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Modo: Corpus Pro

POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17381
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 958.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso atender a las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión número RA. 100/2002-1266, promovido por el director general de lo Contencioso y Consultivo de la Procuraduría General de la República, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. Previo al análisis de los agravios propuestos por la autoridad, conviene destacar lo siguiente: Si bien por regla general las consideraciones expuestas por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por la parte a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente el fallo, tal como se hizo en el considerando anterior, dicho principio no opera en cuanto a la procedencia del juicio, ya que, en lo conducente, sigue vigente la regla de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Lo anterior encuentra justificación cuando, encontrándose el asunto en grado de revisión, se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada, una desestimada por él mismo, o bien, al advertirse un motivo distinto de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, dado que, en esos casos, es claro que el tribunal revisor, de oficio o a petición de parte, debe emprender el estudio de la procedencia de la acción.

"Corrobora dicha aseveración lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo, particularmente su fracción III, donde se establece que el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"‘I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

"‘II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias;

"‘III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, y

"‘IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y

"‘V. (Derogada, D.O. 20 de mayo de 1986)

"‘VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.’

"Como puede advertirse del texto inserto, entre las directrices que se deben seguir al resolver el recurso de revisión existe uno que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, consistente en examinar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza la existencia de la anunciada obligación de examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran las hipótesis legales analizadas por el juzgador de primer grado, sino también los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis.

"Lo anterior, en realidad implica, congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público, que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, aun ante la misma causa por diverso motivo, dado que no puede perderse de vista que una causa de improcedencia puede actualizarse por diversas razones.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, que dice:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’ (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: P./J. 122/99. Página: 28).

"Asimismo, fortalecen la aseveración anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, así como la tesis P. LXV/99, sustentada por el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Tomo X, septiembre de 1999, de dicho Semanario, del tenor siguiente:

"‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, julio de 1997. Tesis: 2a./J. 30/97. Página: 137).

"‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión.’ (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999. Tesis: P. LXV/99. Página: 7).

"Sobre ese marco de referencia, se toma en cuenta que la autoridad recurrente, en su ocurso de expresión de agravios, señala que el Juez no analizó correctamente las causales de improcedencia, toda vez que el quejoso debió impugnar la resolución reclamada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del juicio de nulidad, y si en la especie no lo hizo, se actualiza la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución era recurrible ante otras instancias y, por tanto, no agotó el principio de definitividad.

"Si bien tal causal de improcedencia no la hizo valer la autoridad ante el Juez del conocimiento, según quedó señalado en la explicación precedente, ese hecho no constituye un impedimento para que tal proposición sea analizada en la presente instancia.

"Con el propósito de examinar la eficacia del argumento sintetizado, se toma en cuenta que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.

"Asimismo, la norma establece que operará tal causal siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto impugnado mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agravio, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido.

"Finalmente, como excepción al principio acotado, el precepto establece que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación.

"De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio se requiere la satisfacción de los siguientes tres requisitos:

"a) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado;

"b) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión sin que se pidan mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y

"c) No se esté en el caso de excepción referido, es decir, que el acto se encuentre fundado, puesto que de lo contrario no será necesario observar el principio de definitividad en comento.

"Ahora bien, el quejoso promovió el juicio de garantías contra la resolución de trece de marzo del año dos mil uno, dictada en el expediente CP/SR/154/00, en que se confirmó la diversa en que se le declaró como administrativamente responsable de la infracción al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, habiéndole sido impuesta como sanción la remoción de su cargo como segundo subcomandante de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, del citado ordenamiento.

"Desde este momento se advierte que no se está ante el caso de excepción que en su parte final establece el referido artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, porque basta la lectura de la resolución impugnada para percatarse que la autoridad emisora citó los preceptos que estimó necesarios para fundar su determinación (folios 279 a 294 del expediente principal), razón por la que se cumple la exigencia precisada en el referido inciso c).

"Por otro lado, a efecto de verificar si se satisface la condición identificada en el inciso a), esto es, si existe algún medio de defensa por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado la resolución confirmatoria impugnada, se toma en cuenta lo siguiente:

"En términos del artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a dicho tribunal conocer del juicio de nulidad que se promueva contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos.

"La disposición citada establece lo siguiente:

"‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

"‘...

"‘XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’

"Ahora, no obstante que la disposición transcrita hace alusión únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cierto es que, por afinidad, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe conocer de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a dichos servidores, en términos de diversos ordenamientos en los que se prevean responsabilidades, como es el caso de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento.

"Se expone tal aserto, porque sobre ese tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido precedente en el sentido de que al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se le ha dotado, entre otras facultades, la de resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos, entendiéndose por éstos, conforme al artículo 108 constitucional, párrafo primero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal.

"La tesis en comento es la número 2a. CLXI/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, del tenor literal siguiente:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha considerado que el Tribunal Fiscal de la Federación es el órgano jurisdiccional más afín para conocer y resolver las controversias derivadas de la prestación del servicio de seguridad pública entre policías municipales y el Estado, en tanto que se trata de una relación jurídica del orden administrativo, tomando en cuenta que a dicho tribunal se le ha dotado, entre otras facultades, la de resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por responsabilidad administrativa de servidores públicos, entendiéndose por éstos de acuerdo con el primer párrafo del artículo 108 constitucional, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal; en tal virtud, por las mismas razones, tratándose de conflictos derivados de la prestación de los servicios de agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República debe estimarse que, por afinidad, es competente para conocer de ese tipo de controversias el Tribunal Fiscal de la Federación, puesto que dentro de su esfera competencial realiza funciones contencioso-administrativas, ya que cuenta con atribuciones para conocer no sólo de asuntos fiscales, sino también de controversias administrativas relativas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., fracción VII, 53 y 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, diciembre de 1998. Tesis: 2a. CLXI/98. Página: 429).

