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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 37, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN LA PERSONA QUE OCUPE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL TERCERO INTERESADO, PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RECAE EN EL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE VERACRUZ Y 15, FRACCIÓN XXXII Y 32, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE ESA ENTIDAD). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIO 315-A.-0810 DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL RECAYÓ A LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN DE AFECTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EFECTO DE QUE FUERA LA FEDERACIÓN QUIEN PAGARA DIRECTAMENTE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES OMITIDAS DE MINISTRARLE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TERCERO INTERESADO, PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, EN TANTO QUE SE REFIERE A ACTOS DIVERSOS AL IMPUGNADO EN LA PRESENTE CONTROVERSIA (OFICIO 315-A.-0810 DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL RECAYÓ A LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN DE AFECTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EFECTO DE QUE FUERA LA FEDERACIÓN QUIEN PAGARA DIRECTAMENTE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES OMITIDAS DE MINISTRARLE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO IMPUGNADO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NEGÓ LA SOLICITUD SOBRE LA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL PAGO DIRECTO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, METROPOLITANO ACAYUCAN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE), ASÍ COMO EL REMANENTE BURSÁTIL DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE, EMISOR DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998 RETENIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS INTERESES GENERADOS, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL MUNICIPIO ACTOR QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (OFICIO 315-A.-0810 DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL RECAYÓ A LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN DE AFECTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EFECTO DE QUE FUERA LA FEDERACIÓN QUIEN PAGARA DIRECTAMENTE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES OMITIDAS DE MINISTRARLE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (OFICIO 315-A.-0810 DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL CUAL RECAYÓ A LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN DE AFECTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EFECTO DE QUE FUERA LA FEDERACIÓN QUIEN PAGARA DIRECTAMENTE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 313/2023. · Registro digital (IUS): 33705
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-17
Promovente: MUNICIPIO DE ACAYUCAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Duodécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.131.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 313/2023. 29 DE ENERO DE 2025. MUNICIPIO DE ACAYUCAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. CUATRO VOTOS, DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 313/2023, promovida por el Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, Rosalba Rodríguez Rodríguez, ostentándose como Presidenta Municipal e Iván Dionisio Suriano Lara, ostentándose como Síndico, ambos del municipio de Acayucan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional, señalando como demandado al Poder Ejecutivo Federal, controvirtiendo lo siguiente:

“(...)

IV. ACTOS RECLAMADOS

a).- De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante Oficio No. 351-A-0810(sic), de fecha 6 de marzo de 2023, el cual me fue notificado el día 21 de marzo del año 2023, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz y/o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el año 2012 y 2016, pertenecientes a los (sic) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de 2016, Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio 2016, los cuales pertenecen al Municipio, y que dicha obligación se cubre con las participaciones federales, por lo que, debido a que el Estado de Veracruz incumplió con la obligación constitucional de ministrarlas de forma puntual, efectiva y completas, transgrede en nuestro perjuicio el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federales (sic), al no permitir al municipio de Acayucan, Ver., la libre administración de su hacienda municipal.

b).- De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante Oficio No. 351-A-0810(sic), de fecha 6 de marzo de 2023, el cual me fue notificado el día 21 de marzo del año 2023, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz y/o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el año 2012 y 2016, pertenecientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de 2016, Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio 2016, por lo que, se solicitaba se retuvieran los recursos al Estado de Veracruz para que se le entreguen directamente al municipio, y;

c).- De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante Oficio No. 351-A-0810(sic), de fecha 6 de marzo de 2023, el cual me fue notificado el día 21 de marzo del año 2023, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz y/o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y como consecuencia niega nuestra petición del pago de intereses que se hayan generado por la omisión de pago de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de 2016, Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio 2016.”

2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor manifestó en su único concepto de invalidez, en esencia, lo siguiente:

ÚNICO.

• Refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como instancia de control, ha negado ejercer su facultad de vigilancia y cumplimiento de disposiciones constitucionales previstas en el artículo 115 de la Carta Magna, en favor del municipio, en tanto que le fue solicitado al Titular de dicha instancia federal, mediante oficio PRE/229/2023, la afectación de las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de ministrar al municipio de Acayucan, conforme a los montos y plazos establecidos, negándose.

