DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LAS PERSONAS DESCENDIENTES MAYORES DE EDAD QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL SOLICITAN LA DEVOLUCIÓN DE LOS SALDOS ACUMULADOS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DE LA PERSONA TRABAJADORA FALLECIDA, NO NECESITAN ACREDITAR DEPENDENCIA ECONÓMICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 187/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Región Centro-Sur), el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito (Región Centro-Norte) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito (Región Centro-Norte).
El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por escrito de expresión de agravios presentado por la parte recurrente en el amparo directo en revisión 3910/2025, del índice de este Alto Tribunal y parte quejosa en el amparo directo (laboral) 296/2024 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, denunció la posible contradicción entre:
• El sustentado por el órgano colegiado antes citado al resolver el Amparo Directo 296/2024 (Región Centro–Norte);
• El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito al resolver el Amparo Directo 610/2018, (Región Centro–Norte); del que derivó la tesis aislada V.3o.C.T. 15 L (10a.), de rubro: “BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. EL ARTÍCULO 501, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL CONDICIONAR ESE RECONOCIMIENTO A QUE LOS HIJOS MAYORES DE 16 AÑOS CUENTEN CON UNA INCAPACIDAD DEL 50% O MÁS, ANTE LA FALTA DE VIUDA, VIUDO O HIJOS MENORES DE ESA EDAD, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.”;(1) y,
• El extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2017 (Región Centro-Sur), de la que derivó la jurisprudencia PC.I.L. J/29 L (10a.) de rubro: “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INDIVIDUAL, EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR TITULAR, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE LA ACREDITEN QUIENES ACUDEN A RECLAMARLA.”(2)
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios bajo el expediente 187/2025, la admitió a trámite; y reservó el turno del presente asunto hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente, consideró que se surtía la competencia de este Tribunal Pleno al tratarse sobre criterios contradictorios entre un extinto Pleno de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a diversas regiones.
3. Asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes remitir la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de la ejecutoria; además de que, informaran si los criterios se encontraban vigentes.
4. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito informó que el criterio sustentado en el amparo directo 610/2018 se encuentra vigente; en el mismo sentido, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco emitido por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en relación con el criterio sustentado en el amparo directo 296/2024, refirió que se encuentra vigente. Finalmente, por oficio No. 3734/2025 la Magistrada Presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito informó que el criterio sustentado en la contradicción de criterios 1/2017 del extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito continúa vigente.
5. Turno. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal turnó el asunto para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
6. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo(3) y 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(4) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. Competencia
7. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) con apoyo en lo dispuesto en el Punto segundo, fracción X, inciso e) del Acuerdo General número 2/2025(8) (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios en la que se involucra la decisión de Tribunales Colegiados y del extinto Pleno de Circuito de diversas Regiones.
8. Por otro lado, no pasa desapercibido que se denuncia la posible contradicción de criterios entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 296/2024 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito al resolver el amparo directo 610/2018, criterios que se encuentran bajo la misma circunscripción territorial sobre la que ejerce jurisdicción el Pleno Regional Centro-Norte; no obstante, con el fin de unificar en todo el país la interpretación de las normas del orden jurídico nacional, en protección del derecho de seguridad jurídica, este Tribunal Pleno es competente para conocer de la contradicción de criterios.
9. Ello, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la cabeza del sistema piramidal de las contradicciones de criterios, pues la jurisprudencia que emite rige para todas las autoridades jurisdiccionales de México, a diferencia de lo que sucede con los criterios de los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales, que sólo resultan obligatorios en determinadas circunscripciones territoriales.
10. De esta forma, es la jurisprudencia del Alto Tribunal la que tiene la capacidad de alcanzar de mejor manera el objetivo de las contradicciones de criterios, es decir, unificar la interpretación a nivel nacional y con ello generar una mayor seguridad jurídica para juzgadores y justiciables.
11. Desde esa perspectiva, la Suprema Corte tiene competencia parcial para conocer de la contradicción sustentada entre los criterios adoptados por dos tribunales que se encuentran en la misma región (Centro-Norte) con el criterio emitido por el extinto Pleno de Circuito perteneciente a diversa región (Centro-Sur), sin que ello, implique que se vulnere el ámbito de competencia reservado a los Plenos Regionales, y se cumple con el objetivo de que este Tribunal Pleno se pronuncie en resoluciones de contradicciones de criterios.
II. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima toda vez que fue presentada por el autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo directo 296/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que es una de las ejecutorias contendientes; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(9)
III. Criterios denunciados.
13. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 296/2024.
14. Una persona demandó que se le reconociera el carácter de beneficiaria de la finada trabajadora y la devolución de los recursos acumulados en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros, de la cuenta individual de ahorro para el retiro.
15. El extinto Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Durango actual Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en esa entidad federativa resolvió no reconocer a la parte actora como beneficiaria y absolvió a la parte empleadora de la devolución de aportaciones de cesantía en edad avanzada y cuota social.
16. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo. Del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito quien registró el asunto bajo el expediente 296/2024 y, en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco, negó el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• El tribunal laboral en la sentencia reclamada sostuvo que el carácter de beneficiario de los derechos laborales de la persona trabajadora fallecida es inherente a la dependencia económica y no al parentesco por consanguinidad, acorde con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
• El órgano colegiado sostuvo que, contrario a lo que sostiene la disconforme no contraviene los derechos de igualdad y no discriminación, ya que, la extinta Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 6910/2016 determinó que, del proceso legislativo que dio origen a la fracción IV del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la obligación de acreditar haber dependido económicamente de la persona trabajadora fallecida, obedece al objeto de la propia legislación laboral que es proteger a la persona empleada y extender esa protección a las personas que económicamente dependan de ésta, es decir, el derecho a ser considerado beneficiario en ese caso concreto es inherente precisamente a la condición de dependencia económica.
• Luego, estableció en el precedente que, dicha obligación no es una limitante de derechos, sino que se traduce en un requisito indispensable para la procedencia del pago de las prestaciones generadas por la persona fallecida que laboraba, máxime que el legislador determinó que el carácter de legítimo beneficiario no atiende a lo previsto en el derecho civil en materia de sucesiones, esto es, a las y los parientes que tuvieron derecho a la herencia en caso de intestado (hermanas y hermanos que no dependan económicamente de la persona trabajadora), por el contrario deriva de los principios autónomos que rigen el derecho de la persona empleada, específicamente, la dependencia económica, aunado a que se deben cumplir con las condiciones establecidas en la propia norma, como lo es que no exista cónyuge supérstite, hijas o hijos y ascendientes.
• Señaló que, la extinta Segunda Sala precisó que tal consideración se refuerza con el hecho de que el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que los beneficiarios de la persona trabajadora fallecida tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.
• De ahí que no basta que se demuestre un lazo filial con la persona trabajadora fallecida para ser considerado legítimo beneficiario, ya que es necesario demostrar que éste le procuraba el sustento necesario para satisfacer sus necesidades normales de orden material y cultural.
• Con base en tales consideraciones, deviene infundado que la sentencia reclamada vulnere en perjuicio de la quejosa las garantías individuales de igualdad y no discriminación, consagradas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el sólo hecho de que haya acreditado que es hija —entroncamiento— de la persona trabajadora jubilada fallecida, es insuficiente para que se le reconozca el carácter de beneficiaria de ésta, en virtud de que debió acreditar haber dependido económicamente de la extinta trabajadora, al ser un requisito indispensable para la procedencia de tal declaración, acorde con la fracción IV del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
• Por otra parte, es infundado que sean de observancia obligatoria para el Primer Tribunal Laboral Federal responsable y para este Tribunal Colegiado de Circuito, la jurisprudencia PC.I.L. J/29 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INDIVIDUAL, EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR TITULAR, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE LA ACREDITEN QUIENES ACUDEN A RECLAMARLA.”;(10) así como, la jurisprudencia PC.I.L. J/30 L (10a.), sustentada por el ya mencionado Pleno, de rubro: “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. FORMA DE DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE EL MONTO CONSTITUTIVO DE LA CUENTA INDIVIDUAL (ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIARIOS), EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR TITULAR.”(11)
• Lo anterior es así, porque acorde con el artículo 217 de la Ley de Amparo, tales criterios solamente son obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de ese Primer Circuito, más no para el Primer Tribunal Laboral Federal ni para el Tribunal Colegiado de Circuito que conforman el diverso Vigésimo Quinto Circuito.
