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Modo: Corpus Pro

I. DERECHOS POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. LAS DISPOSICIONES LOCALES QUE LAS ESTABLECEN SE VINCULAN CON EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR LO QUE INVADEN EL ÁMBITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL [INVALIDEZ DEL APARTADO TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, FRACCIÓN III.1., NUMERAL 2.3, INCISO K), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AQUILES SERDÁN, ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA [INVALIDEZ DEL APARTADO TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, FRACCIÓN III.1., NUMERAL 2.3, INCISO K), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AQUILES SERDÁN, ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2025. · Registro digital (IUS): 33862
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-02-20
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.5.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 7 DE OCTUBRE DE 2025. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF Y ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. LAS PERSONAS MINISTRAS LENIA BATRES GUADARRAMA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ VOTARON EN CONTRA. LA SEÑORA MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada. El apartado TARIFA para el cobro de derechos, fracción III.1., numeral 2.3, inciso k), de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial de dicho Estado.

Ver índice temático

Ciudad de México. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Demanda inicial y norma reclamada. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua. En el apartado correspondiente a la norma cuya invalidez se demanda, señaló:

IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, y el medio oficial en el cual se publicó

El 28 de diciembre de 2024, se publicó en el periódico oficial del estado de Chihuahua, la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal de 2025 del Municipio de Aquiles Serdán, cuyo contenido que se impugna es el siguiente:

Ver contenido que se impugna

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La autoridad accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 25, 27, 28, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Antecedentes. La parte actora señaló como hecho relevante que el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el decreto impugnado, mismo que establece el cobro de una tarifa por la expedición de licencias de construcción respecto a la infraestructura utilizada en actividades que comprenden la industria de energía eléctrica; por lo cual, invade la competencia exclusiva de la federación en dicha materia.

4. Concepto de invalidez. En su escrito inicial de demanda, el poder accionante formuló el siguiente concepto de invalidez:

Único. Refiere que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la federación en materia de energía eléctrica contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), todos de la Constitución Federal.

Señala la accionante que del contenido de esos preceptos se desprende que corresponde a la Federación la planeación y vigilancia del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica, cuyos objetivos son preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación.

Argumenta que la competencia federal en materia de energía eléctrica se encuentra configurada con base en dos principios, el primero consiste en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre energía eléctrica y para establecer contribuciones especiales en dicha materia.

El segundo principio consiste en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas sobre la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Nacional conforme a diversos preceptos de la Ley de la Industria Eléctrica.

Refiere que conforme al artículo 7 de esa ley, las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal, asimismo, señalan que la industria de energía eléctrica comprende la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista.

Señala que la regulación de la industria eléctrica y del sistema eléctrico nacional tiene como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua. Por ello, se encuentran reguladas en el ámbito federal las denominadas energías limpias como la eólica, solar, etc.

Por lo anterior, argumenta la accionante que la federación tiene la exclusiva competencia para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de transmisión y distribución y las demás actividades de la industria eléctrica.

Señala que el artículo 115 de la Constitución Federal otorga la facultad a los municipios de autorizar, controlar y vigilar la utilización del uso de suelo y las licencias o permisos para las construcciones; sin embargo, dicha facultad está limitada por las regulaciones jurídicas federales, por tratarse de materias reservadas, como sucede con la Ley de la Industria Eléctrica que instituye los términos y condiciones jurídicas que deben satisfacerse para la construcción de infraestructura o establecimientos para producir energía eléctrica y su debida aplicación.

Refiere que, conforme a la normatividad en la materia mencionada, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se considera de interés social, por lo que tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos.

Ahora, refiere que, si bien las normas impugnadas no regulan el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de la industria eléctrica, sí prevén un pago por la expedición de una licencia de funcionamiento y de edificación anuales por la construcción de subestaciones eléctricas.

Señala que, bajo la legislación impugnada, el municipio obtendrá ingresos relacionados con la materia de energía eléctrica, aunado al hecho de que no se puede hacer una doble tributación en dicha actividad, pues es una facultad otorgada al Congreso de la Unión.

