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Modo: Corpus Pro

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 598/2015. · Registro digital (IUS): 26445
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-07-15
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Pág. 1925.

AMPARO DIRECTO 598/2015. 21 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: JAVIER CRUZ VÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Estudio.

Mientras que unos conceptos de violación son infundados, otros son fundados y, por ende, suficientes para conceder el amparo solicitado.

Previamente a demostrar la calificativa anterior, por cuestión de técnica jurídica se precisa que los disentimientos se estudiarán en orden diverso al planteado por el quejoso, con el fin de responder, en primer término, los imprósperos y culminar, posteriormente, con el análisis de los fundados.

(2) Prima de antigüedad legal

En el disentimiento agrupado en el apartado 2, el quejoso estima que en el caso concreto era factible condenar a la autoridad administrativa al pago de la prima de antigüedad, a razón de doce días por año de servicios, en tanto que ésta forma parte de las prestaciones mínimas de los trabajadores municipales de base y de confianza, de conformidad con los artículos 8 y 63 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, máxime si el quejoso, como policía que fue, tiene el carácter de trabajador de confianza.

Es infundada la alegación del quejoso.

Al respecto, es menester destacar que al resolver el amparo directo en revisión 2401/2015, asunto similar al que ahora se analiza, -despido de un oficial de seguridad pública del Municipio de Celaya, Guanajuato, calificado como ilegal por la autoridad administrativa dentro de un juicio contencioso administrativo local-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta improcedente el pago de la prestación prima de antigüedad, en virtud de que conforme al principio rector que informa la tesis aislada P. VII/98 del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 46, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO ESTABLEZCA LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD.", el pago de la prima de antigüedad no se vincula directamente con los derechos a disfrutar de las medidas de protección al salario, a gozar de los beneficios de la seguridad social, ni tiene un efecto indemnizatorio.

Es decir, la prima de antigüedad no puede ligarse con las medidas de protección al salario, en virtud de que aquélla no está prevista por la ley, bajo ninguna circunstancia, como un aspecto que tenga que ver con la citada protección; esto es, su objeto no se circunscribe a lograr la efectiva percepción del salario.

Por otra parte, tampoco se encuentra vinculada con la prerrogativa en materia de seguridad social, puesto que tiene un fundamento distinto del que corresponde a las prestaciones de seguridad social, ya que mientras éstas tienen su fuente en los riesgos naturales a que están expuestos los trabajadores o los que se relacionen con el trabajo, la prima de antigüedad es una prestación que si bien deriva del hecho de que el trabajador preste un servicio personal y subordinado, respecto de los miembros de las instituciones policíacas no existe disposición legal que la autorice, razón por la cual, no tienen derecho a exigir el pago de esa prestación cuando se separen o sean separados de su trabajo.

Aunado a lo anterior, si bien la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha estimado que para definir el monto de la indemnización contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, debe aplicarse analógicamente la fracción XXII del diverso apartado A, ello no significa que el servidor público, miembro de alguna institución policial de la Federación, de los Estados o de los Municipios, tenga derecho a recibir el pago por concepto de prima de antigüedad, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que fue injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, puesto que esa prestación no se constituye como un elemento de la indemnización prevista en la fracción XXII del apartado A del citado artículo constitucional, sino que se presenta como una prestación inmersa en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación que existe entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, a efecto de otorgar prestaciones que no se prevén expresamente en las leyes administrativas; de ahí lo infundado de sus argumentos en ese sentido.

También se desestima, por infundada, la aseveración del quejoso tocante a que tenía derecho al pago de la prima de antigüedad, porque, en su opinión, como policía tiene el carácter de "trabajador de confianza".

Se explica.

En la jurisprudencia 2a./J. 14/98, consultable en la página 352 del Tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que lleva por rubro: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.", la Segunda Sala del Alto Tribunal reiteró que los miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen laboral que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, en tanto que si en la Constitución se hubiese querido dar un trato igual a los grupos mencionados en la misma, constituidos por los militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, no se hubiera establecido, en dicha fracción, que debían regirse por sus propias leyes, ya que hubiera bastado con lo enunciado en el apartado B, al señalar las reglas generales para normar las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.

