PENSIÓN POR ASCENDENCIA. EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 204/2023. MARÍA ARACELI CERVANTES GARCÍA. 11 DE OCTUBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su acto de aplicación.
El juez de distrito concedió el amparo para el efecto de que no se aplique a la quejosa el artículo reclamado y se emita un nuevo acto en el que se decida sobre su solicitud de pensión por ascendencia.
Ver índice temáticoCiudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 204/2023, interpuesto por el Presidente de la República contra la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintiuno que dictó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el juicio de amparo 478/2020.
El problema jurídico por resolver en esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en establecer si el artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado transgrede o no la Constitución Federal.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de amparo. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el oficio de uno de septiembre de dos mil veinte emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Zacatecas, mediante el que se informó a aquélla que no procedía su solicitud de pensión por ascendencia.
2. La parte quejosa narró en su demanda que una vez que su hijo comenzó a laborar y percibir un salario, éste cubrió en todo momento las necesidades alimentarias y de salud de dicha quejosa, incluso, cuando aquél estuvo casado. Asimismo, que su hijo se divorció y, posteriormente, falleció, por lo que su nieto menor de edad comenzó a vivir con ella y el abuelo paterno de éste, y que ahora se encuentra prestándole los cuidados que requiere.
3. Expuso que en todo momento se dedicó a los cuidados de la casa, que no tiene ingresos ni bienes de fortuna que le permitan continuar viviendo dignamente; que por esa circunstancia promovió ante el Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar la dependencia económica que tenía en relación con su hijo fallecido, cuya resolución le resultó favorable.
4. También, que con posterioridad solicitó ante la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Zacatecas, el pago de la pensión por ascendencia o dependencia económica en favor de la quejosa con motivo de la muerte de su hijo, para lo cual anexó a su escrito de solicitud: 1) copia certificada de la resolución emitida por el Juez Primero del Ramo Familiar citado en la que se reconoce la dependencia económica que tenía la quejosa respecto de su hijo; 2) último talón de pago de su hijo, quien previo a su fallecimiento laboraba en un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación, de manera que era derechohabiente de tal organismo descentralizado; 3) el aviso de baja ante el mencionado organismo; constancia de la clave única de registro de población de la quejosa; 4) acta de nacimiento del difunto; 5) acta de defunción; 6) acta de nacimiento de la quejosa; 7) comprobante de domicilio; y 8) copia de la credencial para votar con fotografía de la quejosa, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
5. Por último, que a su petición se le dio contestación por escrito en el sentido de que en términos del artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no procede otorgársele pensión por ascendencia, toda vez que el finado procreó un hijo, quien tramitó la pensión por orfandad correspondiente, de manera que a la solicitante no le asiste el derecho a gozar de la pensión porque para ello, la norma referida dispone que no deben existir los parentescos que en orden de prelación establece, esto es, cónyuge, hijos, concubina o concubinario.
6. Trámite. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas previno a la parte quejosa para que precisara si señalaba como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en su caso, las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo.
7. La parte quejosa desahogó la prevención en el sentido de que sí era su deseo señalar como acto reclamado el artículo mencionado, e indicó las autoridades a las que les atribuía su emisión.
8. El juez federal desechó la demanda de amparo en lo concerniente al secretario de gobernación, porque el refrendo del artículo reclamado no se combatía por vicios propios; y admitió la demanda por el resto de los actos y autoridades.
9. Sentencia. El juzgador dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio ante la inexistencia del acto consistente en la abstención de aplicar la fracción III del artículo 131 impugnado atribuida al director general del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado y al presidente de la República, así como por la publicación de la norma señalada reclamada al director del Diario Oficial de la Federación, por no combatirse por vicios propios.
10. Por otro lado, concedió el amparo a la parte quejosa contra la fracción III del artículo 131 reclamado y su acto de aplicación a través del oficio impugnado, al considerar que el orden de prelación de beneficiarios previsto en la norma reclamada es contrario a los fines del derecho a la seguridad social y resulta violatorio del principio de igualdad y no discriminación.
