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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE PASAPORTES Y DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE, PARA LA EXPEDICIÓN DEL PASAPORTE DE UNA NIÑA O UN NIÑO EN PRIMERA INFANCIA CONCEBIDOS MEDIANTE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA –GESTACIÓN SUBROGADA–.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 103/2025. · Registro digital (IUS): 33826
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo V, Volumen 1, Pág.818.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 103/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por escrito presentado físicamente el diecinueve de junio de dos mil veinticinco en este pleno regional, el niño en primera infancia(1) de iniciales H. J. A., representado por sus padres F. J. J. M. y O. A. C., denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 136/2025 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja 166/2025.

2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 103/2025, con el tema: determinar si procede conceder la suspensión provisional, cuando en un juicio de amparo se reclama el requerimiento mediante el cual la Secretaria de Relaciones Exteriores solicita documentación adicional para la expedición del pasaporte de un menor de edad nacido por medio de técnicas de reproducción asistida (gestación sustituida), se turnó el asunto a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; además, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda.

3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:

• Mediante oficio 10956/2025 de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.

• Por oficio 10339 de veintisiete de junio de dos mil veinticinco, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.

• En oficio DGCCST/X/444/07/2025 de catorce de julio de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.

4. Nueva integración del pleno regional. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Petriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza integran este pleno regional;(2) además, en dicho proveído, se returnó este asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.

5. Confirmación de turno. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

6. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se listó este asunto.

II. Competencia

7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(4) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(7) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

III. Legitimación

8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la parte quejosa y recurrente en el recurso de queja 166/2025 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que contiende en la presente contradicción de criterios.

IV. Criterios denunciados

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 136/2025 en sesión de diez de abril de dos mil veinticinco.

10. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 166/2025 en sesión de seis de mayo de dos mil veinticinco.

V. Existencia de la contradicción de criterios

11. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(8)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 136/2025 y el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al fallar el recurso de queja 166/2025.

13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Un niño en primera infancia,(9) por conducto de su representante, promovió juicio de amparo indirecto en contra de una autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quien reclamó, en esencia, el requerimiento de documentación adicional y dilación para la emisión de su pasaporte y solicitó la suspensión del acto reclamado para varios efectos, entre ellos, ordenar a la responsable que se abstuviera de exigirle mayores requisitos ajenos al proceso de emisión de pasaportes establecido en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje.

Juzgado de distrito.

Admitió la demanda y concedió la suspensión provisional solicitada por la quejosa.

Inconforme con la determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de queja.

14. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

TERCERO. Resolución recurrida. En el auto recurrido se determinó conceder la suspensión provisional, pues del contenido de los artículos 2, fracciones I y V, 9 y 18 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, coligió que el pasaporte es el documento expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores a los nacionales mexicanos para dos finalidades íntimamente relacionadas:

1) acreditar su nacionalidad e identidad en territorio extranjero; y

2) poder salir, a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional.

Del mismo modo, dio noticia que el artículo 46 del citado Reglamento, alude a la figura del impedimento administrativo, como una medida administrativa provisional, cuya finalidad radica en impedir la expedición de un pasaporte ante alguna irregularidad detectada por dicha Secretaría, de las previstas en el mismo Reglamento, hasta en tanto subsista y, de ser el caso, el interesado acredite fehacientemente su nacionalidad, identidad y, en su caso, filiación, en términos de lo establecido en el Reglamento.

También informó que en el oficio reclamado, se dijo que en relación con la solicitud del trámite de pasaporte ordinario mexicano, a nombre del menor quejoso, la autoridad responsable comunicó que se prolongaría el tiempo de espera, toda vez que sería sujeto a verificación ante las autoridades; y que en apoyo de tal determinación citó entre otros numerales, el 14 y 18, último párrafo, del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

Sin embargo, precisó que en tal oficio no se citaron como fundamento los Criterios para la Expedición de Pasaporte para las Personas Menores de Edad Concebidas a través de la Técnica de Reproducción Asistida Denominada Gestación por Sustitución; así como que no se advirtió la actualización de algún supuesto de impedimento administrativo y, por tanto, la Secretaría, a través de Unidad Administrativa, tiene la obligación de continuar con el trámite solicitado.

