I. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. EL CONGRESO LOCAL AL ESTABLECER EL COBRO POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL PARA LA CANALIZACIÓN DE GAS, GASOLINA, ACEITES, DIÉSEL, GASODUCTOS, OLEODUCTOS, PARA PARTICULARES, ORGANISMOS, EMPRESAS PROCESADORAS DE SERVICIOS POR METRO LÍNEA, INVADE LA COMPETENCIA FEDERAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL APARTADO TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, FRACCIÓN II, NUMERAL 2, PORCIÓN NORMATIVA 2.12.1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE EL COBRO POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE FOTOCELDAS POR METRO CUADRADO, SE VINCULA CON LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR LO QUE INVADE LA COMPETENCIA FEDERAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL APARTADO TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, FRACCIÓN II, NUMERAL 2, PORCIÓN NORMATIVA 2.12.2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN II, NUMERAL 2, SUBNUMERALES 2.12.1 Y 2.12.2, DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.
ÍNDICE TEMÁTICO
Norma impugnada: El apartado TARIFA para el cobro de Derechos, fracción II, numeral 2, porciones normativas 2.12.1 y 2.12.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.
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Ciudad de México. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 55/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, demandando la invalidez del apartado TARIFA para el cobro de Derechos, fracción II, numeral 2, porciones normativas 2.12.1 y 2.12.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.
ANTECEDENTES
1. Demanda inicial y norma reclamada. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticinco, en el Buzón Judicial y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernestina Godoy Ramos, ostentándose como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua. En el apartado correspondiente a la norma cuya invalidez se demanda, señaló el apartado TARIFA para el cobro de Derechos, fracción II, numeral 2, porciones normativas 2.12.1 y 2.12.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2025, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso a; y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez del precepto controvertido el promovente expresó los siguientes argumentos:
Primero. Se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2º, de la Constitución Federal.
a) La porción normativa 2.12.1, del apartado TARIFA del decreto impugnado, es inconstitucional dado que invade las facultades en materia de hidrocarburos reservadas exclusivamente a la Federación, contenidas en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) La competencia federal en materia de hidrocarburos se vierte en dos aristas. La primera, en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 2o. del artículo 73, de la Constitución Federal y la segunda, se delinea en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia que ostenta el Poder Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, conforme al artículo 131 de la Ley de Hidrocarburos.
c) Pertenece a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, por lo que en ese tenor la Ley de Hidrocarburos, particularmente en el artículo 4, establece que corresponde exclusivamente a la Federación regular su exploración, extracción, almacenamiento y distribución. Las entidades federativas se encuentran excluidas de estas facultades, por lo que deben atender únicamente, a aquellas que les confiere el texto constitucional para su esfera local, en la vertiente legislativa y ejecutiva, acorde a la interpretación contrario sensu del artículo 124 constitucional.
d) De acuerdo al artículo 115, fracción V, incisos d y f, de la Constitución Federal, es facultad de los municipios de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, y otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, sin embargo, ello se ve acotado por las condiciones establecidas en las leyes federales que regulan la industria de hidrocarburos.
e) Los Municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, toda vez que, como disponen los artículos 49, fracción II, 50, fracción I, 51, fracción I y 52, de la Ley de Hidrocarburos, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la emisión de los permisos en actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en territorio nacional, así como de la revisión previa de cumplimento de las especificaciones técnicas y de diseño sobre las instalaciones.
f) La facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso del suelo y de permiso de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones, impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos. Si bien, la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de los gasoductos por metro cuadro, instalaciones que integran la industria de hidrocarburos.
g) Por esa razón, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría Energía, dado que la licencia de revisión y autorización servirá para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas exigidas por el municipio, a fin de que ese establecimiento continúe con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación, pues constituye en una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos, cuya competencia es federal.
h) El Pleno de este Alto Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 65/2024, resolvió que si la norma en análisis tiene corno consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación de hidrocarburos exclusivas de la Federación, es claro que el legislador invadió las facultades de ésta, por lo que resulta inconstitucional.