11. El juzgador explicó que el artículo reclamado da un trato desigual a iguales, puesto que tanto la madre o padre como los hijos del derechohabiente, que se sitúan en la pérdida de su familiar, con independencia del tipo de parentesco que tengan (ascendientes o descendientes), tienen derecho de recibir la pensión correspondiente.
12. Recursos de revisión y adhesión. La jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Zacatecas, y el presidente de la República interpusieron sendos recursos de revisión contra la sentencia de amparo, los cuales fueron admitidos a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.
13. La parte quejosa interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual también fue admitido a trámite por el referido tribunal colegiado.
14. Sentencia del tribunal colegiado. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito dictó sentencia en la que desechó por falta de legitimación el recurso de revisión interpuesto por la jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; declaró firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida; se consideró legalmente incompetente para conocer del recurso de revisión y su adhesión; y remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
15. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite el asunto, lo registró bajo el amparo en revisión 204/2023 y lo turnó al ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
16. Posteriormente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto.
17. Publicación del proyecto. En términos de los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo, el proyecto de resolución se publicó en la misma fecha en que se listó para verse en sesión.
II. COMPETENCIA
18. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2013, ya que se interpone contra una sentencia dictada por una juez de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que subsiste un tema de constitucionalidad de norma federal, aunado a que se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
20. No es necesario el análisis de la oportunidad de los recursos ni de la legitimación de quienes los interpusieron, porque sobre tales aspectos ya se pronunció el tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto.
IV. ESTUDIO
21. En el agravio primero la autoridad recurrente alega que en la sentencia recurrida el juzgador no realizó un verdadero estudio del artículo reclamado, sino sólo se limitó a señalar que viola el derecho de igualdad y no discriminación.
22. Expone que el artículo impugnado no transgrede el derecho de igualdad en tanto que sí otorga la prerrogativa a obtener una pensión por causa de muerte a la madre, padre o demás ascendientes cuando hayan dependido económicamente del trabajador; y si bien tal disposición establece un grado de prelación para acceder a la pensión, ello no significa que se vulnere aquel derecho fundamental, puesto que sólo refiere al orden para la entrega de la pensión sin que se excluya a la madre o padre del trabajador del acceso a esa prestación social.
23. Por otro lado, la recurrente manifiesta que debe observarse que el artículo impugnado, en su fracción I, establece que la pensión por causa de muerte del trabajador podrá ser asignada a los hijos menores de edad -como acontece en la especie-. Esa protección a los menores deriva de su interés superior, la cual es una obligación constitucional, de tal forma que en casos que involucren derechos fundamentales de menores, el juzgador deberá ejercer una protección reforzada en beneficio de aquéllos, aunque ello signifique agravar la situación de quien promovió el juicio de amparo.
24. Argumenta que a los menores les asiste una protección constitucional mayor que debe atenderse en cualquier decisión que les afecte, por lo que en el grado de prelación se encuentra su derecho previsto de forma anticipada al de la madre o padre o cualquier otro dependiente económico del trabajador extinto.
25. Por último, la inconforme refiere que en el caso el problema respecto del artículo impugnado es en relación con su aplicación y no sobre su constitucionalidad, toda vez que el numeral 38 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece que si existe una pensión otorgada, pero se presentan otros familiares con derecho a ella, se les hará extensiva, lo que permite concluir que no se excluye a la quejosa del beneficio de la pensión por muerte del trabajador.
26. En el agravio segundo la parte recurrente afirma que el juez de distrito hizo una indebida interpretación del artículo impugnado, porque, en todo caso, el problema que se presenta es por vicios de legalidad y no de inconstitucionalidad de la propia norma.
27. Asimismo, que contrariamente a lo sostenido por el juez federal, la norma reclamada no prohíbe a la madre del trabajador fallecido acceder a la pensión por causa de muerte, sino que únicamente establece el orden de los familiares derechohabientes para gozar de tal prestación, por lo que no hace distinción alguna entre sujetos.
28. Son infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente.
29. Como lo sostuvo el juzgador, el principio de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permea todo el ordenamiento jurídico, de manera que cualquier trato discriminatorio respecto del ejercicio de algún derecho reconocido en la propia Constitución es, por sí mismo, incompatible con este principio.
