Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA NO SÓLO CONTRA ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SINO TAMBIÉN FRENTE A ACTOS DE LOS ÓRGANOS CAPITALINOS CUANDO SE ALEGUE VULNERACIÓN A SU COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ORIGINARIA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 26, 29, FRACCIÓN XVIII Y 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO (ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA, AL HABER ACREDITADO QUE LA EMISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO VIOLA SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES DIRECTAMENTE REGULADO POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL [ARTÍCULO 122, APARTADO A, BASE VI, INCISOS A) AL F), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO REQUIEREN AGOTAR LAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES LOCALES CUANDO INVOCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA, AL SER INNECESARIO AGOTAR LAS INSTANCIAS JUDICIALES LOCALES, CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XI. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EVOLUCIÓN DE SU RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. XII. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR LA REGULACIÓN DE SU INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FACULTADES (ARTÍCULO 122, APARTADO A, BASE VI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). XIII. TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SUS FACULTADES MÍNIMAS CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBEN ESTABLECERSE EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. XIV. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONSTITUYEN UN AUTÉNTICO ORDEN JURÍDICO PROPIO Y DIFERENCIADO DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. XV. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SU FACULTAD EXCLUSIVA PARA ESPECIFICAR Y DEFINIR LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS LEYES QUE EMITE [ARTÍCULO 29, APARTADO D, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. XVI. ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUIR LAS DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES SOBRE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA LEY QUE LOS RIGE, NO INVADE NI REDUCE LAS FACULTADES MÍNIMAS DE LAS ALCALDÍAS GARANTIZADAS EN EL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL [ARTÍCULO 2, FRACCIONES IV, INCISO B), Y XXIII, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO]. XVII. TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CUENTAN CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE OTORGAR PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES [ARTÍCULOS 39, FRACCIONES XII Y LXXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, VIGENTE AL MOMENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 53, APARTADO B, INCISO A), FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 32, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. XVIII. ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUIR EN LA LEY QUE LOS REGULA LIMITACIONES A LA FACULTAD DE LAS ALCALDÍAS DE OTORGAR PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 254/2023. · Registro digital (IUS): 33858
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-02-20
Promovente: ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.492.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 254/2023. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. 31 DE MARZO DE 2025. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: GEOVANNI SANDOVAL OCHOA.

Acto impugnado: Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 254/2023, promovida por la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México en contra de la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

Presentación de la demanda

1. La Alcaldía presentó una controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México en la que impugnó:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés”.

Admisión y trámite

2. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente con el número 254/2023. Designó al Ministro Javier Laynez como instructor del procedimiento, quien admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México.

Contestaciones de demanda

3. Los poderes demandados presentaron sus respectivas contestaciones a la controversia e hicieron valer lo que estimaron conveniente.

Cierre de la instrucción

4. La audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos se celebró una vez agotados los trámites de ley. En ella se hizo la relación de las constancias de autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y se abrió el período de alegatos. Posteriormente, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

5. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto porque es un conflicto entre una alcaldía y dos poderes de la Ciudad de México en el que se plantean invasiones a la esfera de atribuciones directamente regulada en la Constitución General. El fundamento jurídico de la competencia son los artículos 105, fracción I, inciso j) de la Constitución General, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos Segundo, fracción I y Sexto del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.

6. Es importante especificar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable es la publicada el siete de junio de dos mil veintiuno en términos del artículo tercero transitorio(1) del Decreto publicado el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

7. El artículo 41 fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(2) establece que todas las sentencias deben fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. En este caso, la alcaldía impugnó el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, sin embargo, en su demanda únicamente expresó conceptos de invalidez contra los artículos 2, fracción IV, inciso b) en relación con la fracción XXIII; 4 fracción XIII bis y 15 párrafo primero y todas sus fracciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.