De las participaciones y aportaciones federales omitidas de ministrar, se destaca la omisión absoluta de pago de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de dos mil dieciséis, el Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominado Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio de dos mil dieciséis.

Señala que la Secretaría no solo debe realizar el cálculo, distribución y liquidación de las cantidades que correspondan a las Entidades Federativas y los Municipios del Ramo General 23, relativo a Provisiones Salariales y Económicos, Ramo General 28, relativo a Participaciones Federales, y del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, sino que, como ya se mencionaba, debe realizar actividades de vigilancia y de cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, que en este caso, prevén que los municipios cuenten con una hacienda municipal autónoma y, que respecto de los recursos recibidos por el Municipios, corresponde a este su ejercicio y aplicación, no así a las entidades federativas, quienes no se encuentran facultadas para quedárselos, afectando la competencia constitucional prevista en el artículo 115.

De igual forma, menciona que ante la solicitud realizada a la autoridad federal de afectar las participaciones federales correspondientes al Estado de Veracruz, ésta se negó, bajo el argumento de que carece de facultades para ello, señalando que únicamente realiza el cálculo, distribución y liquidación de las cantidades que correspondan a las entidades federativas y municipios, de los ramos 23, 28 y 33, lo que le causa perjuicio, pues la instancia que puede contribuir a que se deje de afectar la hacienda municipal es abstemia en admitir la solicitud presentada.

Sobre este tema, refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con facultades para afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz, de conformidad con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, el cual en su artículo 1° establece que dicha ley tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas y los municipios, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas y su distribución, y el artículo 6, párrafo segundo, establece que la Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Así pues, alega también que la autoridad federal, derivado del oficio presentado, omitió dar inicio al procedimiento previsto en la citada Ley de Coordinación Fiscal, para cubrir los montos reclamados por la omisión de pago, o bien –en su caso–, emitir una relación sucinta de las acciones emprendidas para la adecuación y debida implementación de ello, por lo que fue prácticamente omisa en su obligación constitucional de vigilar que los recursos que ministran a través de las entidades federativas se entreguen efectivamente a los municipios.

Menciona que se debe declarar la invalidez del oficio impugnado, pues además de que la negativa de la autoridad de dar respuesta a la solicitud de afectar las participaciones federales del estado de Veracruz viola la competencia del municipio al no entregarle los recursos que le corresponden, también limita ante qué instancia se debe acudir a reclamar los recursos asignados y no entregados, señalando que estos se emplean para atender los servicios públicos municipales y dar mantenimiento a las vías de comunicación en el municipio; al igual que la autoridad responsable declara una improcedencia, siendo que esta sí cuenta con facultades para retener las participaciones federales del estado de Veracruz y hacer entrega directa al municipio de las aportaciones y participaciones omitidas de ministrar en el año 2012 y 2016, ya que se actualiza lo previsto en el párrafo segundo, del artículo 6, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Aunado a lo anterior, refiere que, en este caso, existe una evidente negativa de parte del estado de Veracruz a entregar los recursos pertenecientes al municipio, y que, a su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitió dar respuesta oportuna a las consultas realizadas sobre si el gobierno del estado de Veracruz había reintegrado los recursos solicitados.

Finalmente, señala que se deberán pagar los intereses generados del retraso en el pago, solicitando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación de la tasa de recargo que corresponde aplicar al caso en concreto.

3. Preceptos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como vulnerados los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Radicación y turno. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente como controversia constitucional 313/2023 y turnó el asunto al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que instruyera el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Proveído de requerimiento. Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor advirtió que los promoventes no acompañaron las documentales con las que pretendían acreditar su personalidad, por lo que, con fundamento en los artículos 11, párrafo primero, y 28, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los previno para que dentro del plazo de cinco días hábiles, exhibieran los documentos debidamente certificados que acrediten el carácter con el que se ostentan, así como todas las documentales que refieren en el capítulo de pruebas de su escrito de demanda, incluyendo el oficio 351-A-0810 (sic), de seis de marzo de dos mil veintitrés.

