CADUCIDAD DE LA FACULTAD PARA FORMULAR QUERELLA EN EL DELITO DE FRAUDE. EL PLAZO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA VÍCTIMA TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE DATOS OBJETIVOS, DEL HECHO Y DE QUIEN PROBABLEMENTE LO COMETIÓ (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, VIGENTE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2012).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 100/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 10 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, ANTONIO SALAZAR LÓPEZ Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.
El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al diez de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 100/2025, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 118/2025 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito,(1) al resolver los amparos en revisión 324/2003 (último asunto), 64/2001, 364/2002 y los amparos directos 47/2003 y 127/2003.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y el 226 de la Ley de Amparo prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción para que el Pleno Regional resuelva cuál criterio debe prevalecer. Mediante oficio 4/2025-P3 de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, el secretario en funciones de Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito denunció la posible existencia de contradicción de criterios suscitado entre lo resuelto en el amparo en revisión 118/2025 del índice de dicho órgano, y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver los amparos en revisión 64/2001, 364/2002 y 324/2003, así como los amparos directos 47/2003 y 127/2003, que dieron origen a la jurisprudencia VI.2o.P. J/7 (9a.), de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". En consecuencia, se actualizó formalmente la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.
2. Trámite ante este Pleno Regional. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción, recabando los informes de los tribunales involucrados y notificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar si existe jurisprudencia sobre la materia. Ahora bien, el oficio mencionado fue recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veinticuatro de octubre del presente año; por lo que, el veintisiete siguiente, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado de su índice seguía vigente; asimismo, remitieran su determinación y pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico de tales asuntos, a través del Sistema Electrónico del Órgano de Administración Judicial; además, informaran si existía alguna circunstancia por la cual los asuntos referidos no hubieren causado ejecutoria.
3. De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. PLAZO PARA FORMULAR LA QUERELLA.
4. Por último, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.
5. Posteriormente, por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio por el que el magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, comunicó que se encuentra vigente el criterio sustentado en el amparo en revisión 118/2025 y precisó que la sentencia emitida era asunto totalmente concluido.
6. De igual forma, mediante proveído de seis de noviembre del año en curso, se tuvo rendido el informe suscrito por el magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que señaló que se encuentran vigentes los criterios sustentados en los amparos en revisión 64/2001, 364/2002 y 324/2003, así como los amparos directos 47/2003 y 127/2003, respectivamente; se habilitó la consulta de dichos expedientes electrónicos y remitió las resoluciones respectivas.
7. También, precisó que respecto de los recursos de revisión 64/2001 y 364/2002, las ejecutorias no se encuentran en el expediente electrónico; por lo que, solicitó al Centro de Manejo Documental y Digitalización (CMDD) con residencia en Apizaco Tlaxcala, los expedientes físicos para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo solicitado por este Pleno Regional.
8. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio con el cual el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito informó que los amparos en revisión 64/2001, 364/2002 y 324/2003, así como los amparos directos 47/2003 y 127/2003 han causado ejecutoria y remitió las versiones digitalizadas de los amparos en revisión 64/2001 y 364/2002 faltantes.
9. Mediante proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese máximo tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema fuera el ya precisado en acápites precedentes.
10. Finalmente, al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
12. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
13. Asimismo, este Pleno Regional advierte que, si bien los acuerdos generales que sustentan la competencia fueron emitidos por el Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, su aplicación es obligatoria. Lo anterior encuentra sustento en el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, precepto que expresamente dispone la continuidad de la vigencia de estos instrumentos normativos en todo lo que no contravenga la Constitución Política Federal ni la citada Ley, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial expidan la normatividad interna correspondiente.
III. LEGITIMACIÓN
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada dentro de la sentencia emitida en el amparo en revisión 118/2025, por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, lo cual, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, le dota de legitimación. Además, porque la denuncia de mérito se hizo del conocimiento a este Pleno Regional, mediante oficio signado por el secretario en funciones de Magistrado integrante del referido tribunal.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los antecedentes y aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
Antecedentes que dieron origen al amparo en revisión 118/2025, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
16. A) El proceso penal se inició contra el quejoso recurrente, por la probable comisión del hecho con apariencia de delito de fraude especifico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción ll, en relación con el diverso 403, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla.