8. El Decreto impugnado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de enero de dos mil veintitrés y su emisión se reconoció por los poderes demandados en sus contestaciones de demanda.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

9. El artículo 41 fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General establece que las sentencias deben de tener por demostradas las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. La alcaldía impugnó el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México publicado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Como el decreto impugnado se encuentra publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entonces se tiene por demostrada su existencia.

IV. OPORTUNIDAD

10. El plazo para interponer una controversia en contra de normas generales es de treinta días hábiles. Se cuentan a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación. La manera en que debe computarse el plazo tiene su fundamento en los artículos 3 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. En este caso, el decreto impugnado se publicó el diecinueve de enero de dos mil veintitrés y el plazo para presentar la demanda transcurrió del veinte de enero al tres de marzo. Como la demanda se presentó el tres de marzo de dos mil veintitrés es oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

12. La Alcaldía actora tiene legitimación activa para interponer la presente controversia en términos del artículo 105, fracción I, inciso j), de la Constitución General.(3) El Pleno de la Suprema Corte, en las controversias constitucionales 282/2019,(4) 242/2022(5) y 243/2022,(6) determinó por unanimidad que existen tres razones para concluir que las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con legitimación activa para promover controversias constitucionales contra los poderes de la Ciudad de México. En primer lugar, porque se trata de un órgano originario con un ámbito competencial propio que le otorga el artículo 122 de la Constitución Federal. En segundo lugar, porque el artículo 105, fracción I, inciso j) de la Constitución Federal habilita a las alcaldías para presentar controversias constitucionales. En tercer lugar, porque del proceso legislativo que terminó en la reforma constitucional del artículo 122 de la Constitución General se advierte la clara intención del constituyente de que las alcaldías pudieran presentar controversias constitucionales para defender su ámbito competencial.

13. Finalmente, el Pleno de la Suprema Corte reconoció que la competencia constitucional de las alcaldías está delineada en el artículo 122, apartado A, base VI, incisos a) al f) de la Constitución General y el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional que establece las facultades mínimas con las que contarán las alcaldías.(7) Sin profundizar en su alcance, que las alcaldías estén estructuradas desde la Constitución General significa que son órganos originarios del Estado Mexicano.

14. El artículo 105, fracción I, inciso j), de la Constitución General expresamente otorga a las Alcaldías de la Ciudad legitimación activa en controversias constitucionales.(8) Este supuesto podría ser interpretado en un sentido restrictivo entendiendo que dicha legitimación es solo para el caso de que se demande la constitucionalidad de normas generales de otras entidades federativas. Sin embargo, esta Suprema Corte previamente ha considerado que la legitimación pasiva en controversias constitucionales es más abierta.(9) Los poderes, entidades y órganos con legitimación activa pueden promover este medio de control constitucional para impugnar actos de otras instancias no necesariamente mencionadas en el mismo artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal. Por tanto, se confirma que las Alcaldías pueden promover controversias no sólo frente a actos de otras entidades federativas distintas a la Ciudad de México, sino también frente a los órganos capitalinos cuando aleguen vulneraciones a su competencia constitucional originaria.(10)

15. La Alcaldía Benito Juárez acudió al juicio a través de Santiago Taboada Cortina quien demostró ser el alcalde con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la alcaldía, expedida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México el diez de junio de dos mil veintiuno. Las atribuciones del funcionario público para representar a la alcaldía están previstas en el artículo 31, fracción XVI, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,(11) por lo que la parte actora cuenta con legitimación activa para comparecer al presente juicio.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

16. En las controversias constitucionales se considera parte demandada a la entidad, poder u órgano que emita el acto impugnado, quienes deben comparecer a juicio a través de sus representantes legales.(12) En este caso, el Ministro instructor reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México en el acuerdo de admisión(13) y, por tanto, ambos poderes cuentan con legitimación pasiva en la presente controversia.