En este sentido, la Federación es la única autoridad competente para regular e imponer contribuciones en materia de uso de suelo y permisos de construcción en materia de energía eléctrica.

5. Registro de expediente y designación de la ministra instructora. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 51/2025 y designó como instructora a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

6. Admisión. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, la ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Asimismo, se tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Aquiles Serdán del Estado de Chihuahua. Además, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.

7. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por escrito presentado el once de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto de su delegado, realizó las siguientes manifestaciones:

Único. Refiere que los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan al Estado Mexicano la rectoría en materia de energía eléctrica, indicando expresamente que corresponde a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Además, señalan que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Señala que conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), del artículo 73 de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en toda la República sobre energía eléctrica y nuclear y para establecer contribuciones especiales sobre dicha materia.

Argumenta que, en ejercicio de esa facultad, el Congreso de la Unión expidió la Ley de la Industria Eléctrica, la cual tiene por objeto regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.

Precisó que el artículo 2 de este último ordenamiento determina que la industria eléctrica comprende las actividades de generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista, mismo que constituye un área estratégica.

Adujo que, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley de la Industria Eléctrica, las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal, por lo que corresponde al Estado establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.

De lo señalado, refiere que se puede advertir que corresponde al Estado, en forma exclusiva, la generación, transformación y distribución de energía eléctrica; por lo cual, la Federación es la única facultada para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a la planeación de control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio de transmisión y distribución de las actividades de la industria eléctrica y el desarrollo sustentable de ésta, quedando las entidades federativas excluidas del ejercicio de cualquier actividad sobre la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Federal que establece que lo que no está expresamente concedido a la Federación es facultad de las entidades federativas.

Asimismo, refiere que, de conformidad con los artículos 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f, 35 Bis 2 y Bis 3, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la regulación de uso de suelo para llevar a cabo las actividades derivadas de la industria eléctrica corresponde única y exclusivamente al Poder Ejecutivo Federal.

Refiere que, conforme a lo dicho, se confirma que en materia de energía eléctrica la facultad legislativa corresponde al Congreso de la Unión y la contributiva y ejecutiva la ostenta exclusivamente la Federación en todas sus vertientes, lo anterior, a pesar de que los municipios tengan la facultad constitucional de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, pues esta se ve acotada por las condiciones establecidas en las leyes federales que regulan la industria eléctrica.

Por lo anterior, la norma impugnada es inconstitucional por invadir la competencia de la Federación en materia de energía eléctrica. Lo anterior, no obstante que no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esta industria, pues sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción y funcionamiento anuales por la construcción de subestaciones eléctricas.

8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, expresó lo siguiente:

Refiere que conforme al orden constitucional establecido en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., y 124 de la Constitución Federal, la norma impugnada invade la facultad exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica.

9. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Por oficio ingresado el siete de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, ostentándose como Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, en representación del Ejecutivo local, contestó la demanda de controversia constitucional, en los siguientes términos:

Refutación de los hechos narrados

Refiere que la expedición de la norma impugnada deriva al proceso legislativo llevado a cabo por la Sexagésima Octava Legislatura Constitucional de dicha entidad federativa y la actora no formuló conceptos de invalidez contra la promulgación o publicación de la norma impugnada, actos que sí son propios del Poder Ejecutivo, ni les atribuye vicio alguno. En todo caso, aun cuando el Poder Ejecutivo hubiera ejercido su veto sobre la Ley materia, se encuentra obligado a realizar la publicación respectiva cumpliendo las formalidades exigidas por la ley para ello.

Refutación del único concepto de invalidez

Señala que la presente controversia constitucional es infundada, porque la disposición impugnada no regula aspectos técnicos, normativos o de operación del Sistema Eléctrico Nacional, ni emite lineamientos en materia de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica. Lo que establece es un cobro por concepto de aprovechamiento del uso del suelo o de derechos municipales relacionados con el uso de bienes del dominio público municipal, que no interfiere con la operación técnica ni normativa del sistema eléctrico nacional.