Segundo. Se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto; y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.
a) La porción normativa 2.12.2, del apartado TARIFA del decreto impugnado, establece regulación en materia de energía eléctrica, cuya competencia está reservada exclusivamente a la Federación, contenida en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto, 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) El Poder Ejecutivo Federal tiene a su cargo la facultad de ejecución y vigilancia de las normas de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, acorde con los artículos 6, 13, 15 y 16, de la Ley de la Industria Eléctrica. Asimismo, el numeral 7 de esta Ley indica que las acciones que comprenden la producción de energía eléctrica son de jurisdicción federal.
c) El sistema eléctrico nacional comprende las Redes Generales de Distribución; las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; los equipos e instalaciones, utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, las energías limpias y los demás elementos que determine el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía.
d) La Federación tiene la exclusiva competencia para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional; el servicio público de transmisión y distribución, y de las demás actividades de la industria eléctrica, y el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, por lo que las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia energética y, consecuentemente, deben atender únicamente a las atribuciones que les confiere el texto constitucional para su esfera local, en la vertiente legislativa y ejecutiva, acorde a la interpretación contrario sensu del artículo 124 constitucional.
e) El artículo 115 de la Constitución Federal faculta a los municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y las licencias o permisos para las construcciones, conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, sin embargo esta facultad es limitada por las regulaciones jurídicas federales, por tratarse de materias reservadas a esta última esfera competencial; como lo que acontece en la Ley de Industria Eléctrica, lo cual instituye los términos y condiciones jurídicas que deben satisfacerse para el uso de suelo en la industria eléctrica.
f) El artículo 42 de la Ley de la Industria Eléctrica prevé que el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se considera de interés social, orden y utilidad públicos, por lo que tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas; sujetos a servidumbre legal los predios necesarios para la instalación de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.
g) Los artículos 71 al 89 de la Ley de la Industria Eléctrica instauran las formalidades y modalidades de contratación para la obtención del uso del suelo respecto al derecho de vía, los cuales podrán ser negociados y acordados entre los propietarios de terrenos, bienes o derechos reales, ejidales o comunales, y los asignatarios o contratistas, con la contraprestación de un pago.
h) Los artículos 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f), y 35 BIS 2 y BIS 3, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 2 y 5, inciso k), de su Reglamento, regulan el uso de suelo para llevar a cabo las actividades derivadas de la industria de eléctrica, de conformidad con los permisos autorizados por la Federación.
i) Se invaden las competencias federales por parte del Estado demandado, debido a que, la Federación es la única autoridad competente para regular en materia de uso de suelo y permisos de construcción en materia de energía eléctrica en todas sus vertientes; a pesar de que los municipios tengan la facultad constitucional de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, pues ésta se ve acotada por las condiciones establecidas en las leyes federales que regulan esta industria.
j) La norma impugnada prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de plantas solares fotovoltaicas por metro cuadrado y hectáreas en zonas urbanas, por lo que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de dicha actividad, los cuales se relacionan directamente con la regulación en materia de energía eléctrica. Lo anterior, aunado al hecho de que no se puede realizar una doble tributación en dicha actividad, pues es una facultad otorgada por el Congreso de la Unión.
k) Las facultades constitucionales de los municipios sobre el otorgamiento de licencias o permisos sobre uso de suelo, de construcciones de obras y funcionamiento están restringidas para ser ejercidas cuando se refiera a alguna materia reservada a la Federación, como es el caso de energía eléctrica, más aún cuando se grave dicho servicio, una parte de él o los servicios que lo integren incidan en los aspectos técnicos relativos a la instalación, operación y mantenimiento de sus insumos esenciales.
l) La Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 262/2023, ya se ha pronunciado en el sentido de que el despliegue de facultades de las autoridades locales, precisamente, debe ceñirse al ámbito estricto de su competencia y no en aspectos técnicos relacionados con la generación de energía eléctrica cuya emisión y verificación corresponde a las autoridades federales.
4. Registro de expediente y designación de la Ministra instructora. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 55/2025 y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruyera el procedimiento.
5. Admisión. El veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora dictó un proveído en el que admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, emplazándolos para que produjeran su contestación, otorgó la calidad de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al municipio de Buenaventura, del Estado de Chihuahua y, finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correos de México el veintitrés de abril de dos mil veinticinco y recibido en este Alto Tribunal el ocho de mayo siguiente, el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo local, en la que expresó lo siguiente:
a) Si bien es cierto que del artículo 73, fracciones X y XXIX, constitucional se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre hidrocarburos, también lo es que el 115, apartado V, del mismo ordenamiento reserva a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos para construcciones, por lo que no se invade la competencia del Poder actor, sino que se trata del ejercicio legítimo de una atribución otorgada por la Constitución Federal.
b) De los Dictámenes de Reforma Constitucional de fechas veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y quince de junio de mil novecientos noventa y nueve se puede observar que el Legislador Federal facultó a los municipios para controlar, ordenar y autorizar el uso de suelo, ya que ello es esencial para su subsistencia y es fundamental que se encuentren en la posibilidad de vigilar el uso de suelo a fin de verificar que se cumplan con las condiciones de seguridad en los lugares de construcción, así como autorizar únicamente obras que no tengan un impacto injustificado y pernicioso en contra del bien común.
