toda claridad, el estudio de la improcedencia de aquellas cuestiones que refieren al fondo de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33678-08b0fd1e/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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