Esto es, refirió la Corte, si la intención de la potestad revisora hubiera sido la de considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del apartado B, como trabajadores de confianza, con los derechos de protección al salario y a la seguridad social, no hubiera sido necesario disponer, expresamente, que el Estado se encuentra obligado a otorgar, a una parte de ese grupo, lo que ya está establecido en la fracción XIV, de lo que se evidencia la exclusión de dichos grupos de ser considerados como trabajadores.

En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2010, consultable en la página 365 del Tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CUANDO ALGUNA NORMA CALIFIQUE LABORALMENTE A SUS AGENTES COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA, JURÍDICAMENTE NO PUEDE SER ENTENDIDA EN SU LITERALIDAD NI PODRÍAN RECONOCERSE ALCANCES PROPIOS DE ESTA CLASE DE TRABAJADORES.", donde estableció que cuando alguna norma califique laboralmente a dichos agentes policiales como empleados de confianza, jurídicamente no puede ser entendida en su literalidad, ni podrían reconocerse alcances propios a esta clase de operarios, pues ello contravendría el sistema normativo constitucional establecido para el caso donde existe exclusión expresa del máximo orden jurídico, que no admite ser contradicha ni entendida de manera diferente, por provenir directamente del texto constitucional.

Bajo las premisas anteriores, y tomando en cuenta que el actor fungió como agente policíaco nombrado mediante un acto condición y regido constitucionalmente por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Norma Fundamental, entonces, contrariamente a lo que aseveró en la demanda de amparo, no tiene la calidad de "trabajador de confianza" y, por lo mismo, se reitera, carece del derecho al pago de la prima de antigüedad.

(3) Prima de antigüedad extralegal

Aduce el peticionario, en el concepto de violación reseñado en el apartado 3, que el Magistrado determinó la improcedencia de liquidar la prima de antigüedad reclamada de manera extralegal, por no haberse demostrado su derecho a dicho beneficio; empero, en el fallo se omitió analizar la falta de controversia respecto a que la autoridad demandada otorga extralegalmente, el pago de doce días por año a los policías que "despide", lo que debía tener como resultado la imposición de la condena correspondiente a ese renglón, ante su aceptación tácita.

Es infundado dicho planteamiento, pues al margen del silencio de la Sala en torno a las consecuencias que pudieran derivarse de la falta de controversia respecto a la aseveración del actor, relativa a que la administración municipal concede el beneficio precitado a los policías que "despide", tal omisión no puede favorecerle al particular, porque, en el fondo, su pretensión carece de asidero jurídico.

Para demostrarlo se tiene en cuenta lo que disponen los artículos 279 y 280, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Dichos preceptos indican:

"Artículo 279. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento. Si el demandado es autoridad, ésta deberá señalar la dirección de correo electrónico en la que se le realizarán sus notificaciones. La contestación de la demanda se podrá enviar mediante correo certificado con acuse de recibo, cuando el demandado tenga su domicilio fuera de la ciudad donde resida el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos.

"Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente.

"Si no se produce la contestación en tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por los medios de prueba rendidos o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

"Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el proceso no fuese señalada por el actor, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste."

"Artículo 280. El demandado en su contestación y, en su caso, en la contestación a la ampliación de la demanda, expresará:

"...

"III. La referencia concreta de cada uno de los hechos que el actor le impute de manera expresa afirmándolos, negándolos, oponiendo excepciones, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso..."

De la interpretación literal del primero de los artículos transcritos se advierte, entre otros aspectos, que si no se contesta la demanda oportunamente o si ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán por ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que resulten desvirtuados por las pruebas rendidas o, en su caso, ante hechos notorios.

Ahora, del segundo de los numerales reproducidos se obtiene que las autoridades demandadas, en su contestación, deben referirse, concretamente, a cada uno de los hechos que el demandante les impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos o expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron.

Así, en principio, la circunstancia de que las autoridades demandadas expresamente no se hubieran referido al hecho manifestado por el actor, relativo a que la prima de antigüedad: "...es una prestación que otorga la autoridad demandada a los policías que despide" (folio 10 del juicio de nulidad), llevaría a estimarlo cierto, con fundamento en los artículos 279 y 280, fracción III, de la propia legislación.