17. El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza compareció como representante del Poder Legislativo en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Acreditó su nombramiento con el acuerdo AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/021/2023 de la Junta de Coordinación Política del congreso de la Ciudad de México, por el que se sometió a aprobación del Pleno, los nombres de las y los diputados integrantes de la comisión permanente. Sus facultades de representación están previstas en los artículos 26, 29, fracción XVIII y 32, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.(14)

18. En nombre de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México compareció el Director General de Servicios Legales, Adrián Chávez Dozal. Acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento(15) y sus facultades de representación están previstas en el artículo 230 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.(16)

VII. INTERÉS LEGÍTIMO

19. Criterio jurídico. La alcaldía actora cuenta con interés legítimo para que esta Suprema Corte estudie sus planteamientos de constitucionalidad porque acreditó que la emisión del decreto impugnado provocó, cuando menos, un principio de afectación a su ámbito de atribuciones regulado desde la Constitución General.

20. La alcaldía cuenta con interés legítimo porque es un órgano originario del Estado Mexicano y acude al medio de control alegando que el decreto impugnado viola su ámbito de atribuciones directamente regulados por la Constitución General. Las alcaldías fueron configuradas desde el artículo 122 de la Constitución General con motivo de la reforma que convirtió a la Ciudad de México en una Entidad Federativa.(17) El artículo 122, apartado A, establece que el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales en los términos establecidos en su constitución, la cual debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución General y las bases ahí previstas.(18) La base VI indica que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México está a cargo de las alcaldías y desarrolla sus competencias del inciso a) al f).(19) El inciso c) establece que la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a las alcaldías y que la constitución de la Ciudad de México establecerá su competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones.(20) En conclusión, él ámbito de atribuciones de las alcaldías está delineado por el 122, apartado A, base VI, del inciso a) al f) de la Constitución General.

21. El artículo décimo séptimo transitorio, del decreto de reforma al artículo 122 de la Constitución General, ordenó al Congreso de la Ciudad de México una distribución de competencias que debía respetar lo establecido en el citado artículo 122. El Constituyente originario indicó que dentro de las funciones que correspondan a las alcaldías, la constitución y leyes de la Ciudad de México deben contemplar, como mínimo, aquéllas que preveía la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor del decreto de reforma. Consecuentemente, el artículo décimo séptimo transitorio se incorpora a la esfera de atribuciones que las alcaldías tienen directamente regulada desde la Constitución General.

22. Por un lado, el artículo décimo séptimo transitorio ordenó una configuración específica del ámbito de atribuciones que las alcaldías deben tener. Por otro, estableció un límite al Congreso de la Ciudad de México que condiciona cuáles son las funciones que, al menos, las alcaldías deben tener en la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. Con todo, no debe perderse de vista que cualquiera que sea la distribución de competencias debe apegarse a las bases establecidas en el artículo 122 de la Constitución General. En conclusión, que las alcaldías, en su demanda, refieran a artículos de la constitución de la Ciudad de México y otras leyes locales no debe entenderse como un planteamiento de legalidad, sino que buscan evidenciar que el acto impugnado no respeta el ámbito de atribuciones regulado directamente por el artículo 122 y el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma en materia política de la Ciudad de México.

23. El Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.)(21) determinó que para resolver las violaciones susceptibles de analizarse en el fondo es necesario acreditar que la emisión de la norma genera, cuando menos, un principio de agravio en perjuicio de la parte actora. El perjuicio puede derivar no solo de una invasión competencial sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada desde la Constitución General. La amplia concepción del principio de afectación debe entenderse en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado, lo que ha llevado a identificar hipótesis de improcedencia. La primera ocurre cuando se hacen valer violaciones a cláusulas sustantivas. La segunda ocurre cuando se hacen valer violaciones de estricta legalidad. Ambos supuestos de improcedencia son de estricta aplicación y en caso de que se mezclen argumentos de violaciones a las órbitas competenciales el juicio debe ser procedente y se debe estudiar la cuestión planteada, aunque ello implique el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución o de legalidad.(22)