17. B) En audiencia inicial de quince de marzo de dos mil veinticuatro, el juez de control, en respuesta a la exposición de la defensa del imputado quejoso y su planteamiento en cuanto al sobreseimiento en la causa, resolvió a su favor tal circunstancia, al considerar que los hechos probablemente constitutivos de delito se llevaron a cabo en agosto de dos mil once, cuando el peticionario de amparo vendió un bien inmueble que pertenecía a su hermano, facultad que tuvo al tener un poder legal para ello, no obstante, las víctimas se querellaron en enero de dos mil veinte e hicieron del conocimiento a la representación social que se enteraron del probable fraude en agosto de dos mil diecinueve, cuando tuvieron noticia de la muerte del hermano del quejoso, y quien le otorgó un poder para ejercer actos legales respecto del bien inmueble que les vendió a las víctimas; a partir de ello, el juez de control consideró que, conforme al artículo 133, del código punitivo penal de Puebla, la acción persecutoria que nazca de un delito sea continuo o no, que sólo pueda perseguirse por querella de la parte prescribirá en dos años, pero satisfecho el requisito inicial de querella, se aplicarán las reglas señaladas para los delitos que se persiguen de oficio.
18. Por ende, como las víctimas tuvieron conocimiento del hecho desde dos mil once y se querellaron del mismo en enero de dos mil veinte, declaró prescrita la acción penal persecutoria a favor del quejoso y como consecuencia, decretó el sobreseimiento y dictó auto de no vinculación a proceso.
19. C) Contra tal determinación, las víctimas interpusieron recurso de apelación del que conoció la autoridad responsable, quien determinó que el juez de control apreció inexactamente el momento en que las víctimas conocieron del fraude, puesto que no hay indicio que acredite que a la fecha de la celebración del contrato de compraventa (dos mil once), conocían que habían sido víctimas de un probable fraude, o que hayan sabido de ello en el intervalo en que aducen que conocieron de la muerte del hermano del quejoso.
20. Por tanto, la autoridad responsable consideró que el momento en que debe computarse el término para que opere la prescripción será a partir de que las víctimas se enteraron de la muerte del hermano del quejoso, pues la actualización del hecho con apariencia de fraude, no estriba en que existieran dos escrituras, ni el juicio civil que interpusieron las propias víctimas, sino que, tal actualización la configura el hecho de que el quejoso vendió un bien inmueble sin facultades para ello, pues al momento de realizar tal acto jurídico, con el poder que adujo le fue extendido, su hermano ya había fallecido.
21. En consecuencia, la alzada responsable consideró que en observancia a los artículos 129, fracción ll y 133 del Código Penal del Estado de Puebla, debe de tomarse en cuenta para el cómputo de la prescripción, la fecha en la cual las víctimas tuvieron conocimiento del hecho, esto es, en agosto de dos mil diecinueve, por lo que, si se querellaron en enero de dos mil veinte, es claro que la acción persecutoria no prescribió.
22. D) En esas condiciones, mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinticuatro, ante la Décima Segunda Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el imputado promovió amparo directo contra las autoridades y actos siguientes:
"[...] III.- Autoridad Responsable:
MAGISTRADA YRINA YANET SIERRA JIMÉNEZ. TITULAR DE LA DÉCIMA SEGUNDA SALA UNITARIA DE LO PENAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. [...].
IV.- Acto Reclamado.
1.- De la autoridad señalada como responsable, LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO DENTRO DE LA TOCA ******* DE LA DÉCIMA SEGUNDA SALA DE LO PENAL, la cual me fue debidamente notificada con fecha jueves siete de noviembre de la presente anualidad, en la cual se DEJA SIN EFECTOS, LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MARZO DEL 2024, POR VIRTUD DE LA CUAL DICTAMINÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA **************** Y COMO CONSECUENCIA DETERMINÓ NO VINCULAR A PROCESO A ***** ******* ****** *******, POR LOS HECHOS SEÑALADOS POR LA LEY DE FRAUDE ESPECÍFICO. [...]"