c) Aun cuando se trata de permisos de construcción en lugares en que se pretendan ejecutar actividades reservadas a las autoridades federales, no se invaden competencias, pues las legislaturas de las Entidades Federativas están constitucionalmente facultadas para legislar respecto de la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada.
d) Ni la autorización para construcciones en la vía pública de infraestructura de líneas de comunicación visibles u ocultas, ni los derechos tributarios que se cobran por ese acto de autoridad municipal, invaden la esfera de facultades del Congreso de la Unión, porque no tratan de regular el tema de hidrocarburos, ya que solo tiene como fin controlar la utilización de vías públicas municipales y por estas razones el tributo no recae sobre un servicio concesionario, sino en un acto administrativo municipal.
e) Constitucionalmente corresponde a los municipios la facultad para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo dentro de sus jurisdicciones territoriales, así como para otorgar licencias y permisos de construcción que, entre otros, incluye la excavación en el suelo y subsuelo, respetando el artículo 27 constitucional, por lo que es facultad de los municipios otorgar estos permisos y licencias de construcción cuando, entre otros, involucren la excavación en el suelo y subsuelo, lo que incluye la construcción de mejoras de vivienda, locales comerciales, subestaciones eléctricas, de hidrocarburos, así como la fiscalización de obras tendentes a la explotación, uso o aprovechamiento de la materia de energía eléctrica que es propio de la Federación.
f) Las regulaciones municipales no tratan de regular cuestiones técnicas sobre hidrocarburos, menos llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburo, ni asignar contratos con empresas públicas del Estado, sino de regular y controlar la vía pública en su jurisdicción territorial. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 89/2010, de la cual surgió la jurisprudencia 2a./J. 50/2010.
g) Los dispositivos reclamados no facultan a los municipios a explotar, usar o aprovechar la materia de hidrocarburos, sino a vigilar, autorizar y controlar la utilización del suelo dentro de su jurisdicción territorial, al establecer que las construcciones requerirán la licencia correspondiente.
7. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto de su delegado, realizó las siguientes manifestaciones.
ÚNICO
A. Materia de hidrocarburos.
a) En términos del artículo 124 de la Constitución Federal, las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.
b) Conforme a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de hidrocarburos. Dicha facultad exclusiva también se advierte de los artículos 27 y 28 de la Norma Fundamental. Como medida residual, la fracción XXXI, del artículo 73, de la Constitución Federal permite al Congreso de la Unión para expedir cláusulas habilitantes, a través de las cuales faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.
c) Conforme a tales atribuciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.
d) La Ley de Hidrocarburos, en los artículos 95, párrafo primero y 131 establece que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarías y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria y que la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. e) En lo que respecta a la regulación de licencias y permisos para construcción, el artículo 115, apartado V, incisos d) y f), de la Constitución Federal otorga al orden municipal la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en su jurisdicción territorial, así como para conceder licencias y permisos para construcciones de conformidad con los términos de las leyes federales y estatales de la materia. No obstante, quedan excluidos cuando la emisión de las licencias y permisos sean parte del desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, toda vez que dicha facultad es exclusiva de la Federación.
f) Además, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que se puedan celebrar.
g) De conformidad con los artículos 96 y 100 a 117, de la Ley de Hidrocarburos la industria es de utilidad pública y las actividades de explotación y extracción se consideran de interés social y orden público. Además, la posesión o propiedad del derecho de vía para el desarrollo de las actividades derivadas de la industria de hidrocarburos, se otorga conforme a los permisos autorizados por la Federación.
h) De los artículos 1, 3, fracción XI, y 7, fracción VII, de la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos; 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f), y 35, Bis 2 y Bis 3, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 2 y 5, inciso d), de su Reglamento, se desprende que respecto al uso de suelo en zonas forestales para efectuar actividades de hidrocarburos, es competencia del Poder Ejecutivo Federal realizar el cambio de uso de suelo, lo que restringe de manera absoluta las facultades de los municipios para llevar a cabo esta actividad.
i) La Ley de Hidrocarburos prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos.
j) La entidad federativa demandada, invadió la esfera competencial de la Federación, toda vez que los municipios no tienen facultades para la expedición de licencias de uso del suelo y de permisos de construcción impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos, ya que, si bien es cierto que la porción normativa reclamada no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción para proyectos de infraestructura industrial de gasoductos.