24. La alcaldía impugna un decreto que reforma disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México argumentando que atribuye a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Desarrollo Económico competencias que originalmente correspondían a las alcaldías. Enfatiza que el análisis de constitucionalidad debe realizarse considerando el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma en materia política de la Ciudad de México que ordena la distribución de competencia con base en lo establecido por el artículo 122 de la Constitución General. A juicio de este Tribunal Pleno, el decreto impugnado incorpora nuevas facultades a varias autoridades de la Ciudad de México, lo que demuestra que el acto impugnado actualiza, cuando menos, un principio de afectación al ámbito de atribuciones de las alcaldías y, por tanto, que la actora cuenta con interés legítimo para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analice los argumentos presentados.

25. No pasa inadvertido que los poderes demandados respondieron la demanda argumentando que la controversia constitucional es improcedente porque la actora no hizo valer violaciones directas a la Constitución General. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, párrafo tercero, inciso c) y apartado D en relación con el artículo 134, párrafo octavo no prevén facultades relacionadas con establecimientos mercantiles. Consecuentemente, sostuvieron que el acto impugnado no genera una violación directa a la Constitución Federal y lo procedente es sobreseer la controversia con fundamento en el artículo 19, fracción VIII de la ley reglamentaria. No obstante, como quedó demostrado, la alcaldía acreditó que la emisión del acto actualizó, cuando menos, un principio de afectación al ámbito de sus atribuciones reguladas directamente en la Constitución General.

26. Además, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de abril del dos mil veinticuatro, resolvió las controversias constitucionales 242/2022(23) y 243/2022(24) en las que diversas alcaldías de la Ciudad de México impugnaron artículos de la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México. Las alcaldías hicieron valer violaciones a las atribuciones que les confiere el artículo 122, apartado A, base VI, de la Constitución Federal y el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México. En ambos casos el Pleno de la Suprema Corte determinó por mayoría obligatoria que las alcaldías contaban con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional, pues hicieron valer violaciones directas a su ámbito de atribuciones regulado en la Constitución General.

27. Conforme al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(25) las consideraciones de los precedentes sentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias. En esta controversia, se hicieron valer violaciones a los mismos artículos constitucionales que en los precedentes mencionados. Considerando el precedente del Tribunal Pleno, lo procedente es reconocer que la alcaldía actora hace valer violaciones a su esfera de atribuciones establecidas en la Constitución General y, por tanto, analizar la constitucionalidad del decreto de reforma impugnado.

28. Por último, es importante aclarar que contar con interés legítimo no implica la invalidez de los artículos impugnados. La constitucionalidad de los artículos impugnados será una cuestión que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte resuelva una vez estudiado el fondo del asunto.

VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

VIII.1. No se agotó la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto

29. Criterio jurídico. No se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria porque era innecesario que la alcaldía agotara las instancias judiciales locales. Aunque existen otros medios de defensa en la legislación local, si la actora invoca violaciones directas a la Constitución General corresponde exclusivamente a esta Suprema Corte resolverlas.

30. Las demandadas alegaron que el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria señala que las controversias son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto. La alcaldía actora no agotó la controversia local previo a promover la controversia constitucional en la Suprema Corte. Consecuentemente, lo procedente es declarar actualizada la causa de improcedencia y sobreseer el juicio.