Lo anterior en virtud de que, en efecto, como lo aseveró el disconforme, de las constancias del juicio de origen se obtiene que las autoridades demandadas nada dijeron en torno a la existencia de la prestación extralegal en mención (prima de antigüedad).

Sin embargo, esa presunción de certeza a que se refiere el numeral 279 citado, no tiene el alcance de estimar probada la pretensión aludida, pues es obligación del órgano jurisdiccional examinar si los hechos efectivamente acreditan la existencia de la acción base del reclamo.

Cierto, la circunstancia de que la demandada no hubiera controvertido tal hecho, no implica que indefectiblemente deba reconocérsele el derecho al pago del referido beneficio, pues según se obtiene de las disposiciones generales de las pruebas, en los artículos 46 a 56 del libro primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que aplican al proceso contencioso administrativo, según dispone el numeral 249, en los procesos que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el actor que pretende se le reconozca o haga efectivo un derecho subjetivo, debe probar los hechos de los cuales deriva su derecho y el incumplimiento por parte de la demandada, independientemente de que ésta no formule su contestación.

Incluso, en relación con los elementos policíacos, este Tribunal Colegiado de Circuito ha sustentado el criterio relativo a que si bien es posible que los miembros de seguridad pública, con fundamento en sus propias leyes, tengan derecho a otros beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibían por la prestación de sus servicios, y en la realidad no se les haya cubierto, corresponde al quejoso acreditar que percibía las cantidades reclamadas en el contencioso, o bien, que éstas están contempladas en la normativa que les rige.

Así quedó plasmado en la jurisprudencia XVI.1o.A. J/18 (10a.), publicada en la página 2263 del Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 19:00 horas», de contenido siguiente:

"MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ‘Y DEMÁS PRESTACIONES’, SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, remover a los elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad, por encima de la estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de egresos respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada como injustificada por resolución firme de autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, forma parte de esa obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, previamente mencionados, desde el momento en que se concretó la terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que acredite que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que lo regía."

En función de lo anterior, es claro que tratándose de prestaciones extralegales, como el pago de la prima de antigüedad a los miembros de instituciones policíacas, corresponde a la parte actora precisar los pormenores de su reclamo, tales como el pacto contractual o de otra índole, la forma en que se entera, pues no debe perderse de vista que, en la especie, las autoridades demandadas son órganos del Estado que sujetan su actuar a lineamientos legales y presupuestales a fin de liquidar las prestaciones que otorgan.

Partiendo de tales premisas, en el caso tocaba al actor probar la existencia del pacto o la cláusula correspondiente en que se contiene la citada prestación extralegal, en la intelección de que si no existiera punto de discrepancia al contestar la demanda, ello no sería un hecho controvertido que debiera tenerse por cierto, en términos del artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En consecuencia, como el quejoso se limitó a manifestar, en la demanda, que el pago de la prima de antigüedad extralegal la otorga la "autoridad demandada" -en singular- a los policías que "despide", sin indicar el fundamento (extralegal) o sustento de su pretensión; entonces, al tratarse de un hecho impreciso, no podía considerarse probado ante su ausencia de controversia, porque la vaguedad en ese aspecto impidió al Magistrado responsable resolver con exactitud sobre el derecho que pretende el actor sea reconocido, pues no debe perderse de vista que el artículo 279, párrafo tercero, alude a que se tendrán por ciertos los hechos precisos que se atribuyan a las autoridades demandadas.

Esto es, la procedencia del reclamo no puede sostenerse en que las autoridades demandadas no cuestionaron la procedencia de la prima de antigüedad, y que ello signifique que la Sala deba limitarse a condenar a su pago, pues ésta no sólo tiene la obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada, sino además la de valorar todas las pruebas aportadas al juicio para ser congruente con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, bajo el principio de impartición de justicia real, pronta y expedita; valoración que envuelve el análisis de la eficacia o ineficacia de las pruebas aportadas, a fin de justificar la pretensión de su oferente, por ende, dichos medios de convicción deben ser idóneos para acreditar los hechos en que basa su acción.

