AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. PROCEDE DIFERIRLA A PETICION DE PARTE CUANDO OPORTUNAMENTE SOLICITO DOCUMENTOS A UNA AUTORIDAD Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES A AQUELLA NO HA SIDO POSIBLE PRESENTARLOS.
CONTRADICCION DE TESIS 4/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- Existe contradicción de tesis y así debe declararse.
La tesis jurisprudencial del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, a la letra dice:
"AUDIENCIA INCIDENTAL, NO PROCEDE DIFERIRLA CUANDO NO SE HAN EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA OFRECERSE COMO PRUEBAS, INTERPRETACION DEL ARTICULO 131, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 152 de la Ley de Amparo que prevé la posibilidad de aplazar la audiencia cuando no se han expedido las copias o documentos solicitados a las autoridades responsables para ofrecerse como pruebas, se refiere expresamente a la audiencia constitucional, pues el artículo regula el sistema de ofrecimiento y admisión de probanzas en el cuaderno principal, razón suficiente para concluir que no resulta aplicable al incidente de suspensión. En efecto, el sistema de ofrecimiento y admisión de pruebas aplicable al incidente suspensivo, se encuentra regulado por el artículo 131 de la ley de la materia, cuyo último párrafo fue reformado por Decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de mil novecientos ochenta, habiendo entrado en vigor al día siguiente de su publicación. Ahora bien, el párrafo aludido dispone: `No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional...' Es clara la ley, cuando ordena que no se pueden aplicar las disposiciones relativas al sistema probatorio del cuaderno principal al incidente suspensivo, y correspondiendo el artículo 152 invocado por la recurrente, precisamente a la audiencia constitucional, resulta imposible pretender aplicarlo a la materia de suspensión, en atención a lo cual, es infundado el agravio hecho valer por la quejosa, pues el juez de Distrito no tenía la obligación de seguir las indicaciones del precepto referido al celebrar la audiencia incidental, por disposición contundente y expresa del último párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo."
La tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por su parte, dice:
"AUDIENCIA INCIDENTAL. PROCEDE DIFERIRLA CUANDO SE SOLICITARON OPORTUNAMENTE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Si bien es cierto que el artículo 131 de la Ley de Amparo, no establece la hipótesis de que el juez de Distrito pueda ordenar el diferimiento de la audiencia incidental, a fin de que el quejoso pueda allegar a la incidencia las pruebas documentales que oportunamente solicitó a las autoridades responsables para desvirtuar sus informes previos o para demostrar su interés jurídico, ello no significa que dicho precepto legal se interprete de manera tal que impida al oferente de la prueba su derecho a demostrar con ella tales extremos, sino que ante tal eventualidad el juzgador debe atender a la casuística de la situación, de acuerdo con las reglas de la lógica y del buen juicio, tomando en cuenta que es el interés de la parte quejosa el que se tutela por el legislador para que éste pueda gozar de los beneficios de la medida cautelar. Privar de ese derecho a dicha parte y negarse a diferir la audiencia respectiva acarrea una violación al procedimento, análoga a la que contempla la fracción IV del artículo 91 del ordenamiento legal invocado."
La ejecutoria que dio origen a la formulación de dicha tesis, y que es necesario transcribir en su parte considerativa conducente, dice:
Revisión incidental 5/93.
"...TERCERO.- Los agravios son substancialmente fundados.
"En efecto, le asiste la razón a la recurrente en cuanto alega ilegalidad de la interlocutoria impugnada, al desestimar el a quo su solicitud para diferir la audiencia incidental.
"Se advierte de constancias de autos del expediente correspondiente al incidente (foja 18), que el autorizado de la quejosa solicitó, un día antes de la celebración de la audiencia incidental, se difiriera ésta, para poder ofrecer como pruebas documentales de su parte, las constancias cuya expedición había pedido a las señaladas autoridades responsables desde el dos de diciembre último (fojas 19 y 21 id.).
"En la incidencia de que se trata, la quejosa tiene derecho a ofrecer y rendir pruebas, ya sea para desvirtuar los informes previos rendidos por las autoridades responsables o para demostrar su interés jurídico en la promoción del amparo, que es a lo que tienden algunas de esas documentales.