23. E) Por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuya presidencia, en acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, la admitió bajo el amparo directo ******* y en sesión de nueve de enero de dos mil veinticinco se declaró legalmente incompetente por razón de vía para conocer del juicio de amparo, y la remitió al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en San Andrés Cholula, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla.
24. En consecuencia, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, cuyo titular, por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, lo registró con el juicio de amparo indirecto *******, aceptó la competencia planteada, se avocó al conocimiento del asunto y el veinte de marzo de dos mil veinticinco, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que negó la protección constitucional solicitada.
25. F) Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil veinticinco, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla.
26. Por razón de turno, correspondió conocer del recurso de revisión al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, lo admitió a trámite y lo registró como amparo en revisión 118/2025; además, por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinticinco, se admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por las víctimas terceras interesadas.
27. Así, previo turno del asunto al magistrado ponente, en sesión ordinaria de trece de marzo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida, en consecuencia, negó la protección constitucional solicitada, y declaró sin materia el recurso de revisión adhesiva.
I. Las consideraciones que dieron lugar al criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión 118/2025, en lo que es materia de la presente contradicción, son:
28. Calificó fundados los agravios, sin embargo, insuficientes para revocar la sentencia recurrida y decretar el amparo solicitado.
29. Precisó que, en esencia, los conceptos de violación propuestos en la instancia constitucional guardan identidad con los agravios que se formularon en el recurso de revisión al constituir prácticamente una reiteración de aquellos; y en esa medida, estimó fundados los motivos de disenso, pero insuficientes para conceder el amparo.
30. Lo anterior, pues, aunque en el fondo, las consideraciones del acto reclamado (incluso de la sentencia recurrida) las estimó correctas en la parte que sostiene que la prescripción para acudir a querellarse por parte de la víctima corrió a partir de que ésta tuvo conocimiento de que había sido defraudada, en el caso, el Tribunal advirtió una violación formal en cuanto a la aplicación de la norma en la que se basó tal determinación.
31. En efecto, en la sentencia reclamada materia del juicio de amparo se dijo que la fracción II, del artículo 129 del Código Penal del Estado de Puebla establece que el plazo de la prescripción de la acción persecutoria se contará desde el día en que quienes puedan formular la querella o acto equivalente, tengan conocimiento del hecho posiblemente delictivo, lo cual, a primera vista, genera convicción respecto de lo que claramente establece esa norma sobre el momento desde el cual una persona (en el caso la víctima) pudo formular la querella respecto del delito de fraude.
32. Sin embargo, en atención al principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde con el cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, el Tribunal Colegiado consideró ilegal que la autoridad responsable incluyera un supuesto no previsto jurídicamente al momento de los hechos (junio de dos mil diez) en relación a la prescripción de la facultad para formular querella, puesto que la porción normativa no se encontraba vigente al momento de ocurrido el evento, virtud a que entró en vigor en dos mil trece.
33. Por ende, consideró que, conforme al artículo 6, del código punitivo estatal(2) vigente en junio de dos mil diez, el estudio del artículo 129 debió realizarse, aun con sus limitaciones, respecto a la letra que imperaba en esa época, cuando la fracción II no disponía lo relativo al estudio de la responsable, sino a una disposición diferente.
34. Para ilustrar lo anterior, citó el artículo y fracción respecto del cual la alzada responsable realizó su análisis,(3) sin embargo, al momento en que ocurrieron los hechos con apariencia delictiva (junio de dos mil diez), el artículo 129, fracción II, disponía:
"2. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PERSECUTORIA
Artículo 129. El plazo para la prescripción de la acción persecutoria se contará: [...]
II. Desde que se realizó la última conducta, si el delito fuere continuado;"
35. Así, de la confrontación que hizo el Tribunal Colegiado de los artículos en comento, apreció que al momento en que se llevó a cabo el hecho con apariencia de delito, la fracción II, del artículo 129 en que fundó la responsable su estudio, no se encontraba vigente, por tanto, no debió realizar un análisis conforme a tal porción normativa.
