MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL PAGO DEL CONCEPTO "FONDO DE AHORRO", DERIVADO DE SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA, DEBE ABARCAR TODO EL TIEMPO QUE DURÓ SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y HASTA QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA QUE CONTENGA LA CONDENA CORRESPONDIENTE [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2012 (10a.)]. MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL PAGO DEL CONCEPTO "FONDO DE AHORRO", DERIVADO DE SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA, DEBE ABARCAR TODO EL TIEMPO QUE DURÓ SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y HASTA QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA QUE CONTENGA LA CONDENA CORRESPONDIENTE [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2012 (10a.)].
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
AMPARO DIRECTO 486/2017. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.
CONSIDERANDO:
NOVENO.-Análisis de los conceptos de violación y, en suplencia de la queja, de las prestaciones reclamadas a que no se refieren los motivos de disenso. Los motivos de disconformidad son, en una parte infundados y, en otra, fundados.
A. Estudio de los conceptos de violación.
• Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, desde la destitución y hasta que se cumpla materialmente la sentencia.
Debemos recordar que por lo que se refiere a dichos conceptos, la Magistrada responsable resolvió:
Aguinaldo:
- No reconoció el derecho al pago proporcional de esta prestación correspondiente a dos mil catorce, a razón de cuarenta y un días, dado que ya había sido cubierta por la autoridad demandada, lo que tuvo por acreditado con la copia certificada del recibo de nómina correspondiente.
- Tampoco reconoció el derecho a esa prestación desde la destitución y hasta que se cumpliera materialmente la sentencia, ya que, desde su perspectiva, se trata de prestaciones que se otorgan con base en el tiempo efectivamente laborado.
Vacaciones:
- Respecto del periodo vacacional correspondiente a dos mil catorce, condenó a la autoridad demandada a pagar al actor $********** (********** 00/100 M.N.), a razón de veinte días por año.
- No reconoció el derecho al pago de esa prestación desde la destitución y hasta la sentencia definitiva. Lo anterior, ya que indicó la resolutora, se trata de prestaciones que se otorgan con base en el tiempo efectivamente laborado.
Prima vacacional:
- En cuanto a este concepto, correspondiente a dos mil catorce, lo declaró improcedente, toda vez que estimó que ya ha sido cubierto por la parte demandada, lo que tuvo por acreditado con las copias certificadas de los recibos de nómina.
- No reconoció el derecho al pago de esa prestación desde la destitución y hasta la sentencia definitiva. Lo anterior, ya que indicó la resolutora, se trata de prestaciones que se otorgan con base en el tiempo efectivamente laborado.
El quejoso, en el concepto de violación identificado con el inciso a), aduce que es ilegal la determinación de la Sala responsable, con relación a la prestación reclamada, consistente en el pago del aguinaldo correspondiente a dos mil catorce (parte proporcional), así como desde la destitución y hasta que se cumpla materialmente la sentencia, ya que es una prestación que se encuentra comprendida dentro del enunciado "y demás prestaciones", del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se le deben cubrir las cantidades que por ese concepto percibió desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice su pago.
Por otra parte, en el concepto de violación identificado con el inciso b), el impetrante aduce que es ilegal la determinación de la resolutora responsable, al considerar que son improcedentes las prestaciones vacaciones y prima vacacional, desde la destitución y hasta que se cumpla materialmente la sentencia, así como de la citada en segundo término, respecto de la correspondiente a dos mil catorce. Ello, en virtud de que es una prestación que se encuentra comprendida dentro del enunciado "y demás prestaciones", del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se le deben cubrir las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice su pago.
Además, argumenta que el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, en su artículo 55 establece los derechos de los policías, en los cuales se contempla la prestación de vacaciones por catorce días cada seis meses (esto es, veintiocho días al año) y no veinte como lo sostuvo la resolutora responsable, y una prima vacacional del 48% del equivalente al salario de catorce días de sueldo.
Por lo que, concluye, se debió condenar a la autoridad demandada al pago de vacaciones de veintiocho días por año y al 48% de prima vacacional, ambas correspondientes a dos mil catorce y, además, desde la fecha del cese (veintidós de diciembre de dos mil catorce) y hasta que la autoridad demandada de origen dé cumplimiento a la sentencia.