6. Escrito de desahogo. Mediante oficio enviado el doce de junio de dos mil veintitrés, a través del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Síndico del Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de la documental con la que acreditó el carácter con el que, en su momento, se ostentó como representante legal del municipio actor, más no las diversas documentales requeridas por el entonces Ministro instructor en el proveído de requerimiento.

7. Desechamiento. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad de Síndico del Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y estimó actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VIII y IX,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso b),(2) y último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el municipio actor carece de interés legítimo, en tanto que no se hicieron valer violaciones a una competencia que tenga directamente reconocida por la Constitución Federal, sino, en todo caso, violaciones indirectas relacionadas con disposiciones secundarias, con lo que no se actualiza un principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal

8. Returno. Visto el oficio SGA/MFEN/729/2023, de la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se informó que el Tribunal Pleno, en sesión privada de dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés, determinó que los asuntos correspondientes a la Ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueran returnados por estricto decanato entre las señoras Ministras y los señores Ministros que integran el Pleno, por lo que, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández ordenó returnar el presente expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que continuara actuando como instructor en la controversia constitucional en cuestión.

9. Recurso de reclamación 307/2023-CA. En contra de dicho auto, el Síndico del Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz, interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por esta Primera Sala(3) el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, en el sentido de revocar el acuerdo recurrido, toda vez que la causa de improcedencia invocada en éste no resulta manifiesta ni indudable, pues se estimó necesario un análisis de fondo para determinar si existe una afectación al municipio actor y determinar la competencia de la autoridad administrativa que debe dilucidar las temáticas que resolvió el oficio impugnado, así como delinear el campo procesal a seguir en este tipo de peticiones, a fin de evitar inseguridad jurídica a los municipios y generar certeza respecto de los fondos.

10. A su vez, se reconoció que, en el caso, no puede tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia, relativa a la falta de definitividad, pues este principio solo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a otras legislaciones que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la propia constitución, siendo en este caso que, lo que se reclama, es que el oficio impugnado genera una vulneración directa a la competencia constitucional prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, al no permitir al municipio actor la libre administración de su hacienda municipal, por lo que se concluyó que no era necesario que dicho municipio agotara las vías legales antes de acudir al presente medio de control constitucional.

11. Admisión. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil veinticuatro, el ahora Ministro instructor ordenó agregar al expediente la copia certificada de la resolución dictada en el recurso de reclamación 307/2023-CA y, de conformidad con ésta, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo Federal, ordenando su emplazamiento para que presentara su contestación y remitieran copia certificada de las constancias relacionadas con el acto impugnado, posteriormente tuvo como tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para que, dentro del plazo legal previsto, manifestara lo que a su derecho conviniera y, finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República a fin de que expresara lo que a su representación y esfera competencial correspondiera, considerando que este no era el caso para dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, dado que el Poder Ejecutivo Federal tiene el carácter de demandado en este asunto.

12. Contestación del demandado. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince de mayo de dos mil veinticuatro, María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, y actuando en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dio contestación a la demanda, en la cual, sustancialmente, sostuvo lo siguiente:

• Señala que se debe desechar la controversia constitucional, en razón del incumplimiento al principio de definitividad, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, el cual dispone que la controversia constitucional será improcedente cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto, refiriendo que, en este caso, el municipio actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Lo anterior, al considerar que el oficio impugnado por virtud del cual se niega la afectación de las participaciones federales del estado de Veracruz, es susceptible de impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, vía juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no así a través de la controversia constitucional.

Fundamenta su argumentación en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual dispone que para el caso en que las dependencias no resuelvan el recurso de revisión dentro del plazo de tres meses transcurridos a partir de la solicitud, la misma se entenderá confirmada en sentido negativo, con lo que, conforme al diverso 83 de dicha ley, se habilita a los interesados afectados para interponer el recurso de revisión o intentar la vía jurisdiccional correspondiente.