• Puntualizó que, el tribunal laboral en la sentencia reclamada estimó fundada la excepción de cosa juzgada que opuso la demandada, al actualizarse la cosa juzgada refleja con relación al objeto del litigio, pues apuntó que existía identidad en la cosa demandada, concretamente, la devolución de aportaciones al seguro de cesantía y vejez y cuota social de la cuenta individual de la persona trabajadora sobre la cual se emitió un laudo definitivo en el expediente laboral diverso por la Junta responsable, en el sentido de que era improcedente su devolución porque contaba con una jubilación conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones que integra el Contrato Colectivo de Trabajo y debían ser transferidos al Gobierno Federal para el financiamiento de la pensión.
• Sin que lo anterior, implique un perjuicio en los derechos fundamentales de la disconforme, porque el órgano colegiado estimó que, en el caso, como acertadamente lo resolvió el tribunal responsable sí se configuró la figura jurídica de cosa juzgada refleja.
• Criterio del extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver la contradicción de criterios 1/2017.
17. El punto de toque consistió en determinar si para la procedencia de la devolución de las aportaciones de una extinta persona trabajadora a la cuenta individual de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y cuota social, es necesario cumplir con los requisitos que contemplan los artículos 501, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo.
18. El pleno en sus consideraciones expuso:
• Se realizaron precisiones en relación con el sistema de ahorro para el retiro.
• Señaló los objetivos del marco jurídico aplicable.
• La legislación analizada se encuentra armonizada para cumplir con dos objetivos específicos: a) cubrir la subsistencia de la persona trabajadora cuando cese su posibilidad laboral, sobre todo por edad; y, b) en caso de fallecimiento de la persona que laboraba, sus beneficiarios no se encuentren en estado de insolvencia, por haber perdido la fuente de sus ingresos.
• Estas finalidades, desde luego, se ven cubiertas al establecer la transferencia de fondos para cubrir las pensiones o renta, para el caso de la persona trabajadora; o para los aspectos de sus beneficiarios, cuando ésta fallece, con las pensiones de viudez y orfandad, caso en el cual, el sistema legal contempló dos clases de beneficiarios, a saber: 1) los beneficiarios legales; y, 2) los beneficiarios sustitutos.
• Las y los beneficiarios legales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley del Seguro Social son los establecidos en las fracciones III a IX del artículo 84, esto es: la esposa o esposo, la concubina o concubinario, las y los hijos de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, las hijas y los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realice estudios en planteles del sistema educativo nacional, los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, el padre y la madre del asegurado o pensionado, que vivan en el hogar de éste.
• Es importante destacar que el artículo 84 de la Ley del Seguro Social se encuentra redactado y ubicado en la designación de las personas quienes se encuentran amparados por el seguro de enfermedades y maternidad; por ello, es que, en este contexto normativo, se establecen diversos requisitos para obtener la cobertura, en los casos contemplados para este seguro —enfermedad y maternidad— tales como: que se trate de la esposa o esposo del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien haya hecho vida marital “durante los cinco años anteriores a la enfermedad”; si se trata del esposo, además, que exista dependencia económica; las y los hijos menores de dieciséis años; las y los hijos de la persona asegurada cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional; las hijas y los hijos mayores de dieciséis años “que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares; en el caso del padre y de la madre que vivan en el hogar de éste”.
• Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derechos a las prestaciones respectivas, si reúnen, además los requisitos siguientes: que dependan económicamente del asegurado o pensionado; y, que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de la ley; sin embargo, conforme la interpretación del artículo 193 mencionado anteriormente, la referencia al indicado 84, es meramente enunciativa, a efecto de determinar quiénes son las y los beneficiarios legales de la persona trabajadora, sin que pueda establecerse que para acceder a los recursos de la cuenta de ahorro para el retiro, tengan que demostrarse específicamente los requisitos que el propio precepto dispone, por un lado, porque éstos responde a un objetivo que corresponde con el beneficio de que se trata, es decir, determinar quiénes pueden obtener el seguro por enfermedades y maternidad; pero por otro, porque al cumplir con esos atributos, los ubica solamente con el señalado carácter de beneficiarios legales.