36. Por ende, consideró que se violó el principio de legalidad en perjuicio del quejoso recurrente, puesto que se aplicó una fracción normativa que no estaba vigente al momento de los hechos que fueron imputados. 37. En consecuencia, consideró fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, al ser patente la aplicación errónea de la porción normativa en comento; sin embargo, estimó que eran insuficientes para revocar la sentencia recurrida y en su lugar conceder el amparo para que se analizara el acto reclamado conforme a las reglas generales de la prescripción, vigentes en junio de dos mil diez.
38. Lo anterior, en cuanto que el Tribunal Colegiado consideró correcto que el plazo de la prescripción para presentar la querella de los hechos comienza a correr desde el momento en que se tiene conocimiento del hecho posiblemente constitutivo de delito, y por ello, estableció que, aun cuando se hiciera un estudio con las normas vigentes a la época de los hechos, el examen relativo llevaría a la misma conclusión.
39. En ese sentido, trajo a colación que el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) establece el derecho de acceso a la administración de justicia por tribunales, los cuales deben estar expeditos para su impartición en los plazos y términos que fijen las leyes y deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como de forma gratuita (derecho de justicia pronta y expedita).
40. Al respecto, resaltó que el párrafo tercero del artículo 17 Constitucional fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, como resultado de un profundo análisis y debate entre diversas organizaciones públicas, civiles, educativas y de impartición de justicia, entre otras.
41. Puntualizó que respecto de tal adición, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 53/2021, concluyó que dicho precepto constitucional abonó al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, ya que conmina a las autoridades jurisdiccionales, a resolver los conflictos que se les planteen sin obstáculos o dilaciones innecesarias, evitando formalismos, matices o interpretaciones que impidan la resolución de fondo y con ello una auténtica tutela judicial.
42. Destacó que tal estudio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.),(5) de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)."
43. En esa línea de pensamiento, el Tribunal contendiente estimó que el artículo 129, fracción II del código punitivo del Estado de Puebla, no distingue entre la prescripción de la acción persecutoria (facultad del Estado) y la caducidad para interponer una denuncia o querella (facultad de la persona quien considera que se ha cometido un delito en su contra); y cuyo aspecto incidía en la resolución del asunto.
44. De esa manera, destacó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar en qué momento tuvieron conocimiento las víctimas de que se había cometido en su perjuicio el hecho con apariencia de delito de fraude específico, para que, en consecuencia, pudiera precisarse el momento en que los dos años que requiere la institución de la prescripción, comienza a transcurrir.
45. Al efecto, reiteró que el hecho con apariencia de delito que se le imputó al quejoso fue el de fraude específico, previsto y sancionado por el artículo 404, fracción II, en relación con el diverso 403, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla,(6) vigentes al momento de la comisión del hecho (junio de dos mil diez).
46. Así, estimó que de acuerdo con los artículos 11, 17, 18 y 19 del Código Penal para el Estado de Puebla, respectivamente, contemplan que delito es el acto o la omisión que sancionan las leyes penales; los cuales se clasifican como instantáneo si su consumación se agota en el mismo momento en que se realizaron todos sus elementos constitutivos; permanente o continuo si su consumación se prolonga por tiempo indeterminado; y, continuado, cuando el hecho que lo constituye se integra con la repetición de varias conductas similares, procedentes de idéntica resolución del sujeto y con violación del mismo precepto legal.
47. De esa manera, destacó que, aunque el delito en cuestión se refiere a una acción específica para cometer un hecho determinado, obtuvo que el mismo, al igual que el diverso ilícito de fraude genérico, es instantáneo porque se consuma con la producción del efecto, esto es, con la obtención del lucro; pues incluso así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada con registro digital 264715, de rubro: "DELITO PERMANENTE Y DELITO CONTINUADO."
48. Incluso, reforzó su conclusión con la circunstancia de que el hecho con apariencia de delito imputado al quejoso establece, entre otros elementos, que el sujeto activo enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, si ha recibido el precio o lucro equivalente; de modo que, conforme a los hechos imputados y su descripción típica, el delito de fraude lo consideró instantáneo, pues depende de que el sujeto activo haya enajenado un bien sin disponer de él y reciba un lucro (el precio del mismo), de modo que una vez que obtuvo el pago, se materializó la configuración instantánea del ilícito.
