PENSIONES DE ORFANDAD Y DE VIUDEZ. LOS ARTÍCULOS 153 Y 157 DE LA DEROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1973, VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2379/2025. MARÍA DEL CARMEN AVIÑA FLORES. 2 DE JULIO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona, en su calidad de concubina de un asegurado fallecido, promovió juicio laboral en el que reclamó al Instituto Mexicano del Seguro Social su reconocimiento como beneficiaria. Durante el desarrollo del juicio, los hijos del trabajador concurrieron a solicitar su reconocimiento como beneficiarios del asegurado y el pago de la pensión de orfandad. Manifestaron que viven con una discapacidad y dependían económicamente del finado, por lo que solicitaban el pago correspondiente.
El tribunal laboral del conocimiento reconoció tanto a la concubina como a los hijos del asegurado como beneficiarios. Ordenó que se les otorgara una pensión de viudez calculada al noventa por ciento de la pensión que percibía el asegurado fallecido, y una pensión de orfandad calculada al veinte por ciento de dicha pensión, conforme a lo previsto en los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres.
Inconformes con la diferencia de porcentajes, los hijos del asegurado promovieron juicio de amparo directo, en el que tildaron de inconstitucionales los referidos artículos, al considerar que la diferencia porcentual en el pago de las pensiones prevista en dichas disposiciones carece de justificación.
El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento estimó fundado ese argumento y declaró que los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres son contrarios al derecho a la igualdad. En consecuencia, ordenó inaplicar el porcentaje previsto y, en su lugar, calcular las pensiones atendiendo al noventa por ciento de la pensión que percibía el asegurado fallecido de quien dependían económicamente.
Inconforme con dicha determinación, la viuda del asegurado interpuso el presente recurso de revisión. En esencia adujo que contrario a lo determinado por el órgano de amparo, la distinción no es discriminatoria.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2379/2025, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del veinte de marzo de dos mil veinticinco por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 593/2024 (relacionado con los amparos directos 594/2024, 600/2024 y 613/2024).
El problema que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar si los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de 1973 son violatorios de los derechos de igualdad y no discriminación en virtud de que fijan porcentajes diferenciados para el otorgamiento de pensiones: noventa por ciento para la pensión por viudez —calculada en relación con la pensión de invalidez que le pudo corresponder al asegurado fallecido, o con la de vejez o cesantía en edad avanzada que disfrutaba al momento de su muerte— y veinte por ciento respecto de esa prestación para la pensión por orfandad o si dicha distinción carece de una justificación objetiva y razonable, por lo que resulta discriminatoria.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Solicitud de pensión: Una persona solicitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento como beneficiaria legítima de la pensión de viudez de un extinto trabajador que percibía una pensión por cesantía en edad avanzada. En los hechos adujo haber sostenido vida en común con el finado durante diez años. Adjuntó a la demanda una constancia de declaración de concubinato emitida por un Juzgado de Proceso Oral en Materia Familiar, además de la declaración de dependencia económica respecto de su finado concubino.
2. Negativa de pensión: El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió negativa de pensión, sustentado en que no cumplía con los requisitos del artículo 152 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, puesto que no acreditó fehacientemente haber sido concubina del asegurado durante los cinco años previos a su fallecimiento, ni estar libre de matrimonio. En consecuencia, también negó el pago retroactivo de pensiones, invocando que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
3. Demanda laboral: La interesada promovió juicio en el que reclamó el reconocimiento como beneficiaria de la pensión de viudez como concubina del finado trabajador, así como el pago de la pensión a partir del fallecimiento del trabajador, entre otras prestaciones.
4. Trámite de la demanda: La Secretaria instructora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales que conoció del asunto, previno a la actora para que manifestara si ya había promovido un juicio anterior reclamando las mismas prestaciones, o bien, en el que hubiese reclamado que se le declarara legítima beneficiaria de los derechos sociales y laborales del finado. La actora desahogó la vista negando la existencia de juicios previos.
5. Contestación de la demanda: El Instituto Mexicano del Seguro Social negó acción y derecho a la actora para reclamar las prestaciones solicitadas, argumentando que no había acreditado el vínculo con el trabajador fallecido. Además, informó que solicitó copias certificadas de una carpeta de investigación penal relacionada con el caso.