• Precisó que, conforme lo dispone el tercer párrafo del artículo 193 de la ley, la persona trabajadora puede designar beneficiarios sustitutos de aquéllos, sin que para ello la normativa establezca ninguna atribución particular, exigencia adicional o cumplimiento de algunos requisitos análogos a los establecidos para el caso del seguro de maternidad y enfermedades, salvo que falten los beneficiarios legales. • Del mismo modo, el propio precepto dispone que, a falta de ambos beneficiarios, la entrega se realizará en el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
• Señaló que la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la fracción IV del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo en la tesis, de rubro: “BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. ARTÍCULO 501, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. INTERPRETACIÓN.”(12)
• Del criterio anterior, se aprecia que, el Alto Tribunal estableció que el legislador no pretendió excluir de esa relación a las personas a quienes indica, sino, en realidad, el objetivo del precepto en cuestión es meramente instrumental, en tanto se limita a establecer un orden de prelación entre distintos sujetos, quienes dependen económicamente del trabajador fallecido.
• En el caso de la entrega de los fondos contenidos en las cuentas individuales, para el supuesto de fallecimiento de la persona trabajadora titular, la dependencia económica constituye un factor de prelación, pero no es un requisito para acceder al monto respectivo, pues, de otra forma, no se explicaría la posibilidad de designar un beneficiario sustituto, a quien la ley no le impone ningún requisito, sino la simple designación y la ausencia de beneficiarios legales.
• Incluso, sostener la dependencia económica como un requisito para obtener la entrega de los fondos de la cuenta de vivienda, implicaría que en un supuesto en el cual un trabajador a quien sólo le sobrevivan hijos, pero que no dependían de él económicamente a su muerte —motivo por el cual no podrían considerarse beneficiarios legales en términos de las disposiciones legales indicadas— y no se les asignó como sustitutos, los recursos se entregarían indefectiblemente al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual eliminaría la finalidad del sistema atinente a la no pérdida de los recursos, restando incentivos, incluso, para que se procure el ahorro.
• Del mismo modo, sostener que la dependencia económica deba constituir un requisito de acceso a los fondos de la cuenta de ahorro para el retiro, en el caso señalado, también implicaría pérdida de la propiedad de los recursos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que no se justificaría, pues por tratarse de un bien propiedad de la propia persona trabajadora, y constituir parte de su patrimonio, acorde a la finalidad enunciada en el párrafo que antecede, debe privilegiarse la posibilidad legal de que su transmisión se realice acorde a los parámetros sustantivos sucesorios establecidos en las disposiciones civiles correspondientes.
• De esta forma, atendiendo al precitado principio pro persona, al contenido del derecho humano a la seguridad social, al marco internacional y nacional regulador de éste mismo; a los objetivos trazados por el legislador al optar por el sistema de capitalización individualizado, en donde se reitera, se procura fomentar la participación solidaria de los relacionados con la actividad laboral, el ahorro de los trabajadores y respetar el derecho de propiedad de los recursos ahorrados durante la vida laboral, en el caso de que no proceda el otorgamiento de una pensión de viudez u orfandad, en términos de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro, es posible concluir que para determinar a quién corresponde la entrega de los recursos de la cuenta individual, debe considerarse:
1. En primer lugar, si el solicitante aduce ser beneficiario legal en los términos de la Ley del Seguro Social aplicable, en cuyo caso: Debe demostrarse reunir los requisitos contemplados en el artículo 84 de ese ordenamiento legal, pero sólo para determinar un orden de preferencia, respecto de otros distintos.
2. En segundo lugar, si no es el caso, determinar si fue designado como beneficiario sustituto, supuesto en el cual: Debe acreditarse la designación y la ausencia de beneficiarios legales.
3. Si no se trata de ninguno de ellos, debe: Atenderse al orden de prelación contemplado en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, excluyendo la dependencia económica.