49. A partir de ello, el Tribunal contendiente consideró dable atender la génesis del problema jurídico, atinente a la prescripción; y a ese respecto, destacó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 476/2019, precisó que la "prescripción" es la institución jurídica que actualiza la adquisición o la pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. En materia penal, la prescripción extingue la "pretensión punitiva" y la "potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad".
50. También destacó que la citada Sala del Alto Tribunal, en la diversa contradicción de criterios 47/2023 dijo que una variante de la prescripción se actualiza cuando una persona o autoridad está obligada a presentar una denuncia o querella dentro de un término que marca la Ley, pues de lo contrario, la persecución del delito estará prescrita; también que, con la formulación de la querella debidamente formalizada se interrumpía la prescripción de la acción penal, porque no era lógico ni jurídico estimar que un derecho se prescribe mientras se ejerce, es decir, el derecho del afectado a que el Estado investigue una conducta que afecta sus intereses.
51. Destacó que la Primera Sala del Máximo Tribunal expuso que, cuando prescribe el derecho de una persona a querellarse también prescribe de manera indirecta la facultad de la autoridad ministerial de ejercer la acción penal, pues tratándose de delitos que se persiguen por querella, el ejercicio de la acción penal depende del citado requisito de procedibilidad.
52. Sobre esas premisas, el Tribunal Colegiado contendiente indicó que la prescripción en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se prevé en sus artículos 125, 126, 127, 128, 129 y 133,(7) vigentes en la época de los hechos (junio de dos mil diez), los cuales transcribió y del último numeral citado advirtió que éste, establecía implícitamente, que el plazo para presentar la querella era de dos años, por lo que, de no realizarse en dicho término, prescribe la acción persecutoria.
53. Sin embargo, el Tribunal Colegiado contendiente indicó que, aunque el legislador local denominó como prescripción de la "acción persecutoria", en realidad se trata de la caducidad de la facultad para presentar una querella o requisito equivalente, pues no debe confundirse la prescripción del derecho de la parte ofendida para presentar una querella, con la prescripción de la facultad pública de ejercer la acción penal, porque el derecho a interponer querella, en su carácter de requisito de procedibilidad, corresponde al gobernado, a diferencia de la acción penal, cuyo ejercicio corresponde a la autoridad ministerial, conforme al artículo 21 de la Carta Magna.
54. En ese sentido, acotó que la prescripción extingue un derecho sustantivo, identificado como el acceso a la potestad punitiva para investigar, perseguir y sancionar un delito; sin embargo, señaló que la caducidad de la facultad para presentar una querella, es diferente, pues ello extingue una facultad procesal, cuyo ejercicio oportuno puede interrumpir la prescripción, pero si esa facultad no se ejerce en tiempo, precluirá, obstaculizándose de manera definitiva la posibilidad para que el Estado ejerza su pretensión punitiva.
55. Así, precisó que ambos supuestos se actualizan por el simple transcurso del tiempo y corren de manera paralela, pero no son idénticas, lo que apoyó en la jurisprudencia 1a./J. 67/2025 (11a.),(8) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA. SUS DIFERENCIAS CON LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD PARA PRESENTAR LA QUERELLA O REQUISITO EQUIVALENTE Y CON EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL."
56. A partir de la aclaración anterior, el Tribunal contendiente estimó que el plazo de dos años a que alude el artículo 133 citado, se refiere al lapso que tiene la parte ofendida para presentar la querella y, de no hacerlo dentro de esa temporalidad, prescribe tal prerrogativa.
57. Además, indicó que tal artículo es insuficiente para establecer a partir de qué momento inicia el cómputo del plazo de dos años con el que cuenta la parte ofendida para presentar la querella del delito de fraude especifico, mismo que, conforme al artículo 416 del código sustantivo penal estatal,(9) se perseguirá a peti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33842-e7a17430/caducidad-de-la-facultad-para-formular-querella-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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