Esos motivos de disenso son parcialmente fundados.
Al resolver la contradicción de tesis 489/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente.
Lo anterior, porque si bien «es cierto que» la referida reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que la sociedad requiere contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por una violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.
Bajo ese contexto, expuso que el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional son conceptos que se encuentran comprendidos dentro del enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, pues suelen otorgarse con motivo de la prestación de un servicio al Estado y catalogarse en el presupuesto de egresos respectivo.
De ahí que, por tales conceptos, deben pagarse al servidor público miembro de alguna institución policial que fue separado del servicio injustificadamente, las cantidades que pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, pues sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral; es decir, puede indemnizarlo en todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación.
Ello, pese a que el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional se generen atendiendo al trabajo efectivamente realizado, pues se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser equivalente a aquello de lo que el servidor público es privado durante su separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado.
Las consideraciones citadas dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), consultable en la página 635, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice:
"SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO «Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO», CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’, sostuvo que el referido enunciado ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación."
• Aguinaldo.
En cuanto al concepto de aguinaldo proporcional correspondiente a dos mil catorce, es legal la determinación de la responsable de declararlo improcedente, dado que, por una parte, la autoridad demandada acreditó en el juicio de nulidad haberlo pagado.
De la copia certificada del recibo de nómina a nombre del actor, ahora quejoso, que obra en el juicio de origen (folio 155), a la cual se le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 57, 119 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se observa que se realizó un pago al ahora quejoso por concepto de aguinaldo, por un monto de $********** (********** 00/100 M.N.), el cual, como lo sostuvo la responsable, debe tenerse por reconocido tácitamente por el actor, aquí quejoso, al no haberlo objetado, además de que al calce de ese documento obra también la firma del aquí solicitante de amparo, la cual tampoco tachó de falsa.
Ahora bien, en los términos citados en la contradicción de tesis 489/2011, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) a que se hizo referencia, resulta fundado el concepto de violación, dado que, como se indicó, tal concepto debe pagarse al servidor público miembro de alguna institución policial que fue separado del servicio injustificadamente, (sic) las cantidades que pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, pues sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de forma integral, es decir, puede indemnizarlo de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación.
Con base en lo anterior, se tiene que los emolumentos dejados de percibir por los elementos de las instituciones policiales separados injustificadamente del cargo, no atiende al trabajo efectivamente realizado, pues, en ese caso, se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser equivalente a aquello de lo que el servidor es privado durante su separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado, por lo que se estima ajustado a derecho que tales prestaciones le sean cubiertas hasta el momento en el que se cumpla la sentencia condenatoria.
Por ende, la Sala responsable deberá declarar fundado el motivo de disenso relativo y condenar a la autoridad demandada a pagar al aquí quejoso el concepto de aguinaldo en los términos anteriormente descritos; esto es, deberá condenar a la autoridad demandada al pago desde la destitución y hasta que se cumpla materialmente con la sentencia.
• Vacaciones.
Por lo que hace a este concepto, relativo al pago proporcional de dos mil catorce, fue correcta la determinación de la responsable de condenar a la autoridad demandada a su pago, a razón de veinte días por año (diez días por cada seis meses de labores) y no de veintiocho, como lo aduce el quejoso.
Ello, en virtud de que, contrariamente a lo que aduce el impetrante, el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, que en los términos anotados en líneas precedentes es el ordenamiento jurídico aplicable, establece el derecho a diez días hábiles por cada seis meses de trabajo, en los términos siguientes:
"Artículo 57. Son derechos del cuerpo operativo:
"...
"IX. Disfrutar de un periodo vacacional semestral de diez días hábiles a partir de haber cumplido seis meses de servicio, según el calendario que para ese efecto establezca la Dirección de Operaciones Policiales de acuerdo con las necesidades del servicio."
