FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS SUJETOS AL SISTEMA PENSIONARIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1997, DEBEN SOLICITAR LA TRANSFERENCIA DE LOS QUE NO HUBIESEN SIDO APLICADOS COMO PAGO DE UN CRÉDITO, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, A FIN DE QUE SE DESTINEN A LA CONTRATACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES O SU ENTREGA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 26 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y porque la materia de la contradicción de tesis versa sobre la materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(2)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.
TERCERO.-Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas en las resoluciones respectivas.
I. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. Amparo Directo Laboral 258/2013
1. Juicio laboral
El seis de septiembre de dos mil doce, un pensionado por invalidez demandó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el pago total de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda.
En los hechos de la demanda narró que nunca ejerció crédito de vivienda; que inició su pensión el catorce de enero de dos mil dos bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, pero que cambió al régimen de la ley de mil novecientos noventa y siete desde el uno de enero de dos mil siete. Cuando cambió de régimen las aportaciones a la subcuenta de vivienda ya habían sido enviadas al Gobierno Federal y en esa fecha ya no aparecían esos recursos en sus estados de cuenta.
Al contestar la demanda el instituto demandado, expuso que el actor carecía de derecho para reclamar la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda, pues se pensionó en términos de ley vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, y por ende le es aplicable el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que establece que esos recursos, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro, para la contratación de la pensión correspondiente.
En el laudo, la Junta absolvió al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. La Junta partió de la base de que el actor fue pensionado por invalidez bajo la Ley del Seguro Social vigente, por lo tanto, los recursos que acumuló en la subcuenta de vivienda hasta antes de obtener dicha pensión, al no haber sido destinados al otorgamiento de un crédito de vivienda, deberán ser transferidos por dicho instituto a la Afore para la contratación de la pensión correspondiente, esto es, por disposición expresa de la ley, los recursos reclamados deben ser destinados al financiamiento de la pensión que le fue otorgada (artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).
Tampoco pasó inadvertido para la Junta que el demandante apoyó su pretensión en la tesis de jurisprudencia «2a./J.32/2006» que lleva por rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", aunque estimó que no era aplicable al caso particular, porque el supuesto que prevé para la devolución y entrega de recursos, es para aquellos casos en que el asegurado eligió el régimen pensionario inmerso en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, es decir, la Ley de mil novecientos setenta y tres; no obstante, en la especie, el actor eligió la vigente, por lo que no se deben confundir los regímenes pensionarios que cada ley establece, ya que cada uno regula su propio sistema de financiamiento, invocando para tal efecto la tesis de jurisprudencia «2a./J. 114/2012 (10a.)» del rubro: "SEGURO SOCIAL. RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y VIGENTE. SUS DIFERENCIAS."
2. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito
El trece de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado de Circuito, emitió ejecutoria en la que negó el amparo.
En primer lugar, aclaró que con la resolución para el otorgamiento de pensión por invalidez emitida el veintidós de agosto de dos mil tres, que obraba en autos, se evidenciaba que el quejoso se acogió al régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete.
Sostuvo que el contenido del artículo 123, apartado A, fracción XII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política, pone de manifiesto la obligación que tiene todo patrón de proporcionar a sus empleados habitaciones cómodas e higiénicas; es decir, tutela el derecho de los trabajadores para obtener casa, lo que se conseguirá mediante las aportaciones que realicen las empresas a un fondo nacional de la vivienda, administrado por un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones.
La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, constituye la ley que reglamenta la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, cuyo artículo 29, fracción II, señala que las aportaciones realizadas por los patrones a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual, constituyen gastos de previsión social y forman parte del patrimonio de los trabajadores. Esto último queda ratificado con el artículo 5, último párrafo, de la misma ley.