Bajo las premisas anteriores, se ajusta a derecho que la Sala responsable considerara improcedente el pago de la prima de antigüedad reclamada de manera extralegal, a pesar de que las demandadas no controvirtieran con efectividad lo afirmado por el actor en la demanda de nulidad.

(8) Horas extraordinarias y (13) días de descanso obligatorio

Dice el disconforme, en el disentimiento agrupado en el apartado 4, que la Sala desestimó la pretensión de pago de esos beneficios, bajo el argumento de que no están contemplados dentro del artículo 8 de la ley burocrática estatal.

No obstante, aduce que a pesar de que tales prestaciones no se contemplan en el normativo en mención, lo cierto es que de acuerdo con el diverso 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a los miembros de los cuerpos policíacos se les deben garantizar, por lo menos, las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado.

Por ende, si a los operarios de esa índole que laboran para la administración municipal de León, Guanajuato, se les pagan horas extras, así como los días de descanso legal; considera que debió condenarse a la autoridad demandada a pagárselas, máxime si en la especie no controvirtió su procedencia.

Dicho reclamo igualmente resulta ineficaz.

Lo anterior es así, porque los elementos de cuerpos policíacos quedan excluidos de la aplicación de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, y si bien tienen el derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario, ello sólo implica asegurar que el operario perciba efectivamente los salarios que se han devengado a su favor, entendiendo el salario como la retribución que debe pagársele a cambio de sus servicios; sin embargo, dichas normas no se refieren al pago de los beneficios en comento (horas extraordinarias y días de descanso obligatorio).

Es exactamente aplicable al caso, lo sostenido por este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia XVI.1o.A. J/20 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, página 1722 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas», del tenor literal siguiente:

"MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS NI DE DÍAS DE DESCANSO LEGAL Y OBLIGATORIO, ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato excluye del régimen de esa ley a los miembros de las policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza, pero dispone que tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y a gozar de los beneficios de la seguridad social. Así, esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, que señala que los trabajadores de confianza gozan de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los derechos derivados de los servicios que prestan, esto es, de la protección al salario, que no puede ser restringida sino, por el contrario, hacerse extensiva a las condiciones laborales de cualquier trabajador, en las que queda incluido el pago de prestaciones tales como el salario ordinario, aguinaldo, quinquenio, entre otras, así como los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, que son medidas protectoras de carácter general, dentro de las cuales se incluyen, entre otros derechos, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, prestación para adquisición de casa, etcétera. Ello, en el entendido de que las medidas de protección al salario son aquellas que tienden a asegurar que el trabajador perciba efectivamente los salarios devengados en su favor, dado el carácter alimentario de éstos y la relevancia social que, como ingreso del sector más numeroso de la población, tienen, por lo que la protección al salario comprende tanto aquella frente al empleador, para que el trabajador tenga asegurado su pago íntegro, como frente a sus acreedores, consistente en la prohibición de su embargo, salvo que se trate de pensiones alimenticias decretadas por autoridad judicial y contra acreedores del empleador, ante la existencia de un concurso mercantil. En ese contexto, el pago de horas extraordinarias y de días de descanso legal y obligatorio, no se advierte del citado artículo 8, dado que al excluir de la aplicación de esa ley a los elementos de las fuerzas de seguridad pública, pero tutelar las medidas de protección al salario, se asegura que el trabajador perciba efectivamente los salarios devengados en su favor, protegidos de acreedores, de descuentos indebidos por parte del patrón y con preferencia de cobro. Por tanto, no tienen derecho al pago de esos conceptos, ante la terminación de la relación administrativa que los unía con el Estado."

Lo anterior no cambia por la circunstancia de que el quejoso afirme que las autoridades demandadas no generaron controversia al respecto, sino que aceptaron tácitamente la procedencia de las prestaciones.

Es así en razón de que, por un lado, su reclamo se fundó en la ley burocrática local y en la Ley Federal del Trabajo, las que no son aplicables a los miembros de las instituciones policiacas.

Por otro lado, dado que los hechos sobre los que no se suscitó controversia y debido a ello, deben tenerse por ciertos, se circunscriben a la jornada de prestación del servicio -doce horas de trabajo por veinticuatro de descanso- y la afirmación de que laboró durante los días de descanso previstos en la norma laboral.