31. La causa de improcedencia es infundada porque es innecesario agotar las instancias jurisdiccionales locales. Aunque existen otros medios de defensa previstos en la legislación capitalina,(26) si la actora invoca violaciones directas a la Constitución General de México, corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverlas en exclusiva.(27)

IX. ESTUDIO DE FONDO

IX.1. Consideraciones previas

32. El Pleno de esta Suprema Corte, en la controversia constitucional 282/2019, analizó el régimen constitucional de las alcaldías de la Ciudad de México y su evolución a través del tiempo. La Constitución de mil novecientos diecisiete y la abrogada Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales reconocían la existencia del cabildo de la Ciudad de México y de los municipios que formaban parte del entonces Distrito Federal. En agosto de mil novecientos veintiocho se publicó la reforma al artículo 73, fracción VI, de la Constitución General que suprimió el régimen municipal para el Distrito Federal y las delegaciones sustituyeron a los municipios. El gobierno estaba a cargo del Presidente de la República quien tenía la facultad de nombrar y remover al titular del Departamento del Distrito Federal. En mil novecientos noventa y seis se estableció que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los Jefes Delegacionales serían electos por democracia directa. Esta reforma concluyó un proceso de descentralización administrativa que se venía dando desde mil novecientos setenta. Finalmente, la reforma de dos mil dieciséis en materia política de la Ciudad de México transformó a las delegaciones en alcaldías y les confirió su régimen actual. 33. El artículo 122, apartado A, base VI, de la Constitución General faculta a la constitución y leyes de la Ciudad de México la regulación de las alcaldías. Estos ordenamientos jurídicos locales fijan la competencia, integración y organización administrativa de las demarcaciones territoriales dentro de cada jurisdicción.(28) En algunas de las iniciativas de Senadores de la República se propuso que el artículo 122 de la Constitución General tuviera un catálogo de atribuciones para las alcaldías capitalinas similar al régimen municipal del artículo 115 de la Constitución General. Las propuestas no prosperaron, sin embargo, la discusión parlamentaria en el Senado de la República logró que el artículo décimo séptimo transitorio del decreto de reforma estableciera como facultades mínimas en favor de las alcaldías las que ya tenían las delegaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, vigente en ese momento. En este sentido, el artículo 122, apartado A, base VI, en conjunto con el artículo décimo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México son el parámetro de regularidad constitucional que será utilizado para revisar la validez de los artículos impugnados. Sin embargo, antes de realizar el estudio de fondo se delinearán los principios y facultades que lo componen.

34. El artículo 122, apartado A, base VI, de la Constitución General ordena que la regulación que la constitución y leyes de la Ciudad de México realicen debe respetar ciertos principios al reglamentar la integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías. Este Tribunal Pleno los identifica a continuación:

• Las Alcaldías son órganos político-administrativos integrados por una alcaldesa o alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas. Los concejales serán electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

• Se establece la elección consecutiva por un periodo adicional para el mismo cargo de alcaldesa o alcalde y concejales.

• Cada alcaldesa o alcalde es titular y está a cargo de la administración pública de su respectiva demarcación territorial.

• El proyecto de presupuesto de egresos de cada demarcación debe ser aprobado por el Concejo respectivo y se enviará a la Legislatura local para su aprobación. En dicho proyecto, se deberá garantizar el gasto de operación, así como ajustarlo a las normas aplicables. Las remuneraciones de los funcionarios públicos están también reguladas por el artículo 127 de la Constitución General.

• Cada concejo está facultado para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público de su alcaldía.

• La asignación del presupuesto de las Alcaldías se compondrá, cuando menos, de los montos que legalmente les correspondan por concepto de participaciones federales, los impuestos locales que recaude la hacienda capitalina y los ingresos derivados de la prestación de servicios a cargo de cada demarcación territorial.

• Ninguna Alcaldía podrá contraer obligaciones ni empréstitos, ni de manera directa ni indirecta.

35. Por otro lado, el artículo décimo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México ordenó al Congreso local que la constitución y las leyes locales debían contener en favor de los alcaldes, al menos, las facultades que los jefes de las delegaciones tenían en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor de la reforma. De este modo, las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México para establecer las facultades y organización de las alcaldías no son absolutas ya que no pueden llegar al grado de nulificar, de hecho o de derecho, la existencia ni el funcionamiento autónomo de las alcaldías. Dichas atribuciones están limitadas por principios constitucionales como el que establece que cada alcalde está a cargo de la administración pública de su demarcación territorial, el cual se entiende que comprende, al menos, las facultades que los jefes de las delegaciones tenían en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. De este modo, si el Congreso de la Ciudad de México reforma alguna disposición legal reduciendo o eliminando alguna facultad que preveía la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal se entiende que estaría afectando el principio constitucional que ordena que la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los alcaldes.