"Si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo, no establece la hipótesis de que el juez de Distrito pueda ordenar el diferimiento de la audiencia incidental, a fin de que las autoridades responsables expidan copias de las documentales que se le solicitan para exhibirlas en el incidente de suspensión, también es verdad que no es posible interpretarlo de manera tal que impida al oferente de la prueba, su derecho a demostrar con ella tales extremos, por lo que el juez, para normar su determinación, debe atender a la casuística de la situación, de acuerdo con las reglas de la lógica y del buen juicio, sin dejar de lado que, siendo el interés de la parte quejosa el que se tutela por el legislador a fin de que tal sujeto procesal pueda gozar de los beneficios de la medida cautelar, mutilar al quejoso la oportunidad de ofrecer pruebas documentales con el objetivo señalado es invertir ilógicamente la finalidad de la ley, para impedir a la quejosa la protección suspensional.
"En el caso, el a quo argumentó, para no acceder al diferimiento mencionado, que `en virtud de que su pedimento lo sustenta conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, pero como tal precepto está relacionado con las pruebas del cuaderno principal y no con las relativas al cuaderno de suspensión, no es aplicable en los presentes autos, por llevarse en cuerda separada al cuaderno principal y con independencia de éste, de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo'.
"Como se ve, los motivos expuestos por el a quo tienen un extremado rigorismo, que dejan en estado de indefensión a la quejosa, al no darle la oportunidad de allegar a la incidencia las pruebas documentales oportunamente solicitadas a dichas responsables, ya que si acreditó haber formulado dicha solicitud oportunamente para que las autoridades le expidieran copias certificadas de constancias, no puede privársele de ese derecho, pues, si no hubo tiempo para que le fueran expedidas las copias, esa audiencia debió diferirse a fin de que el juez requiriera, en su caso, a las autoridades para que expidieran dentro de tres días las copias solicitadas, haciéndoles las prevenciones legales correspondientes, toda vez que la no expedición no es imputable a la quejosa, y negarse a diferir la audiencia y a recibirle las pruebas, es una violación al procedimiento, análoga a la que contempla la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.
"Luego, el juez a quo al actuar así se aparta de tales principios legales, por lo que procede revocar la sentencia interlocutoria recurrida y reponer el procedimiento en el incidente de suspensión de referencia, a fin de que se señale nueva fecha para la audiencia incidental, se dé oportunidad a la quejosa de rendir las pruebas de que se trata y se ordene requerir a tales autoridades, a quienes se les formuló dicha solicitud de expedición de constancias, para que dentro de tres días lleven a cabo tal expedición, apercibiéndoseles con alguno de los medios de apremio que autoriza la ley, en caso de incumplimiento.
"A lo anterior resulta atendible el criterio, que comparte este Tribunal Colegiado, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página doscientos sesenta y siete, del Tomo I, Segunda Parte-1, Octava Epoca, que dice `DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL COMO FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE AMPARO.- Atendiendo a la naturaleza especial que dentro del juicio de amparo guarda el incidente de suspensión del acto reclamado y entendiendo a esta última como el agente preservador de la materia sobre la que ha de versar el proceso constitucional, el legislador se ha visto precisado a modificar las reglas generales del procedimiento que, respecto del juicio en lo principal, se contienen en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con la audiencia incidental. Dos de dichas excepciones se contienen precisamente en el artículo 131 de la Ley citada, que en su primer párrafo limita el ofrecimiento de pruebas de las partes, reduciéndose únicamente a la documental y a la inspección ocular (admitiéndose excepcionalmente la testimonial), esto en obvio de mayores dilaciones que puedan tener como consecuencias, graves perjuicios a los particulares; en el tercer párrafo el propio legislador ha sido categórico al señalar textualmente, que `no son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional'; atento a este criterio excluyente, el contenido del artículo 152 de la Ley de Amparo no tiene aplicabilidad obligada en la substanciación del incidente de suspensión del acto reclamado. Ahora bien, el criterio expuesto, aun y cuando resulta claro, no es inexcusable pues, dentro de las limitaciones que la Ley de Amparo impone al juez constitucional en la tramitación del incidente de suspensión del acto reclamado, no se encuentra expresamente prohibido que al ofrecer la quejosa la prueba documental que no obra en su poder y visto el estado de cosas que guarda el juicio, el órgano juzgador, si así lo estima necesario, difiera la celebración de la audiencia incidental ya que tomando en consideración que la celeridad que el juicio de amparo imprime al trámite del incidente de suspensión tiene la evidente finalidad de que esta figura no se entorpezca o estorbe, dificultándose el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación (si la hubo), no deja de lado que, siendo el interés de la parte quejosa el que se tutela por el legislador a fin de que tal sujeto procesal pueda gozar de los beneficios de la medida cautelar, mutilar al quejoso la oportunidad de ofrecer pruebas documentales y de acreditar la existencia del acto reclamado es invertir ilógicamente la finalidad de la ley, para impedir a la quejosa la protección suspensional; entonces, resulta posible al juzgador diferir la audiencia incidental cuando se demuestra por la quejosa haber solicitado de la autoridad responsable constancias que le han de ser útiles como probanzas en la substanciación del incidente de suspensión pero, indudablemente, esta facultad discrecional (que no es aplicación analógica del artículo 152 invocado pues este numeral contiene una facultad reglada a cargo del juzgador cuando se verifiquen los supuestos de procedencia) ha de verse reforzada mediante la certeza de la existencia de las documentales ofrecidas, las que, además de su plena identificación, han de tener relación directa con la materia del acto reclamado pues de lo contrario, se dejaría en manos de los quejosos un resquicio legal al cual podrían dar un uso indebido al prolongar, en el tiempo, los efectos de la medida cautelar que se hubiere otorgado provisionalmente, mediante el diferimiento continuo de la audiencia respectiva'."