30. La igualdad, como principio constitucional, subyace en toda la estructura del sistema jurídico y, por tanto, constituye un límite a los poderes del Estado conforme al cual debe cuidarse el no generar paridad entre todas las personas -igualdad formal o jurídica-, ni una igualdad material o real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato.
31. El principio de igualdad está vinculado con la no discriminación, puesto que al existir un deber de dar el mismo trato -tanto material como formal-, se prohíbe la discriminación, exclusión o preferencia de una persona sobre otra, con base en elementos subjetivos cuyo establecimiento normativo resulte discrecional e injustificado, como acontece con las denominadas categorías sospechosas. Este principio de igualdad y no discriminación opera en el sistema jurídico de manera transversal, es decir al permear todo el ordenamiento, impone diversos deberes a las autoridades del Estado.
32. Las denominadas categorías sospechosas han sido definidas como los factores constitucionalmente prohibidos de discriminación, como son las motivadas por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
33. Al respecto, son ilustrativas las jurisprudencias de rubros: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.;(1) y CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO.(2)
34. Por su parte, esta Sala ha considerado que del principio de igualdad derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador: por un lado, I) un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, II) un mandato de tratamiento desigual, conforme al cual, al crearse una disposición deben preverse eventuales diferencias entre supuestos de hecho distintos.
35. Ello se desprende de la jurisprudencia de rubro: PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.(3)
36. Así, en el ámbito legislativo, el principio de igualdad conlleva una prohibición al legislador de no expedir normas discriminatorias, la cual conlleva a que, en el desarrollo de su función, sea muy cuidadoso y evite hacer distinciones que sitúen en evidente desventaja a un grupo de personas respecto de otro, o que menoscaben los derechos de los particulares, salvo que esta diferenciación constituya una acción positiva que tenga por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos.
37. Al respecto, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, ya que debe diferenciarse entre distinción y discriminación. Así, mientras que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, la segunda implica una diferencia arbitraria que genera un menoscabo en los derechos humanos.
38. En cuanto al control de constitucionalidad de las normas que se estiman contrarias al principio de igualdad, esta Sala estableció que tal análisis presupone una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que uno no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, ese estudio de constitucionalidad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia relevante para el caso concreto.
39. Tal criterio se aprecia en la jurisprudencia de rubro: IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.(4)
40. Ahora, el artículo 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la época en que se aplicó a la parte quejosa es del tenor siguiente:
Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:
I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;
II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o la Trabajadora o Pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión.
Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinos deberán acreditar haber vivido en común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común;
III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del Trabajador o Pensionado;
IV. La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una Pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes, y
V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por el Trabajador o Pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad.
41. Respecto de la porción normativa impugnada en este asunto -fracción III del artículo transcrito-, en el amparo en revisión 1282/2017(5) esta Segunda Sala analizó su constitucionalidad y concluyó que el hecho de que los ascendientes puedan acceder a una pensión por causa de muerte únicamente si no concurren cónyuge, hijos, concubina o concubinario, no resulta una diferencia arbitraria.
42. Ello, porque, en atención a que el precepto 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal prevé que el derecho a la seguridad social de los trabajadores del Estado debe extenderse en favor de sus familiares y que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de seguridad social, respecto del seguro de sobrevivientes sólo vincula a la protección de cónyuges e hijos, el legislador cuenta con libertad configurativa para establecer un orden de preferencia que atienda a esos mínimos, al que además podría incluir a otros familiares, con las condiciones o modalidades que estime convenientes. 43. Así, esta Sala consideró que la distinción prevista en el artículo 131, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en relación con el derecho de los ascendientes de acceder a una pensión por causa de muerte, en ningún modo contraviene el principio de igualdad, puesto que sólo establece un orden de preferencia cuyo origen se debe a las circunstancias de hecho en que se ubica cada uno de sus beneficiarios.
44. Asimismo, que esa prelación se justifica si se toma en cuenta que una pensión originada por causa de muerte tiene como propósito cubrir la parte que el trabajador aportaba a la subsistencia del núcleo familiar conformado por el cónyuge, concubina o concubinario e hijos, ya sea menores de edad o mayores que estudien o estén impedidos para trabajar por razón de una discapacidad o una enfermedad crónica.