6. Requerimiento de información a la parte actora: La Secretaria Instructora del Tribunal responsable recibió las copias certificadas de la carpeta de investigación penal solicitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con base en su contenido, requirió a la actora para que declarara, bajo protesta de decir verdad, si existían otras personas que dependieran económicamente del trabajador finado, y si vivían con alguna discapacidad. La actora desahogó dicho requerimiento, informando que el trabajador había estado casado con diversa persona y que de esa unión nacieron cuatro hijos, todos mayores de edad y que desconocía si alguno de ellos vivía con alguna discapacidad física o mental.
7. Requerimiento de información a autoridades administrativas: El Tribunal ordenó girar oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Registro Civil de la Ciudad de México para verificar si esas personas constaban como hijos del trabajador fallecido y si habían recibido alguna pensión, solicitando datos sobre montos, fechas, beneficiarios, edades y domicilios. En diversos proveídos se tuvieron por recibidos los informes correspondientes de ambas instituciones.
8. Comparecencia de terceros interesados: Comparecieron en su carácter de terceros interesados los cuatro hijos y la ex esposa del finado asegurado. En los hechos, una de las terceras interesadas se opuso al reconocimiento de la actora como concubina del finado, argumentando que su relación no fue estable, que en realidad la actora era solo una inquilina, y que la constancia de concubinato fue obtenida mediante declaraciones falsas, incluso señalando la existencia de carpetas de investigación penal por falsedad ante autoridad y abuso de confianza.
9. Por otra parte, dos de los hijos del extinto asegurado comparecieron a juicio para solicitar ser reconocidos como beneficiarios de pensión de orfandad, alegando dependencia económica. Ambos expusieron encontrarse en situación de discapacidad mental severa, manifestaron que están bajo tratamiento psiquiátrico y reciben medicamentos controlados. Además. su condición les impide trabajar y vivir de forma independiente, su fallecido padre se hacía cargo de los cuidados y sustento de sus necesidades básicas. Aportaron como pruebas informes médicos, constancias del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, recetas médicas, constancias judiciales y constancias de inexistencia de matrimonio.
10. Sentencia: El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales dictó sentencia, reconociendo como legítimos beneficiarios de los derechos del extinto asegurado tanto a la persona que se ostenta como concubina y dos de sus hijos mayores de edad que viven con discapacidad. Se ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social otorgarles pensiones: de viudez calculada sobre el noventa por ciento de la pensión de cesantía que percibía el finado trabajador y de orfandad calculada sobre el veinte por ciento, respectivamente, así como el pago retroactivo de esas prestaciones y el acceso a servicios médicos.
11. Juicio de amparo directo: Inconformes, dos hijas y un hijo del finado trabajador que comparecieron al juicio laboral como terceros interesados y el Instituto Mexicano del Seguro Social promovieron juicio de amparo directo, respectivamente.
12. En el juicio de amparo promovido por la hija del finado trabajador, María del Carmen Aviña Flores, del que deriva el presente recurso de revisión, se formularon, en lo que interesa, los conceptos de violación siguientes:
a) Que la sentencia la discrimina como persona con discapacidad, al no considerar su condición médica (esquizofrenia paranoide).
b) Refiere que la autoridad omitió valorar con perspectiva de discapacidad, lo cual implica una vulneración directa al artículo 1° constitucional y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
c) La resolución le genera un estado de desprotección frente a una pensión que sí le correspondería legalmente por ser hija dependiente con discapacidad.
d) La aplicación de los artículos 152, 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres resulta inconstitucional e inconvencional, en tanto establecen una diferenciación porcentual injustificada entre los beneficiarios de pensión por viudez y por orfandad, sin atender a criterios de igualdad sustantiva ni a las circunstancias particulares de las personas con discapacidad.
e) Cuestiona que se le haya asignado únicamente el veinte por ciento de pensión por orfandad, mientras que a la concubina supérstite se le reconoció el noventa por ciento de pensión por viudez, a pesar de que la quejosa padece esquizofrenia paranoide y dependía económica y emocionalmente del asegurado fallecido.
f) Adujo que esta disparidad viola los derechos a la igualdad y no discriminación reconocidos en el artículo 1º constitucional, así como en tratados internacionales en materia de derechos humanos.
g) El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar condiciones que hagan posible una vida digna, y en ese sentido, la legislación de seguridad social no puede aplicarse sin tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de personas en situación de vulnerabilidad, como ella.