De esta manera, considera que la vía idónea para resolver el presente conflicto es el recurso de revisión, mismo que debió interponerse ante la autoridad que emitió el acto o, en su caso, promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Refiere que la demanda resulta extemporánea, pues fue promovida fuera del plazo establecido en el artículo 19, fracción VII, en relación con los artículos 20, fracción II, y 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, los cuales disponen que tratándose de la impugnación de actos u omisiones, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional es de 30 días hábiles.

Lo antedicho pues, en la especie, el municipio actor controvierte actos de naturaleza positiva, puesto que el oficio no. 351-A-0810 (sic), de seis de marzo de dos mil veintitrés, no constituye una omisión de pago, sino la retención de recursos federales, en tanto que existía una fecha cierta de pago establecida en el ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que, si el municipio promovente tuvo conocimiento de la ministración de recursos desde dos mil doce y dos mil dieciséis, respectivamente, la controversia constitucional resulta extemporánea, ya que ha transcurrido, en exceso, el plazo de treinta días hábiles para su promoción. • Menciona que, a la fecha, los actos combatidos han cesado sus efectos, ya que, al pertenecer a los ejercicios fiscales de dos mil doce y dos mil dieciséis, éstos no se encuentran vigentes, pues son regidos por el principio de anualidad en materia presupuestal.

Lo anterior, alegando que, en estricto apego al principio de legalidad, los ajustes y descuentos procedentes debieron de realizarse en el mismo año fiscal respectivo, a efecto de no alterar el mecanismo del año presupuestal, aunado a que el artículo 126 de la Constitución Federal, establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.

• Establece que el municipio actor carece de interés legítimo para promover demanda de controversia constitucional, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues hace valer una supuesta violación a su autonomía constitucional derivado de la omisión del gobierno del estado de Veracruz de pagar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de dos mil dieciséis, Fondo de Hidrocarburos, Fondo Metropolitano Acayucan 2012 y de los derivados del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo de febrero a julio de dos mil dieciséis.

Esto, pues refiere que la de la lectura de la demanda no se advierte que el municipio accionante haya vertido algún planteamiento para hacer valer una invasión competencial o que impugne violaciones directas a la Constitución Federal, pretendiendo someter a la jurisdicción del Alto Tribunal una supuesta vulneración a su esfera competencial con base en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; es decir, bajo interpretación y aplicación de disposiciones legales secundarias, lo que demuestra que el conflicto versa sobre aspectos de legalidad que no tienen injerencia en la violación a la cláusula federal o a los principios de división de poderes, señalando que el actor no refiere argumento alguno para acreditar una invasión competencial, aunado a que no demostró o acreditó con prueba fehaciente que es destinataria de los recursos señalados o beneficiaria de la prerrogativa a la que hace referencia.

Así, menciona que los conflictos derivados del incumplimiento de una ley no pueden ser materia de estudio en una controversia constitucional, pues desnaturalizaría el objeto y fin de este medio de control, habiendo diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(4) en donde se decretó la improcedencia por falta de interés legítimo de la parte actora al establecer que la impugnación de la falta de entrega de recursos municipales por parte de los estados constituye una cuestión de legalidad que no impacta en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente les son otorgadas a los municipios, por lo que la controversia constitucional no resulta la vía idónea para su impugnación.

Por todo lo anterior, señala que con fundamento en los artículos 19, fracción IX, en relación con el diverso 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, se debe decretar el sobreseimiento por falta de interés legítimo del municipio actor.

• Sobre los hechos, niega los relatados por el municipio actor en el punto “1.-”, del apartado “IV.-”, de su escrito de demanda, donde refirió disposiciones de la Constitución Federal y Ley de Coordinación Fiscal, pues son propios de ordenamientos que no se encuentran vigentes.

A su vez, señala que en el punto “2.-”, del apartado referido en el párrafo anterior, el municipio actor afirma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó en tiempo y forma las participaciones federales que le corresponden al Estado de Veracruz, bajo la calendarización correspondiente y dentro del marco del principio de anualidad.