Como se ve de la lectura de las tesis y ejecutoria transcritas, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito afirma que no existe ningún dispositivo legal que permita al juez federal diferir la audiencia incidental y requerir a las autoridades para que expidan copias solicitadas por el quejoso; máxime que el artículo 152 de la Ley de Amparo no es aplicable al incidente de suspensión.
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene: que si el artículo 131 de la Ley de Amparo otorga a la quejosa el derecho a ofrecer determinadas pruebas en el incidente de suspensión, no es posible interpretarlo de manera tal que impida el ejercicio del derecho a rendir la documental, por lo que debe atenderse a la casuística de la situación, de acuerdo con las reglas de la lógica y del buen juicio, sin soslayar el interés del legislador respecto a tutelar que la quejosa goce de los beneficios de la medida cautelar; que la negativa al diferimiento de la audiencia incidental, cuando la autoridad responsable no ha expedido al quejoso las copias que éste le solicitó oportunamente, es una violación análoga a la que previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, que es atendible y por ello comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro: "DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL COMO FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE AMPARO."
Luego, aunque ambos Colegiados coincidieron en que es inaplicable en el incidente de suspensión el artículo 152 de la Ley de Amparo, divergen en cuanto a la facultad del juez de Distrito para diferir la audiencia incidental por razón de que la responsable desatienda la solicitud de copias que oportunamente le formuló el quejoso, pues el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito aduce que no existe dispositivo legal que faculte el diferimiento de tal audiencia y el apremio relativo a las responsables, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito deriva tal facultad de la interpretación que se haga al propio artículo 131 de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya, que en la especie existe contradicción de tesis.
TERCERO.- Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que dicho Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, está en lo correcto cuando estima que en el caso planteado procede el diferimiento de la audiencia incidental, mas no lo está al interpretar los fundamentos legales en que apoya su criterio.
En efecto, el artículo 131 de la Ley de Amparo textualmente dice:
"Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta Ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto por el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial; en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta Ley.
"Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.
"No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior."
Pues bien, si la Ley de Amparo permite a las partes rendir en el incidente de suspensión las pruebas documental e inspección ocular, y excepcionalmente la testimonial, lógico sería que estableciera la forma de que no tornara nugatorio el derecho respectivo. En tal virtud, cabe examinar si dentro de la propia Ley de Amparo se regula la hipótesis que genera la presente controversia: si procede diferir la audiencia incidental cuando una de las partes solicitó oportunamente a una autoridad le expidiera algunos documentos, y dicha parte aduce que, por motivos imputables a tal autoridad, no ha podido presentarlos.
Pues bien, examinados detenidamente los diversos artículos 124 al 144 que regulan el incidente de suspensión, incluido el transcrito artículo 131, no aparece alguno que informe el proceder que debe seguir el juez de Distrito en la mencionada hipótesis. Sin embargo, pese a que los tribunales contendientes coinciden en que no es aplicable al incidente de suspensión lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte considera oportuno retomar el estudio de esa cuestión.