Sin embargo, ello no conduce a considerar procedente el reclamo en análisis, ya que, con independencia de que no tiene sustento legal o contractual, lo relevante del caso es que corresponde a la asignación de una jornada acorde con las necesidades propias del servicio prestado, pues por las funciones que los cuerpos policíacos desempeñan, se ubican en una posición fundamental en la procuración de justicia, persecución e investigación de los delitos y, por ende, en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es, obedece a las necesidades de la función desempeñada, la cual queda compensada con el disfrute del descanso de las siguientes veinticuatro horas que otorgan inmediatamente después de concluida una labor de doce horas, cualquier día de la semana.

(12) "Seguro de protec. mutua"

Sostiene el quejoso, en el concepto de violación agrupado en el apartado 5, que la Sala viola el principio de congruencia, porque determinó la improcedencia del pago del "seguro de protec. mutua" al no ser una prestación económica, sino prestación en servicios o en especie; pero esa decisión se sostuvo con base en meras suposiciones y sin fundamento probatorio, ya que la demandada no opuso tal excepción ni ofreció alguna prueba al respecto.

Tampoco asiste razón jurídica al quejoso.

Como previamente se ha sostenido, cuando las autoridades demandadas no contestan la demanda o no controvierten todos los hechos en que se funde, ello tiene como consecuencia, en términos del artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que se tengan por ciertos los hechos precisos que se atribuyen a la demandada.

No obstante, como antes se precisó, el hecho de que la demandada no hubiera controvertido eficazmente el hecho señalado, no implica que indefectiblemente deba declararse la nulidad de la resolución impugnada pues, como se destacó, las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tienen la obligación de examinar la procedencia de la pretensión deducida, pese a que sean inadecuadas las excepciones o éstas no se hayan opuesto.

Por tanto, si en el caso el actor narró que le descontaban veinte pesos de manera catorcenal, por concepto de "seguro de protec. mutua", por lo que reclamó el pago de esa "prestación", y el hecho no fue controvertido eficazmente, éste debe tenerse por cierto, aunado a que así se observa de los recibos de nómina que obran a foja 11 del proceso contencioso como parte de las deducciones al salario.

Empero, ello no implica, necesariamente, que deba ordenarse su pago ante la falta de excepciones, pues en el análisis de la prestación, es patente considerar, como la denominación de esa deducción lo indica, que se trata de un seguro, no así de un ahorro o un fondo que, en su caso, deba ser reintegrado al trabajador.

Es decir, como el mismo inconforme reconoció en el recurso de revisión, las aportaciones o descuentos por ese concepto se destinan al pago de un "seguro" (página 17 del expediente recursal), que por su propia naturaleza no da lugar a la devolución de los pagos correspondientes, sino que su efectividad o el beneficio a favor de quien se contrató, se materializa en especie o a través de la prestación de servicios y en general, se sujeta a la actualización de un siniestro o enfermedad, lo que es de explorado derecho y un hecho conocido por la generalidad de las personas.

De tal suerte que, en ese aspecto, la Sala no incurrió en violación de los derechos del quejoso.

(4) Aguinaldo, (5) vacaciones y su prima

Aduce el disconforme, en el concepto de violación reseñado en el apartado 1, que el Magistrado responsable desestimó la pretensión de pago de esos beneficios, reclamados por todo el tiempo en que fungió como agente policíaco, valiéndose del argumento de que debía acotarse su liquidación al año anterior al cese, aplicando analógicamente el artículo 104 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, a propósito de que no existiera un trato desigual respecto de los trabajadores "normales"; proceder que estima incongruente, dado que en el propio fallo se indicó que la citada legislación excluye de su régimen a los miembros de las instituciones policíacas, sumado a que la autoridad demandada no opuso la prescripción al formular su contestación.

Con tal determinación, añade, la autoridad responsable le impone una mayor restricción que a los trabajadores "comunes", pues a ellos solamente les afecta la prescripción cuando la hace valer la parte demandada, mientras que en el caso esa figura se aplicó oficiosamente, aspecto este último

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26445-b5fab0c3/miembros-de-las-instituciones-policiales-el-derecho-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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