13. Trámite de la demanda de amparo: El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito admitió a trámite el asunto y determinó que los juicios de amparo promovidos por las partes serían objeto de resolución conjunta en una misma sesión.
14. Sentencia de amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo a la quejosa bajo las consideraciones siguientes:
a) Estimó fundados los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad de los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, por lo que determinó que debían ser inaplicados a la quejosa.
b) Señaló que los citados preceptos, al asignar un porcentaje fijo del veinte por ciento a la pensión por orfandad, reproducen un esquema normativo discriminatorio para personas con discapacidad permanente, como es el caso de la quejosa, quien dependía económica y emocionalmente del trabajador fallecido.
c) El órgano jurisdiccional reconoció que, si bien el legislador puede establecer distinciones válidas entre tipos de beneficiarios, como viudas/os y huérfanos, en este caso la distinción entre el noventa por ciento para la pensión por viudez y el veinte por ciento para la pensión por orfandad carece de una justificación objetiva y razonable cuando se trata de hijos con discapacidad permanente y dependencia económica total, como ocurre con la quejosa. Esta situación, impone una carga desproporcionada e injustificada a una persona en condición de especial vulnerabilidad, lo que transgrede el artículo 1º constitucional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
d) En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que no es posible realizar una interpretación conforme de dichos preceptos, ya que ello no bastaría para corregir el trato desigual.
e) Para sustentar su determinación, el Tribunal invocó el amparo en revisión 655/2018, donde se reconoció que las personas con discapacidad deben ser protegidas mediante medidas compensatorias y ajustes razonables que garanticen condiciones reales de igualdad en el acceso a la seguridad social.
f) La legislación de seguridad social, si bien puede establecer categorías de beneficiarios, debe ajustarse al principio de igualdad sustantiva cuando se trata de personas con discapacidad. El Tribunal estimó que el esquema legal actual no permite una protección suficiente para quienes no pueden integrarse al mercado laboral por razones médicas, como en el caso de la quejosa. Por tanto, debe equipararse el porcentaje de pensión por orfandad al de pensión por viudez (noventa por ciento), para asegurar un estándar mínimo de protección.
g) De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados deben eliminar barreras normativas que generen desigualdades estructurales y adoptar medidas razonables para evitar efectos discriminatorios indirectos. La norma aplicada al caso no considera la condición estructural de dependencia y necesidad de apoyo permanente, por lo que su aplicación literal reproduce un esquema injusto y contrario al bloque de constitucionalidad.
h) En esas condiciones, el Tribunal concedió el amparo a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue y cuantifique la pensión de orfandad de la quejosa en los mismos términos o con base en las mismas reglas que la pensión de viudez otorgada a la concubina de su finado padre. Además, se ordena el pago retroactivo correspondiente a dicho porcentaje, así como el ajuste en el sistema de nómina para garantizar su acceso continuo a ese beneficio, sin discriminación.
15. Recurso de revisión. Inconforme, la concubina del finado trabajador, actora en el juicio principal y tercera interesada en el juicio de amparo, promovió recurso de revisión en el que planteó los agravios siguientes:
a) Los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, de ninguna manera vulneran alguna disposición o principio constitucional, el único propósito de estos es el de establecer porcentajes de pensión distintos a personas distintas. Es decir, un porcentaje para la orfandad y otro para la vejez.
b) Lo anterior, no debe ser interpretado como una afectación al derecho a la igualdad debido a que las condiciones fácticas y jurídicas no son iguales para los huérfanos y los viudos. La relación que guardan con el trabajador deriva de relaciones jurídico filiales diferentes. Incluso la ley prevé requisitos distintos para cada una.
c) No existe obligación constitucional o convencional de dar trato igual a los beneficiarios, solamente la de otorgar las prestaciones de seguridad social.
d) El argumento relativo a que se transgrede el derecho a la no discriminación es erróneo puesto que el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución indica que el derecho a la seguridad social abarca tanto a los trabajadores que prestan servicios como a sus familias en la forma en que lo determine la propia ley. De ahí que la Ley del Seguro Social de 1973 no discrimina a los huérfanos, sino que les asigna un porcentaje proporcional de la pensión del trabajador fallecido.
16. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veinticinco, la Presidenta de este Alto Tribunal formó el expediente relativo al presente asunto y lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek.
17. Recurso de revisión adhesiva: Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso recurso de revisión adhesiva.
18. Avocamiento. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, la Segunda Sala se avocó del conocimiento del asunto. Asimismo, admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
I. COMPETENCIA
19. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96, de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de un recurso de revisión en amparo directo sin que se considere necesaria la intervención del Pleno para su resolución.
II. OPORTUNIDAD
20. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada a la parte quejosa el primero de abril de dos mil veinticinco, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el dos de abril de dicha anualidad. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del tres al veintiuno de abril, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte por ser sábados y domingos. Además, los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de abril por ser inhábiles.
21. Si el escrito fue presentado ante la Oficialía de Partes del Décimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Primer Circuito el once de abril de dos mil veinticinco. Resulta oportuno.
22. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue notificado del acuerdo de admisión del presente recurso el doce de mayo de dos mil veinticinco, la notificación surtió efecto el mismo día, por lo que el plazo previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo transcurrió del trece al diecinueve de mayo, descontando los días diecisiete y dieciocho. Por tanto, si el recurso se presentó vía electrónica el diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, el recurso es oportuno.
III. LEGITIMACIÓN
23. Esta Suprema Corte considera que Alejandra Vázquez Guadarrama en su calidad de tercera interesada en el juicio de amparo directo 593/2024 cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que dicho carácter se le reconoció en acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, en autos del expediente de mérito.
24. Cabe señalar que, en la jurisprudencia P./J. 14/2018 (10a.),(1) este Alto Tribunal estimó que el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo directo, cuando subsista el estudio de un tema propiamente constitucional, el cual se encuentra condicionado a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica; por tanto, no está legitimado para interponer ese recurso contra la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar los planteamientos del quejoso que cuestionan la constitucionalidad de un precepto determinado, pues esa omisión sólo perjudica a quien los formula, es decir, a este último, además de que el derecho de expresar esos argumentos en la demanda de amparo se origina con la aplicación del precepto referido, en perjuicio del quejoso. 25. En el caso, la tercera interesada no está formulando agravios relacionados con la omisión de analizar los planteamientos de constitucionalidad que el quejoso hizo valer en el juicio de amparo, pues sus argumentos se encuentran orientados a controvertir las consideraciones que estima le generan un agravio en su esfera jurídica, de ahí que cuenta con legitimación para promover el presente recurso de revisión.
26. En tanto, María del Carmen Ambrosio Chiquillo, en su carácter de apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tercero interesado en el juicio de amparo de mérito cuenta con legitimación para promover recurso de revisión adhesiva, en virtud de que ese carácter le fue reconocido por la Presidencia de la Segunda Sala en acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco.
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
27. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:
28. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Puntos Segundo, fracción III, inciso b) y Tercero del Acuerdo General Número 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) vigente a la fecha de interposición del presente recurso.
29. De la lectura de los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones:
a) Que subsista el problema de constitucionalidad de leyes;
b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o
c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.
30. Los anteriores requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional.
31. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
32. Cabe destacar que de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año se advierte que la intención del legislador al prever como requisito un “interés excepcional” en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir qué asuntos resolverá y, con ello, fortalecerlo como tribunal constitucional.
33. Bajo este entendido y en vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del presente asunto, se advierte que en el caso se acredita el primer requisito de procedencia, toda vez que en la demanda de amparo la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad de los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, bajo el argumento de que son contrarios al derecho de igualdad ante la ley al prever una diferencia injustificada respecto de los porcentajes de pensión por muerte otorgados a los huérfanos y al cónyuge supérstite de un asegurado fallecido.
34. Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres son inconstitucionales, puesto que la distinción entre el noventa por ciento para la pensión por viudez y el veinte por ciento para la pensión por orfandad carece de una justificación objetiva y razonable, lo que transgrede el artículo 1º constitucional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esas condiciones, ordenó inaplicar el porcentaje diferenciado a la quejosa y en su lugar, equiparar el porcentaje de pensión por orfandad al de pensión por viudez del noventa por ciento para asegurar un estándar mínimo de protección.
35. La recurrente plantea que la interpretación constitucional del Tribunal Colegiado es incorrecta, pues los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres no vulneran el derecho a la igualdad, ya que su finalidad es establecer porcentajes diferenciados de pensión conforme a la relación jurídica con el trabajador fallecido, sin que ello implique una afectación al derecho a la igualdad, pues las condiciones de viudos y huérfanos no son equivalentes ni fáctica ni jurídicamente. Además, no existe mandato constitucional o convencional que obligue a otorgar un trato idéntico a todos los beneficiarios, sino únicamente a garantizar el acceso a las prestaciones de seguridad social.
36. De ahí que en el presente asunto se actualiza el primer requisito, puesto que el Tribunal Colegiado de Circuito llevó a cabo una interpretación directa de la constitucionalidad de los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres.
37. Por lo que hace al segundo de los requisitos mencionados, se tiene que el asunto reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos para ser analizado por este Alto Tribunal, pues su estudio permitiría determinar si la distinción establecida en los artículos 153, y 157 de la Ley del Seguro Social de 1973 que fijan porcentajes diferenciados para la pensión por viudez, equivalente al noventa por ciento y por orfandad del veinte por ciento, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Respecto a este tema no existen precedentes obligatorios que resuelvan la problemática.
38. Sin que pase inadvertido que al dictar la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado retomó las consideraciones desarrolladas por esta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 655/2018,(3) se pronunció sobre la regularidad constitucional de los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de 1973, en relación con la distinción normativa relativa a los porcentajes de las pensiones de viudez y de orfandad. Sin embargo, se trata de un criterio que no es de observancia general obligatoria en el orden jurídico nacional; en esa virtud, la sentencia que se emita en este asunto podría originar un precedente que sí lo sea.
V. ESTUDIO DE FONDO
39. La recurrente aduce que los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres no discriminan a los huérfanos respecto de la viuda, pues únicamente prevén un porcentaje de pensión distinto para cada caso.
40. Agrega que la diferencia de porcentaje de pensión, equivalente al noventa por ciento para la pensión de viudez y del veinte por ciento para la pensión de orfandad, no se traduce en una afectación al derecho a la igualdad debido a que la relación que los beneficiarios guardan con el trabajador es distinta y derivan de relaciones jurídico familiares diversas.
41. Señala que la distinción entre los beneficiarios de una pensión de orfandad y de una pensión de viudez se advierte de que para el otorgamiento de la pensión respectiva, el legislador previó requisitos diversos y, por tanto, no se les puede dar el mismo trato.
42. Agrega que, al inaplicar los mencionados preceptos legales, el Tribunal colegiado violentó el derecho a la seguridad social de la recurrente, viuda del fallecido trabajador.
43. Son infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente.
V.1. Derecho a la igualdad y no discriminación
44. Dado que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció en el sentido que los artículos impugnados son contrarios al derecho a la igualdad y no discriminación, resulta necesario precisar el alcance que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado en su doctrina jurisprudencial con relación a ellos.
45. El derecho a la igualdad se reconoce en el primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En su último párrafo, dicho precepto constitucional prohíbe cualquier forma de discriminación que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, cuando se base en motivos como el origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
46. El principio de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permea todo el ordenamiento jurídico, de manera que cualquier trato discriminatorio respecto del ejercicio de algún derecho reconocido en la propia Constitución es, por sí mismo, incompatible con este principio.
47. La igualdad, como principio co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33480-14514612/pensiones-de-orfandad-y-de-viudez-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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