Ciertamente el citado artículo 131 anteriormente transcrito establece, en su tercer párrafo, que no son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; sin embargo, no debe pasarse por alto que, de conformidad con lo establecido por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías operan cuatro etapas procesales relativas a las pruebas: la primera, correspondiente al anuncio de la prueba (tiene lugar, conforme a lo determinado por el segundo párrafo del mencionado artículo, con anticipación a la audiencia constitucional, y se contrae a las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular); la segunda, relativa al ofrecimiento de las probanzas; la tercera, atinente a la admisión o rechazo de las mismas; y, la cuarta, referente a la recepción de las pruebas que fueron admitidas (estas tres últimas etapas, por disposición del primer párrafo de dicho artículo, se desarrollan en la audiencia del juicio). El establecer la distinción entre tales etapas resulta importante, porque dicho artículo 131, como a continuación se verá, no prohíbe se apliquen en el incidente de suspensión las disposiciones relativas al ofrecimiento y a la recepción de pruebas.
Entonces, para determinar cuáles disposiciones de las relativas a las pruebas no son aplicables al incidente de suspensión, por prohibición expresa del mencionado artículo 131, precisa conocer antes los preceptos que en relación a las probanzas son aplicables al juicio de amparo.
La Ley de Amparo dispone en lo conducente, lo siguiente:
"Artículo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho."
"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.
"Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado.
"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta Ley. A este efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.
"La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación."
La lectura de tales artículos permite advertir:
a) Que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones o las que vayan contra la moral o contra el derecho. Esta disposición contenida en el artículo 150, obviamente no cobra aplicación en el incidente de suspensión, pues existe disposición expresa en el artículo 131, de que en el incidente solamente pueden admitirse la inspección ocular, la documental y excepcionalmente la testimonial.
b) Que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia de juicio, excepto la documental que puede ser presentada con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto. Tampoco esta disposición es aplicable, pues el artículo 131 determina expresamente que las pruebas se recibirán en la audiencia incidental. No se omite aclarar, sin embargo y solamente con la finalidad de que lo anterior no induzca a confusión, que el anuncio que de la prueba documental se haga antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia incidental, no lleva a no tener por legalmente rendida la misma y consecuentemente a desecharla, porque tal anticipación, lejos de entorpecer el procedimiento respectivo, otorga mayor lapso tanto al juzgador como a las demás partes para que puedan imponerse de ella.
c) Que las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular deben en su caso ser anunciadas cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Esta disposición no resulta aplicable en el incidente de suspensión de los actos reclamados, pues en éste no se establece el procedimiento o etapa procesal de anuncio de pruebas, lo cual resulta explicable en virtud de los breves términos fijados para este procedimiento de carácter accesorio, conforme a los cuales resultaría imposible el sistema del anuncio de las pruebas de inspección ocular y testimonial que en el mismo pueden rendirse.
d) Que al anunciar las pruebas testimonial o pericial debe ser exhibida copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos o rendir su dictamen los peritos, para que se entregue copia de los mismos a las demás partes. Tampoco es aplicable en el incidente de suspensión esta disposición establecida para el juicio principal, porque, como ya se dijo, el sistema de anuncio de pruebas no opera en dicho procedimiento, y porque, además, la finalidad de exhibir tales copias de interrogatorios es, como de dicha disposición se desprende, para que las demás partes, de la misma forma, esto es, por escrito, formulen las atinentes repreguntas, circunstancia que de haberlo establecido el legislador como preparación para el desahogo de las pruebas testimonial o inspección ocular en el incidente, entorpecería el desarrollo ágil de este procedimiento que, según se advierte de los breves términos fijados por el legislador para el mismo, debe desarrollarse de manera sumarísima. Y,
e) Que al promoverse la prueba pericial, el juez nombrará uno o varios peritos, sin perjuicio de que cada parte pueda nombrar también un perito que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado; y, que los peritos no son recusables, pero deben excusarse de conocer cuando concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo, a cuyo efecto, al aceptar el cargo, manifestará bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento alguno. Ya se dijo que esta prueba no es admisible en el incidente de suspensión, menos aun las disposiciones que la regulen.