De ahí que fue correcta la determinación de la responsable, de tomar en cuenta veinte días por año para realizar el cálculo correspondiente al pago de dicha prestación, aun cuando para determinar esa base hubiera acudido al artículo 26 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios pues, como se razonó con antelación, el ordenamiento jurídico aplicable para determinar dicha base es el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, lo que no causa agravio al quejoso, dado que dicho reglamento establece igualmente el derecho a diez días de vacaciones por cada seis meses laborados, lo que se traduce en veinte días por año.
Ahora, en relación con el cálculo del monto que debe pagar la autoridad demandada, se tiene que durante dos mil catorce, al quejoso, por lo que se refiere al primer semestre, le corresponde el pago de la cantidad de $ ********** (********** 00/100 M.N.). Ello, dado que tiene derecho al pago de diez días de salario (10 x ********** = **********).
Por lo que corresponde al segundo semestre del periodo vacacional, habría abarcado del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce (lo que se toma en cuenta en virtud de no tener datos que arrojen la fecha de ingreso a la corporación policial), por lo que si fue retirado del cargo el veintidós de diciembre de ese año, tiene derecho a que se le cubra la parte proporcional, equivalente a ciento setenta y cinco días, lo que arroja un factor de 9.51 días (175 x 10 = 1750 / 184 = 9.51).
Una vez obtenido dicho factor, debe multiplicarse por la cantidad de salario diario acreditado, en el caso $**********, lo que arroja la suma de $********** (********** 93/100 M.N.), como parte proporcional de vacaciones.
Cantidades que sumadas dan un total de $********** (********** 00/100 M.N.) y no de $********** (********** 44/100 M.N.), como lo calculó la responsable.
No obstante, como esa determinación es favorable al quejoso y la parte a quien pudiere perjudicarle no la impugnó, debe quedar intocada y prevalecer en sus términos.
Por otra parte, en lo que se refiere al pago de ese concepto desde la destitución y hasta que cumpla materialmente con la sentencia, es fundado el motivo de disenso porque, como se indicó, los emolumentos dejados de percibir por los elementos de instituciones policiales separados injustificadamente del cargo, no atiende al trabajo efectivamente realizado, pues en ese caso se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser equivalente a aquello de lo que el servidor es privado durante su separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado, por lo que se estima ajustado a derecho que tales prestaciones le sean cubiertas hasta el momento en el que se cumpla la sentencia condenatoria.
Por ende, la Sala responsable debe condenar a la autoridad demandada a pagar al aquí quejoso, el concepto de vacaciones a razón de veinte días por año, desde la destitución y hasta que se cumpla materialmente la sentencia.
- Prima vacacional.
Por lo que se refiere a esta prestación, fue correcta la decisión de la Magistrada responsable de declarar improcedente su pago, por lo que hace a dos mil catorce, en virtud de que la autoridad demandada acreditó haberlo realizado.
En efecto, en el juicio de nulidad obran las copias certificadas de dos recibos de nómina (fojas 158 y 164), las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 57, 119 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de los que se observa el pago de $********** (********** 76/100 M.N.) y de $********** (********** 10/100 M.N.), por ese concepto, los cuales, como lo sostuvo la responsable, fueron reconocidos tácitamente por el actor al no haberlos objetado, además de que en éstos obra su firma, la cual tampoco tachó de falsa.
No obstante, dicho reconocimiento sólo implica que por ese concepto se pagó al ahora quejoso la cantidad señalada, pero no que esté de acuerdo con el monto pagado.
Ahora bien, en el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, no se regula el porcentaje que por la prima vacacional debe pagarse a los elementos de esa corporación, por lo cual debe acudirse entonces a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, que en su artículo 27, último párrafo establece:
"Artículo 27. Las vacaciones no podrán sustituirse con una remuneración.
"...
"Los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional de por lo menos el treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dicho periodo."
De ahí que el referido cálculo deba hacerse, en principio, con base en el 30% sobre el sueldo que percibía el actor, ahora quejoso.
No obstante, el actor reclamó dicha prestación a razón de un porcentaje del 48%.
Ahora, en el supuesto de una prestación extralegal, corresponde en principio al actor acreditarla.