También resaltó que la parte quejosa acreditó fehacientemente que legalmente tienen reconocido la calidad de padre del menor, pues así quedó registrado en el acta de nacimiento expedida por la Dirección General del Registro Civil, lo que a juicio de la juzgadora hacía patente que el menor quejoso tiene la nacionalidad mexicana y, por ende goza de los derechos humanos tutelados en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, entre ellos, el derecho a obtener un pasaporte para acreditar su nacionalidad e identidad en territorio extranjero y poder salir, a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional; cuyo ejercicio de esos derechos que no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los caso y bajo las condiciones que la Constitución establece.

Resaltando que la falta de regulación en materia de filiación a través de técnicas de reproducción asistida, de ninguna manera autorizaba a las autoridades señaladas como responsables, para requerir mayores elementos que no contempla el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

Por lo que a partir del principio de la apariencia del buen derecho, llegaba a la conclusión que los actos reclamados eran susceptibles de suspenderse.

En ese contexto, otorgó la medida cautelar provisional para efecto de que la autoridad responsable prosiguiera sin demora con el trámite de expedición del pasaporte del menor quejoso de iniciales (...), sin exigirle mayores requisitos que los contenidos en el propio Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje; sin que implicara que debiera emitir el pasaporte al menor quejoso en forma automática, sino que de manera inmediata y diligente realizara la revisión y valoración de los requisitos exigidos en tal Reglamento y no así, en otras disposiciones administrativas que no se encontraran publicadas y vigentes.

Finalmente, puntualizó que la responsable debería de abstenerse de ejercer actos de discriminación como los que refiere el quejoso, tanto por su orientación sexual, raza, nacionalidad y sobre todo, por el método científico mediante el cual el impetrante es padre del menor (gestación por sustitución).

Así las cosas, resulta infundado el argumento consistente en que la juez dejó de atender los principios que rigen la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, que inobservó la apariencia del buen derecho e interés social.

Se afirma lo anterior, pues en relación con tales tópicos se advierte que la juzgadora expuso:

- que del contenido del acto reclamado, no señaló que se hubieran citado como fundamento los Criterios para la expedición de Pasaporte para las Personas Menores de Edad Concebidas a través de la Técnica de Reproducción Asistida Denominada Gestación por Sustitución; así como que no advirtió la actualización de algún supuesto de impedimento administrativo;

- que el quejoso acreditó fehacientemente que legalmente tiene reconocido la calidad de padre del menor, pues así quedó registrado en el acta de nacimiento expedida por la Dirección General del Registro Civil; con base en lo cual, se hacía patente que el menor quejoso tiene la nacionalidad mexicana, por lo que goza de los derechos humanos tutelados en la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, entre ellos, el derecho a obtener un pasaporte para acreditar su nacionalidad e identidad en territorio extranjero y poder salir, a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional; cuyo ejercicio de esos derechos que no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

- que la falta de regulación en materia de filiación a través de técnicas de reproducción asistida, de ninguna manera autorizaba a las autoridades señaladas como responsables, para requerir mayores elementos que no contempla el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

En suma de lo expuesto y con base en el principio de la apariencia del buen derecho -momento que de conformidad con la Ley de Amparo, debe valorarse que con el otorgamiento de la medida no se afecte el orden público e interés social-, concluyó que los actos reclamados eran susceptibles de suspenderse; además, debe decirse que las nociones de orden público e interés social han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo que ocurre con la continuación del trámite del pasaporte solicitado.

También es infundado que debe observarse el principio de exhaustividad, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, ya que en el auto recurrido se le solicitó continuar con el trámite del pasaporte ordinario mexicano en favor del menor quejoso sin requerir mayor documentación.

Es infundado tal postulado, pues como lo destacó el juez de distrito, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), de rubro: “SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.” (se transcribe)

Además, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, los efectos de la suspensión no fueron para que se continuara con el trámite del pasaporte sin solicitar mayor documentación, sino que fue para que no se exigieran mayores requisitos que los contenidos en el propio Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje; sin que ello implicara que debiera emitir el pasaporte al menor quejoso en forma automática; de ahí lo infundado del argumento en estudio.

Continuando con el estudio del único agravio, se tiene que la recurrente afirma que se encuentra imposibilitada para continuar con el trámite ya que se realizaron las verificaciones correspondientes de la documentación presentada de conformidad con los artículos 9 y 18, párrafo último, del Reglamento de Pasaportes del Documento de Identidad y Viaje, pero no ha recibido las respuestas por parte de dichas autoridades, por lo que hasta que no se obtengan las mismas no se puede continuar con el trámite de mérito.