Salvo que se trate para establecer tal grado de preferencia, es decir, matrimonio, concubinato, hijos, ascendientes, supuesto en el cual, debe acreditarse el parentesco o el derecho a obtener el beneficio.
En el entendido de que, en su caso, se autorice la devolución, acorde a los parámetros sustantivos sucesorios establecidos en las disposiciones civiles correspondientes.
4. Sólo a falta de todos ellos, el beneficiario será el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Del asunto derivaron las jurisprudencias PC.I.L. J/29 L (10a.) y PC.I.L. J/30 L (10a.), de rubros: “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INDIVIDUAL, EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR TITULAR, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE LA ACREDITEN QUIENES ACUDEN A RECLAMARLA.” y “SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. FORMA DE DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE EL MONTO CONSTITUTIVO DE LA CUENTA INDIVIDUAL (ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIARIOS), EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR TITULAR.”
• Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito al resolver el amparo directo 610/2018.
19. Una persona demandó se le reconociera el carácter de beneficiaria de la finada trabajadora y la devolución de las aportaciones a la Afore en la cuenta de los recursos generados.
20. La Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo, en el que se declaró improcedente la declaración de beneficiario en términos del artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo y por consecuencia el pago de las prestaciones reclamadas, en virtud de que no acreditó que fuera dependiente económica de su madre.
21. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo. Del asunto conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quién registró el asunto bajo el expediente 610/2018; y, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, concedió el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• Del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte: 1. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más. 2. Los hijos menores de dieciséis años. 3. Los mayores de esta edad, si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más. 4. Las y los ascendientes, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. 5. A falta de cónyuge supérstite, la concubina o concubinario, o la persona con quien el trabajador tuvo hijos. 6. Las personas que dependían económicamente de la persona trabajadora; y 7. A falta de las personas mencionadas, al Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Estableció que de conformidad con la literalidad del precepto en cita, ante la falta de viudo o hijos menores de dieciséis años, para que se declarara a la hoy quejosa beneficiaria de la extinta trabajadora, debía acreditar, en principio, el parentesco consanguíneo que tuvo con ella, lo cual satisfizo a través del acta de nacimiento exhibida, documento en el que se aprecia como fecha de nacimiento el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, de lo cual se colige que al dieciséis de septiembre de dos mil quince, fecha de la defunción, contaba con veintiséis años de edad.
• Señaló que, por ser mayor de dieciséis años, de acuerdo con la fracción I del artículo 501, debía demostrar que tenía una incapacidad de cincuenta por ciento o más, así como las y los hijos de hasta veinticinco años que se encuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional; y a falta de ello, conforme a la fracción IV de dicha norma, que dependía económicamente de la persona trabajadora fallecida.
• Citó el precedente de la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 2396/2017, en el que analizó la constitucionalidad del artículo 154 de la Ley del Seguro Social.
• Estableció que, el artículo 501, fracción I de la Ley Federal del Trabajo impone a las y los hijos mayores de dieciséis años, para ser beneficiarios de las personas trabajadoras fallecidas, la condición de tener una incapacidad del cincuenta por ciento o seguir estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional.
• También se advierte que, la situación de las y los descendientes mayores de dieciséis años que no cuenten con el mencionado grado de invalidez pueden quedar comprendidos en la fracción IV de dicho adjetivo que considera beneficiarios a las personas que hubieran dependido económicamente del operario.
• Citó la jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala de rubro: “BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. ARTÍCULO 501, FRACCIONES I Y IV DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.”
• Luego, al analizar la norma bajo los parámetros mencionados por la Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 2396/2017 concluyó que en primer término tendría que determinarse si para establecer los criterios de distinción a los que se refiere la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, el legislador tuvo motivos realmente justificados para restringir a las y los hijos mayores de dieciséis años, que no se encuentren con una incapacidad del cincuenta por ciento, en relación con los derechos que las y los menores esa edad, sí tienen.
• Por lo que, del texto de las disposiciones normativas, así como de la interpretación realizada por la entonces Cuarta Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia anteriormente transcrita, resulta justificado que al exigirse en la referida fracción la minoría de dieciséis años o la incapacidad de la hija o hijo, la intención del leg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33876-4217e553/declaracion-de-beneficiarios-las-personas-descendientes-mayores-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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