Argumenta que este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que los municipios tienen la facultad constitucional de establecer contribuciones por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público municipal, así como por los servicios públicos que les corresponde prestar.

Asimismo, que el artículo 73, fracción XXIX, inciso a), de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Sin embargo, el cobro previsto por el municipio no es una contribución especial sobre energía eléctrica, sino un derecho por superficie de construcción o uso del suelo en el contexto de infraestructura que puede o no estar vinculada a la energía eléctrica. Por tanto, no se trata de una contribución con fin fiscal federal, sino de una prestación accesoria municipal de naturaleza administrativa.

Refiere que los derechos a que alude la Ley de Ingresos impugnada no versan sobre el servicio público de energía eléctrica ni pretenden gravar la generación, transmisión, distribución o comercialización de dicho servicio, sino que únicamente establece un derecho por el uso de bienes de dominio público municipal, como podría ser, el uso del subsuelo, calles o espacios públicos para la colocación de infraestructura, lo cual es una facultad legítima del municipio. Tal situación no representa una invasión de competencias, sino una medida de recaudación local acorde con el principio de autonomía municipal.

Señala que, si bien la Federación tiene competencia exclusiva en materia de energía eléctrica, eso no implica que se excluyan totalmente la competencia municipal en materias que se intersectan tangencialmente, como el uso del suelo, desarrollo urbano o autorizaciones administrativas locales, lo que así ha sido sostenido este Alto Tribunal en casos similares.

Aduce que el argumento del Ejecutivo Federal parte de una interpretación extensiva respecto de las competencias federales, y restrictiva respecto de las atribuciones estatales y municipales, que establecería un precedente altamente regresivo en términos del principio de autonomía municipal, pues permitiría que cualquier actividad del Gobierno Federal sirviera como excusa para despojar a los municipios de sus facultades tributarias, a pesar de que la Constitución les reconoce expresamente dicha potestad. Este razonamiento resultaría no solo inconstitucional, sino también contrario a los principios de subsidiariedad y federalismo cooperativo que rigen nuestro sistema constitucional.

Finalmente, sostiene que cualquier regulación municipal que incida, siquiera indirectamente, en actividades de entes federales implica una invasión de competencias, resulta en una interpretación expansiva de las facultades federales, en detrimento de la autonomía constitucionalmente reconocida a los municipios y entidades federativas.

10. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante oficio ingresado en Correos de México el diez de abril de dos mil veinticinco y recibido el veintitrés de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oscar Iván Díaz Saucedo, ostentándose como Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Legislativo Local, contestó la demanda de controversia constitucional, en los siguientes términos:

Refiere que el tema a tratar en la controversia constitucional no es la materia eléctrica, sino la facultad exclusiva y facultativa de los municipios sobre el uso del suelo y subsuelo, conforme al artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal. Lo anterior se desprende del contenido mismo de la norma impugnada.

Señala que, conforme a lo que dispone el artículo 115, apartado V, de la Constitución Federal, los Municipios tienen la facultad para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo dentro de sus jurisdicciones territoriales, así como para otorgar licencias y permisos para construcciones, incluyendo la excavación en el suelo y subsuelo, lo que incluye la construcción de mejoras de vivienda, locales comerciales, subestaciones eléctricas, etc., siempre y cuando no involucre la regulación, otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como la fiscalización de obras tendentes a explotación, uso o aprovechamiento de la energía eléctrica.

Además, que de la lectura de los artículos 27 y 115 de la Constitución Federal, se advierte que no se reservó expresamente a la Federación las cuestiones relativas a las construcciones y, en general, los planes de desarrollo municipales y las características técnicas de excavación y relleno en el suelo y subsuelo.