• Alega que el oficio impugnado no causa agravio a las atribuciones del municipio actor, previstas en el artículo 115 de la Constitución Federal, señalando que resulta infundado que se le pueda atribuir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo relativo a la distribución de las participaciones que la entidad federativa realizó al municipio actor, pues de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, las entidades federativas son las facultadas para calcular el monto de participaciones a enterar a sus municipios.

• A su vez, menciona que existe una distinción entre las participaciones a entidades federativas y municipios y las aportaciones federales, siendo que las primeras tienen la característica de ser de libre disposición y, las segundas, constituyen recursos etiquetados en virtud de que su gasto se encuentra condicionado al cumplimiento de objetivos previstos en la propia Ley de Coordinación Fiscal, con lo que señala que al tener los recursos solicitados el carácter de aportaciones, no pueden ser considerados dentro de los supuestos previstos en el artículo 6° de la mencionada Ley.

• Refiere que el oficio impugnado no afecta en modo alguno al municipio actor, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limitó en atender la petición formulada, sin que eso se traduzca en una violación al principio de integridad de los recursos municipales o bien, su ejercicio.

• Señala que, en el entendido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico realizó las transferencias al Poder Ejecutivo Local en tiempo y forma, para que fueran descontadas a la entidad federativa en términos del artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, deberían de existir cantidades pendientes de distribuir para así poder ser compensadas con su posterior entrega, lo cual no se actualiza en la especie.

Esto, debido a que las legislaciones aplicables que prevén los supuestos de retención de participaciones son la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, el código hacendario y diversas leyes estatales, cuyo ámbito de aplicación y observancia no corresponde la Federación, sino al gobierno local, como se desprende del artículo 5° de la Ley de Coordinación Fiscal local ya mencionada, al referir que las legislaturas locales son las encargadas de vigilar el estricto cumplimiento de la misma.

Así, se observa que el procedimiento para determinar el monto por concepto de las participaciones correspondientes al municipio actor no es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino el gobierno local, con lo que no puede existir un principio de agravio en contra del promovente por tratarse de temas de mera legalidad.

• Apunta que las participaciones y aportaciones que se deben distribuir a las entidades federativas se encuentran sujetas expresamente a las reglas de determinación y distribución que establece la Ley de Coordinación Fiscal, aunado a que el artículo 2, fracción XL, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, dispone que dichos recursos tendrán el carácter de transferencias federales etiquetadas, por lo que de conformidad a su artículo 17, aquellas que no hayan sido devengadas por los entes públicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal mediato anterior, deberán ser reintegradas a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de cada año; sin que sea óbice mencionar que el artículo 126 de la Constitución Federal establece la imposibilidad para realizar algún pago que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación o sea determinado por alguna ley posterior.

• Menciona que la distribución de diversos recursos solicitados fue determinada en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis ya que obedecen a una temporalidad anual que impide, jurídica y presupuestalmente, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los entregue nuevamente.

• A su vez, señala que por lo que hace a los fondos provenientes del Remanente Bursátil del Contrato de Fideicomiso Irrevocable, Emisor de Administración y Pago Número F-998, resulta infundado que deban ser transferidos por la Federación a los municipios, al derivar de un acuerdo de voluntades, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al resolver la controversia constitucional 167/2019, que los recursos que se destinan al Fideicomiso en cuestión, no están protegidos por el principio de integridad de los recursos municipales, toda vez que no constituyen aportaciones ni participaciones federales, ni tampoco recursos que deban ser transferidos por la Federación a los municipios a través de los estados, toda vez que el municipio decidió afectar un porcentaje de sus participaciones federales en el instrumento de inversión, por lo que no pueden ser analizados en este medio de control constitucional.

13. Manifestaciones del tercero interesado. Por escrito enviado el veinte de mayo de dos mil veinticuatro mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, José Pale García, ostentándose como Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en representación del Ejecutivo local, realizó, en síntesis, las manifestaciones siguientes:

• Señala que lo expresado por el promovente en el sentido de que se ha incurrido en una omisión y/o retraso en la entrega de los recursos y Fondos Federales que se reclaman, ni se afirman ni se niegan, toda vez que son hechos que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33705-77bf63a7/i-controversia-constitucional-los-municipios-tienen-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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