I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS [...]"). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "[...] SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 231/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. 6 DE AGOSTO DE 2025. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.
SÍNTESIS
El estudio consiste en resolver la presente controversia constitucional promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos para determinar si es válido el Decreto número 2030 (dos mil treinta), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, número 6334, en el que se concede pensión por jubilación a una ex trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la SCJN, en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 231/2024, promovida por el Poder Judicial del estado de Morelos, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo ambos de la entidad federativa mencionada.
El problema jurídico por resolver en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el Decreto número 2030 dos mil treinta, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334, en el que se concede pensión por jubilación a Florentina Roque Ocampo, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, es válido.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del Decreto número 2030 (dos mil treinta) mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el PJ del estado de Morelos expuso, como concepto de invalidez, lo que a continuación se sintetiza:
• En relación al ejercicio fiscal 2024, con fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veintitrés, fue publicado en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 6267 el Decreto número mil seiscientos veintiuno por el que se aprueba el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, en el que se advierte que se aprobó al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos la cantidad de $885,000,000 (ochocientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) de los cuales $247,228, 887.00 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), están destinados para pensiones, jubilaciones, haber de retiro y retiro voluntario.
• Con fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 el decreto número 2030 dos mil treinta a través del cual se concede pensión por jubilación a Florentina Roque Ocampo, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esa entidad Federativa transfiriera efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto de pensión por jubilación.
• Por lo expuesto, el Tribunal promovente considera que el decreto referido vulnera la independencia financiera, pues la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia.
4. Radicación. Mediante acuerdo de fecha quince de agosto del dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN ordenó formar y registrar el expediente con el número 231/2024. Posteriormente, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Admisión y trámite. La Ministra Instructora admitió a trámite la demanda el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que hace al decreto número 2030 dos mil treinta, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334, en el que se concede pensión por jubilación a Florentina Roque Ocampo, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, tuvo como demandados solo a los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Morelos, no así a la Secretaría de Gobierno ya que se trata de una autoridad subordinada al Ejecutivo.
6. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. Por escrito sin número de oficio, presentado el catorce de enero del dos mil veinticinco, a través del Sistema Electrónico de la SCJN, el Consejero Jurídico del estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa y, medularmente, señaló lo siguiente:
• La controversia constitucional es improcedente, el Poder Ejecutivo del estado de Morelos únicamente promulgó y publicó el decreto impugnado, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables que lo facultan para ello, sin que tales actos sean cuestionados por vicios propios en su concepto de invalidez.
• Señala que la impugnación que se formula en su contra es improcedente, ya que los actos que se le atribuyen no invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor del PJ actor.
• El Congreso local asigna al PJ del estado de Morelos un 4.7% del gasto programable del Presupuesto de Egresos Anual, garantizando un porcentaje fijo. Por tanto, el PJ se encuentra en condiciones de cumplir con las obligaciones derivadas de los decretos de pensión y debe implementar mecanismos de transferencias o adecuaciones en las partidas presupuestales previamente autorizadas para asegurar el cumplimiento de estas responsabilidades.
• Mencionó que el monto asignado al PJ del estado de Morelos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro incluye los recursos necesarios para cumplir con todas sus obligaciones financieras, laborales, de seguridad social, pensiones, jubilaciones y demás responsabilidades. Por lo tanto, se considera que dicho presupuesto es suficiente para cubrir el pago del decreto de pensión impugnado en esta controversia constitucional.
• Refiere que, en relación a las pensiones concedidas a cargo de los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, debe tenerse en cuenta la problemática financiera por la que atraviesa el erario estatal y municipal, pues las pensiones tienen como única fuente de ingresos al propio erario público, y no como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que otorga pensiones con base en un sistema financiero de aportaciones a través de cuotas obrero patronales que se realizan de forma tripartita durante la vida laboral activa del trabajador.
• Señala que el Poder Ejecutivo estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el citado PJ con sus jubilados, motivo por el cual este último debe hacerse cargo de sus propias obligaciones.
• Solicita que se considere que el PJ del estado de Morelos, en el ejercicio de su autonomía financiera y con base en el presupuesto aprobado para el año fiscal dos mil veinticuatro, tiene la responsabilidad de efectuar los ajustes necesarios en sus partidas presupuestales. Esto debe realizarse en atención al contexto de austeridad que enfrenta el estado de Morelos, reconociendo el principio de escasez económica, el cual establece que los recursos públicos son limitados y deben distribuirse de manera proporcional ante las múltiples necesidades existentes, lo que implica que el presupuesto como producto de la recaudación tiene un techo que acota su distribución cada año.
7. Contestación de demanda del Poder Legislativo del estado de Morelos. Por oficio LVI/SSLyP/DJ/1o.2815/2025 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el ocho de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa y argumentó, en esencia, lo siguiente:
• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, en relación con la fracción I, inciso h, del artículo 105 de la CPEUM, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del PJ del estado de Morelos, por tanto, la actora carece de interés legítimo.