Aduce que los dispositivos reclamados no facultan a los municipios del Estado de Chihuahua a invadir la esfera competencial de la Federación en materia de energía eléctrica, pues sólo los faculta para emitir permisos y licencias de construcción para obras, entre otras, de construcción, adecuación y mejoras, pero nunca regulan lo concerniente a la energía eléctrica. Esto es, refiere que la norma impugnada sólo faculta al municipio respectivo a vigilar, autorizar y controlar la utilización del suelo.

En este sentido, si la norma que se controvierte, no faculta al municipio a explotar, usar o aprovechar la energía eléctrica, se puede concluir dicho dispositivo es constitucional porque no invade las facultades expresamente reservadas a la Federación.

Finalmente, refiere que de las consideraciones de este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 2803/2010, se puede sostener que son infundados los argumentos de los actores tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de las tarifas para expedir las licencias de construcción. 11. Pedimento del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no rindió opinión, a pesar de estar debidamente notificado.

12. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y cierre de instrucción. El uno de julio de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes. El cuatro de septiembre del año en curso, se dictó proveído en el que se determinó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución General(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(3)

II. PRECISIÓN DE LA NORMA CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA

14. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) este Alto Tribunal debe fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.

15. Del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente se desprende que se impugna el Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco, específicamente, el apartado TARIFA para el cobro de derechos, fracción III.1., numeral 2.3, inciso k), que es del contenido siguiente:

Ver apartado tarifa

16. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. OPORTUNIDAD

17. En términos de los previsto en los artículos 3, fracción II y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) tratándose de controversias constitucionales, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial o se produzca su primer acto de aplicación.

18. En el caso concreto, el Decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se publicó el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado.

19. De esta manera, el plazo de treinta días para impugnar la referida ley transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6)

20. Por tanto, si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. Conforme al artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.(7)

22. Ahora, la presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, por la invasión a la esfera de competencias federales derivado de la emisión del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025.

23. En esa tesitura, debe señalarse en primer lugar que este Alto Tribunal ha reconocido que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación. Lo anterior consta en el siguiente criterio 2a. XLVII/2003.(8)

24. Ahora bien, el escrito inicial de demanda fue suscrito por la titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado el uno de octubre de dos mil veinticuatro, por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

25. En esa tesitura, cabe señalar que el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia, establece lo siguiente:

“Artículo 11. (...)

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

(...)”.

26. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone lo siguiente:

“Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

(...)

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;

(...)”.

27. Finalmente, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, señala lo siguiente:

“ÚNICO. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.

(...)”.

28. De estas disposiciones se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este Alto Tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que el presente mecanismo de regularidad constitucional fue promovido por parte legitimada.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. A continuación, se analizará la legitimación de las partes demandadas, atendiendo a que es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda; asimismo, se analizará la legitimación de las autoridades terceras interesadas.

30. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Chihuahua, tienen legitimación pasiva, pues conforme a los artículos 10, fracción II,(9) y 11, párrafo primero, de la citada Ley Reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

31. Por cuanto hace al Poder Legislativo de la entidad, compareció a contestar la demanda Oscar Iván Díaz Saucedo, en su carácter de Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, personalidad que acredita con el Decreto LXVIII/NOMBR/0010/2024 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro, en uso de las facultades previstas en el artículo 130, fracciones XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

32. Al respecto, el artículo 130, fracciones XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 130. A la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos corresponde el despacho de lo siguiente:

(...)

XX. Atender los asuntos legales del Congreso en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos.

XXI. Representar al Congreso, conjunta o separadamente con quien presida la Mesa Directiva, en los juicios en que sea parte.

(...)”.

33. En consecuencia, debe concluirse que el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua comparece a la presente controversia constitucional, por conducto del funcionario facultado legalmente para ostentar su representación.

34. En relación con la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, contestó la demanda la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de esa entidad, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, quien acreditó dicho carácter con copia certificada de su nombramiento expedido el seis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Gobernadora del Estado.

35. Adicionalmente, del artículo 30, fracción V del Reglament

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33862-700827d7/i-derechos-por-licencias-para-la-construccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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