Agrega que al tratarse de un trámite de pasaporte ordinario mexicano por primera vez a favor de un menor se debe acreditar la vinculación del infante con quienes ejercen la patria potestad, buscando en todo momento, proteger la integridad del menor y evitar delitos como la sustracción ilícita de menores.

Destaca que no existe regulación en materia de maternidad sustituta o subrogada, por lo que se solicita mayores elementos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, toda vez que de conformidad con la ley aplicable se debe de acreditar plenamente la nacionalidad, identidad y filiación de una persona menor de edad.

Es ineficaz tal argumento.

En apoyo de lo anterior, conviene tener presente el contenido de los artículos 9 y 18, párrafo último del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje: (se transcriben).

En otras palabras, se tiene que todos los documentos que se entreguen para el trámite de pasaporte y del documento de identidad y viaje, deberán ser legibles y en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza jurídica de su validez, por lo que la Secretaría podrá verificar ante la autoridad o persona emisora la autenticidad de los documentos presentados.

Asimismo, se advierte que en aquellos casos en que del análisis de la documentación o información presentada conforme al presente artículo, o del resultado de la entrevista realizada a los solicitantes, se observen inconsistencias o irregularidades, la Secretaría verificará la autenticidad de las documentales recibidas ante la autoridad emisora de estas, además, podrá requerir al solicitante pruebas adicionales que demuestren fehacientemente su nacionalidad, identidad y filiación.

Esto es, contrario a lo sostenido por la recurrente, en el acto reclamado de modo alguno se precisó que en el caso hubiera advertido documentación o información que tuviera inconsistencias o irregularidades y con base en ello, requirió al solicitante pruebas adicionales que demostraran fehacientemente su nacionalidad, identidad y filiación; de ahí que no esté justificado el requerimiento que afirma haber realizado a diversas autoridades.

Máxime que los efectos de la concesión de la suspensión, fueron que la responsable prosiguiera con el trámite de expedición del pasaporte del menor quejoso, sin exigirle mayores requisitos que los contenidos en el propio Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje; sin que ello implicara el deber de emitir el pasaporte al menor quejoso en forma automática, sino realizar la revisión y valoración de los requisitos exigidos en tal Reglamento y no así, en otras disposiciones administrativas que no se encuentren publicadas y vigentes.

De ahí que no sea óbice la afirmación consistente en que no existe regulación en materia de maternidad sustituta o subrogada, y que por ello necesitaba mayores elementos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, pues de ser así esto último, deberá ceñirse, como se sostuvo en los efectos de la suspensión recurrida, a los requisitos exigidos en tal Reglamento y no así, en otras disposiciones administrativas que no se encuentren publicadas y vigentes, y con base en ello determinar el otorgamiento o no de tal pasaporte. También se desestima el argumento planteado en el capítulo de antecedentes del recurso, consistente en que de actuar conforme a lo ordenado en la suspensión, constituiría un precedente que permitiría emitir pasaportes a personas menores de edad sin la debida verificación de la documentación presentada para tal efecto, lo cual propiciaría delitos como la sustracción ilícita de menores, circunstancia que atentaría contra el interés superior de los menores, en virtud de que se debe recordar que el pasaporte ordinario mexicano es un documento de viaje que permite la salida del país.

En efecto, lo incorrecto de tal planteamiento deriva de no tiene presente que la medida cautelar otorgada no fue para emitir un pasaporte sino para continuar con su trámite, observando lo dispuesto en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, por lo que para el caso de que se llegara a expedir tal documento en favor del menor quejoso, ello sería observando el marco normativo vigente.

Asimismo, con tal medida tampoco se dejaría sin materia el juicio de amparo, pues los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios).

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por virtud de la suspensión, el juez se encuentra en posibilidades de ordenar: "que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo", lo que implica que aun en el supuesto de que la medida cautelar se hubiese otorgado con efectos restitutorios, tal acción la permite la propia Ley de Amparo.

Máxime que en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo.

Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la parte quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión “conservar la materia del amparo” es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre las suspensión.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 22/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, junio de dos mil veintitrés, tomo V, libro 26, visible en la página 4497, registro digital 2026730, de contenido siguiente: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARAMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.”(se transcribe).