Ello, porque tratándose del pago de prima vacacional reclamado de manera extralegal, pretende obtener más de lo que la propia norma prevé en el artículo 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, por lo que el actor debía precisar los pormenores de su reclamo, tales como el pacto contractual o de otra índole y la forma en que se enteran, pues no debe perderse de vista que, en la especie, las autoridades demandadas son órganos del Estado que sujetan su actuar a lineamientos legales y presupuestales, a fin de liquidar las prestaciones que otorgan.
No obstante, la Sala tiene la obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada y valorar todas las pruebas aportadas al juicio para ser congruente con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, bajo el principio de impartición de justicia real, pronta y expedita.
En el caso, obran en el juicio de nulidad copias certificadas de dos recibos de pago (folios 158 y 164), de los que se advierte el pago de la prima vacacional por lo que se refiere al primero y segundo semestres de dos mil catorce, por las cantidades de $********** (********** 76/100 M.N.) y de $********** (********** 10/100 M.N.), respectivamente.
Entonces, si tenemos en cuenta que, como se señaló, corresponde a la Sala resolver la cuestión efectivamente planteada y valorar todas las pruebas aportadas al juicio, bajo el principio de impartición de justicia real, pronta y expedita, debió determinar si el monto pagado al demandante por concepto de prima vacacional, esto es, por lo que se refiere al primero y segundo semestres de dos mil catorce las cantidades de $********** (********** 76/100 M.N.) y de $********** (********** 10/100 M.N.), respectivamente, correspondía al 30% que por ley le corresponde o si, por el contrario, dichas cantidades acreditaban que se pagaba más del tanto porciento mínimo que legalmente le corresponde, lo que lo hubiera llevado a determinar, bajo ese contexto, que en realidad el actor tenía una prestación extralegal correspondiente a más del 30%, incluso hasta el 48% que dijo tenía derecho en términos de su demanda.
Sin embargo, la resolutora responsable no lo hizo de esa manera, por lo que vulneró en perjuicio del actor, aquí quejoso, el artículo 17 constitucional, lo que tiene como resultado otorgarle la protección federal solicitada, para el efecto de que realice el cálculo correspondiente y resuelva si del pago de dichos montos deriva una prestación de carácter extralegal, lo cual impactaría igualmente en la condena que deberá realizar en torno al derecho del demandante del pago de dicho concepto, desde el cese y hasta que se cumpla la sentencia, en los términos de la presente ejecutoria, como se explica a continuación.
En el orden de ideas señalado, es fundado el motivo de disenso por la razón apuntada respecto del concepto de vacaciones; por ende, la Sala responsable, a su vez, deberá declarar fundado el motivo de disenso relativo y condenar a la autoridad demandada a pagar al aquí quejoso la prestación correspondiente a la prima vacacional, en los términos anteriormente descritos; esto es, si al realizar el cálculo de lo pagado por dos mil catorce, resultare que se le otorgó al actor más del 30% a que legalmente tiene derecho, en ese mismo margen deberá condenar a la autoridad demandada al pago desde la destitución y hasta que se cumpla materialmente con la sentencia.
• Aportaciones al Afore.
Respecto de dicho concepto, la Magistrada responsable resolvió declarar improcedente ese reclamo, en virtud de que, desde su perspectiva, al ser enteradas las cuotas correspondientes al ramo del retiro, correspondía a las administradoras respectivas su manejo y sólo podían entregarse a los beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones legales para ello.
En el concepto de violación identificado con el inciso c), el impetrante aduce que la juzgadora apreció en forma equivocada la reclamación de "aportaciones al Afore", dado que no solicitó la devolución de cantidades, sino la aportación de la autoridad demandada a la institución correspondiente de las cuotas que dejó de aportar desde que fue cesado ilegalmente de su cargo.
Ese motivo de disenso es fundado.
En el caso, se observa que el quejoso demandó que se enterara a la administradora de fondos de ahorro para el retiro el importe de las cuotas obrero patronales por todo el tiempo que duró la prestación de sus servicios, dado que, indicó, nunca se le otorgó dicho beneficio.