36. El estatus independiente de las alcaldías tiene fundamento en la estructura de gobierno de la Ciudad de México que el artículo 122 de la Constitución General ordena. Además, tanto los alcaldes como los concejales son electos democráticamente de acuerdo con las reglas del mismo artículo constitucional,(29) lo que refuerza su independencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque la elección universal, libre, secreta y directa de los alcaldes ya estaba prevista desde antes de la reforma en materia política de la Ciudad de México, lo cierto es que ésta añadió la elección para los concejos buscando consolidar el gobierno democrático y representativo de las alcaldías.(30) En el dictamen de la Cámara de Diputados, como en su discusión, se resaltó que incorporar la pluralidad de ideologías traería una mayor autonomía para las alcaldías. El régimen propuesto dotaría de mayores herramientas y potestad a las autoridades de cada alcaldía para atender las necesidades ciudadanas cotidianas. En conclusión, la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México buscó otorgar a las alcaldías de atribuciones y autonomía suficientes para atender los problemas cotidianos de la población que gobiernan.

IX.2. Cuestiones necesarias para resolver la controversia constitucional

37. La alcaldía hizo valer en sus conceptos de invalidez los argumentos siguientes:

a) Los artículos 4, fracción XIII bis, 15, fracción III Bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México son contrarios al artículo 122, apartado A, base VI, inciso c) de la Constitución General en relación con el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México porque la libertad del legislativo no puede nulificar de hecho o de derecho la existencia de las alcaldías, menos dejar de reconocer las facultades constitucionales que tienen conforme a la Constitución General.

Los artículos 14 y 15, fracción III bis de la ley impugnada regulan que cuando los titulares de establecimientos mercantiles, cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos y/o bebidas, decidan colocar enseres sobre el arroyo vehicular de vías secundarias bastará con que hagan un simple aviso, en el sistema, bajo protesta de decir verdad que cumplen con los requisitos. Esta regulación nulifica la facultad de las alcaldías de otorgar permisos para el uso de la vía pública, atribuida a las entonces delegaciones en el artículo 39, fracciones VI, VIII y LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y los artículos 9 fracción CV, 10 fracción VIII y 15 fracción III de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Consecuentemente, al demostrarse el exceso del poder legislativo en sus atribuciones se prueba la violación al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución General.

b) Los artículos 2 fracción XXIII, 4 fracción XIII bis y 15 fracción III Bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México son contrarios al principios de autonomía e independencia administrativa y de gestión consagrados en el artículo 122 apartado A, base VI, inciso c) en relación con el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México porque pretende dotar de facultades a la Jefatura de Gobierno para implementar cualquier medida que considere necesaria para atender emergencias, casos fortuitos o de fuerza mayor respecto a la apertura y funcionamientos de establecimientos mercantiles y en su caso ampliar la vigencia de los avisos o permisos.

c) Finalmente, la alcaldía insiste en que el Congreso de la Ciudad de México transgredió lo establecido en el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México porque al reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles no respectó las facultades exclusivas que tienen las alcaldías. El artículo 2, fracción IV y XXIII de la ley impugnada muestra que ahora los establecimientos con giro de impacto vecinal podrán realizar su apertura y revalidación con un aviso a través del sistema y solo los de impacto zonal tendrán la obligación de hacer la solicitud de permiso. Además, el concepto de aviso es violatorio de sus atribuciones constitucionales ya que establece la manera de iniciar el funcionamiento de establecimientos mercantiles.

38. El P

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33858-386a760c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.