"Por otro lado, debe tomarse en cuenta, también, que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece un sistema de responsabilidades complementario al sistema general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el cual se establecen obligaciones a cargo de, entre otros, los policías judiciales, como es el caso del quejoso, en atención a la naturaleza especial de la función que desempeñan como servidores públicos.

"Dicha ley orgánica en sus artículos 50 y 51, establece literalmente:

"‘Artículo 50. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Judicial Federal y, en lo conducente, de los peritos:

"‘I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación;

"‘II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad;

"‘III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la institución;

"‘IV. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes;

"‘V. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito, y en su caso no solicitar el decomiso, cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales; y

"‘VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto.’

"‘Artículo 51. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación y de los agentes de la Policía Judicial Federal, para salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, las siguientes:

"‘I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;

"‘II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

"‘III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;

"‘IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;

"‘V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

"‘VI. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;

"‘VII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables;

"‘VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o puestas a su disposición;

"‘IX. Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

"‘X. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho;

"‘XI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes;

"‘XII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones, del auxilio de personas no autorizadas por la ley;

"‘XIII. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo; y

"‘XIV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado.

"‘El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente en los términos de esta sección.

"‘En lo conducente, estas obligaciones serán aplicables a los peritos de los servicios periciales.’

"La afirmación de que la ley orgánica en comento implementa un sistema de responsabilidades complementario al sistema general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 74/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada con motivo de la contradicción de tesis 50/2001-SS, entre las sustentadas por el Cuarto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, del siguiente tenor:

"‘RESPONSABILIDAD. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍAS JUDICIALES Y PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA. En los artículos del 50 al 55 de la citada ley orgánica se regula un específico sistema de responsabilidades, complementario del sistema general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el cual se establecen obligaciones a cargo de los agentes del Ministerio Público Federal, de los policías judiciales y de los peritos de la Procuraduría General de la República, a fin de salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, así como las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y los procedimientos y las autoridades para aplicarlas, ello en atención a la especial naturaleza de las funciones desempeñadas por esos servidores públicos, que constituye una reglamentación de lo dispuesto en el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente de su artículo 113. De esta manera, para colmar el vacío legislativo que se advierta en las normas que integran aquel contexto normativo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 45 del último ordenamiento citado y acudir a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales y, en lo conducente, a lo señalado en el Código Penal Federal, normas supletorias en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Federación, en virtud de que si la finalidad de los procedimientos previstos en la señalada ley orgánica es determinar la responsabilidad administrativa de los referidos funcionarios, para lo cual es necesario conocer la verdad real de los actos u omisiones que se les atribuyan, ese objetivo es congruente y acorde con el sistema previsto por el referido código procesal penal que, alejado de las formalidades y solemnidades que rigen en otras materias, pretende por encima de las actitudes procesales de las partes, indagar sobre la realidad de los eventos materia de examen.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, diciembre de 2001. Tesis: 2a./J. 74/2001. Página: 278).

"Por tanto, es evidente que como los artículos 50 al 55 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República constituyen una reglamentación de lo dispuesto en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, intitulado ‘De las responsabilidades de los servidores públicos’, específicamente de su artículo 113, al igual que lo es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero ésta en forma general, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa corresponde conocer de los juicios de nulidad que se promuevan contra resoluciones definitivas en que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, no sólo en términos de la ley general (Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), sino también en términos de aquellos ordenamientos complementarios (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República).

"De ahí que el juicio de nulidad ante el tribunal administrativo citado constituya justamente el medio de defensa legal a través del cual el quejoso está en aptitud de obtener la modificación o anulación de la resolución confirmatoria reclamada, de donde se ve satisfecha también la condicionante en examen, precisada en el inciso a) a que se hizo alusión.

"A continuación, a efecto de corroborar si se surte la premisa identificada en el inciso b), se toma en cuenta que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos para otorgar el beneficio de la suspensión en el juicio de garantías, a saber:

"1. Que la solicite el agraviado;

"2. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y

"3. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"Asimismo, el artículo 125 del ordenamiento en cita, establece que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero que pudiera ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla pudieren llegar a causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Por su parte, en lo que al juicio de nulidad se refiere, debe tenerse presente que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre del año dos mil, por el que se adicionó el artículo 208 bis al Código Fiscal de la Federación, se ampliaron los alcances de la institución de la suspensión en esa instancia, para proceder ya no sólo contra el procedimiento administrativo de ejecución, sino contra cualquiera de los actos impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal como se advierte del precepto adicionado, que literalmente prevé:

"‘Artículo 208 bis. Los particulares o sus representantes legales, que soliciten la suspensión de la ejecución del acto impugnad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17381-35feede6/policias-judiciales-federales-en-contra-de-la-determinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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