De ahí que el razonamiento que expuso la responsable para no reconocer ese derecho al actor es incongruente con los términos en que lo reclamó en su demanda de nulidad y, por tanto, incorrecta la respuesta que le dio la Sala responsable.
En efecto, el actor tiene derecho a que se enteren las aportaciones que, en su caso, se hayan omitido cubrir a la administradora de fondos de ahorro para el retiro durante el tiempo que duró la prestación de sus servicios, ya que es una obligación de la autoridad cumplir de manera puntual con las cuotas relativas a aquella institución, dado que forma parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho los que prestan un servicio personal subordinado.
Máxime que este derecho se genera, esencialmente, por la prestación de servicios, por lo cual, al margen de que la terminación de éstos haya sido por causa justificada o injustificada, el prestador tiene derecho a que se le cubra la totalidad de las aportaciones que debieron enterarse durante el tiempo que duró el vínculo jurídico y, en el caso, hasta la fecha en que se cubran satisfactoriamente éstas.
Ahora, los artículos 159, fracción I, 167 y 168 de la Ley del Seguro Social vigente, prevén lo siguiente:
"Artículo 159. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
"I. Cuenta individual, aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.
"Respecto de la subcuenta de vivienda las administradoras de fondos para el retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia ley."
"Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro."
"Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:
"I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador.
"II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente."
Del contenido de los preceptos transcritos deriva que el Sistema de Ahorro para el Retiro constituye una prerrogativa constitucional y legal que el legislador ha creado en favor de los trabajadores, encaminada a su protección y bienestar, cuyo propósito fundamental es que la persona que concluya su vida laboral activa pase los últimos años de existencia con los satisfactores mínimos, afrontando la contingencia social del retiro con los recursos propios acumulados durante toda su vida productiva en su cuenta individual.
Entonces, el Sistema de Ahorro para el Retiro constituye una prerrogativa constitucional y legal prevista en favor de los trabajadores, que se compone de fondos que se acumulan en las subcuentas de cesantía y vejez, así como de la subcuenta de vivienda, cuyo propósito es que cuando concluyan su vida laboral activa afronten su retiro con recursos propios acumulados en una cuenta individual durante toda su vida productiva.
En el caso, no existió controversia en cuanto a que el actor haya estado inscrito en el régimen obligatorio del seguro social, aunado a que en los recibos de pago de salario exhibidos por la autoridad aparece que se le realizaban deducciones por dos rubros relativos a la seguridad social, bajo las claves "264 cuota IMSS" y "332 cuota IMSS obrera", documentos en los que se basó la resolutora para condenar al pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En consecuencia, al emitir la nueva resolución en acatamiento a esta ejecutoria, la Magistrada responsable deberá declarar procedente la prestación consistente en las aportaciones a la administradora de fondos de ahorro para el retiro que se hubieren omitido durante la prestación de servicios y las que se sigan generando hasta que éstas se cubran, en el entendido de que dicha institución debe verificar el cumplimiento de la obligación de la autoridad demandada de enterar oportunamente las aportaciones relativas, e informar a la Sala responsable respecto del resultado obtenido, con la finalidad de que el accionante pueda constatar que se dio cabal cumplimiento con la sentencia.
En similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 359/2016, 474/2016 y 661/2016, en sesiones de seis de octubre, diecisiete de noviembre, ambas de dos mil dieciséis y dos de febrero de dos mil diecisiete.
B. En relación con el resto de las prestaciones que son materia de este juicio de amparo y que no fueron expresamente discutidas en los conceptos de violación, se analizan oficiosamente por este órgano colegiado en los términos siguientes:
• Indemnización constitucional y veinte días de salario por cada año laborado.
Dichas prestaciones fueron declaradas procedentes por la Magistrada responsable.
Esa forma de resolver se ajusta a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 505 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas», de título y subtítulo siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]."
Ahora bien, por lo que se refiere a la indemnización constitucional, condenó a la autoridad al pago de $********** (********** 10/100 M.N.), monto que es correcto, atendiendo a que conforme a uno de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27457-a114303b/miembros-de-las-instituciones-policiales-el-pago-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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