• Argumenta que debe declararse el sobreseimiento de la controversia constitucional, con base en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, y el artículo 105, fracción I, de la CPEUM. Esto se fundamenta en que el PJ actor no posee interés legítimo para promover este medio de control constitucional, ya que dicho interés requiere que se demuestre una afectación directa a la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos señalados en la fracción I, del artículo 105 de la CPEUM, derivada de su posición particular frente al acto que consideran lesivo o perjudicial.
• La expedición del decreto impugnado, mediante el cual se concede pensión jubilatoria a un trabajador, no pretende ejercer de manera directa los recursos que forman parte del presupuesto del PJ del estado de Morelos, sino que, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la CPEUM; 40, fracción XX, de la CPEM; así como de los diversos 54, fracción VII, y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil (LSC) del Estado de Morelos, el Congreso local cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen pensión jubilatoria a los trabajadores del gobierno estatal, de ahí que el Poder Legislativo local no invade la autonomía presupuestaria del PJ actor, ni le causa perjuicio alguno.
• Que resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 18/2013 (10a.), de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS,(1) al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, relativa a que el acto cuya invalidez se demanda ha cesado en sus efectos y solicitó el sobreseimiento de la controversia constitucional.
• En lo que toca a los conceptos de invalidez esgrimidos por el Poder actor, señala que los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a disfrutar una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para tal efecto determinen o con quien hayan celebrado convenio; y, para dar cumplimiento a tal derecho, los patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que establezcan las leyes aplicables.
• Aunado a lo anterior, los trabajadores también tienen derecho a gozar de otra pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, la cual se otorga mediante decreto que expide el Congreso del estado, una vez que se satisfagan los requisitos previstos para ello en la LSC del Estado de Morelos. Es facultad del Poder Legislativo del estado, otorgar los decretos jubilatorios en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al estado de Morelos, incluidos los servidores públicos del PJ del estado antes mencionado.
• Refiere que para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se han realizado asignaciones al TSJ del estado, por la cantidad de $247,228,887.00 pesos (doscientos cuarenta y siete millones, doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), así como que en este mismo ejercicio, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de $23,089,806.95 pesos (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.) para la atención de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.
8. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República. No se emitió opinión en este asunto.
9. Alegatos. No se formularon en la presente controversia constitucional.
10. Audiencia. Substanciado el procedimiento, el once de junio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas.
11. Cierre de la instrucción. Derivado a la solicitud de la Ministra instructora en el presente asunto, relativa a que se remitiera el expediente a la Sala de su adscripción para su radicación y resolución, el veinticinco de junio de dos mi veinticinco, la Ministra Presidenta de esta SCJN, acordó enviar el asunto a esta Segunda Sala del alto tribunal, a la que se encuentra adscrita la Ministra instructora.
12. Avocamiento. El cuatro de julio de dos mil veinticinco el Ministro Presidente de esta Segunda Sala, y se avocó a su conocimiento. En consecuencia, ordenó hacer el registro correspondiente y devolver los autos a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para lo que conforme a derecho procediera.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h,(2) de la CPEUM; 1(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM; 10, fracción I,(4) y 11, fracción VIII,(5) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el artículo 42,(6) del Reglamento Interior de esta SCJN y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
14. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.
15. De la revisión integral de la demanda, se advierte que el poder actor alega que el decreto impugnado vulnera la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del PJ del estado de Morelos, toda vez que el Poder Legislativo de dicha entidad federativa, de manera unilateral, decidió otorgar una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del PJ del estado de Morelos, sin proporcionar participación alguna a este último ni transferirle los recursos económicos necesarios para hacer frente a dicha obligación.
16. En este contexto, se establece que la controversia constitucional se centra en la determinación contenida en el artículo 2o. del Decreto número 2030 (dos mil treinta) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por lo que esta Segunda Sala de la SCJN lo fija como acto objeto de la presente controversia.(9)
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues se remitió a esta SCJN copia certificada del decreto número 2030 (dos mil treinta) a través del cual se concede pensión por jubilación a Florentina Roque Ocampo, Esa determinación se encuentra contenida en el artículo 2o. del decreto referido publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) del estado de Morelos, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por lo que esta Segunda Sala de la SCJN lo fija como acto objeto de la presente controversia.
IV. OPORTUNIDAD
18. Conforme al artículo 21, fracción I,(10) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, el plazo para promover la controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquél en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
19. En este caso, el acto impugnado es el Decreto número 2030 (dos mil treinta), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) de fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
20. El plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del veinticinco de julio del dos mil veinticuatro al veintitrés de agosto del dos mil veinticuatro(11) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria.(12) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el catorce de agosto de dos mil veinticuatro.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. La demanda fue presentada por parte legítima.
22. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(14) y 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(15)
23. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
24. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(16) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
25. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
26. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación,respectivamente, del decreto impugnado. 27. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(17) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(18) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
28. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico,(19) conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(20) Personalidad jurídica que acredita con copia certificada del nombramiento a su favor de fecha uno de octubre del año dos mil veinticuatro, expedido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Morelos, Margarita González Saravia Calderón; así como el periódico “Tierra y Libertad”, número 6351 (seis mil trescientos cincuenta y uno) de fecha dos de octubre del dos mil veinticuatro, en el cual consta el acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
29. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(21) quien tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte, personalidad jurídica que acredita en términos del acta de la Sesión de la Junta Previa llevada a cabo el día veintinueve de agosto del dos mil veinticuatro, en la que fue designada Presidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.
30. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
31. Argumentos del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. La autoridad señalada argumenta que la controversia constitucional resulta improcedente e infundada, ya que en el concepto de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen. Además, sostiene que, tanto la constitución como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, le otorgan facultades expresas para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para garantizar su cumplimiento mediante las acciones necesarias en el ámbito administrativo para asegurar su correcta observancia.
32. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado. Como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa y el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional, a efecto de lograr una adecuada resolución del juicio.
33. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis P./J. 38/2010 y P. XV/2007 de rubros: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.(22) y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.(23)
34. Argumentos del Poder Legislativo del estado de Morelos. El Poder Legislativo local, en su contestación de demanda, aduce que la controversia constitucional es improcedente, dado que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del estado de Morelos y, por tanto, éste carece de interés legítimo.
35. Sin embargo, dicha causal de improcedencia debe desestimarse, ya que la determinación de si el decreto impugnado afecta o no el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del estado de Morelos es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, de tal manera que no es posible disociar, con toda claridad, el estudio de la improcedencia de aquellas cuestiones que refieren al fondo de la controversia.
36. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 92/99, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.(24)
37. Por otro lado, el Poder Legislativo local aduce que en el presente asunto ha sobrevenido una causa de improcedencia y, por ende, debe sobreseerse el juicio al resultar aplicable la tesis P./J. 18/2013 (10ª) de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS;(25) al estimar que se actualiza la hipótesis de improcedencia por cesación de efectos del acto materia de la controversia constitucional.
38. La causal de improcedencia invocada debe desestimarse. El congreso local, en su contestación a la demanda no realiza ningún planteamiento que acredite que en efecto hayan cesado los efectos del decreto impugnado por el PJ actor, aunado a que de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que exista algún elemento que permita demostrar dicha circunstancia.
39. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 54/2001, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.(26)
40. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, en ese sentido se procede a realizar el estudio de fondo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
41. Criterio jurídico: El decreto impugnado, mediante el cual el Congreso del estado de Morelos otorgó una pensión por jubilación a una persona trabajadora del PJ local, con cargo a su presupuesto sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.
42. En el único concepto de invalidez, el Poder actor sostiene que el decreto impugnado viola la independencia y la autonomía de gestión presupuestal previstas en los artículos 49 y 116 de la CPEUM, pues dicho acto del Congreso estatal se entromete indebidamente en las decisiones presupuestales del PJ del estado de Morelos.
43. Argumenta que en el decreto impugnado se dispone directamente de los recursos financieros del PJ local, sin brindarle intervención alguna ni transferirle efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica la pensión otorgada.
44. Con la finalidad de dar respuesta a lo anterior, resulta necesario explicar brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en el estado de Morelos, para lo que esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(27) 226/2016,(28) 187/2018, 201/2020, 5/2023 y 20/2024, en las que se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:
45. Por una parte, los trabajadores del Estado, así como sus beneficiarios, poseen el derecho de acceder a una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o fallecimiento, estas pensiones deberán ser otorgadas por los poderes patrones mediante las instituciones correspondientes, o bien, por aquéllas con las que se haya establecido un convenio. Para garantizar dicho derecho, es responsabilidad de los poderes patrones de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
46. Aunado a lo anterior, los trabajadores del estado de Morelos también tienen derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto expedido por el Congreso del estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia LSC para tal efecto.
47. Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos poderes.
48. En ese sentido, el Congreso del estado de Morelos, mediante diversos decretos, ha otorgado diversas pensiones en favor de los trabajadores del PJ del estado de Morelos, con cargo al presupuesto de dicho Poder, las que han sido objeto de múltiples controversias constitucionales en las que se ha determinado declarar la invalidez parcial de los decretos, por transgredir el principio de división de poderes, al disponer de los recursos que corresponden al PJ de dicha entidad federativa, vulnerando con ello su autonomía de gestión presupuestaria.
49. Lo anterior se sustenta, toda vez que el Pleno de esta SCJN ha determinado que el principio de división de poderes exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendentes a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto en la CPEUM o que se cause una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33697-c7f700b0/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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