En suma, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al prever de tutela anticipada (efectos restitutorios), por virtud de la suspensión, implica que aun en el supuesto de que la medida cautelar se hubiese otorgado con efectos restitutorios, tal acción la permite la propia Ley de Amparo, pues el entendimiento de la expresión “conservar la materia del amparo” es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre las suspensión.

Por tanto, si se acreditó en el juicio de amparo el que el menor quejoso cuenta con en el acta de nacimiento expedida por la Dirección General del Registro Civil, hace patente que este tiene la nacionalidad mexicana y, por ende, goza de los derechos humanos tutelados en la Constitución y los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, entre ellos, el derecho a obtener un pasaporte para acreditar su nacionalidad e identidad en territorio extranjero y poder salir, a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional; cuyo ejercicio de esos derechos que no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

De ahí que, al conceder la suspensión provisional, se puede permitir que la parte quejosa alcance un beneficio equivalente al que obtendrían con una posible concesión del amparo, salvo que variaran las circunstancias consideradas el emitir dicha medida por un hecho superveniente.

En consecuencia, ante la ineficacia de los argumentos planteados por la recurrente, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja y confirmar el auto que concede la suspensión provisional solicitada.

15. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Un niño en primera infancia,(10) por conducto de sus representantes, promovió juicio de amparo indirecto en contra de una autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores de quien reclamó, en esencia, un oficio en el que se requiere la presentación de documentación adicional para la expedición de su pasaporte y solicitó la suspensión del acto reclamado para varios efectos, entre ellos, ordenar a la responsable que se abstuviera de exigirle mayores requisitos e información, a los establecidos en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje.

Juzgado de distrito.

Negó la suspensión provisional del acto reclamado.

La persona quejosa interpuso recurso de queja.

16. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

TERCERO. La controversia jurídica a dilucidar consiste en determinar si es factible conceder la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos que solicita la parte quejosa, esto es, para que la autoridad responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores no le requiera mayores documentos y le expidan el pasaporte al menor de edad (...) Esa es la real pretensión que se desprende del capítulo de suspensión de la demanda de amparo.

Como hechos relevantes para asumir la solución que deba darse al asunto, se da noticia de que (...) y (...) son de nacionalidad española, quienes celebraron con cierta persona del sexo femenino un contrato de gestación por sustitución.

El tres de junio del dos mil veinticuatro, nació el menor de edad (...), por un método de reproducción asistida en territorio mexicano, previa sustanciación de la acción de protección efectiva de derechos humanos (...) del índice del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral y de Tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México del Poder Judicial de esta ciudad capital, el veintiuno de abril del año en curso, se emitió el acta de nacimiento a dicho menor de edad.

El juez negó la suspensión provisional solicitada al considerar que el acto reclamado tiene el carácter de constitutivo de derechos, porque de conceder la medida cautelar se estaría resolviendo el fondo del asunto al prejuzgar respecto a la satisfacción de los requisitos exigidos para expedir el pasaporte.

Afirmó que el beneficio que obtenga la parte quejosa con dicha concesión no sería transitorio sino definitivo, aun cuando posteriormente pueda revocarse o invalidarse, aunado a que no advirtió elementos para justificar el otorgamiento de la suspensión solicitada para que se expida el pasaporte al menor.

Precisó que la negativa no hace nugatorio el vínculo de filiación del menor con sus padres, pues este permanece intocado y requirió al Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral y de Tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México del Poder Judicial de esta ciudad, para que le remitiera copia certificada del auto en que causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el expediente (...) de su índice.

El primer agravio de la parte quejosa gira en torno a la idea esencial de que el resolutor realizó un estudio limitado respecto de los efectos que se pretendía obtener con dicha medida cautelar, debido a que los promoventes la solicitaron para que se ordene a la autoridad responsable que cese todo acto de discriminación basado en el origen gestacional del menor quejoso por haber nacido por medio de técnicas de reproducción asistida de gestación sustituida.

Los actos reclamados materia de la suspensión provisional que se analiza son exclusivamente los efectos y consecuencias del oficio (...), de veintidós de abril del dos mil veinticinco, emitido por la Directora de la Oficina de Pasaportes Zona Norte de esta Ciudad, por medio del cual se requirió a (...) y (...) la exhibición del auto por el cual causó ejecutoria el procedimiento judicial de inscripción de nacimiento a nombre del menor (...)

La lectura de ese oficio pone de manifiesto q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33826-1bda354b/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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