Por otra parte, el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete (tomando en cuenta lo dispuesto en los diversos 42, fracción II, y 43 bis), impone la obligación de transferir los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro, cuando no hubiesen sido aplicados para la adquisición en propiedad de habitaciones; para la construcción de vivienda; para la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones; o para el pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores, con motivo del crédito de vivienda otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Ahora bien, la transferencia de los recursos de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro, tiene como propósito, según lo informa el precepto interpretado, la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de los artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 y 193, de la Ley del Seguro Social, así como 3, 18, 80, 82 y 83 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los cuales estudió el Tribunal para desentrañar el alcance del referido artículo 40.
Consideró que los artículos 190 y 193 de la Ley del Seguro Social, permiten a las administradoras de fondos para el retiro entregar a los asegurados o sus beneficiarios, los recursos de las cuentas individuales, incluidos los de la subcuenta de vivienda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el trabajador o sus beneficiarios se pensionen con un plan establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, con la condición de que esté autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y que la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada (190); y
b) Cuando los beneficiarios legales de un trabajador fallecido ya no tengan derecho a pensión por el seguro de invalidez y vida (193).
Conforme al estudio sistemático referido, sostuvo que la interpretación del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con los diversos 42, fracción II, y 43 bis de la misma ley, así como con los numerales 190 y 193 de la Ley del Seguro Social, es en el sentido de que la transferencia de los recursos de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro, que no hayan sido aplicados para un crédito de vivienda, tiene como finalidad la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda. Esto último sucede cuando: a) la pensión se otorga con un plan establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, siempre que esté autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y que la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada; y b) los beneficiarios legales de un trabajador fallecido ya no tengan derecho a pensión por el seguro de invalidez y vida.
Dicho en otras palabras, la norma que derivó de la interpretación sistemática de los preceptos citados es que los recursos de la subcuenta de vivienda que no hayan sido utilizados para el pago de un crédito de vivienda, una vez transferidos a las administradoras de fondos para el retiro, serán entregados a los trabajadores o sus beneficiarios cuando no contraten con la aseguradora una renta vitalicia; sea porque han obtenido una pensión otorgada por su patrón o derivada de contratación colectiva, o porque ya no tengan derecho a recibir alguna pensión en el seguro de invalidez y vida.
El tribunal concluyó que, en el caso de que el trabajador asegurado o sus beneficiarios sí tengan derecho a recibir alguna pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente, la transferencia de los recursos existentes en la subcuenta de vivienda que no hayan sido usados para el pago de un crédito de vivienda, a la administradora de fondos para el retiro que aquéllos hayan elegido, tendrá como propósito la contratación de la renta vitalicia con la institución de seguros, aseguradora; es decir, en ese supuesto el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece que esos recursos serán utilizados para el pago de la pensión correspondiente.
Aclaró que la circunstancia de que el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ordene la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores o sus beneficiarios, que no hayan sido utilizados para el pago de un crédito de vivienda, a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de una renta vitalicia con una institución de seguros, de acuerdo con lo sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito, no genera la privación del derecho de propiedad de los recursos de vivienda.
Estimó que si el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dispone la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores o sus beneficiarios, que no hayan sido utilizados para el pago de un crédito de vivienda, a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de una renta vitalicia con una institución de seguros, debe entenderse que esa disposición constituye una modalidad a la propiedad de los referidos recursos.
El tribunal sostuvo que, la propiedad de que se habla está sujeta a modalidades restrictivas y de protección, establecidas especialmente para otorgar seguridad social al trabajador, es decir, en su beneficio.
Las modalidades restrictivas consisten en que, el trabajador sólo podrá disponer de los recursos de su cuenta individual cuando se cumplan los supuestos para que nazca el derecho de obtener una pensión, de manera que podrá solicitar la transferencia de los recursos de su propiedad para contratar un seguro de renta vitalicia.
La modalidad de protección consiste, a su vez, en el carácter de inembargable que regula el párrafo segundo del numeral 169 de la Ley del Seguro Social, con el propósito de que el trabajador no comprometa la fuente de ingresos en años posteriores a su retiro del trabajo.