B. Materia de energía.
a) Los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, para la Constitución Federal otorgan al Estado la rectoría en materia de energía eléctrica e indican que, como área estratégica, corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
b) Conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a) del artículo 73 de la Constitución Federal es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de energía eléctrica y establecer contribuciones sobre dicha materia, esto es, las entidades federativas no pueden gravar el consumo de dicha energía. Además, los artículos 6 y 7 de la Ley de la Industria Eléctrica indican que las acciones que comprenden la producción de energía son de jurisdicción federal, por lo que corresponde al Estado establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.
c) Por tanto, al tratarse de facultades expresamente concedidas a la Federación, de lo dispuesto en el artículo 124 constitucional, a contrario sensu, se tiene que las entidades federativas se encuentran excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia energética.
d) En ese sentido, aun cuando los municipios tengan la facultad constitucional de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, ésta se ve acotada por las condiciones establecidas en las leyes federales que regulan la industria eléctrica.
e) No obstante que la porción normativa impugnada no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de la industria eléctrica, sí prevé el pago por derechos por la expedición de licencias de construcción y de uso de suelo para plantas fotovoltaicas en zonas urbanas y rurales por metro cuadrado y licencias de funcionamiento de granjas solares, parques fotovoltaicos y empresas generadoras de energía.
8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, expresó lo siguiente:
a) Conforme al orden constitucional establecido en los artículos 25, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., y 124 de la Constitución Federal, el municipio invade las facultades de energía eléctrica e hidrocarburos exclusivas de la Federación.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veinticinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, en representación del Ejecutivo local, dio contestación a la demanda, refiriendo lo siguiente:
Refutación de los hechos narrados.
a) La expedición de la norma impugnada deriva al proceso legislativo llevado a cabo por la Sexagésima Octava Legislatura Constitucional de dicha entidad federativa y la actora no formuló conceptos de invalidez contra la promulgación o publicación de la norma impugnada, actos que sí son propios del Poder Ejecutivo, ni les atribuye vicio alguno. En todo caso, aun cuando el Poder Ejecutivo hubiera ejercido su veto sobre la Ley materia, se encuentra obligado a realizar la publicación respectiva cumpliendo las formalidades exigidas por la ley para ello.
Refutación al primer concepto de invalidez.
a) Los Ayuntamientos que integran el Estado de Chihuahua cuentan con las facultades para establecer el pago de derechos por diferentes servicios administrativos, entre ellos, el pago de derechos por las licencias de construcción que se establecen en el artículo 168 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. El objetivo de contar con normativa para la edificación de infraestructura tiene como propósito brindar un orden territorial y garantizar un desarrollo sostenible dentro de las demarcaciones territoriales, mismas que se alinean con el Plan Municipal de Desarrollo.
b) La emisión de licencias de construcción no invade la competencia federal, pues no es objetivo de los Ayuntamientos y sus órganos el incidir en las actividades de la industria eléctrica, sino únicamente establecer un orden de desarrollo urbano. Misma función se encuentra protegida por el principio de autonomía municipal reconocida en la fracción V del artículo 115 constitucional.
c) Estima que la presente la controversia constitucional es infundada, porque el municipio no ha realizado ninguna regulación ni intervención en los aspectos esenciales de la industria de hidrocarburos, que son exclusivos de la Federación, ya que las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos impugnada están relacionadas con la recaudación de derechos municipales y no afectan ni contravienen las políticas y competencias federales en materia de hidrocarburos.
d) El artículo 115, fracción V, inciso f), constitucional establece que los municipios tienen la facultad para otorgar licencias y permisos de construcciones, por lo que se puede concluir que entre los permisos a cargo del municipio que son necesarios para el desarrollo de proyectos de exploración y extracción, se encuentran los de construcción.
e) Por ello, las facultades de los municipios para otorgar las licencias y permisos que correspondan a la construcción para pozos de hidrocarburos, con independencia de los contratos que otorgue la Federación para su exploración y extracción, no se opone, en principio, a las facultades exclusivas de la Federación, pues, en estricto sentido, no regulan la misma materia.
f) El municipio ha actuado dentro del marco de sus competencias, las cuales se encuentran reguladas por la Constitución Federal y la Constitución del Estado de Chihuahua, ya que las atribuciones fiscales de los municipios incluyen la facultad para determinar los ingresos que derivan de actividades económicas que se desarrollan dentro de su territorio, incluyendo aquellas relacionadas con el cobro de derechos derivado de la expedición de licencias respectivas. Sin embargo, esta facultad es estrictamente fiscal y no se extiende a la regulación de la industria petrolera en sí, que sigue siendo de competencia exclusiva de la Federación.
g) La recaudación de ingresos por actividade
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34070-af4e5a6d/i-contribuciones-sobre-hidrocarburos-el-congreso-local-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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