Ahora bien, como la prohibición contenida en el último párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo se refiere expresamente a la aplicación de disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional, evidentemente no comprende las disposiciones diversas de aquellas que se refieren a la recepción de probanzas; por tanto, fuera de lo concerniente precisamente a la admisión de pruebas, debe entenderse que, en todo lo demás, los preceptos relativos al juicio principal sí son aplicables, siempre que no se opongan a las disposiciones que regulan el incidente, y como el artículo 152 de la Ley de Amparo no se refiere a la admisión de una prueba sino que tiene relación con la posibilidad real y efectiva de poder ofrecerla, es decir de presentarla, presupuesto necesario para que, posteriormente (en otra etapa procesal), el juez de Distrito esté en condiciones de examinarla y decidir sobre la admisión o rechazo de este concreto medio de convicción, no existe impedimento legal alguno para que en el incidente de suspensión, por analogía y por razones de equidad y justicia, se aplique lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, y así pueda el juez de Distrito diferirla audiencia, requerir a las autoridades que omitan expedir las copias solicitadas oportunamente por las partes, hacer uso de los medios de apremio respectivos e imponer en su caso, a la parte que informe al juez la denegación de una copia o documento que no hubiese solicitado o que ya se le hubiese expedido, la sanción que establece el propio artículo. De otra manera, la responsable, con solo no expedir las copias que le son solicitadas, en caso de existir éstas, determinaría que la prueba no pudiera ser admitida por no haberla presentado oportunamente el interesado, lo cual propiciaría, posiblemente, la negativa injusta de la suspensión definitiva solicitada.
Tal interpretación encuentra apoyo lógico en la consideración, de que la Ley de Amparo establece en su artículo 131 términos muy breves para el incidente de suspensión de los actos reclamados, pues obliga a las autoridades responsables a rendir su informe previo dentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de inicio, transcurridas las cuales debe, dentro de las setenta y dos horas siguientes, celebrarse la audiencia donde se decida si se concede o se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados; circunstancia que puede dar lugar a que el quejoso, por razones que le obliguen a solicitar el diferimiento, no esté en condiciones de preparar sus pruebas tendientes a justificar el otorgamiento de la medida suspensional o a desvirtuar, en su caso, los informes de las responsables. Por este motivo, adoptar un criterio opuesto implicaría obstruir la decisión del legislador de permitir que, salvo en casos de excepción, las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al solicitarse la suspensión de los actos reclamados, e inclusive se correría el riesgo de dejar sin materia el juicio de amparo y llegar al extremo de la denegación de justicia, contrariando el espíritu de la Ley de Amparo, establecido sobre el particular en su artículo 127, que textualmente dice:
"No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta Ley."
Una interpretación contraria a la anterior, soslayaría la voluntad del Constituyente inmersa en el artículo 14 de la Constitución Federal, en cuanto estableció la garantía de audiencia, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa contra los actos de autoridad. Cabe señalar, que ha sido criterio reiterado de este alto tribunal el de que, si la letra de la ley admite diversas interpretaciones (en este caso el artículo 131 de la Ley de Amparo propició las que respectivamente realizaron los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción), debe aceptarse la que resulte congruente con el texto constitucional. Esa regla deriva del artículo 133 de la Ley Fundamental, que consagra el principio de supremacía constitucional, de acuerdo con el cual, todas las normas secundarias, mientras no estén en franca oposición con la Constitución, deben ser interpretadas de manera tal que no se opongan a ésta. De ahí que esta Suprema Corte funcionando en Pleno, haya realizado el presente estudio a la luz de un criterio propio -como se lo permite el artículo 197-A de la Ley de Amparo- , que estima acorde al mandato constitucional de respeto a las garantías de audiencia y defensa.
Establecida la forma correcta de entender el artículo 131, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y explicado por qué lo dispuesto en el artículo 152 del mismo ordenamiento es aplicable en el incidente de suspensión, se llega a concluir, que la ley de la materia no solamente concede a las partes el derecho a ofrecer determinadas pruebas en el incidente de suspensión, sino que previene mecanismos para impedir se torne nugatorio el derecho respectivo.
Con base en esta premisa, resultan correctas las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuando aduce: que mutilar al quejoso la oportunidad de ofrecer pruebas documentales implica invertir ilógicamente la finalidad de la ley, para impedir a la parte quejosa la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados; máxime, cuando las documentales que ésta pretende rendir servirían para demostrar su interés jurídico o para desvirtuar los informes previos rendidos por las autoridades responsables.
Es necesario agregar, que no por la interpretación que ahora se ha hecho del mencionado párrafo, se vuelve nugatoria la disposición contenida en el mismo, pues ésta conserva aplicación y se justifica en cuanto a las pruebas testimonial e inspección ocular, que en el juicio de amparo son objeto de diversas formalidades mientras en el incidente de suspensión, precisamente por la bondad de lo establecido en el artículo 131, tercer párrafo, se facilita su admisión.
Como consecuencia de lo antes expuesto, procede resolver que ninguna de las dos tesis que se encuentran en contradicción debe prevalecer sobre la otra, puesto que, aun cuando la del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3377-3f86df3a/audiencia-en-el-incidente-de-suspension-procede-diferirla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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