En tal virtud, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que la disposición contenida en el artículo 40 no afecta la propiedad de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, sino que regula la modalidad en que esos recursos, que no cumplieron su cometido [crédito de vivienda], serán canalizados para beneficio de los trabajadores, como lo es la contratación de una renta vitalicia.
También tomó en cuenta, que esta Segunda Sala emitió los siguientes criterios:
• "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA."(3)
• "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(4)
Precisó que si bien en ellos se declaró la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo cierto es que la base de aquel análisis fue la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, cuyo sistema dispone que, las pensiones corren a cargo del Gobierno Federal, en cuyo caso su monto no se veía incrementado de ninguna forma, debido a que su cálculo se hace con base en las semanas de cotización y salario promedio del trabajador conforme a lo establecido únicamente en la Ley del Seguro Social abrogada; sin embargo, el dinero acumulado en la subcuenta de vivienda era transferido al gobierno sin ningún beneficio para el trabajador, con la consecuente pérdida de sus aportaciones de vivienda.
En cambio, las pensiones bajo el nuevo esquema de la Ley del Seguro Social vigente, no corren a cargo del gobierno, sino de los propios trabajadores, pues "costean" su pensión con los fondos acumulados en la cuenta individual, de forma tal que, cuanto mayor sea el saldo acumulado en la cuenta, mayor será el monto de la pensión.
Consideró que el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, dispone que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y que ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
A partir de dicha disposición constitucional, la Ley del Seguro Social regula la observancia de esos seguros obligatorios y determina las condiciones y modalidades en que han de otorgarse las pensiones que corresponden a los trabajadores.
También tuvo en cuenta, la disposición constitucional contenida en la fracción XXVII, inciso h), del apartado A, del propio artículo 123, en tanto establece la prohibición expresa a la renuncia de algún derecho consagrado en favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores, como es la Ley del Seguro Social.
En tal virtud, el derecho del trabajador a obtener una pensión es irrenunciable, lo cual guarda total concordancia con la finalidad para la que las pensiones fueron creadas, principalmente, la vida digna de las personas, siendo aplicable, por analogía, la tesis aislada 2a. LXXV/2011, sustentada por esta Segunda Sala, que en seguida se cita: "PENSIÓN JUBILATORIA. GOZA DE PROTECCIÓN CONTRA EMBARGO, COMPENSACIÓN O DESCUENTO HASTA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA."(5)
Como consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la obtención de una pensión para los trabajadores que cuenten con los requisitos necesarios para ello, constituye un derecho al que no pueden renunciar, pues su otorgamiento representa una cuestión de interés público que atañe, inclusive, a la propia sociedad, dado que es del interés común que quienes lo necesiten, tengan una remuneración digna para lograr satisfacer sus necesidades básicas.
Por tanto, al resultar distintos los esquemas de pensiones que rigen para el artículo octavo transitorio y para el numeral 40, ambos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Tribunal determinó que no pueden atenderse a las mismas razones que se expusieron para declarar inconstitucional aquél. Al contrario, debe considerarse que la modalidad a la propiedad de los recursos de vivienda prevista en el artículo 40 citado, se justifica, porque representa para el trabajador una medida de protección y previsión en aras de garantizarle una mejor pensión, ocupando los recursos de vivienda que no cumplieron su finalidad constitucional.
Finalmente, el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, no contraviene el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución, si bien representa un destino distinto para el que fueron creados, tiene una finalidad constitucionalmente válida, debido a que se utilizarán para incrementar los fondos acumulados en la cuenta individual y, por ende, el de la pensión que se contrate con una institución de seguros, pues cuanto mayor sea el saldo acumulado en la cuenta, mayor será el monto de la pensión.
Las anteriores consideraciones, fueron obtenidas por el Tribunal Colegiado de Circuito de la ejecutoria que dio pauta a la tesis aislada 2a. LXI/2012 (10a.), sustentada por esta Segunda Sala, de rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA QUE NO HUBIESEN SIDO APLICADOS COMO PAGO DE UN CRÉDITO, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA."