45. Finalidad que, se sostuvo, tiene como origen una presunción de dependencia económica (en el caso de los hijos menores de edad o mayores que estudien o estén impedidos para trabajar por razón de una discapacidad o enfermedad crónica) y de obligación recíproca de alimentos (en el caso de cónyuges y concubinos).
46. Se indicó que tal presunción no se actualiza en el caso de los ascendientes. Sin embargo, en atención a que existen casos en que éstos se ubican en una situación de dependencia económica en relación con el trabajador, en uso de su facultad configurativa, el legislador decidió reconocer el derecho de los ascendientes que hubieren dependido económicamente del asegurado de acceder a una pensión derivada de la muerte, siempre que no concurran el cónyuge, concubino e hijos (menores o mayores de edad impedidos para trabajar).
47. Por ello, se reiteró, si bien la norma impugnada establece que los ascendientes tienen derecho a acceder al beneficio de una pensión de ascendencia, únicamente ante la ausencia de cónyuge, concubina o concubinario e hijos menores o mayores de edad, lo cierto es que esa distinción se debe a que aquéllos no se encuentran en las mismas circunstancias de hecho que el resto de los beneficiarios.
48. Ahora, de una nueva reflexión esta Segunda Sala considera que existen suficientes elementos para declarar la inconstitucionalidad de la distinción legislativa, ya que aun cuando está basada en una especial protección al núcleo familiar conformado por el cónyuge, concubina o concubinario e hijos, lo cierto es que resulta discriminatoria al excluir a los ascendientes en primer grado que dependieron económicamente del trabajador o pensionado fallecido, de la posibilidad de disfrutar de la pensión en concurrencia con otros beneficiarios.
49. La base constitucional que reconoce el derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado se encuentra en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
(...)
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
(...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
50. Como se observa, el artículo transcrito prevé las bases mínimas de previsión social dirigidas a garantizar en lo posible la tranquilidad y bienestar personal de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares. Para asegurar y garantizar ese bienestar, se previó a nivel constitucional la protección en caso de invalidez, vejez y muerte.
51. Ello puede corroborarse a través del proceso legislativo del que surgió el apartado B del artículo 123 constitucional, en concreto, en la iniciativa de reforma constitucional a la que se dio lectura en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, que en la parte que interesa es del tenor siguiente:
La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares; jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el período de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.
52. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Primera de Trabajo de esa Cámara, al cual se dio lectura el diez de diciembre siguiente, en lo que interesa, se aprecia:
2. Las comisiones dictaminadoras consideran absolutamente justificadas las adiciones al artículo 123, materia de la iniciativa. Siguiendo la tradición establecida por el Constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales que nuestra Constitución consagra, se elevan a la categoría de norma constitucional disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando el poder público en sus relaciones con ellos a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con el mismo propósito.
53. En el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al que se dio lectura en la sesión ordinaria celebrada el veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, entre otras cosas, se razonó lo siguiente:
Al efecto, el señor presidente de la República indica que ha sido de su preocupación mantener y consolidar los ideales revolucionarios, cuyo legado ha recibido con plena conciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso de México dentro de la justicia social, que los trabajadores al servicio del Estado no habían disfrutado con plenitud de todas las garantías sociales consagradas en la Constitución General de la República para los trabajadores del campo y de la industria privada; que si bien es cierto que es de distinta naturaleza la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus patrones, respecto de los servicios públicos con el Estado, también lo es que el trabajo no constituye una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre y que la adición que propone el texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y consagra las bases mínimas de protección social que aseguran, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de su familia...
Es pues, de gran trascendencia la iniciativa que se nos presenta a estudio y consideramos que debe ser aprobada por esta asamblea. Pero estimamos que es indispensable dejar precisado, como lo hace el señor Presidente en su exposición de motivos, que las adiciones y reformas que se proponen al artículo 123 se refieren a los trabajadores al servicio del Estado, dentro de cuya denominación de “trabajadores” se comprenden a todos los que tienen una designación legal como tales, cualquiera que sea la forma de ella, por lo que motiva que se hagan algunas modificaciones por est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33140-f8587c69/pension-por-ascendencia-el-articulo-131-fraccion-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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