En torno a lo aducido, en el sentido de que la pensión que gozaba la quejosa no se había visto incrementada a virtud del saldo que acumuló en la subcuenta de vivienda, dado que la suma correspondiente se trasladó al Gobierno Federal, desde antes que optara por el régimen 97, consideró que la acción entablada en el juicio del que derivó el laudo reclamado no fue la idónea para lograr que el saldo mencionado se vea reflejado en una mejor pensión, de modo que conservaba su derecho para deducir tal pretensión en la forma que en derecho procediera.
Con motivo de lo decidido en esa ejecutoria, el Tribunal Colegiado de Circuito, publicó el criterio aislado XVI.1o.T.4 L (10a.):
"SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL ASEGURADO QUE INICIALMENTE OPTÓ POR ACOGERSE AL RÉGIMEN DE PENSIONES PREVISTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, Y A LA POSTRE OPTÓ POR EL DIVERSO REGULADO EN LA NUEVA LEY, NO TIENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN AQUÉLLA.-De conformidad con las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis 2a. LXI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 1005, de rubro: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA QUE NO HUBIESEN SIDO APLICADOS COMO PAGO DE UN CRÉDITO, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.’, al resultar distintos los esquemas de pensiones que rigen, por una parte, para el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2012 que, al prever que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de esta ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores, transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que dispone de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para un fin diverso para el cual fueron instituidas; mientras que, por otra parte, conforme al numeral 40 de la invocada ley, los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados para el pago de un crédito de vivienda, serán transferidos a las administradoras de fondos, en el supuesto de que el trabajador o sus beneficiarios tengan derecho a recibir una pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, no puede atenderse a las mismas razones que se expusieron para declarar inconstitucional aquél. Al contrario, debe considerarse que la modalidad a la propiedad de los recursos de vivienda prevista en el citado artículo 40, tiene como propósito contratar una renta vitalicia con una institución de seguros, la que se justifica porque representa para el trabajador una medida de protección y previsión en aras de garantizarle una mejor pensión, ocupando los recursos de vivienda que no cumplieron su finalidad constitucional, de modo que la orden de transferir los recursos de vivienda no utilizados para la obtención de un crédito para vivienda, a las administradoras de fondos para el retiro, si bien representa un destino distinto para el que fueron creados, tiene una finalidad constitucionalmente válida, debido a que se utilizarán para incrementar los fondos acumulados en la cuenta individual y, por ende, el de la pensión que se contrate con una institución de seguros, pues cuanto mayor sea el saldo acumulado en la cuenta, mayor será el monto de la pensión. Consecuentemente, si un pensionado inicialmente optó por regirse de acuerdo con la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, lo que le daría el derecho a obtener la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda, no obstante que con posterioridad se acogió al régimen de la citada ley vigente, entonces debe soportar todas las consecuencias que le son aplicables, entre las que se incluye la transferencia de éstos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente y no su devolución." [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de 2014, Tomo II, página 1297. Registro digital: 2006945 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas»](6)
II. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Amparo directo laboral 713/2014
1. Juicio laboral
El ocho de septiembre de dos mil ocho, la cónyuge y el hijo de un asegurado fallecido promovieron demanda laboral en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de una administradora de fondos para el retiro, de quienes reclamaron la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda a favor del asegurado.
En la demanda del juicio laboral se expuso que el veintitrés de marzo de dos mil siete, falleció el trabajador, por lo que a los actores les fueron otorgadas las pensiones de viudez y orfandad a partir del veinte de septiembre de dos mil siete.
La Junta condenó al Instituto a recuperar ante quien correspondiera los recursos de la subcuenta de vivienda y a que los transfiriera a la administradora de fondos para el retiro, y a ésta la condenó a entregar dichos recursos a los actores.
La administradora de fondos para el retiro promovió juicio de amparo directo.
2. Ejecutoria de amparo
El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado de Circuito, emitió ejecutoria en la que concedió el amparo, para el efecto de que la Junta subsanara la incorrecta apreciación que hizo respecto de la resolución por la que se otorgaron las pensiones de viudez y orfandad, tomando en cuenta que éstas se asignaron conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente (régimen '97), que los beneficiarios optaron por una renta vitalicia, cuyo monto constitutivo se integra con la totalidad de los recursos de la cuenta individual del trabajador, incluyendo los de la subcuenta de vivienda, si éstos no se utilizaron para el crédito correspondiente; y, con base en ello, resolviera sobre la procedencia de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral de origen.
El Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el concepto de violación, en el que la administradora alegó que fue condenada indebidamente al pago de recursos a los que no tiene derecho la beneficiaria del trabajador fallecido, por destinarse al financiamiento de la pensión de viudez y orfandad que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tomó en cuenta el contenido de los artículos 127, fracciones I y II, 130 y 159 de la Ley del Seguro Social (vigente), y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cuanto a que los recursos de vivienda están destinados a la integración del monto constitutivo que el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá transferir a la institución de seguros que elija la beneficiaria para la contratación de la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia, en términos del régimen '97.
De manera preliminar, el tribunal aclaró que la autoridad laboral responsable partió de la base de que las pensiones otorgadas a los actores se encuentran reguladas por la legislación de seguridad social, vigente a partir de mil novecientos setenta y tres; lo cual no coincide con lo asentado en el citado documento, en el que se hace referencia a los artículos 55, fracción IV, 58, fracción II, 64, fracciones II a VI, 65, 66 y 69 de la Ley del Seguro Social, que corresponde a la legislación actual.
Por lo anterior, advirtió que la Junta responsable resolvió la cuestión planteada, aplicando a una pensión de viudez y orfandad otorgada conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente, las disposiciones que en materia de vivienda corresponden a aquellos asegurados o sus beneficiarios, que hayan obtenido alguna pensión "conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997", esto es, el anterior al que regula el caso concreto.
Para examinar la procedencia de la acción de quien acudió como beneficiaria respecto a la devolución del monto de la cuenta individual del asegurado fallecido, sostuvo que era necesario que en juicio se tomara en cuenta el régimen bajo el cual se había acogido en vida el asegurado, o bien, su beneficiaria, por sí y en representación de su hijo menor de edad, al momento de que les fueron otorgadas las pensiones de viudez y orfandad, respectivamente, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante resolución de veinte de septiembre de dos mil siete, es decir, si se había optado por los beneficios de pensión que regulaba la derogada Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, o bien, por los lineamientos que establece la vigente Ley del Seguro Social de mil novecientos noventa y siete.
Cuestión que el tribunal consideró por demás trascendente, dado que tomó en cuenta que esta Segunda Sala ha definido en jurisprudencia no sólo las diferencias entre el sistema de pensiones que contempla la ley derogada y el previsto en la vigente, sino además la incompatibilidad entre un sistema y el otro en los siguientes aspectos:
1) Su financiamiento es distinto.
Mientras la ley anterior previó un sistema de reparto, en el que las pensiones son cubiertas de las reservas acumuladas por las aportaciones que todos los trabajadores afiliados al instituto hicieron al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y corren a cargo del Gobierno Federal; las pensiones del nuevo régimen son financiadas con los recursos que los trabajadores acumularon durante su vida laboral en su cuenta individual y, por tanto, se encuentran a cargo de los propios asegurados.
2) Su cuantificación es distinta.
Las pensiones del régimen anterior, se cuantifican a partir del salario base de cotización, en su promedio de las últimas 250 semanas en relación con la antigüedad del trabajador, es decir, atendiendo al número de semanas cotizadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 y 171 de la ley derogada; mientras que las nuevas pensiones atenderán exclusivamente a las cantidades acumuladas en la cuenta individual y será el trabajador quien decida su monto, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, pudiendo recibir el excedente en una sola exhibición, conforme a lo previsto en los artículos 157 y 164 de la Ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27158-7fb505c4/fondos-acumulados-en-la-subcuenta-de-vivienda-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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